Alma Silvia Ochoa Villa

Expediente 589/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
589/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • Alma Silvia Ochoa Villa

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio firmado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, a través del cual informa que causó estado el acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintidós, dictado en el recurso de queja 238/2022 del índice de ese Tribunal, asimismo, remite las copias certificadas del presente asunto, de lo que se toma conocimiento. En tal razón, acúsese el recibo de estilo; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, a través del cual comunica que se desechó el recurso de queja interpuesto por la promovente del amparo Alma Silvia Ochoa Villa, contra el auto veintinueve de junio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este juicio; radicándose el expediente 238/2022, de lo que esta autoridad toma conocimiento y está a la espera de que la superioridad informe que ha quedado firme esa determinación. Notifíquese.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el escrito recibido vía electrónica, interpuesto por Alma Silvia Ochoa Villa parte quejosa, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, y en atención con su contenido, téngasele interponiendo recurso de queja contra el acuerdo dictado el veintinueve de junio de dos mil veintidós; que desechó de plano la demanda de protección derechos fundamentales formulada por la citada promovente; por consiguiente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase el original del escrito mediante el cual se formula la queja al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, al que se acompaña copia certificada de las actuaciones que se han practicado hasta el momento en el presente expediente y ríndase informe en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, ya que en el referido auto se desechó la demanda de amparo por los fundamentos y las razones ahí expuestas. Sin que pase desapercibido para quien esto suscribe, que la evidencia criptográfica acompañada al escrito de cuenta, corresponde a la firma electrónica de Rosalba Sánchez Ruíz, autorizada de la parte quejosa con facultades restringidas, y no así de Alma Silvia Ochoa Villa parte quejosa en el presente asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por Alma Silvia Ochoa Villa, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada de iniciales A.R.N.O. y J.M.N.O., fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el juicio 589/2022-2 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se advierte que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; siendo así que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia advertida es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Por su parte, el artículo 62 de la Ley en cita, establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que se desprende que las causas de improcedencia se deberán analizar de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Ahora, respecto al acto reclamado que la promovente del amparo señaló en el escrito de demanda relativo a la resolución de treinta de mayo de dos mil veintidós, dictada en los autos del expediente 246/2019, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, residente en Veracruz, Veracruz, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, relacionada con los diversos numerales 17 y 18 del propio ordenamiento, que a la letra establecen: En ese entendido, respecto de dicho acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIV, en relación con los diverso 17 y 18, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa consintió tácitamente los actos reclamados, al no haber promovido en su contra el juicio de amparo, dentro del término que establece del artículo 17 de la Ley de la Materia. En efecto, los dispositivos en estudio, en lo que trasciende, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." (Lo destacado es propio) "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". (lo subrayado es propio) De lo anterior, se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro del término de quince días, contados éstos, a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclama o tenga conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, por lo que el cómputo de dicho término depende básicamente de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado y de su naturaleza, lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efecto, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado a la parte quejosa la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las dos restantes, se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la ley que rige la materia, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Lo anterior, se robustece con el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, enero 2011, Tomo XXXIII, página 5, con número de registro 163172, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la promovente del amparo reclama el acuerdo de treinta de mayo del año en curso, dictado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, residente en Veracruz, Veracruz, en cumplimiento a la sentencia amparadora emitida en el juicio 702/2019 del índice de este Juzgado de Distrito, y que constituye el acto reclamado en este juicio constitucional, por lo cual se levantó y se dejó sin efecto la medida de depósito de personas de once de julio de dos mil diecinueve y decreta medidas de convivencia entre la adolescente de apellidos Navarrete Ochoa y sus progenitores, que en la parte conducente dice: En ese sentido, en el juicio de amparo 702/2019 del índice de este órgano de control constitucional, al que hace referencia la promovente en su escrito de demanda y que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para quien esto suscribe, por tratarse de un expediente que se tramita en este mismo órgano de control constitucional, de las constancias que integran ese juicio, se observa el acuerdo que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional, el cual le notificó la autoridad responsable a la aquí promovente mediante lista de acuerdos el treinta de mayo del año en curso, dentro del expediente de origen; por tanto, se evidencia que desde esa fecha la peticionaria de amparo tuvo conocimiento completo y preciso de la resolución que ahora reclama y por ende, estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo contra de ésta, pues desde esa fecha se ostenta sabedor de la misma. Así, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo se computa a partir del día siguiente a aquél en que se ostentó sabedor del acto reclamado, esto es, desde el treinta y uno de mayo de este año, de ahí que, su presentación se hizo evidentemente fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17, de la Ley de Amparo, pues éstos transcurrieron del dos al veintidós de junio de dos mil veintidós, y la demanda de amparo fue presentada el veintisiete de junio de dos mil veintidós, mediante buzón. No obsta, que la promovente refiera en su escrito de demanda que tuvo conocimiento del acto reclamado el tres de junio del año en curso, vía electrónica, toda vez que, como se indicó anteriormente, ésta tenía pleno conocimiento desde el treinta de mayo anterior del acuerdo que pretende reclamar en esta vía, luego, desde esa fecha tuvo la oportunidad de reclamar el acuerdo emitido por la responsable, con independencia de que si en aquél juicio de amparo se tenía o no por cumplimentada la ejecutoria de amparo. Por ello, es claro que la demanda de amparo al presentarse hasta el veintisiete de junio de dos mil veintidós, por buzón judicial, se hizo en forma extemporánea; de ahí que, el acto que se reclama, se considera tácitamente consentido al no presentarse la demanda dentro del plazo genérico de quince días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado; por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el párrafo primero, fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 14, publicada en la página once, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, del tenor siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". Así como la jurisprudencia número 4, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ocho, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 17, conforme con el párrafo primero, fracción XIV, del artículo 61 de la ley en consulta, se desecha la demanda de mérito, por encontrarse los motivos manifiestos e indudables de improcedencia antes analizados. Debe precisarse que el acto reclamada no se encuentran en alguno de los supuestos de excepción para promover el juicio de amparo en cualquier tiempo, o fuera del término de quince o de treinta días, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales; como tampoco se trata de una sentencia condenatoria en materia penal. Tampoco es un juicio de amparo que se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del término de treinta días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que en el caso no acontece. AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de su demanda y como autorizado con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Luis José Sánchez Schettino y Teresa Aniana Vital Barradas, ya que acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en Derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República, y por cuanto a Jorge Adolfo Chora García y Rosalba Sánchez Ruíz, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, por no encontrarse en las misma condiciones que los antes citados; asimismo, téngase como autorizados para los mismos efectos que los precitados, a las restantes personas, por así haberlo solicitado la quejosa. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos Jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese, personalmente a la parte promovente del amparo.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,101 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano