Alma Elsa De Guadalupe Hernández Granados
Expediente 718/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 718/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 14/06/2016
Partes del expediente
- Alma Elsa De Guadalupe Hernández Granados
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el escrito de cuenta, signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual designa autorizados para recoger los documentos originales que se encuentran en autos a Stefan Joel Mejía Alarcón y Jorge Alberto Alejandro Márquez López, sin revocar los anteriormente nombrados. Atento a lo anterior, se tienen como autorizadas en términos amplios a las personas que refiere, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos si no cumplen con dicho requisito, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectué dicho trámite. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la circular CCJ/05/2016 de diez de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías, en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por las autoridades vinculadas con su acatamiento. Se hace notar que, la quejosa mediante ocurso ingresado en la oficialía de partes de este juzgado Federal el dieciocho de diciembre de dos mil quince, expresó su conformidad en relación al cumplimiento realizado por la autoridad responsable. En primer lugar, se precisa: 1. El treinta y uno de agosto de dos mil quince, se emitió sentencia, en la cual, se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión. (Foja 60 a 68). 2. Sentencia que se declaró ejecutoriada por auto de veintidós de septiembre de dos mil quince y, en esa data fue requerido su cumplimiento a la Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene dependiente de la Subdelegación de Prestaciones en la Delegación Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como al Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. (Folio 75 y 76). Actuación que les fue notificada el veinticuatro de septiembre de dos mil quince, tal como se advierte de los acuses de recibo correspondientes. 3. Luego, ante la omisión de las responsables para dar cumplimiento al fallo protector, este órgano de control requirió nuevamente el mismo, el cinco de noviembre actual. Proveído notificado a la totalidad de las responsables el diez siguiente, como se corrobora del acuse de recibo correspondiente. 4. Luego, ante la reiterada omisión para emitir pronunciamiento al respecto, el veinticinco de noviembre siguiente, este órgano de control constitucional requirió por tercera ocasión a las autoridades responsables a fin de que dieran cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 129 a 132). Así, el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO (10ª Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 12, Noviembre de 2014, Materia Común). I. Alcances del estudio. La materia de la presente determinación, conforme a lo previsto por los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, todos de la Ley de Amparo, consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y/o de los argumentos hechos valer por las partes; de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución; todo ello de manera fundada y motivada. Los preceptos antes citados disponen: "Artículo 196. ... La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos." "Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. La sentencia dictada por este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales las autoridades denominadas Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene dependiente de la Subdelegación de Prestaciones en la Delegación Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como al Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, han dado cumplimiento, conforme las siguientes consideraciones: Los efectos de la concesión de amparo, conforme a la sentencia emitida en el presente sumario, son: [.] En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, respecto del artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el numeral 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para el efecto de que: 1. Deje insubsistente el oficio DPSH/MAMG/1401/2015, de diecisiete de marzo de dos mil quince; 2. Ordene la reanudación del pago a la quejosa, relativo a la pensión por viudez número 1402239, por concepto de viudez, de la que es titular, y se ordene la devolución de las cantidades que a éste le correspondan desde la fecha en que le hayan sido retenidas, a fin de restituirla en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. Resulta aplicable al caso el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 112/99 , que dispone: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." Finalmente, no se hacer mayor pronunciamiento respecto de los restantes conceptos de violación, en virtud de que como ya se dijo al realizar un análisis de manera íntegra de la demanda se ponderaron las violaciones que traerían como consecuencia mayor beneficio para la quejosa, lo anterior en respeto al derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia y, en particular, al principio de completitud que éste encierra. [.] En ese tenor, a través de la misiva UJ/JEMB/CSYA/2918/2015, de veintiséis de noviembre de dos mil quince, recibida en la oficialía de partes de este órgano de control constitucional el uno de diciembre siguiente (de la foja 140 a la 145 de autos), el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación en el Estado de México, del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado, remitió copia certificada del oficio SP/VMHO/1824/15, que