Alma Verónica Guerrero o Guerreo Aguilar
Expediente 785/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 785/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alma Verónica Guerrero o Guerreo Aguilar
- Todas las Partes
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el trece de octubre de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por otra parte, de las constancias que integran los presentes autos, se advierte que, como anexos de la demanda, fueron exhibidos documentos en el presente juicio de amparo, ya que el mismo ha concluido y se ordena su archivo, dígase al promovente que conforme al antepenúltimo párrafo del artículo 21 del citado Acuerdo General, se deja a su disposición por el término de noventa días dichos documentos, apercibidos que de no reclamarlos en ese plazo, correrán la suerte del expediente en que se actúa. Ahora, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19 hágase del conocimiento de la parte quejosa que este órgano jurisdiccional tiene actualmente asignado el horario matutino de siete horas con cuarenta y cinco minutos a trece horas con cuarenta y cinco minutos, y que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Por tanto, si se presenta a recoger los documentos durante el periodo de contingencia, para la entrega de los mismos, deberá generar la cita correspondiente a través del proceso automatizado que le otorgará, un código "QR", para el ingreso al órgano jurisdiccional, cumpliéndose previamente los requisitos para pasar los filtros sanitarios y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte promovente y háganse las anotaciones correspondientes.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 13/10/2021, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C...Boca del Río, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el trece de octubre de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por otra parte, de las constancias que integran los presentes autos, se advierte que, como anexos de la demanda, fueron exhibidos documentos en el presente juicio de amparo, ya que el mismo ha concluido y se ordena su archivo, dígase al promovente que conforme al antepenúltimo párrafo del artículo 21 del citado Acuerdo General, se deja a su disposición por el término de noventa días dichos documentos, apercibidos que de no reclamarlos en ese plazo, correrán la suerte del expediente en que se actúa. Ahora, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19 hágase del conocimiento de la parte quejosa que este órgano jurisdiccional tiene actualmente asignado el horario matutino de siete horas con cuarenta y cinco minutos a trece horas con cuarenta y cinco minutos, y que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Por tanto, si se presenta a recoger los documentos durante el periodo de contingencia, para la entrega de los mismos, deberá generar la cita correspondiente a través del proceso automatizado que le otorgará, un código "QR", para el ingreso al órgano jurisdiccional, cumpliéndose previamente los requisitos para pasar los filtros sanitarios y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte promovente y háganse las anotaciones correspondientes.
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Boca del Río, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por Alma Verónica Guerrero o Guerreo Aguilar, por propio derecho, contra actos y autoridades ahí precisadas; fórmese expediente y regístrese con el número 785/2021-V, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO: Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desechar el asunto sin suspender el acto; congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I.1º.A.J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama del Director General de Servicios Periciales del Estado de Veracruz, en Xalapa y el Delegado de Servicios Periciales de Veracruz, en Veracruz, lo siguiente: ".negativa de las autoridades responsables, a darle contestación a las solicitudes que realizó el C. Fiscal Trece en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, mediante oficios número 1470/2021 y 1559/2021, de fechas 03 de junio del 2021 y 24 de mayo del 2021, y que se presentó ante las autoridades responsables." En ese entendido, y a partir de los hechos narrados por la promovente, se aprecia que para el análisis del acto reclamado son aplicables las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que denunció los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación 2904/2021 del índice de la Fiscalía Trece en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz, por lo que tiene el carácter de víctima u ofendida en dicha indagatoria. Ahora bien, en el presente caso, se considera que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley, en relación con el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que la negativa que reclama la promovente es dable impugnarla a través del medio de defensa innominado previsto en el citado numeral 258 de la codificación en comento, antes de acudir al juicio de amparo, atento al principio de definitividad. En principio, es oportuno destacar lo que establecen los artículos 131, fracciones III y IX y 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del tenor siguiente: "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: (.) III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; (.) IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba;" "Artículo 272. Peritajes Durante la investigación, el Ministerio Público o la