Alma Rosa Herrera Torres
Expediente 784/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 784/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alma Rosa Herrera Torres
Actuaciones
- Principal
... se declara que ha causado estado el referido auto... archívese el presente asunto como concluido.... se decreta que este expediente carece de relevancia documental... este expediente es susceptible de ser destruido... del estado que guardan los presente autos, en particular el auto de veintiocho de agosto de la presente anualidad , donde este órgano jurisdiccional se reservó proveer respecto al escrito signado por la parte quejosa Alma Rosa Herrera Torres, mediante el cual solicitó la devolución de los documentos que adjuntó a su demanda de amparo, hasta en tanto quedara firme el auto de veintiuno de agosto de este año; en consecuencia, dado que a la fecha ya aconteció, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, previa certificación de desglose que obre en autos, devuélvansele las documentales a que hace referencia, haciéndole entrega al ocursante o a las personas que autoriza para tal efecto...
- Principal
... el escrito signado por la parte quejosa .... mediante el cual solicita la devolución de las documentales a que hace referencia; en atención a lo anterior, dígasele que una vez que quede firme el auto de veintiuno de agosto del presente año, se acordará lo que en derecho corresponda...
- Principal
...Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito de demanda presentado por Alma Rosa Herrera Torres, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Huatusco, Veracruz y otras autoridades, por violación a los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 Constitucionales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 784/2018-II-B. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario analizar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, del que se desprende la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución administrativa de diez de agosto del presente año, -donde se determinó el cese de su nombramiento de base definitivo-, de las autoridades señaladas como responsables. De esta forma, conviene señalar que de acuerdo con los artículos 103 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción I, y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se establece como una defensa del particular contra actos de autoridades, y por éstos debe entenderse la actuación de funcionarios o empleados de organismos estatales o descentralizados que impone (unilateralmente) obligaciones a los particulares, con motivo de funciones oficiales y con base en la ley, modifica las obligaciones existentes o limita los derechos, cuando se actúa con imperio propio de las funciones de derecho público. Así, para quien esto provee, en modo alguno el acto aquí reclamado puede ser considerado como de aquéllos que hagan procedente la acción constitucional, si se considera que el juicio de amparo indirecto, tiene por objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos del gobernado, y toda vez, que la aquí promovente, manifiesta instar el presente juicio toda vez que laboraba como empleada administrativa para el Ayuntamiento Constitucional de Huatusco, Veracruz, en el Área o Departamento del Instituto de la Mujer Huatusqueña, donde le fue llevado a cabo un procedimiento administrativo y como consecuencia de ello, el cese de su nombramiento como empleada; de ninguna manera, se advierte que se configure el supuesto fundamental para la procedencia del presente juicio de amparo (que lo es precisamente la vulneración a la esfera jurídica de sus derechos humanos por el poder público), pues en el caso particular, sólo se afectan derechos que pudieran corresponder a la promovente, que incidirían directamente en el ámbito laboral, esto es, derivan de la relación de trabajo que existe entre ésta y su patrón (Ayuntamiento Constitucional de Huatusco, Veracruz). Para sostener lo anterior, es necesario tomar en consideración lo dispuesto en los artículos 1° fracción I , 5° fracción I y 6° de la Ley de Amparo, pues es de advertirse que dicho acto no es susceptible de ser reclamado a través del juicio constitucional, al no constituir un acto de autoridad en los términos reconocidos por la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, los requisitos de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo se encuentran establecidos en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, se tiene que para que una autoridad pueda ser considerada como tal para efectos del juicio de amparo, debe cumplir con lo siguiente: 1. Entre el ente de hecho o de derecho y el particular debe existir una relación de supra a subordinación entre el quejoso y la autoridad responsable; 2. Esa relación debe nacer de una norma general (en términos de la Ley de Amparo vigente), con una facultad administrativa irrenunciable; 3. Los actos emitidos son unilaterales y por ello se afectan situaciones jurídicas del quejoso; 4. La emisión de esos actos no requiere la aprobación de órganos judiciales ni el consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, si los artículos 103, fracción I, de nuestra Carta Magna y 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución, así como en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, por tanto, no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos para que el juicio de amparo sea procedente; sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de un particular, o de una persona oficial respecto de sus intereses patrimoniales, lo que en el caso no acontece pues la posición de la quejosa frente al Ayuntamiento Constitucional de Huatusco, Veracruz y las restantes autoridades que indicó como responsables, no es la de un gobernado sino de empleada, ya que los actos reclamados no derivan del ejercicio público que la ley le confiere a esa dependencia, sino de una situación de derecho que tiene que ver estrictamente con su condición de patrón; y por tanto, si la violación de derechos fundamentales no produce contra un gobernado ni se trata de la afectación de los intereses patrimoniales de una persona oficial, entonces el juicio de garantías que se intenta es improcedente. En este contexto, se considera que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que surgió en razón del vínculo de naturaleza laboral existente entre la aquí quejosa y un ente de la administración pública; esto es, las autoridades responsables actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio, por lo que la separación de su cargo sin causa justificada no es un acto que pueda considerarse de autoridad para la procedencia del amparo, pues el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente. Asimismo, se invoca por sus consideraciones la tesis I.6o.T. J/28 (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que aparece publicada en la página un mil novecientos cincuenta y seis, Libro XXIX, Tomo III, Abril de dos mil dieciséis, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." En consecuencia, al actualizarse un motivo notorio e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene apoyo además en la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. . Téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, el precisado en el proemio de su demanda y como su autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rogelio José Domínguez Cuacua y Adrián Merino Velázquez, en virtud de que tienen registradas su cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, lo que se advierte con la constancia del registro correspondiente y con las restricciones que impone dicho precepto a Juan Manuel Reyes Ramírez, Jesús Enrique Domínguez Carreón, Francisco De la Cruz Cuacua y Juan Luis Moncayo Hernández, por no contar con el registro correspondiente, tal y como se advierte en la certificación de cuenta. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Por otra parte, tocante a la manifestación del quejoso en el sentido de oponerse para que se publiquen sus datos personales; en tal virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como a su similar del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación del citado ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, téngase en cuenta lo anterior al momento en que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas, o a las pruebas y demás constancias que obren en el presente expediente, para los efectos legales procedentes. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe...
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · 10,474 expedientes
- Alma Elia Ramírez Herrera1128/2018
- Alma Leticia Patiño Gabriel438/2020
- Alma Lilia Martínez Villanueva570/2018
- Alma Patricia Arenas Granadillo115/2022
- Alma Rosa Aguilar Hernández1320/2016
- Alma Rosa Hernández Rebolledo340/2018
- Alma Rosa Preciado Rubio353/2021
- Alma Rosa Valencia Torres y otros1262/2014
- Alma Ruth Reyes Piedra810/2021
- Alondra Hernández Torres505/2020
- Alondra Ramírez Xilotl740/2019
- Alonso Cruz González1035/2022