Alma Imelda Mora Solis

Expediente 1008/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1008/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
30/10/2018

Partes del expediente

  • Alma Imelda Mora Solis

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio del Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica de Hidalgo, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por el suscrito para conocer de la demanda de amparo presentada por Alma Imelda Mora Solís, contra contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; en consecuencia, archívese este expediente como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse declinado la competencia en el juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, diez de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Alma Imelda Mora Solís contra actos de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. AL RESPECTO, SE ACUERDA: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 1008/2018. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. De la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que la promovente hace consistir el acto reclamado en: La inconstitucionalidad del artículo 12 fracción III, segundo párrafo del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Del capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado por la impetrante del amparo en el extracto preinserto del escrito de cuenta y del contenido substancial de la demanda constitucional, resulta patente para el suscrito que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión. Para explicar lo anterior, resulta necesario profundizar en las reglas básicas que establece la Ley de Amparo para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo y, para tal efecto, se impone transcribir el contenido del artículo 37 del citado ordenamiento legal, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 37.- Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El precepto en cita establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda; a saber: Será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante quien se presente la demanda; y, Que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito ante quien se presente la demanda. Cabe precisar que respecto de la impugnación de leyes, cuando se reclaman con motivo de su primer acto de aplicación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió criterio obligatorio para este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, al resolver la contradicción de tesis 70/2011, en la cual determinó que para fijar la competencia en ese supuesto, no puede atenderse al lugar de residencia de la autoridad que corresponde aplicarla norma legal, porque si bien esa determinación que emita constituirá un acto que legitima a la persona para promover amparo en su contra, no puede servir para fijar la competencia del Juez de Amparo, pues la emisión de algún acto que constituya aplicación de la ley que se reclama, por sí misma, no implica ejecución del acto de aplicación de que se trate, debido a que no produce un cambio material en el mundo fáctico y, por ello, debe atenderse al lugar en que ha tenido ejecución o deba tener ejecución por parte de la autoridad el acto de aplicación de la norma que se estime inconstitucional. Al respecto, se transcribe, en lo conducente, el contenido de la ejecutoria mencionada: "(.) Por tanto, no debe atenderse al lugar en donde se emitió la orden de aseguramiento que constituya el primer acto de aplicación del precepto legal que le sirve de fundamento, pues éste no puede considerarse como un acto de ejecución del mandamiento, acto de mandamiento que si bien legitima a promover juicio de amparo no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba de conocer del mismo, pues para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido ejecución o deba tener ejecución por parte de la autoridad el acto de aplicación de la ley que se estima inconstitucional. En ese sentido, cabe concluir que para determinar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido contra los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que autorizan el aseguramiento de bienes con motivo de su aplicación, consistente en la orden de aseguramiento de bienes con motivo de su aplicación, consistente en la orden de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución material verificada en una misma localidad, debe atenderse al lugar en que tiene ejecución tal mandato, y no al de su emisión. Consecuentemente, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, debe fincarse a favor del Juez del lugar en que se materialice la orden, pues ahí es donde se ejecuta y produce consecuencias en el mundo. (.)". En este contexto, cuando el acto reclamado consista en una ley que se reclame con el motivo de su aplicación, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción territorial en el lugar donde se ejecutó o trate de ejecutar el acto de aplicación de la ley reclamada. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 74/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir." Ahora bien, al acudir en demanda de garantías a través del presente juicio, la quejosa Alma Imelda Mora Solís, señala como actos reclamados: a) La aprobación, expedición y publicación del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, específicamente, el artículo 12, fracción III, segundo párrafo. Actos que atribuye al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, y el Director del Diario Oficial de la Federación. b) La ejecución del citado precepto, a partir del acto concreto de aplicación consistente en el acta de comparecencia de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Acto que atribuye al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene y al Subdelegado de Prestaciones, ambas de la Delegación Estatal de Veracruz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Al respecto, las constancias que remitió a su escrito de demanda, con el valor probatorio pleno que les asiste en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo al artículo 2°, específicamente de la concesión de pensión de folio 0863911, de dieciséis de enero de dos mil nueve, ponen de manifiesto que el domicilio de la quejosa Alma Imelda Mora Solís, se encuentra ubicado en Poza Rica, Veracruz. De todo lo anterior, se concluye respetuosamente que la norma impugnada es reclamada por la quejosa con motivo del primer acto de aplicación; asimismo, que la aplicación del artículo 12, fracción III, párrafo segundo, del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, entraña efectos de ejecución, lo cual tendría lugar en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, por ser el lugar donde se tiene su domicilio habitual, por lo que es el lugar donde la quejosa cobra y disfruta de sus pensiones. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el promovente haya señalado que las autoridades pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tienen su domicilio en esta ciudad y que su domicilio para oír y recibir notificaciones se ubica en esta ciudad capital, pues lo que determina la competencia de un juzgado de Distrito para conocer de un juicio de amparo no es el domicilio de las autoridades responsables sino el lugar en donde se acredite que tendrá ejecución, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Es decir, la regla competencial aplicable en el caso es la prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone que será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en consecuencia, este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto por razón de territorio; por tanto, remítasele al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en Turno, con sede en Poza Rica, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en cita, quien ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado. Además, esta conclusión es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia, se atiende a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos humanos. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Novena Época, página 209, del tenor siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En esa tesitura, la competencia para conocer del presente juicio de amparo, corresponde precisamente al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, pues es en esa localidad en donde el acto reclamado tiene consecuencias materiales relacionadas con el ámbito patrimonial de la quejosa. Por ilustrativa se cita la 1.15°.A41, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXXIII, marzo de 2011, materia común, página 2288, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." También tiene aplicación la tesis 3ª. XVIII/92, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, página diecinueve del Tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y dos, del rubro y texto: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS, DE LOS QUE SOLO UNO TIENE EJECUCIÓN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN DONDE SE DA TAL EJECUCIÓN. Conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de amparo, el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto y, si en un caso, la quejosa reclama diversos actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que va a ejecutar el acto." Finalmente, cobra aplicación la jurisprudencia 152/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX. Octubre de 2009, página 95, registro 166109, del siguiente contenido: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." En el contexto antes relatado, resulta patente para el suscrito juzgador que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Alma Imelda Mora Solís; siendo en términos de lo hasta aquí expuesto, que se considere que el Juez de Distrito competente para conocer del presente controvertido, lo es el Juez de Distrito en el Estado, en turno, con residencia en Poza Rica, Veracruz, en virtud de que en esa localidad en donde el acto reclamado tiene consecuencias materiales relacionadas con el ámbito patrimonial de la quejosa. Apoya en lo conducente a la anterior determinación, la tesis número 1.1°.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declina la competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en favor del Juez de Distrito en el Estado, en turno, con residencia en Poza Rica, Veracruz; por consiguiente, se ordena remitirle los autos que integran el expediente de amparo número 1008/2018, así como las once copias de la demanda, a fin de que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, decida si acepta o no la competencia declinada en su favor y se sirva comunicarlo al suscrito juzgador debiéndose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente y solicitando el acuse de recibo respectivo. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, residente en esta ciudad, mediante ejecutoria de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, al resolver el amparo en revisión número 255/2016, de su estadística, el cual se cita como un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con la tesis VI.1o.P. J/25 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible a página 1199, del Tomo XV, Marzo de 2002, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." SE TIENE COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA PARTE QUEJOSA, el señalado en la demanda de amparo; y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a María Antonia Pozos López, Rubí Rosas Carvajal, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con los registros números 66899, 171614, y por autorizados con las restricciones que impone la última parte, del párrafo segundo, del citado precepto, a María de los Angeles Martinez Hernandez y Juan Manuel Córdoba Herrera, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparece el registro correspondiente, amén de que tampoco acreditó contar con documento legal para ejercer la profesión de licenciados en derecho. ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de Justicia Federal. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,534 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano