Alma Lara Olmos
Expediente 643/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 643/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alma Lara Olmos
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la quejosa Alma Lara Olmos, interpusiera recurso de queja en contra del auto de cinco de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo interpuesta, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes y archívese el asunto como totalmente concluido; por lo tanto, deberán realizarse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 21, inciso d), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO y pasados seis meses de la citada fecha. Ahora bien, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa
- Principal
...Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa ****, a través del cual, en cumplimiento a la prevención que se le efectuó por auto de dieciocho de agosto del año en curso, dictada en los autos del juicio de amparo número 643/2021-III-B, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados, en cuanto a los puntos que se le precisaron. En ese sentido, téngase por cumplida la prevención de mérito y se procede a analizar la demanda promovida por Alma Lara Olmos contra el acto que reclama al Juez y al Actuario, ambos adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a este Juzgador confieren los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, los artículos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 112.- Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, el suscrito juzgador se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, acorde al contenido de la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI (abril de dos mil), novena época, página 32, del texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Por otra parte, cabe precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El suscrito estima que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se expondrán. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII.- Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.] Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.] Al efecto, debe decirse que el principio de definitividad en materia de amparo consiste en la obligación que tiene el gobernado de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, el cual, por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa; de ahí que dicho principio deba ser acatado previamente por la parte promovente del juicio de amparo, salvo lo que se dispone para los terceros extraños a juicio y las excepciones a que se refiere el transcrito numeral de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios que procedan contra el acto reclamado, el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. De esta manera, se infiere que los elementos con los cuales se integra la causal de improcedencia en comento, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Contra ese acto conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento. c) Mediante esa revisión oficiosa, recurso o medio de defensa, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la locución "leyes que los rijan" (los actos reclamados), debe entenderse como todos aquellos ordenamientos legales que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia de que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Encuentra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia por reiteración número I.6º.C.J/37, que al rubro y texto dispone: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así también, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, 2ª ./J115/99, del rubro y texto siguientes: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Ahora bien, en el caso la quejosa Alma Lara Olmos, señala como acto reclamado el siguiente: La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 153/2020, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz. Por otro lado, de los hechos narrados por la quejosa tanto en el escrito de demanda como el aclaratorio, se advierte que el doce de agosto de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento de la existencia de la demanda promovida en su contra ante el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz, que originó el juicio ordinario civil 153/2020. Ello en razón a que realizó una búsqueda en una página electrónica, a través de la cual tuvo conocimiento de la existencia del juicio del que emana el acto que reclama, sin haberse apersonado al mismo. Ahora bien, no obstante que la promovente no se ha apersonado al controvertido del que emana el acto reclamado y que por tal razón afirma desconocer el estado procesal del mismo, el suscrito juzgador realizó una búsqueda en la página electrónica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en donde localizó el juicio ordinario civil 153/2020 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz, en el que se advierte que efectivamente la promovente es parte demandada en tal controversia y que no existe dato del que se desprenda que ya se emitió sentencia en dicha controversia, sino que en lo que resulta esencial para los fines de esta determinación se advierte que las últimas actuaciones que se han realizado en el aludido expediente se hacen consistir en que el once de agosto del año en curso, se celebró la audiencia prevista por el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz y, el treinta de septiembre del año que transcurre, se ordenó girar un despacho, sin que, se reitera, se advierta la existencia de la emisión de alguna sentencia en dicha controversia, la que de existir estaría publicada dado que en proveído de ocho de junio de este año, se acusó la rebeldía de la demandada y se le designó como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en el juzgado de origen. EXPEDIENTE 153/2020 ORDINARIO CIVIL AUDIENCIA 2021-08-11 AUDIENCIA CELEBRADA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 219 DEL C.P.C..