Policía con conocimiento de éste, podrá disponer la práctica de los peritajes que sean necesarios para la investigación del hecho. El dictamen escrito no exime al perito del deber de concurrir a declarar en la audiencia de juicio." De lo anterior, se observa que en la etapa de investigación los peritos se encuentran coordinados por el Ministerio Público, quien ejerce la conducción y el mando de la indagatoria con la potestad de solicitar la práctica de los peritajes que sean necesarios para la investigación de los hechos denunciados. En ese sentido, resulta patente que la conducta de las instituciones periciales en la etapa de investigación se encuentra en el ámbito de las facultades de investigación del órgano ministerial, por lo que su proceder no puede catalogarse ni revisarse de manera desvinculada. En consecuencia, cuando la víctima u ofendido reclame omisiones de peritos durante una indagatoria, respecto a los hechos denunciados ante el Ministerio Público, y sobre los que ya se inició una investigación, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque la actuación de las instituciones periciales está bajo el mando y conducción del Ministerio Público y no de manera independiente. De lo antepuesto, este juzgado, como se adelantó, advierte que se materializa el supuesto de improcedencia de la demanda que se deduce del artículo 61, fracción XXIII de la Ley, en relación con el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas disposiciones jurídicas establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." El primero de los artículos transcritos no establece un supuesto de improcedencia en específico, pero constituye el fundamento de las hipótesis de inejercitabilidad que pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia ley. Esta consideración tiene sustento, por afinidad en la tesis 2a. LXXXVI/99, la cual interpreta la fracción XVII, del Artículo 73 de la abrogada Ley de Amparo, cuyo contenido es similar al vigente; criterio que es rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO"." El precepto constitucional establece dentro del catálogo de derechos que tiene la víctima u ofendido de un delito, el impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación; así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Por su parte el artículo 109, siendo congruente con el texto constitucional, prevé como derecho de la víctima u ofendido el impugnar las omisiones en que incurra la representación social en el desempeño de sus funciones de investigación. Mientras que el precepto 258 establece el medio de defensa que podrán instar las partes en el procedimiento penal cuando impugnen la determinación del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad o el no ejercicio de la acción. Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica y funcional, es posible afirmar que el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede no sólo contra las determinaciones del Ministerio Público ahí establecidas, sino también contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Esto es así, pues de los artículos mencionados es posible concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora están sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise su legalidad, lo que resulta congruente con el derecho constitucional reconocido en el artículo 20, inciso C), fracción VII, de nuestra carta fundamental, así como lo dispuesto en el diverso 109, fracción XXI, del referido código. Bajo esa consideración es válido sostener que el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no está limitado taxativamente a las determinaciones ahí previstas (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que también comprende las omisiones a las que alude el artículo 20, inciso c), fracción VII, constitucional; por ello se afirma que sí es posible cuestionar cualquier actuación u omisión del representante social que tenga como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Esto es así, porque la interpretación realizada en ese sentido es conforme con el derecho reconocido a nivel constitucional y legal de facultar a la víctima u ofendido para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los hechos denunciados, lo que coincide con la finalidad del Juez de Control de revisar la actuación del Ministerio Público en el curso de una investigación, para, en su caso, conminarlo a que reanude la investigación y practique las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Luego, interpretados estos artículos en unión del diverso 61, fracción XXIII, de la Ley, es dable concluir que la víctima u ofendido debe impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa innominado previsto en el citado numeral 258 de la legislación en comento, antes de acudir al juicio de amparo, de lo contrario, éste resultará improcedente, atento al principio de definitividad. A su vez, como ya fue destacado, los artículos 131, fracciones III, IX y 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que en la etapa de investigación los peritos se encuentran coordinados por el Ministerio Público, quien ejerce la conducción y el mando de la indagatoria con la potestad de solicitar la práctica de los peritajes que sean necesarios para la investigación de los hechos denunciados, por lo que su conducta se encuentra en el ámbito de las facultades de investigación del órgano ministerial y no puede revisarse su juridicidad de manera desvinculada. Con base en estas consideraciones, es dable afirmar que si el