Alondra Abigail Robledo Juan

Expediente 610/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
610/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Alondra Abigail Robledo Juan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, toda vez que en el sumario obran documentos originales aportados por los apoderados de la quejosa, dígaseles que cuentan con el plazo de noventa días hábiles para recuperar dichos documentos, apercibidos que en caso de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente una vez que se verifique dicho evento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.- Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo ***/2023-VII, promovido por *****, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y el actuario adscrito a dicha junta laboral. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. El diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *****, en la que demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y el actuario adscrito a dicha junta laboral, contra los actos que se precisaran en considerando segundo de la presente demanda. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados el contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El veinte de junio de dos mil veintitrés, se radicó con el consecutivo ***/2023-VII, y al advertirse irregularidades en el escrito de la demanda, se mandó a prevenir. Luego, al darse cumplimiento con la prevención, el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, atendiendo a la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la quejosa reclama a las autoridades responsables, lo siguiente: La violación al artículo 17 constitucional al omitir notificarle personalmente la resolución de laudo dictada el veintisiete de marzo del año en curso, dentro del expediente laboral ***/2022. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables, Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y el actuario adscrito a dicha junta laboral, fueron omisas en rendir el informe justificado, a pesar de estar notificadas de los oficios donde se les solicitó dicho informe; por ello, se tienen por cierto los actos reclamados. Dicha certeza se corrobora con las documentales que remitió la junta laboral responsable, las cuales se les reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causal de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examina la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI 61 de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En principio, es necesario precisar que los efectos de un acto reclamado, cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo o bien resarce la omisión que se le atribuye y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho transgredido. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En ese sentido, se considera que sí se acreditan los supuestos de la citada causal de improcedencia, toda vez que en el presente asunto la quejosa Alondra Abigail Robledo Juan, reclama a las autoridades responsables, la omisión en notificarle personalmente la resolución de laudo dictada el veintisiete de marzo del año en curso, dentro del expediente laboral 334/2022. Sin embargo, dicho acto reclamado ya quedó sin efecto al momento en que la junta laboral responsable se pronunció sobre la omisión reclamada, pues de las constancias que adjuntó en copía certificada, se aprecia la notificación personal de dos de octubre de dos mil veintitrés, practicada a la actora, aquí quejosa, de la resolución de laudo dictado en el referido expediente laboral (foja 162). De ahí que, se acredita la hipótesis de la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, ya que se justifica la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la quejosa, como si se hubiere concedido el amparo solicitado. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 193758, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 61, 62, 63, 73 a 76 y 124 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ******, contra actos de las autoridades responsables, Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y el actuario adscrito a dicha junta, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma Claudia López López, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signados por la autoridad responsable, Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, debido a que remite copia certificada de las constancias del expediente laboral ********************/22 de su índice. Lo anterior, considérese en la audiencia constitucional, de conformidad con los numerales 119 y 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma ***, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante ***, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.spm

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado de los autos, se advierte que hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, sin embargo no se está en aptitud de llevarse a cabo, debido a que la autoridad responsable Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, ha sido omisa en dar cumplimiento al requerimiento formulado mediante autos de veintisiete de junio y siete de agosto de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, remita copia debidamente certificada de la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado. Bajo el apercibimiento, para en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, no manifieste el impedimento legal que tenga para ello; en el lapso indicado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, de la ley de la materia, se le impondrá multa de doscientas unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional ($20,748.00). Para dar margen a lo anterior, y evitar una posible reposición del procedimiento en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan para su desahogo las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a la autoridad responsable.- Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, **. Doy fe.

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