Alma Rosa Martínez Baltazar
Expediente 752/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 752/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alma Rosa Martínez Baltazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1. relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de agosto de dos mil veintiuno, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, junto con el secretario de acuerdos, Gamaliel Sánchez Cruz, procede a celebrar la audiencia constitucional del presente juicio de amparo, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el expediente relativo, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo, (ii) auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, donde se admite a trámite la demanda de amparo (iii) informes justificados. Acto seguido, el Juez Quinto de Distrito en Estado de Oaxaca, tiene por hecha la relación de constancias; por tanto, se ordena pasar a la siguiente etapa de la audiencia. Etapa probatoria. En esta etapa se hace relación de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, las cuales con fundamento en el artículo 119 de la citada Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por lo que no habiendo más pruebas que relacionar se cierra el período probatorio para pasar a la etapa de alegatos. Etapa de alegatos. En esta etapa de la audiencia se hace constar que únicamente la parte quejosa formuló alegatos; por lo que no habiendo diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 752/2021, promovido por ***********, por propio derecho, en contra de actos del Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. ANTECEDENTES De los antecedentes proporcionados en el escrito inicial de demanda, se advierte que la peticionaria del amparo ************, presentó dos escritos el diez de junio de dos mil veintiuno, ante la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. A la fecha de la presentación de la demanda de amparo (16 de julio del año en curso), las autoridades señaladas como responsables habían sido omisa en dar respuesta a la petición formulada por la quejosa ************. (Omisiones que constituyen el acto reclamado) TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ************, presentó un escrito el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por el acto que más adelante se precisará. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados el contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, la que mediante acuerdo de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite y se registró bajo el número 752/2021; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se otorgó intervención conducente a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la peticionaria del amparo Alma Rosa Martínez Salazar, reclama lo siguiente: Del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social. La omisión de acordar el escrito presentado ante dicha responsable el diez de junio de dos mil veintiuno y su notificación. Del Ayuntamiento Municipal del Oaxaca de Juárez, Oaxaca. La omisión de acordar el escrito presentado ante dicha responsable el diez de junio de dos mil veintiuno y su notificación. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La autoridad responsable Jefe Delegacional de Servicios Jurídicos de la Delegación de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicios de los Poderes del Estado, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados. Además, para acreditar su dicho, remitió copia certificada del oficio de referencia 21 9001 051100/CTQ/318/2021 de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, y de su notificación de veintinueve siguiente, constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido por los artículos 133 y 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, acorde con el precepto 2° de la Ley de Amparo. Ahora de dichas constancias se advierte que ante esa autoridad responsable el disidente ********** presentó un escrito el diez de junio, líbelo al que recayó la contestación de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en el que la autoridad responsable le informa que para tener acceso a los datos personales de persona distinta puedo solicitarlos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; respuesta que fue notificada a la promovente el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, tal y como se desprende de la copia certificada que remitió al efecto. Luego entonces, si la autoridad responsable dio contestación a lo solicitado por la quejosa el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, y respuesta que fue notificada a la quejosa personalmente; en consecuencia, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -8 de julio de 2021-, el acto reclamado no existía, lo que ratifica la negativa de la responsable. De lo anterior, se estima que al ocho de julio de dos mil veintiuno, fecha en la que se presentó la demanda de amparo, ya no existía ese acto reclamado por la quejosa, puesto que la autoridad responsable con anterioridad había dado respuesta a la petición formulada a su escrito presentado el diez de junio de dos mil veintiuno. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado al Jefe Delegacional de Servicios Jurídicos de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca, este Juzgado determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO LA Jefa de la Unidad Jurídica de la dirección de Seguridad Pública Vialidad y Protección Ciudadana de la Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia de la omisión atribuida; sin embargo, de la constancia que acompañó como complemento del mismo, se aprecia que la omisión reclamada por la quejosa de mérito existía al momento de la presentación de la demanda, así lo revela con la copia certificada del oficio DSPVYPCM/1391/2021 de seis de julio de dos mil veintiuno, dirigido a la aquí impetrante, por el que la responsable dio contestación a su petición, así como el instructivo de notificación de veintitrés de julio siguiente, el cual tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Pues no fue sino hasta el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, es decir, dos quince días posteriores a la presentación de la demanda que le hizo del conocimiento la contestación a la solicitud de la justiciable, motivo por el cual dicha negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto reclamado. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso se considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Esa porción normativa establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Resulta pertinente destacar que de la documental que la autoridad responsable aportó al presente juicio de amparo, la cual fue valorada en el apartado que antecede, se advierte que efectivamente el diez de junio de dos mil veintiuno, la parte promovente del amparo presentó ante el Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, un escrito en el que esencialmente solicitó información personal de *********. Por su parte la responsable, durante la tramitación de este sumario hizo del conocimiento su contestación mediante oficio DSPVYPCM/1391/2021 de seis de julio de dos mil veintiuno, dirigido a la quejosa, respuesta que fue favorable a sus intereses puesto que le fue proporcionada copia certificada del certificado médico de *********, mismas que fue notifica por conducto de su autorizado para tal efecto. Se destaca también que dicha contestación se notificó en diecinueve de junio del año en curso a *************ar, persona a quien la parte quejosa autorizó en el escrito de petición. En consecuencia, resulta evidente que la conducta omisiva que la ahora parte quejosa atribuye a la autoridad responsable ha dejado de existir, puesto que dicha autoridad se pronunció en relación a su escrito presentado ante su potestad el seis de julio de dos mil veintiuno y le notificó dicha respuesta el veintitrés de julio siguiente por conducto de su autorizado. Aunado a lo anterior, se toma en cuenta que derivado del trámite del presente juicio de amparo, por auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y las pruebas documentales que anexo, con lo cual, se estima que en este momento ya tiene conocimiento de la contestación recaída a sus petición. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la omisión reprochada. Lo anterior, porque de alguna manera, se repuso a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados como si no hubiera existido el acto omisivo reclamado, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que definitivamente lo destruyó, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. En efecto, si la parte quejosa presentó demanda de amparo el ocho de julio de dos mil veintiuno, según se aprecia de la papeleta emitida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en tanto que la respuesta a su solicitud se le notificó el veintitrés de julio del año en curso, debe concluirse que el acto reclamado cesó en sus efectos; máxime, que ningún caso tendría examinar la omisión reclamada si los efectos de esa conducta quedaron destruidos en forma total e incondicional y no dejaron huella en la esfera jurídica del solicitante de la tutela constitucional. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo vigente. De ahí que, al actualizarse la causal de improcedencia examinada con antelación es innecesario el estudio de la diversa que invoca la autoridad responsable en su informe justificado, porque aun cuando operaran las que señala sería irrelevante, dado que no cambiaría el sentido de esta resolución. La determinación anterior encuentra apoyo en las jurisprudencias 2a./J. 205/2008, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, novena época, materia común, página seiscientos cinco y 2a./J. 54/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, Materia Común, página cuatrocientos catorce, que indican: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Finalmente, resulta importante destacar, que este órgano jurisdiccional, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por la quejosa, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos.". VI. DECISIÓN Por lo aquí expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia en comento, lo procedente es sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alma Rosa Martínez Salazar, por propio derecho, por los motivos expuestos en los apartados apartado V de este fallo. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual ***********, hace diversas manifestaciones en relación a la vista que se le dio con el contenido del informe justificado rendido por la responsable; en consecuencia, para los efectos legales a que haya lugar ténganse por hechas dichas manifestaciones. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado descrito en la cuenta y se tiene como prueba de la responsable la documental que acompaña. Con el informe y la documental referidos con antelación dése vista a las partes. NOTIFÍQUESE.
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