acto reclamado consiste en la negativa del Director General de Servicios Periciales del Estado de Veracruz, en Xalapa y el Delegado de Servicios Periciales de Veracruz, en Veracruz, de dar contestación a las solicitudes realizadas por el Fiscal Trece en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, mediante oficios número 1470/2021 y 1559/2021, de tres de junio y veinticuatro de mayo del año en curso, en la carpeta de investigación número 2904/2021, en la que la promovente tiene el carácter de víctima u ofendida, se actualiza la causa de improcedencia invocada, en razón de que previamente al ejercicio de la acción constitucional, debió de acudir ante el Juez de Control y agotar el procedimiento jurisdiccional previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que a través de la expresión de los agravios correspondientes, tiene la posibilidad de atacar las negativas reclamadas ya que la actuación de las instituciones periciales está bajo el mando y conducción del Ministerio Público y no de manera independiente. Son aplicables al caso concreto las jurisprudencias 27/2018 y 28/2018, sustentadas respectivamente por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendientes de publicar en el Semanario Judicial de la Federación, en virtud de que fueron aprobadas en sesión privada de veintitrés de mayo del año en curso, bajo el rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Así como la tesis III.3o.P.5 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 5099, registro 2023252, de rubro y texto: "OMISIONES DE LA POLICÍA DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN. EN SU CONTRA PROCEDE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, YA QUE ACTÚA BAJO EL MANDO Y CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y NO DE FORMA INDEPENDIENTE. Hechos: El quejoso promovió demanda de amparo contra un acto del comisario de investigación de la Comisaría General de Seguridad Pública de la Fiscalía del Estado de Jalisco, consistente en la omisión de cumplir la totalidad de sus deberes de investigación de los delitos y la de esclarecer los hechos de la investigación. El Juez de Distrito desechó la demanda, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 20, apartado C, fracción VII, constitucional y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Criterio jurídico: El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito estima que es correcta la determinación impugnada, aunque con fundamento en una diversa causal de improcedencia a la invocada por la Jueza de amparo pues, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los citados preceptos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: El proceder del cuerpo policiaco, tratándose del auxilio a la función indagatoria prevista en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra en el espectro de la potestad de investigación de los hechos denunciados, que es responsabilidad del órgano ministerial y, por ende, la conducta del ente policiaco debe considerarse inmersa en la de este último, por lo que no puede catalogarse ni revisarse su juridicidad de manera desvinculada. Por tanto, cuando la víctima u ofendido reclame las omisiones de la policía durante la etapa de investigación, respecto a los hechos denunciados ante el Ministerio Público, y sobre los que ya se inició una investigación, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque la actuación de la policía está bajo el mando y conducción del Ministerio Público y no de manera independiente." En tales condiciones, procede desechar de plano la demanda, con base en el artículo 113, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo a lo antes expuesto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de su demanda y como autorizado con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Isaac Lagunes García, Miguel Alejandro Quevedo Márquez, Teresa González Barrientos y Patricia Martinez Cisneros, por estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS: Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN A CUALESQUIERA DE LOS ACTUARIOS ADSCRITOS AL JUZGADO: Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud público derivados del virus Covid-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de ocho de junio de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 22/09/2021, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C...Boca del Río, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por Alma Verónica Guerrero o Guerreo Aguilar, por propio derecho, contra actos y autoridades ahí precisadas; fórmese expediente y regístrese con el número 785/2021-V, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO: Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desechar el asunto sin suspender el acto; congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I.1º.A.J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama del Director General de Servicios Periciales del Estado de Veracruz, en Xalapa y el Delegado de Servicios Periciales de Veracruz, en Veracruz, lo siguiente: ".negativa de las autoridades responsables, a darle contestación a las solicitudes que realizó el C. Fiscal Trece en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, mediante oficios número 1470/2021 y 1559/2021, de fechas 03 de junio del 2021 y 24 de mayo del 2021, y que se presentó ante las autoridades responsables." En ese entendido, y a partir de los hechos narrados por la promovente, se aprecia que para el análisis del acto reclamado son aplicables