Alma Karen Galvis Carrillo
Expediente 739/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 739/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/11/2020
Partes del expediente
- Alma Karen Galvis Carrillo
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se desechó la demanda de amparo.
- Principal
REGISTRO. Vista la demanda de cuenta, promovida por ****regístrese bajo el número 739/2020-II-C. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, del escrito inicial de demanda se advierte que la promovente de amparo, reclama del Agente del Ministerio Público adscrito al centro de Justicia para las Mujeres en Toluca, Estado de México y otra: - La omisión de ejercer su facultad investigadora, a fin de dar continuidad y emitir la resolución correspondiente, que determine el destino de la carpeta de investigación número ****, incoada con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de **** por cometer un delito contra la accionante del amparo (víctima). DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por concurrir el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que señala el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Atento a lo anterior, debe decirse lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII de la ley de la materia, es decir, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Luego, el principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a esta vía constitucional, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política establece lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Por su parte, el artículo 150, fracción XIV del Código de Procedimientos Penales del Estado de México y el diverso 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, estatuyen: "Artículo 150. En todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido, de manera enunciativa más no limitativa, tienen los derechos siguientes: (.) XIV. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.". "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarara sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de Control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.". De los artículos anteriores se advierte lo siguiente: El numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Que también el artículo 150, fracción XIV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, contempla como derechos de la víctima u ofendido, el impugnar ante el Juez de Control las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión condicional del proceso a prueba, cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Por su parte el apartado 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla como derechos de la víctima u ofendido, el impugnar ante el Juez de Control la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. En esas condiciones, se considera que la quejosa debió impugnar las abstenciones y negligencias en las que aduce ha incurrido el Agente del Ministerio Público responsable, en la investigación de los hechos denunciados, ante la autoridad judicial correspondiente; y, sería entonces la resolución de dicha autoridad judicial la que decida en definitiva sobre la conducta atribuida al Fiscal responsable, la que podría combatirse en el juicio de amparo indirecto. En ese tenor, la posibilidad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento de control jurisdiccional, a través del cual, la víctima u ofendido, en el caso, la quejosa, puede combatir las distintas determinaciones en la investigación dictadas por el Ministerio Público, dado que a través del medio de defensa innominado contenido en el referido precepto legal se puede modificar, anular o revocar el acto reclamado. Asimismo, debe decirse que el legislador, al referirse a las determinaciones que pueden ser impugnadas ante el juez de control, no se limitó taxativamente a las previstas en el artículo 258 Código en comento, sino en general a todas las omisiones del ministerio público que tengan por efecto paralizar una investigación derivado de su facultad investigadora . Se afirma lo anterior, debido a que si bien la omisión de investigar atribuida al ministerio público, no se encuentra contemplada literalmente en el numeral referido, dicha conducta se encuentra relacionada con el desempeño de su labor investigadora. En ese sentido, debe estimarse que las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación encuadran en el supuesto de impugnabilidad, prevista en el numeral señalado en el párrafo que antecede, pues en el caso, lo que se combate es la omisión de integrar la carpeta de investigación y de judicialización, por consiguiente, se trata de acto omisivo de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora. Además, de que el referido medio de defensa tiene por finalidad que el juez de control, conforme a la obligación prevista en el artículo 16 constitucional, una vez que dé intervención a la partes, establezca de manera ágil y eficaz si la omisión atribuida al encargado de la investigación fue legal o no, y en su caso, conminarlo a que lleve la investigación, y practicando todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que el acto reclamado (omisión de investigar) debe ser reclamado en la vía jurisdiccional ordinaria, toda vez que, como lo establecen el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, y el diverso 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un medio ordinario para impugnar las resoluciones u omisiones del ministerio público en la investigación; lo cual lleva implícita la posibilidad de controlar jurisdiccionalmente el acto que aduce la quejosa por lo que, es imperativo para la víctima u ofendido agotar dicho recurso, previo a incoar el juicio de amparo, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Esta decisión encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos; es decir, contra los que no proceda medio de defensa ordinario alguno. Por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente, como ya se mencionó. Así, la facultad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código en cita, constituye un instrumento, a través del cual la víctima u ofendido puede combatir en sede jurisdiccional, las determinaciones u omisiones del Ministerio Público. No estimarlo así, contravendría la naturaleza jurídica del juicio de amparo, considerándolo como un medio común de defensa, a pesar de su carácter de extraordinario, lo que significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido las instancias jurisdicciones establecidas en la ley. En el asunto particular, se debió agotar el recurso que la constitución consigna a favor de la parte quejosa en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 150, fracción XIV, del código adjetivo de la materia y 258 del citado Código Nacional de Procedimientos Penales, previo a la promoción de la instancia constitucional. Lo anterior, tiene apoyo en lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de tesis 233/2017 en sesión plenaria de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en la que se generó la tesis T.J. 27/2018 (10ª.), de rubro y texto: ... Así las cosas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 150, fracción XIV, del código adjetivo de la materia y 258 del citado Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley federal invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías que se analiza. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; dígase que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. CORREO ELECTRÓNICO Por otra parte, se tiene como correo electrónico el que proporciona como "medio alterno de notificación" ****, sin perjuicio de que proporcione un usuario registrado ante este órgano jurisdiccional, en términos del ordinal 30 fracción II de la ley de la materia. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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