Alma Leticia Zazueta Flores

Expediente 1063/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1063/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
21/12/2022

Partes del expediente

  • JOSE LINO PÉREZ y Otros.
  • ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES y Otros.
  • Alma Leticia Zazueta Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrieron el auto de desechamiento dictado por este juzgado el ocho de diciembre de dos mil veintidós. Esto, debido a que fue notificado personalmente el nueve siguiente, por lo que dicho plazo transcurrió del trece al diecinueve de diciembre del presente año. Sentado lo anterior, se declara que el auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto concluido. Finalmente, este juicio de amparo es DESTRUIBLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo.

  2. Principal

    Ténganse recibidos los oficios números 27181/2022, 27319/2022 y 27117/2022, firmados autógrafamente por el Actuario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a través de los cuales acusa recibo de las demandas de amparo promovidas por Santiago Toledo Reyes, Víctor Ricardo Padilla Ochoa y María Dolores García Murillo, que le fueron remitidas por este órgano jurisdiccional con motivo de la separación de juicios ordenada el ocho de los cursantes; memoriales que se ordena agregar en autos para que obren como corresponda.

  3. Principal

    Téngase recibido el escrito signado por Alma Leticia Zazueta Flores, a través del cual exhibe prueba documental; ahora bien, y toda vez que en auto de ocho de los cursantes, se ordenó la separación juicios, motivo por el cual, a través del comunicado 25129/2022 se remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, copia certificada del escrito inicial de demanda promovido por la ocursante y otros. En consecuencia, remítase a dicha oficina el comunicado que se atiende, a fin de que sea turnado al órgano jurisdiccional que tocó conocer de la demanda de amparo promovida por Alma Leticia Zazueta Flores.

