Alondra Hernández Torres
Expediente 505/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alondra Hernández Torres
Actuaciones
- Principal
... se declara que ha causado estado el referido auto.. archívese este juicio como concluido.... se decreta que este expediente carece de relevancia documental... este expediente es destruible....
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecinueve de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Alondra Hernández Torres, por propio derecho, contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 505/2020. ACTO RECLAMADO. De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto lo constituye: La posible orden de traslado de Alondra Hernández Torres, quien se encuentra interna en el Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, Veracruz, al cualquier otro centro de reclusión. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Expuesto lo anterior, del análisis realizado a la demanda se advierte que la quejosa Alondra Hernández Torres, reclama la posible orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, Veracruz, en el que actualmente se encuentra a uno diverso. Precisado lo anterior, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 57, primer párrafo, 107, 108, 109, 114, 116 y 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, comprendidos en los capítulos III y IV, relativos al procedimiento administrativo y a las controversias ante el Juez de Ejecución. Ello es así, toda vez que los artículos 57, 107, 108, 109 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevén el mecanismo de protección denominado "petición administrativa", el cual puede ser promovido, entre otros, por las personas privadas de su libertad, para impugnar hechos, actos u omisiones de las condiciones de internamiento, a fin de que la autoridad penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y de ser así, la subsanación de ésta. Incluso, el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que en caso de que la petición administrativa sea resuelta en sentido contrario a los intereses del promovente o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, éste puede formular controversia ante el juez de ejecución, con el requisito de que se hubiera agotado la petición administrativa. Tal controversia judicial en términos del diverso artículo 116 del ordenamiento invocado, procede respecto de las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con el mismo y la aquí quejosa en su calidad de interna del centro penitenciario donde se encuentra, está legitimada para promoverla conforme al numeral 117 de la ley invocada. En ese orden de ideas, la "petición administrativa" es un medio de defensa judicializado, idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una afectación al principio rector del sistema penitenciario de vida digna y segura en reclusión y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla, el cual se compone de dos instancias, debido a que en caso de recibir una respuesta negativa, el peticionario puede recurrirla ante el juez de ejecución. Cabe destacar que si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Además, también puede interponer recurso de apelación en caso de que el Juez de Ejecución resuelva desfavorablemente, en términos del artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Así como la jurisprudencia XXII.P.A. J/1 (10a.) del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 2187, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO." En ese tenor, se destaca que la Ley Nacional de Ejecución Penal es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme con el nuevo sistema penal acusatorio. Por lo tanto, se concluye que este juicio es improcedente porque la promovente antes de acudir a la instancia de amparo debió agotar el procedimiento administrativo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que a través del mismo, es posible lograr que las autoridades responsables se pronuncien de inmediato respecto de su petición y, en su caso, formular controversia ante el juez de ejecución, máxime que no se actualiza algún caso de excepción al citado principio. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo. Similar criterio adoptó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, en el toca 38/2019 de su índice, al declarar infundado el recurso de queja interpuesto contra el acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, en los autos del juicio de amparo 135/2019 de su índice, en el que desechó de plano la demanda de amparo promovida en aquellos autos, contra "la orden de traslado. a otro centro penitenciario". En consecuencia, se desecha la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, y por autorizado en amplios términos que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo a José Luis Gasca Hernández, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y con las restricciones que impone dicho numeral a Alejandro Peña Caracio y Jesús Eleazar Cruz Mendoza por así haberlo solicitado expresamente. Asimismo, se autoriza a José Luis Gasca Hernández con clave de usuario "LUIS_GASCA" el ingreso al sistema electrónico, para efectos de consultar en el presente juicio de amparo, así como para promover y recibir notificaciones lo anterior, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas. Sin perjuicio de que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional los días y horas hábiles para su consulta, previa cita que genere en el sistema habilitado para ello, desde luego de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo cumplimiento de las medidas tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la subsistencia de la situación de emergencia sanitaria actual NOTIFICACIONES. Requiérase a la parte quejosa para que a efecto evitar la propagación del virus Covid-19, agilizar el asunto y privilegiar el uso de medios electrónicos, con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 en cita, en caso de promociones subsecuentes, proporcionen un número de teléfono celular y/o servicios de mensajería móvil instantánea, a más del correo electrónico que ya proporcionó, a través de los cuales se pueda entablar comunicación y, en su caso, de autorizarlo expresamente para que se les realicen notificaciones en este asunto a través de esas vías, previa verificación de su recepción que se deje en autos. Asimismo, en caso de que pretenda insistir con la presente demanda, opte previa solicitud, por la tramitación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 antes citado, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, conforme al artículo 23 fracción I, se instruye al actuario adscrito al realizar las que se le encomienden, se apegue puntualmente a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar su integridad y la de los que intervienen en las mismas. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden para la tramitación del presente juicio. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa...
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