Alma Rosa de la Cruz Martinez
Expediente 973/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 973/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Alma Rosa de la Cruz Martinez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Recepción de oficio Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito. Colegiado admite recurso Téngase a la superioridad por acusando recibo de las constancias remitidas por este juzgado e informando que se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo, el cual fue registrado con el expediente 370/2023. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de julio de dos mil veintitrés. Se agrega escrito. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por ******, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, con seis copias que se acompañan, por el que interpone recurso de queja contra el proveído de diecisiete de julio del año en curso, que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, se acuerda: Recurso de queja. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto que este juzgado emitió la determinación recurrida. Disponibilidad y acceso al expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, hágase de su conocimiento en vía de informe justificado, que se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico relativo a este asunto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; remitiéndole para tal efecto el original del escrito de expresión de agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado. Por tanto, se instruye a la analista jurídico de la adscripción, a fin de que permita la disponibilidad y acceso al expediente electrónico dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los autos se advierte que mediante proveído de diez de los presentes mes y año, se ordenó remitir la comunicación oficial 19372/2023 dirigida a la autoridad responsable Registro Agrario Nacional Delegación de San Luis Potosí, a fin de requerir el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, ello, sin que a fecha, obre en autos el acuse de recibo mediante el cual se le solició. Se reenvia comunicación oficial En ese sentido, en obvio de mayores dilaciones al procedimiento, reenviese la comunicación oficial de cuenta a fin de que la autoridad responsable de referencia esté en aptitud de dar cumplimiento al requerimiento solicitado. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Admisión Vista la demanda promovida por *****, contra actos de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado y otras autoridades, con siete copias y un anexo que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 973/2023-VII. Análisis Ahora bien, vista la demanda de amparo, la suscrita advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse la misma de acuerdo con las siguientes consideraciones. El artículo 113 de Ley de la Materia, señala lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Antecedentes. Ahora bien, del contenido íntegro del escrito de demanda y su anexo, se advierte como antecedentes del acto reclamado: Que la parte quejosa compareció ante las autoridades señaladas como responsables como trabajadora de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, solicitando información relativa al cálculo de su salario y aumentos correspondientes, respecto de los años dos mil veinte, dos mil veintiuno, dos mil veintidós y dos mil veintitrés. Ahora, respecto del anotado acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del Amparo indirecto 973/2023 artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5o, fracción II, del referido ordenamiento, en virtud de que la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado y la Secretaría de Finanzas, a quien la promovente señaló como autoridades responsables, no pueden considerarse como tal para efectos del juicio de amparo, al no reunir los requisitos que establece el ordinal referido en segundo término de la Ley de la materia. En efecto, los citados preceptos legales en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse, crearía o modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De acuerdo al contenido del invocado artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que para los efectos del juicio de amparo, la autoridad responsable es aquélla que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita aquéllos que produzcan similares efectos que vulneren la esfera del gobernado. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089 del tomo XXXIV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2011, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Es decir, si el acto desplegado por la autoridad como órgano del estado, es unilateral, porque no requiere la aprobación del gobernado; imperativo en razón de que se impone al particular contra su voluntad, y coercitivo porque su inobservancia daría lugar a imponer alguna sanción prevista en la ley, se dice que la relación entre el estado y el gobernado es de supra a subordinación; puesto que la misma surge entre dos entes ubicados en una posición distinta; esto es, emana, entre el estado como persona jurídico política a través de sus órganos de autoridad, y el particular, y porque aquél, desempeña frente a éste la autoridad soberana o de gobierno que le fue encomendada. En cambio, cuando la relación surge entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, jurídicamente se está en presencia de una relación de coordinación, la cual puede ser de naturaleza privada, sujeta al derecho privado, o socioeconómica, regulada al amparo del derecho social. De ahí que, si en el caso concreto la parte quejosa comparece ante esta instancia constitucional, reclamando la omisión de dar contestación al escrito que presentó ante las autoridades responsables donde solicitó información en relación al cálculo de sus percepciones y aumentos correspondientes, por los años dos mil veinte, dos mil veintiuno, dos mil veintidós y dos mil veintitrés, por tanto, es evidente que dicho escrito fue presentado con motivo de la relación de trabajo que unía a la parte quejosa con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, cuyos pagos se realizan a través de las dependencias que aquí se señalan como responsables. Al respecto debe decirse que, efectivamente, las autoridades señaladas como responsables, tienen reconocido un doble carácter, uno, como autoridades, el cual con base a sus facultades tienen la capacidad de emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y otro, como patrones, como consecuencia del vínculo laboral entre la parte trabajadora y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obligan a otorgar determinadas prestaciones en servicios y en especie, a la trabajadora; caso en el cual, actúan en un plano de igualdad, debido a que se involucra el cumplimiento de ese convenio laboral. De lo anteriormente expuesto, se advierte que en el caso, el acto reclamado se emite con motivo de la relación laboral que tenía la quejosa con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado. Por tanto, su actuación se ejerce en un plano de igualdad, es decir en una relación de coordinación, al ser una determinación que se toma con motivo de dicho vínculo laboral que existe o existía entre éstos; en tal virtud, los actos positivos o negativos que tienen su origen en esa relación jurídica con su subordinado, como es en el caso, que las diversas autoridades sean omisas en dar contestación a lo que peticiona, no constituye un acto emitido por un funcionario en ejercicio de su relación de supra a subordinación con un particular, por no actuar con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, con base en la función y el cargo que desempeña. En ese sentido, es que la controversia que se suscite con motivo de esa relación en un plano de igualdad, en su caso, será susceptible de ser analizada por los tribunales de instancia competentes. Resulta aplicable, el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la tesis I.6º.T.26 L, visible en la página 27, del tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 1996, Novena Época, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de suprasubordinación a que ya se hizo mérito." Es ilustrativo de lo anterior, por identidad de razón, la tesis 2a./J. 66/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 898, Décima Época, registro digital 2011948, cuyo rubro y texto establecen: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." En consecuencia, si la peticionaria considera que en la especie, se ha incurrido en una violación a sus derechos, derivada de la omisión de dar contestación a su petición formulada con motivo de su relación laboral; tiene expedito su derecho para reclamar ese actuar dentro del juicio ordinario correspondiente, conforme a las acciones pertinentes previstas por la ley de la materia. Se desecha Por tanto, si el fondo del reclamo tiene que ver con la relación laboral a que está sujeta la promovente, razón por la cual su cumplimiento es posible dilucidarlo, si así lo estimare pertinente, ante la potestad común, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que promueve ********, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5°, fracción II, del referido ordenamiento legal; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a ******, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a ***************, por no contar con sus cédulas debidamente registradas en el referido sistema. Consulta expediente electrónico De conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al usuario "*****", la consulta del expediente electrónico. Medios electrónicos Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente.
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