las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que denunció los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación 2904/2021 del índice de la Fiscalía Trece en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz, por lo que tiene el carácter de víctima u ofendida en dicha indagatoria. Ahora bien, en el presente caso, se considera que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley, en relación con el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que la negativa que reclama la promovente es dable impugnarla a través del medio de defensa innominado previsto en el citado numeral 258 de la codificación en comento, antes de acudir al juicio de amparo, atento al principio de definitividad. En principio, es oportuno destacar lo que establecen los artículos 131, fracciones III y IX y 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del tenor siguiente: "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: (.) III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; (.) IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba;" "Artículo 272. Peritajes Durante la investigación, el Ministerio Público o la Policía con conocimiento de éste, podrá disponer la práctica de los peritajes que sean necesarios para la investigación del hecho. El dictamen escrito no exime al perito del deber de concurrir a declarar en la audiencia de juicio." De lo anterior, se observa que en la etapa de investigación los peritos se encuentran coordinados por el Ministerio Público, quien ejerce la conducción y el mando de la indagatoria con la potestad de solicitar la práctica de los peritajes que sean necesarios para la investigación de los hechos denunciados. En ese sentido, resulta patente que la conducta de las instituciones periciales en la etapa de investigación se encuentra en el ámbito de las facultades de investigación del órgano ministerial, por lo que su proceder no puede catalogarse ni revisarse de manera desvinculada. En consecuencia, cuando la víctima u ofendido reclame omisiones de peritos durante una indagatoria, respecto a los hechos denunciados ante el Ministerio Público, y sobre los que ya se inició una investigación, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque la actuación de las instituciones periciales está bajo el mando y conducción del Ministerio Público y no de manera independiente. De lo antepuesto, este juzgado, como se adelantó, advierte que se materializa el supuesto de improcedencia de la demanda que se deduce del artículo 61, fracción XXIII de la Ley, en relación con el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas disposiciones jurídicas establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." El primero de los artículos transcritos no establece un supuesto de improcedencia en específico, pero constituye el fundamento de las hipótesis de inejercitabilidad que pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia ley. Esta consideración tiene sustento, por afinidad en la tesis 2a. LXXXVI/99, la cual interpreta la fracción XVII, del Artículo 73 de la abrogada Ley de Amparo, cuyo contenido es similar al vigente; criterio que es rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO"." El precepto constitucional establece dentro del catálogo de derechos que tiene la víctima u ofendido de un delito, el impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación; así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Por su parte el artículo 109, siendo congruente con el texto constitucional, prevé como derecho de la víctima u ofendido el impugnar las omisiones en que incurra la representación social en el desempeño de sus funciones de investigación. Mientras que el precepto 258 establece el medio de defensa que podrán instar las partes en el procedimiento penal cuando impugnen la determinación del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad o el no ejercicio de la acción. Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica y funcional, es posible afirmar que el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede no sólo contra las determinaciones del Ministerio Público ahí establecidas, sino también contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Esto es así, pues de los artículos mencionados es posible concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora están sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise su legalidad, lo que resulta congruente con el derecho constitucional reconocido en el artículo 20, inciso C), fracción VII, de nuestra carta fundamental, así como lo dispuesto en el diverso 109, fracción XXI, del referido código. Bajo esa consideración es válido sostener que el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no está limitado taxativamente a las determinaciones ahí previstas (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que también comprende las omisiones a las que alude el artículo 20, inciso c), fracción VII, constitucional; por ello se afirma que sí es posible cuestionar cualquier actuación u omisión del representante social que tenga como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Esto es así, porque la interpretación realizada en ese sentido es conforme con el derecho reconocido a nivel constitucional y legal de facultar a la víctima u ofendido para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los hechos denunciados, lo que coincide con la finalidad del Juez de Control de revisar la actuación del Ministerio Público en el curso de una investigación, para, en su