  4. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo promovida por Juan Humberto Ramírez Meza, Alma Leticia Zazueta Flores, María Dolores García Murillo, Vicente Ricardo Padilla Ochoa, Andrés Pérez Aguayo, Félix Sánchez Carmelo, Ignacio Zazueta Zazueta, José Antonio Beltrán Valenzuela, José Lino Pérez y Santiago Toledo Reyes, contra actos del Tesorero del Municipio de Cosalá, Sinaloa y otras autoridades. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico; así también, radíquese éste con el número 1063/2022. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Los quejosos hacen consistir el acto reclamado en la omisión de dar contestación a sus escrito de petición de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en el que cada uno de ellos, solicita se inicie el trámite de otorgamiento de pensión por años de servicios trabajados al Ayuntamiento de Cosalá; así como de continuar con el pago de las pensiones que se les venía realizando por parte de las autoridades responsables. SEPARACIÓN DE JUICIOS. Del análisis integral del libelo inicial se obtiene que los quejosos hacen consistir el acto reclamado en lo siguiente: a) La omisión del Ayuntamiento Municipal de Cosalá, Sinaloa, en dar respuesta a la petición formulada por cada uno de los amparistas, para que se inicien los trámites de otorgamiento de pensión por años de servicios trabajados; y b) Continuar con el pago de las pensiones por años de servicios que se les venía realizando. Como se aprecia, los peticionarios del amparo combaten ante esta instancia constitucional actos que se encuentran jurídicamente desvinculados, lo anterior es así, en virtud de que cada uno de los quejosos señala la omisión de dar respuesta a un escrito presentado en forma separada ante las autoridades responsables, así como la omisión de dichas autoridades de pagarles en lo individual sus pensiones relativas a los años de servicios prestados; de ahí que si bien, podría pensarse que el origen de los actos es el mismo (omisiones), lo cierto es que las omisiones destacadas se actualizaron a cada uno de los quejosos, de ahí que se estime que dichos actos se encuentran desvinculados, por tanto, en aras de una adecuada impartición de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE ORDENA LA SEPARACIÓN DE JUICIOS. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 76/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 118, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA.", estableció que aun cuando la figura de "separación" no esté regulada específicamente por la Ley de Amparo, ésta debe ser implementada aplicando en sentido contrario las disposiciones que regulan la acumulación de juicios precisada por el artículo 57 de ese ordenamiento, con la finalidad de evitar el dictado de una sentencia incongruente y la consecuente problemática que implicaría su cumplimiento. Ciertamente, la Ley de Amparo, no contempla la figura jurídica de la separación de juicios; sin embargo, los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, contemplan la figura de la acumulación, de la que se puede deducir a contrario sensu la procedencia de la separación de juicios. Así es, el ordinal 2° de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el juicio de garantías se substanciará de acuerdo con las formas y procedimientos que establece el propio cuerpo normativo; asimismo, que a falta de disposición expresa, se aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriedad que en el caso resulta procedente, ya que se reúnen los requisitos necesarios para ello, esto es: a). Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente; b). Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c). Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y d). Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. En el caso que nos ocupa y respecto de la figura de la acumulación, se actualizan las hipótesis mencionadas, ya que la Ley de Amparo en su artículo 2° establece que a falta de disposición expresa en la misma se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles; luego, como ya se indicó, la ley de la materia no contempla la institución de la acumulación, asimismo, la omisión legislativa de que se trata, hace necesaria la aplicación supletoria del anotado código en cuanto a la mencionada figura, y no hay disposición expresa que haga suponer que el legislador no quiso contemplarla en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Por consiguiente, la aplicación supletoria del código aludido no se antepone al ordenamiento legal en comento, por el contrario, dicho trámite es congruente con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trata, en virtud de que esta última solamente tiene como finalidad la debida observancia del principio de economía procesal que rige en la materia y que los juicios conexos se fallen en una misma sentencia, para evitar el dictado de resoluciones contradictorias. De ahí que, si en el juicio de amparo -de acuerdo con los razonamientos anteriores- se puede actualizar la figura de la acumulación aplicando supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, también con apoyo en ésta y en la jurisprudencia recién citada, se pueden establecer las bases para decretar la separación de autos, aplicando dichos dispositivos en sentido contrario. Máxime, que esta última figura no tiende a modificar los derechos sustantivos de las partes, pues no pierden su derecho a impugnar el fallo que en cada uno de los juicios se dicte. Resulta aplicable al caso concreto el criterio contenido en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de dos mil trece, Tomo dos, página mil sesenta y cinco, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE." De igual manera, la diversa número P./J. 76/97, visible en la página ciento dieciocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, intitulada: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA." Establecido lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y 73 de la codificación procesal supletoria, aplicados a contrario sensu, de oficio, se ordena de oficio y de plano la separación de autos, a fin de formar uno nuevo, con copia certificada de la demanda de amparo, y demás constancias conducentes; de manera tal que en el presente sumario se continuará conociendo de los actos que reclama la parte quejosa en el capítulo respectivo respecto de Juan Humberto Ramírez Meza. En congruencia con lo anterior, obténganse copias de la demanda que dio origen al presente juicio, y remítanse a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, a fin que se les dé el turno correspondiente y se prosiga con el trámite correspondiente, por lo que se refiere a los diversos quejosos que se precisan a continuación: 1) Alma Leticia Zazueta Flores 2) María Dolores García Murillo 3) Vicente Ricardo Padilla Ochoa 4) Andrés Pérez Aguayo 5) Félix Sánchez Carmelo 6) Ignacio Zazueta Zazueta 7) José Antonio Beltrán Valenzuela 8) José Lino Pérez 9) Santiago Toledo Reyes DESECHAMIENTO. Ahora bien, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; por su parte, el artículo 6 de la Ley de Amparo, previene que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Así, del análisis integral del escrito de demanda que nos ocupa, se aprecia que el mismo carece de la firma de Juan Humberto Ramírez Meza; la cual constituye una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, pues sirve para dar autenticidad al mismo. En consecuencia, conforme a los preceptos antes indicados, no se advierte la voluntad de instar de los referidos quejosos, por lo que se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo respecto del citado promovente, por ser notoriamente improcedente, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por las razones que informa, el criterio sustentado por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 181-186 quinta Parte, Séptima Época, página 71 , del rubro y texto siguientes: DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. No pasa inadvertida la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA; toda vez que la demanda de amparo se presentó en original y copias firmada por diversos quejosos, y únicamente Juan Humberto Ramírez Meza, no firmó la misma, razón por la cual no es aplicable el criterio antes referido. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Notifíquese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con copia autorizada de la demanda con que se formó el presente expediente, para la intervención que legalmente le corresponde. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. AUTORIZADOS. Téngase autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Silverio Díaz Guzmán, Clicerio Díaz Guzmán y Roberto Valdez Ibarra, quienes tienen sus cédulas profesionales 9517293, 997419 Y 2580236, autorizadas en el Registro Único de Profesionales de Derecho, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Silvia Patricia Wong Salas, Marcos Antonio Arroyo Nevarez, Jesús Alejandro Pacheco López y Fabián Félix Félix, toda vez que no cuentan con registro en dicho sistema. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Río Baluarte número 98-5, Edificio Roma, Colonia Reforma, en esta ciudad. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas electrónicamente, sin perjuicio de que las partes puedan solicitar copias simples del expediente en que se actúa. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.

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