Alma Rosa Moncisvais Medina
Expediente 937/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 937/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Alma Rosa Moncisvais Medina
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa Alma Rosa Moncisvais Medina, no recurrió el auto de desechamiento dictado por este juzgado el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Esto, debido a que fue notificado el treinta siguiente, por lo que dicho plazo transcurrió del dos al ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Sentado lo anterior, se declara que el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se desechó de plano la presente demanda.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por Alma Rosa Moncisvais Medina, por su propio derecho, contra actos del Titular de la Unidad del Ministerio Público de lo Penal Especializada en Delitos de Tramitación Común, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 937/2021-II-1. Improcedencia De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia de que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XVI, Julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: Precisado lo anterior, la quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO.- De las autoridades señaladas como responsables se reclama: La falta de resolución en definitiva de la carpeta de investigación MAZTL/UETC/000152/2021/CI abierta con motivo de la denuncia presentada por la suscrita hace más de un año en contra de JUAN JOSÉ MONCISVAIS MEDINA y ROBERTO MONCISVAIS MEDINA y/o quien o quienes resulten responsables, a pesar de haber aportado las pruebas y elementos suficientes para su resolución y judicialización y que he estado insistiendo en su resolución, sin que hasta la fecha se haya resuelto. Además, expresó bajo protesta de decir verdad los siguientes antecedentes del acto reclamado: Como se acreditará en el momento procesal oportuno, con las constancias que integran la carpeta de investigación MAZTL/UETC/000152/2021/CI abierta con motivo de la denuncia presentada por la suscrita hace más de un ario en contra de JUAN JOSÉ MONCISVAIS MEDINA y ROBERTO MONCISVAIS MEDINA y/o quien o quienes resulten responsables hace más de un ario denuncié hechos constitutivos de delito ante la Unidad del Ministerio Público de lo Penal Especializada en Delitos de Tramitación Común, a pesar de haber aportado las pruebas y elementos suficientes para su resolución y judicialización y que he estado insistiendo en su resolución, sin que hasta la fecha se haya resuelto. Ante la falta de respuesta de la responsable y efecto de insistir en su resolución, acudí a la Vicefiscalía General en la Zona Sur del Estado y a la Fiscalía General del Estado, resultando estériles mis esfuerzos. Cabe mencionar que ésta resulta ser la segunda denuncia presentada en contra de JUAN JOSÉ MONCISVAIS MEDINA pues en virtud de sus actos graves de violencia en mi contra, por lo que, la arrendataria me entregó el inmueble. Hechos que se ventilan en la carpeta de investigación seguida bajo expediente número MAZTL/AEDFAM/002176/2020 ante la AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA FANHLIA DE ÉSTA CIUDAD, carpeta de investigación que fue judicializada según juicio seguido bajo el expediente 183/2020 del índice del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO PENAL DE LA REGIÓN SUR DEL ESTADO DE SINALOA, mismo que se encuentra pendiente por resolver. El colmo es que a pesar de encontrarse indiciado en la causa penal antes señalada, JUAN JOSÉ MONCISVAIS MEDINA vuelve a hacer de las suyas y genera nuevos actos delictivos de violencia y abuso en mi contra los cuales se investigan según la carpeta de investigación seguida bajo expediente número MAZTL/UETC/000152/2021/C ante la UNIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN DELITOS DE TRAMITACIÓN COMÚN DE ÉSTA CIUDAD. Conductas violentas y de amenazas que han persistido y que oportunamente he denunciado, sin embargo, no ha habido interés de resolver por parte de las Autoridades señaladas como responsables. Tengo el temor fundado de que JUAN JOSÉ MONCISVAIS MEDINA en coparticipación de las responsables estén impidiendo el avance del procedimiento penal de referencia, a pesar de haber aportado las pruebas y elementos suficientes para su resolución y judicialización y que he estado insistiendo en su resolución, sin que hasta la fecha se haya resuelto y peor aún, que JUAN JOSÉ MONCISVAIS MEDINA y sus cómplices cumplan sus amenazas y me provoquen más daños y lesiones. Dadas las circunstancias señaladas con anterioridad, solicito el AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL Por ello, promovió la demanda de amparo que nos ocupa, en contra de omisión del agente del ministerio público responsable de emitir resolución definitiva en torno al ejercicio de la acción penal o no en la carpeta de investigación MAZTL/UETC/000152/2021/C. Precisado lo anterior, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual estatuye el principio de definitividad en materia administrativa, el cual impone a la parte quejosa la obligación de agotar los juicios, recursos o medios de defensa legal que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; antes de acudir al juicio constitucional, el cual por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa. La esencia de este principio descansa en el hecho de que el amparo es la vía extraordinaria final que permite la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual, si el resultado que pretende el quejoso, puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios de defensa, ello impide la utilización de la acción constitucional de amparo. Así, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre laabstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Del precepto transcrito se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar podrán ser impugnadas ante el Juez de control. El Juez de Control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. En esa tesitura, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en las jurisprudencias 27/2018 y 28/2018, que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Es decir, determinó que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto (artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales), ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esa tesitura, previo a que la quejosa promoviera el juicio de amparo que nos ocupa en contra de la omisión del agente del ministerio público responsable de determinar si ejerce o no el ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación MAZTL/UETC/000152/2021/C, debió agotar el referido medio de defensa ordinario establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. Apoyan lo anterior, las jurisprudencias 28/2018 y 27/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2018, registros 2017640 y 2017641, respectivamente, de rubro y texto siguiente: De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. . Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Con motivo de lo anterior, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, establecidos en el propio artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió las jurisprudencias que anteceden, en las que determinó que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar; por lo que si el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, ello se satisface con los criterios jurisprudenciales de mérito, cuya observancia es obligatoria conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, lo que imposibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que se decida inaplicarla. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 86/2018, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2018, registro 2017808, de rubro: Desechamiento En estas condiciones, con apoyo en el numeral 113, en relación con el diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ALMA ROSA MONCISVAIS MEDINA, por su propio derecho, contra actos del Titular de la Unidad del Ministerio Púbico de lo Penal Especializada en Delitos de Tramitación Común, con sede en esta ciudad. Domicilio y autorizados De conformidad con el arábigo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la expresada ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Cerro Escondido, número 110, del fraccionamiento Lomas de Mazatlán, en esta ciudad, y en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Enrique Vidal Osuna Morales, con cédula profesional 8205631, reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para imponerse físicamente del expediente en que se actúa a Dan Guevara Colio, por no contar con dicho requisito. Uso de medios electrónicos Las partes podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, página 1830, registro 2008986, del rubro: Integración del expediente electrónico Por otra parte, en términos del artículo 3º, de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario encargado del trámite del presente juicio para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse o a presentarse en el expediente en que se actúa, así como en el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental que llegara a derivar del mismo, a fin de que ambos coincidan en su totalidad; dicha instrucción también se hace extensiva a los actuarios adscritos a este juzgado de distrito, en relación con las actuaciones que les correspondan realiza. Habilitación de días y horas inhábiles En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. Autorización de copias Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de copias simples y/o certificadas que solicite cualquier interesado con personalidad jurídica reconocida en este expediente, de las constancias que obren el mismo, previa razón de recibo que se deje en autos, salvo que se trate de información clasificada como reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. En la inteligencia de que para su obtención, se ceñirán las reglas del sistema de citas y solo podrán, de momento, ser expedidas los días jueves de ocho y media a diez de la mañana, dada la limitación del personal asignado para la jornada presencial escalonada. Devolución de documentos Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. Ingreso a las instalaciones En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado Servicios Jurisdiccionales, en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19.
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