caso, conminarlo a que reanude la investigación y practique las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Luego, interpretados estos artículos en unión del diverso 61, fracción XXIII, de la Ley, es dable concluir que la víctima u ofendido debe impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa innominado previsto en el citado numeral 258 de la legislación en comento, antes de acudir al juicio de amparo, de lo contrario, éste resultará improcedente, atento al principio de definitividad. A su vez, como ya fue destacado, los artículos 131, fracciones III, IX y 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que en la etapa de investigación los peritos se encuentran coordinados por el Ministerio Público, quien ejerce la conducción y el mando de la indagatoria con la potestad de solicitar la práctica de los peritajes que sean necesarios para la investigación de los hechos denunciados, por lo que su conducta se encuentra en el ámbito de las facultades de investigación del órgano ministerial y no puede revisarse su juridicidad de manera desvinculada. Con base en estas consideraciones, es dable afirmar que si el acto reclamado consiste en la negativa del Director General de Servicios Periciales del Estado de Veracruz, en Xalapa y el Delegado de Servicios Periciales de Veracruz, en Veracruz, de dar contestación a las solicitudes realizadas por el Fiscal Trece en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, mediante oficios número 1470/2021 y 1559/2021, de tres de junio y veinticuatro de mayo del año en curso, en la carpeta de investigación número 2904/2021, en la que la promovente tiene el carácter de víctima u ofendida, se actualiza la causa de improcedencia invocada, en razón de que previamente al ejercicio de la acción constitucional, debió de acudir ante el Juez de Control y agotar el procedimiento jurisdiccional previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que a través de la expresión de los agravios correspondientes, tiene la posibilidad de atacar las negativas reclamadas ya que la actuación de las instituciones periciales está bajo el mando y conducción del Ministerio Público y no de manera independiente. Son aplicables al caso concreto las jurisprudencias 27/2018 y 28/2018, sustentadas respectivamente por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendientes de publicar en el Semanario Judicial de la Federación, en virtud de que fueron aprobadas en sesión privada de veintitrés de mayo del año en curso, bajo el rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Así como la tesis III.3o.P.5 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 5099, registro 2023252, de rubro y texto: "OMISIONES DE LA POLICÍA DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN. EN SU CONTRA PROCEDE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, YA QUE ACTÚA BAJO EL MANDO Y CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y NO DE FORMA INDEPENDIENTE. Hechos: El quejoso promovió demanda de amparo contra un acto del comisario de investigación de la Comisaría General de Seguridad Pública de la Fiscalía del Estado de Jalisco, consistente en la omisión de cumplir la totalidad de sus deberes de investigación de los delitos y la de esclarecer los hechos de la investigación. El Juez de Distrito desechó la demanda, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 20, apartado C, fracción VII, constitucional y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Criterio jurídico: El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito estima que es correcta la determinación impugnada, aunque con fundamento en una diversa causal de improcedencia a la invocada por la Jueza de amparo pues, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los citados preceptos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: El proceder del cuerpo policiaco, tratándose del auxilio a la función indagatoria prevista en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra en el espectro de la potestad de investigación de los hechos denunciados, que es responsabilidad del órgano ministerial y, por ende, la conducta del ente policiaco debe considerarse inmersa en la de este último, por lo que no puede catalogarse ni revisarse su juridicidad de manera desvinculada. Por tanto, cuando la víctima u ofendido reclame las omisiones de la policía durante la etapa de investigación, respecto a los hechos denunciados ante el Ministerio Público, y sobre los que ya se inició una investigación, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque la actuación de la policía está bajo el mando y conducción del Ministerio Público y no de manera independiente." En tales condiciones, procede desechar de plano la demanda, con base en el artículo 113, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo a lo antes expuesto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de su demanda y como autorizado con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Isaac Lagunes García, Miguel Alejandro Quevedo Márquez, Teresa González Barrientos y Patricia Martinez Cisneros, por estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS: Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN A CUALESQUIERA DE LOS ACTUARIOS ADSCRITOS AL JUZGADO: Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud público derivados del virus Covid-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de ocho de junio de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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