Alma Yanett Hidalgo
Expediente 439/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 28 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 15/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Alma Yanett Hidalgo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; quince de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 439/2018-I-2, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. En la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad el cinco de julio de dos mil dieciocho, se recibió la demanda que dio origen al juicio, que fue turnada a este Juzgado de Distrito en esa misma data. En el escrito inicial la quejosa Alma Yanett Hidalgo solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos siguientes: III. AUTORIDADES RESPONSABLES: A. ORDENADORAS 1. C. Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua, del Servicio de Administración Tributaria *** B. EJECUTORAS 2. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores *** 3. BBVA Bancomer, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer ******* IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1. Del C. Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2" del Servicio de Administración Tributaria, se reclama lo siguiente: a) Ordenar el embargo de depósitos bancarios y/o cuenta bancaria de la suscrita. b) Ordenar el congelamiento o inmovilización de cuenta bancaria de la suscrita. c) Ordenar a cualquier institución bancaria la entrega o transferencia de los depósitos bancarios y/o recursos a sus propias cuentas o a su patrimonio. d) La adjudicación de cualquier propiedad, negociación, depósito bancario y/o cuentas bancarias de la suscrita. 2. De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ejecutar cualquier orden del C. Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2" del Servicio de Administración Tributaria tendiente a la retransmisión de dicha orden a cualquier institución bancaria para que embargue, bloquee y/o inmovilice las cuentas bancarias de la suscrita o transfiera los fondos de ésta a dicha Administración. 3. De la institución bancaria BBVA Bancomer, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, se reclama lo siguiente: a) El embargo de depósitos bancarios y/o la cuenta bancaria de la suscrita. b) El congelamiento y/o inmovilización de la cuenta bancaria de la suscrita. c) La transferencia y/o entrega de dinero, depósitos bancarios y/o recursos que se encuentren en la cuenta bancaria de la suscrita a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2" del Servicio de Administración Tributaria. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de seis de julio de dos mil dieciocho, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado de las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; además, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. CUARTO. Ampliación de demanda. En proveído de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, se acordó procedente la ampliación de demanda planteada por la accionante del amparo respecto de las autoridades y actos que se enlistan enseguida. II. AUTORIDADES RESPONSABLES. A. ORDENADORA 1. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores *** B. EJECUTORA 2. BBVA Bancomer, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer **** III. ACTOS RECLAMADOS: 1. De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se reclama lo siguiente: a) Ordenar el embargo de depósitos bancarios y/o cuenta bancaria de la suscrita. b) Ordenar el congelamiento o inmovilización de cuenta bancaria de la suscrita. c) Ordenar a cualquier institución bancaria la entrega o transferencia de los depósitos bancarios y/o recursos a sus propias cuentas o a su patrimonio. d) La adjudicación de cualquier propiedad, negociación, depósito bancario y/o cuentas bancarias de la suscrita. e) La falta de notificación del embargo de los depósitos bancarios y/o cuentas bancarias de la suscrita. 2. De la institución bancaria BBVA Bancomer, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, se reclama lo siguiente: a) El embargo de depósitos bancarios y/o la cuenta bancaria de la suscrita. b) El congelamiento y/o inmovilización de la cuenta bancaria de la suscrita. c) La transferencia y/o entrega de dinero, depósitos bancarios y/o recursos que se encuentren en la cuenta bancaria de la suscrita. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que se trata de un acto administrativo, que tiene ejecución en el territorio sobre el cual se ejerce jurisdicción. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107, fracción II de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Alto Tribunal en pleno ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda y de la ampliación, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el quejoso reclama: I. Del Administrador Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2" del Servicio de Administración Tributaria, el embargo de depósitos bancarios y/o cuenta bancaria, el congelamiento o inmovilización de cuenta bancaria, la orden a cualquier institución bancaria para que efectúen la entrega o transferencia de los depósitos bancarios y/o recursos a sus propias cuentas o a su patrimonio; la adjudicación de cualquier propiedad, negociación, depósito bancario y/o cuentas bancarias. II. Del Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la retransmisión de la orden a cualquier institución bancaria para que embargue, bloquee y/o inmovilice las cuentas bancarias o transfiera los fondos de la accionante; así como, el embargo de depósitos bancarios y/o cuenta bancaria, el congelamiento o inmovilización de cuenta bancaria, la orden a cualquier institución bancaria para que efectúen la entrega o transferencia de los depósitos bancarios y/o recursos a sus propias cuentas o a su patrimonio; la adjudicación de cualquier propiedad, negociación, depósito bancario y/o cuentas bancarias y la falta de notificación del embargo de los depósitos bancarios y/o cuentas bancarias. III. De la institución bancaria BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, el embargo de depósitos bancarios y/o la cuenta bancaria, el congelamiento y/o inmovilización de la cuenta bancaria, la transferencia y/o entrega de dinero, depósitos bancarios y/o recursos que se encuentren en la cuenta bancaria de la accionante. