Alma Luisa Lugo Reyes
Expediente 776/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Alma Luisa Lugo Reyes
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio y anexo de cuenta, por los que la autoridad responsable informa las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Alma Luisa Lugo Reyes, contra actos de la Fiscalía General del Estado y otras autoridades, con cinco copias que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 776/2022-IV. Ahora bien, examinada la demanda se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y, por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones. Para apreciar objetivamente lo antes afirmado, se debe sentar la premisa de que en términos del artículo 113 del cuerpo de leyes en cita, los Jueces de Distrito sólo pueden desechar la demanda de amparo cuando adviertan motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, lo manifiesto consiste en que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial; mientras que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante; de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no será factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Por las razones expuestas a continuación, la suscrita considera que con relación al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Del transcrito precepto legal, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiendo dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el término que prevé la Ley de la Materia para promover el juicio de amparo. Luego, tomando en consideración lo anterior, el término de quince días para instar la acción constitucional en contra de la orden de desalojo que se pretendió ejecutar el diez de abril del presente año, transcurrió indefectiblemente; por tanto, si la presente demanda constitucional se presentó hasta el trece de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en el Estado, según sello de recibido que obra en la parte superior derecha del ocurso de amparo (foja 2 de autos), es evidente que la acción constitucional se instó fuera del plazo legal correspondiente, lo que jurídicamente implica que debe estimarse consentido tácitamente el acto ya existente a la fecha de presentación de la demanda y que por esta vía reclama la parte quejosa, pues se hizo fuera del plazo de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de la Materia. Máxime que la quejosa se ostenta sabedora de los datos de la orden reclamada, por lo que se estima que estuvo en posibilidad de elevar su reclamo en forma oportuna. En este orden de ideas, al estimar que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ALMA LUISA LUGO REYES.
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