contiene adjunto el finiquito original número 0004487 de cinco de noviembre de la pasada anualidad y, comprobante de pago a la peticionaria del ampro, de quince siguiente. Constancias de las cuales se observan las situaciones siguientes: Que por oficio SP/VMHO/1824/15, signado por el Subdelegado de Prestaciones del Departamento de Pensiones de Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado, dirigido a la peticionaria del amparo, dejó sin efectos el oficio DPSH/MAMG/1401/2015, de diecisiete de marzo de dos mil quince, y consecuentemente, realizó el análisis de las pensiones que fueron afectadas y/o retenidas, ordenando la devolución de las cantidades que, conforme al cálculo realizado, le correspondieron desde la fecha en que le fueron retenidas (fojas 142 a 145). Así, por comparecencia de quince de diciembre de dos mil quince, la peticionaria del amparo Alma Elsa de Guadalupe Hernández Granados, recibió del Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado, por conducto de la Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, el cheque número 0004487 de cinco de noviembre anterior, firmando de recibido y conformidad (foja 141). Constancias con las que una vez dada la vista a la quejosa, mediante ocurso ingresado en este juzgado de Distrito el dieciocho de diciembre posterior, Alma Elsa de Guadalupe Hernández Granados, manifestó su conformidad con el cumplimiento dado a la sentencia amparadora. Constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en vigencia, agregadas a las presentes actuaciones. Establecido lo anterior, al hacer análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional concluye que las autoridades responsables cumplieron con los lineamientos de la ejecutoria de amparo: En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, y en su caso, las concernientes a la violación de ésta. e) Se reitera que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, desglósese previa certificación que obre en actuaciones el duplicado del cuaderno incidental; y, resguárdese en el archivo de este Juzgado de Distrito, hasta en tanto se proceda a su destrucción material, de conformidad con lo establecido en el referido acuerdo. f) De conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dese vista a las partes, para que dentro del término de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recibir los documentos que exhibieron en autos, apercibidas que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrá serán depurados y en su momento depurados junto con éste. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Finalmente, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta por medio del cual el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación en el Estado de México, del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado, dice informar el cumplimiento dado a la sentencia de amparo y remite copia certificada de las constancias que acreditan su dicho; lo anterior, toda vez que como ya se relató en líneas precedentes, las mismas ya fueron agregadas al sumario en que se actúa, proveyéndose lo conducente.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Subdirector de lo Contencioso en suplencia por ausencia del Director Jurídico, quien actúa en representación de la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; a través del cual, informa que en atención al requerimiento efectuado el cinco de noviembre del año en curso, no cuenta con atribuciones en calidad de superior jerárquico, para conminar a las autoridades responsables en el presente juicio, den cumplimiento al fallo protector emitido, no obstante, giró oficios dirigidos al Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Director de Delegaciones de dicho Instituto, a fin de que atiendan el requerimiento que nos ocupa, exhibiendo dichas misivas; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, intégrense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar y téngase por hecho del conocimiento lo manifestado por las oficiantes. De igual forma, téngase por satisfecho el requerimiento formulado y déjese si efecto el apercibimiento con que se le conminó a la autoridad en cita en el acuerdo referido, así también, ténganse a las autoridades que indica como superiores jerárquicos de las responsables, para el caso de realizar requerimientos posteriores en el mismo sentido.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, por medio del cual el autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la responsable a la sentencia de amparo emitida en el presente sumario y solicita copia certificada de la sentencia dictada en el juicio en que se actúa, así como la devolución de diversos documentos que exhibió adjuntos a su ocurso inicial de demanda; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, intégrese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y, tómense en consideración al momento de resolver lo conducente en la valoración respectiva. Luego, por cuanto hace a las copias que solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa la copia que insta, previa toma de razón que por su recibo quede asentada en autos para debida constancia, por persona autorizada para tal efecto. Finalmente, respecto a la devolución de documentos que precisa, conforme lo establece el arábigo 280 del Código supletorio aludido, hágase la devolución que indica, previo cotejo y certificación de los documentos aludidos, y comparecencia que por su recepción se deje en autos, para efectos legales a que haya lugar.
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