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes los que se estudiaran enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Administrador Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2" del Servicio de Administración Tributaria y Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores negaron la emisión y ejecución de los actos que la parte quejosa les endilgó a cada una. Ante la negativa de las autoridades responsables, corresponde a la parte quejosa acreditar la certeza del acto, lo que no aconteció debido a que aun cuando la accionante del amparo ofertó diversos documentos, la presuncional en su doble aspecto e instrumental de actuaciones, tales medios de convicción resultan ineficaces para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables. Además, como más adelante se evidenciará, el embargo de las cuentas bancarias ejecutado por autoridad diversa. Así, ante la inexistencia de la orden de inmovilización de cuentas bancarias y ejecución que se imputa a las autoridades de referencia, procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la legislación de la materia, que dispone: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: *** IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y *** Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos que se impugnan. Al rendir su informe con justificación el representante legal de la institución bancaria BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer fue omiso en indicar si los actos que se atribuyen a dicha autoridad son o no ciertos. No obstante, de las manifestaciones vertidas en el propio informe con justificación se infiere que efectivamente dicha institución bancaria inmovilizó una cuenta a nombre de la quejosa, dada la solicitud de información que retransmitió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de datos pedidos por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República. Para corroborar lo anterior, se exhibieron diversas documentales, probanzas a las cuales se les reconoce valor probatorio en términos de los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De manera que, se tienen como ciertos los actos de que se duele la parte accionante para los efectos de este juicio de amparo. Orienta a lo precedente, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro 255646, consultable en la página cuarenta y uno, volumen sesenta y dos, sexta parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: INFORME JUSTIFICADO OMISO O IMPRECISO. El artículo 149 de la Ley de Amparo establece que la falta de informe, lo que debe lógicamente extenderse a los informes omisos, vagos o confusos, establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, quedando a cargo del quejoso la prueba de su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías por sí mismo, sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado. En tales condiciones, cuando el acto reclamado es omiso, vago o confuso, en cuanto a los hechos en que se funda, y la parte quejosa en su demanda precisa con claridad las cuestiones de hecho relativas, narrando hechos en que han tenido intervención las autoridades, los hechos así precisados deben presumirse ciertos si las autoridades responsables no establecen claramente controversia al respecto en sus informes justificados, y en caso de que establezcan tal controversia, la carga de la prueba podrá corresponderle a la parte quejosa cuando no se trate de hechos negativos, o de hechos internos de las propias autoridades que no esté al alcance de la quejosa probar. Y sólo en lo que toca a las cuestiones de derecho, en principio corresponderá siempre a la quejosa argüir legalmente los motivos de inconstitucionalidad del acto reclamado, a menos que esa inconstitucionalidad surja en forma clara y manifiesta de las características mismas de dicho acto. QUINTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. A fin de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se invocan por tenerlas a la vista y como hecho notorio las actuaciones que conforman el incidente de suspensión que deriva de este juicio; sin que sea necesario agregar copias certificadas de las constancias que lo integran, pues así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 103/2007, que se publicó en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, junio de dos mil siete, Materia Común, que se consulta en la página 285, con registro 172215, de rubro y texto siguiente: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Con el propósito de analizar la causa de improcedencia propuesta, es necesario tomar en cuenta lo establecido en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo: 61. El juicio de amparo es improcedente: *** XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; *** En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Así, se puede concluir que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama en el juicio de garantías; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Es decir, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Ahora, en este juicio de amparo se reclama del BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, el embargo de depósitos bancarios y/o la cuenta bancaria, el congelamiento y/o inmovilización de la cuenta bancaria, la transferencia y/o entrega de dinero, depósitos bancarios y/o recursos que se encuentren en la cuenta bancaria de la agraviada; lo cual se tradujo en la inmovilización de su cuenta bancaria identificada con el número 0074 0274 06 0180798320 en la institución de referencia. En el incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, el representante legal de BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, manifestó que se desbloqueó y/o habilitó la cuenta bancaria **** **** ***** ****************a nombre de la quejosa, según consta en la impresión de la consulta de saldos de la cuenta efectuada el diecisiete de agosto del año que transcurre, de la que se desprende que la referida cuenta tiene un estado activo. Ante tal información, el autorizado en términos amplios de la promovente del amparo adujo que su autorizante acudió a una de las sucursales de BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, para confirmar el desbloqueo de la cuenta **** ***** ** ********** y pudo corroborarlo al disponer del efectivo que tenía depositado en tal cuenta bancaria. En esta medida, resulta evidente que cesaron los efectos jurídicos de los actos que se reclaman, dado que se llevó a cabo la desinmovilización de la cuenta bancaria a nombre de la accionante y volvieron las cosas al estado que guardaban antes del embargo o aseguramiento. También, del incidente de suspensión que deriva de este juicio se observa que ante la solicitud de información de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República que transmitió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fue que la institución bancaria procedió a la inmovilización de las cuentas, sin que existiera orden expresa para ello, de modo que, basta que haya descongelado la cuenta de referencia para que se considere que cesaron los actos, pues no existe alguna orden de embargo o aseguramiento de la cual haya derivado el actuar del banco responsable. Además, tampoco puede estimarse que el desbloqueo y/o habilitación de la cuenta -**** **** ** ************* de la institución financiera BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, se haya efectuado en cumplimiento a la suspensión emitida en el incidente que deriva de este juicio, dado que el efecto fue el permitir el manejo libre de la cuenta y no su desbloqueo total, siendo esta última la razón por la que cesaron los actos. Corrobora la actualización de la causa de improcedencia que se analiza el hecho de que la institución bancaria haya efectuado el bloqueo de la cuenta sin una orden y que en lo sucesivo no pueda inmovilizar la cuenta de la quejosa motu proprio, dado que BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, es únicamente un auxiliar de la administración pública y no está facultada para ordenarlas; ello, si se tiene en cuenta que, como institución de banca múltiple es una sociedad anónima facultada para realizar operaciones de captación de recursos del público a través de la creación de pasivos directos y/o contingentes, para su colocación en el público (operaciones que se denominan servicios de banca y crédito), lo que implica, que se limita a ejecutar las órdenes de aseguramiento de cuentas bancarias. Por lo anterior, es inconcuso que, si se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; ha operado la causa de improcedencia señalada. Dicho de otro modo, evidente resulta que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de los actos reclamados dado que ya no existen y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 439/2018-I-2 promovido por Alma Yanett Hidalgo, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese personalmente a la quejosa y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado ********************, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, el día de hoy veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, fecha en que se terminó el engrose de este fallo y lo permitieron las labores del juzgado, asistido de la licenciada *********************, secretaria que autorizó y dio fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos únicamente como constancia el informe justificado rendido por el Director General Adjunto Jurídico de Procedimientos "C" en representación de la autoridad responsable, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en virtud de que el veinte de agosto pasado se dio vista a las partes con el mencionado informe, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de la certificación de cuenta se desprende que el término concedido a la parte quejosa en auto de veinte de agosto de dos mil dieciocho a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo transcurrió sin que a la fecha hubiera hecho manifestación alguna, por lo que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese proveído y se ordena continuar con el trámite del presente juicio de amparo en los términos planteados en el escrito inicial de demanda. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.***
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que se encuentra señalada para esta fecha la audiencia constitucional, sin embargo, del estado que guardan los autos se advierte que el término concedido a la quejosa en auto de veintisiete de julio de dos mil dieciocho se encuentra transcurriendo, por tanto, existe imposibilidad para llevar a cabo la audiencia señalada para esta fecha y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho para tal efecto. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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