Alma Velasco López
Expediente 905/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 905/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alma Velasco López
- Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 905/2022, promovido por *******, contra actos que reclama de los miembros integrantes de la Junta Especial número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la quejosa *******, los integrantes de la Junta Especial Numero 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, el ocho de julio del dos mil veintidós, dictaron una resolución en los autos del expediente 770/2008 (4), relativa al incidente de incrementos salariales (o de liquidación) que promovió la propia quejosa. Sin embargo dicha resolución impugnada en esta vía constitucional, obedece al cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el diverso juicio de amparo 83/2022 de la estadística propia, en el que se concedió el amparo para el efecto de que la citada Junta realizara lo siguiente: "1.- Deje insubsistente la resolución de trece de enero de dos mil veintidós, que resolvió la liquidación del laudo, dictada en el expediente laboral 770/2008(4), del índice de la Junta Especial número 4, de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca. 2.- Siguiendo los lineamientos establecidos en esta resolución, pronuncie una nueva resolución fundada y motivadamente". Al dictar la nueva resolución, refiere que la Junta responsable omitió cuantificar la prestación denominada vacaciones adicionales, y no tomó en consideración el Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y el Sindicato de Empleados de Confianza de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, de fecha 19 de abril del 2002 y los convenios celebrados entre la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y el Sindicato de Empleados de Confianza de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, afectando el monto de las diversas prestaciones a que tiene derecho el peticionario. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ********, por propio derecho, presentó demanda de amparo el dos de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por los actos que más adelante se precisarán. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados el contenido en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, el que por acuerdo de tres de agosto de dos mil veintidós se admitió a trámite; se registró bajo el número 905/2022; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó intervención conducente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitido por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la quejosa reclama de la Junta Especial Numero 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, lo siguiente: La resolución de ocho de julio del dos mil veintidós, dictada en los autos del expediente 770/2008 (4), del índice de la Junta Especial Numero 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, relativa al incidente de incrementos salariales (o de liquidación) promovido por la actora aquí quejosa. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir su informe justificado la Auxiliar de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, aceptó la existencia del acto reclamado en los términos siguientes: "ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, ya que en la fecha que cita la parte quejosa, esto es, ocho de julio del dos mil veintidós, esta Junta Especial integrada por la Auxiliar, ante la Secretaria de Acuerdos dictó calificación de pruebas y resolución respecto del incidente de liquidación, en el expediente laboral de número al rubro indicado, mismo que se dictó siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia de fecha treinta y uno de mayo del año en curso, dictada en el juicio de amparo principal 83/2022, mismo que fue promovido por la aquí quejosa y que fue radicado en el juzgado a su cargo, sin embargo, mediante oficio 21756/20222 de fecha veinticuatro de agosto del presente año, el Juez Quinto de Distrito determinó que la ejecutoria no se encontraba cumplida, concediéndole tres días a esta Autoridad para emitir una nueva resolución en la que se dé cumplimiento a los lineamientos establecidos en la sentencia ya mencionada, encontrándonos dentro del término legal establecido para tal fin". Dicha certeza se corrobora con la documental que remitió la responsable como apoyo a su informe justificado, a la cual se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su numeral 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación , de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". VI. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." El suscrito advierte que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El citado precepto legal, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se configura cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no dejó huella alguna. Esto es, se ha sostenido que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: Por revocación; y Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, la persona es restituida en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación). En este orden de ideas, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Mientras que el segundo supuesto (cesación del acto por sustitución), se actualiza cuando se da la sustitución de actos procesales, que conlleva a que los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto, y como tal, lo reemplaza en sus efectos. Ello, ya que al constituir el proceso una serie de actos concatenados y estrechamente relacionados entre sí, cada nuevo acto que encuentra su base en el que le precede, debido a la interdependencia que guardan lo sustituye de inmediato en sus efectos jurídicos. En este caso, de las constancias enviadas por la autoridad responsable Junta Especial Numero 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, se advierte que, en cumplimiento al requerimiento efectuado por esta autoridad judicial en los autos del diverso juicio de amparo 83/2022 del índice propio, dictó una nueva resolución en los autos del expediente 770/2008 (4), relativa al incidente de incrementos salariales (o de liquidación), lo cual se corrobora como un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en atención al numeral 2° de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia XXII J/12, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, del tomo V, Enero de 1997, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN". En esas condiciones, es inconcuso que han cesado los efectos de la interlocutoria de ocho de julio del dos mil veintidós, reclamada en esta instancia constitucional por sustitución procesal con la diversa de treinta de agosto de dos mil veintidós. De ahí que en esta instancia constitucional, no es posible examinar la constitucionalidad del acto reclamado por el justiciable, toda vez que dicha resolución quedó rebasada en cuanto a sus alcances y efectos procesales en el juicio laboral del que emana. Sirve de apoyo a lo anterior por las consideraciones que contiene, la tesis I.2o.P.4 K (10a.)5 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. De igual forma, sirve de sustento a lo anteriormente expuesto la tesis V.5o.1 K6 sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. Por las consideraciones apuntadas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el juicio. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, respecto de los actos reclamados y autoridad responsable, por los argumentos que se esgrimen en el apartados VI de este fallo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que se refiere al artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto a la vista concedida a las partes en auto de veintinueve de agosto del año en curso, notificado en esta propia fecha; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se reprograma para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el auxiliar de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y téngase como prueba de su parte la documental que exhibe, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional; con lo anterior, dese vista a las partes. NOTIFÍQUESE.
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