- I EXPEDIENTE 153/2020 ORDINARIO CIVIL AUTO 2021-08-03 SE AGREGA DESPACHO SIN DILIGENCIAR Y SE DEJA A VISTA DE LA PARTE ACTORA POR EL TERMINO DE TRES DIAS, EXPEDIENTE 153/2020 ORDINARIO CIVIL AUTO 2021-06-08 SE AGEGA OFICIO Y ANEXOS, SE HACE CERTIFICACION, SE LE ACUSA LA CORRESPONDIENTE REBELDIA A ALMA LARA OLMOS, Y SE LE DESIGNA LA LISTA DE ACUERDOS COMO DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, SE SEñALAN LAS NUEVE HORAS DEL DIA ONCE DE AGOSTO DEL AñO E CURSO PARA LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA 219 DEL C.P.C., SE MANDA PREPARAR PRUEBAS, CON RESPECTO A LA PRUEBA DE RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA OFRECIDA POR LA PARTE ACTORA, SE MANDA A CITAR A LA DEMANDADA ALMA LARA OLMOS PARA QUE COMPAREZCA ANTE ESTE JUZGADO EN LA FECHA Y HORA ANTES SEñALADAS, APERCIBIDA QUE DE NO COMPARECER SE LE TENDRA POR RECONOCIDO EL CONTENIDO Y FIRMA DEL CONTRATO DE COMPRA RESPECTIVO, CON RELACION A LA TESTIMONIAL SE APERCIBE A LA OFERENTE PARA QUE PRESENTE A SUS TESTIGOS ANTE ESTE JUZGADO EN EL DIA Y HORA ANTES SEñALADOS, APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO DICHA PRUEBA SERA DECARADA DESIERTA, POR FALTA DE INTERES JURIDICO, CON RELACION A LA PRUEBA CONFESIONAL, SE MANDA A CITAR A LA PARTE DEMANDADA ALMA LARA OLMOS POR LISTA DE ACUERDOS , PARA QUE COMPAREZA ANTES ESTE JUZGADO A ABSOLVER POSICIONES EN EL DIA Y HORA ANTES SEñALADOS, SIN APERCIBIMIENTO ALGUNO, Y SE GIRA DESPACHO.- I EXPEDIENTE 153/2020 ORDINARIO CIVIL AUTO 2021-03-05 SE AGREGA ESCRITO Y SE DICE AL ABOGADO PATRONO QUE DEBE ESTARSE AL AUTO DE FECHA 13 DE ENERO DEL AÑO ACTUAL.- I EXPEDIENTE 153/2020 ORDINARIO CIVIL AUTO 2021-01-13 SE AGREGA ESCRITO Y ANEXOS.- I EXPEDIENTE 153/2020 ORDINARIO CIVIL AUTO 2020-09-30 CURSO.- SE MANDA GIRAR DESPACHO.- I Es importante precisar que los datos antes aludidos constituyen un hecho notorio para el suscrito en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la conforman, la Tesis: I.3o.C.35 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1373, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, con número de registro 2004949, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." En esas condiciones, si desde el doce de agosto de dos mil veintiuno, Alma Lara Olmos, es sabedora que le asiste el carácter de demandada, resulta patente que desde tal fecha ha estado en aptitud de promover el incidente de nulidad de notificaciones que prevé el artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que establece lo siguiente: "ARTICULO 90. El incidente de nulidad que se promueva por defecto en las notificaciones, se substanciará ante el mismo juez o magistrado que conozca del negocio. Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la notificación hecha indebidamente. Si no estuviere conforme, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días, en la que los interesados pueden presentar las pruebas que tuvieren. En la misma audiencia se resolverá lo que procediere en justicia. En el caso de que proceda la nulidad, se impondrá al responsable una multa equivalente, como máximo, a diez días de salario que devengue el servidor público y se le condenará al pago de los gastos y costas." El precepto legal enunciado establece que las partes litigantes de un juicio civil, pueden plantear la nulidad de una notificación ante el Juez o Magistrado que esté conociendo del asunto, es decir, a través de dicho medio de defensa puede nulificarse una notificación o emplazamiento que se haya realizado ilegalmente. De tal manera, si la promovente alega que el emplazamiento practicado en el juicio ordinario civil 153/2020, no se ha realizado o se realizó incorrectamente, la promovente se encuentra en aptitud de combatir dicho acto jurídico a través del medio de defensa que pone a su alcance la ley que lo rige, como lo es el incidente de nulidad de notificaciones ya mencionado, el cual debió ser agotado previamente a intentar la vía constitucional, conforme lo que establece el principio de definitividad en actos jurisdiccionales. Ello es así porque el emplazamiento que se reclama emana de un tribunal civil, y el recurso o medio de defensa que corresponde (incidente de nulidad de notificaciones) se encuentra contemplado dentro del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, y además, a través del incidente en comento puede ser nulificado, revocado o modificado el emplazamiento de que se duele. Ante lo expuesto, es necesario puntualizar que no se actualiza ninguna de las excepciones previstas en los incisos a), b) y d) del artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues dichas excepciones están orientadas al amparo en materia penal. Ni así tampoco se materializa la excepción contemplada en el inciso c) de la ley de la materia, relativa a las personas extrañas al procedimiento, pues si bien la quejosa alude a que acude a esta instancia constitucional en su carácter de tercero extraño por equiparación, en virtud de que el acto reclamado se traduce en el ilegal emplazamiento realizado en el expediente de origen, lo cierto es que desde el momento en que la quejosa tiene conocimiento del juicio del que emana el acto del que se duele ya no se ubica en ese supuesto, pues desde el doce de agosto del año en curso, en que conoció la existencia del juicio ordinario civil 153/2020, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz, que se encuentra en etapa probatoria, es indudable que estuvo en aptitud de hacer valer sus derechos y estuvo en condiciones de defender sus intereses dentro de ese procedimiento. Lo anterior se sustenta en la Jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), en materia común, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siguiente rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, lo procedente es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la diversa fracción V, del numeral 107, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista de acuerdos a la quejosa.
- Principal
Téngase por recibido el oficio y anexo signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 121/2021 con número de orden 292/2021 en el que se le encomendó notificar a la quejosa Alma Lara Olmos, el proveído de diecisiete de agosto del año en curso. En consecuencia, dese de baja la referida comunicación oficial, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que corresponda, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, realícesele la notificación del auto de diecisiete de agosto del presente año, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, hasta en tanto la nombrada quejosa subsane dicha omisión. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Notifíquese por despacho a la parte quejosa.
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