Alma Elida Davila Juarez
Expediente 1601/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1601/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Alma Elida Davila Juarez
Actuaciones
- Principal
En cumplimiento a la Circular SECNO/1/2021 signado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se reanudan los plazos y términos suspendidos por el período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, por la Circular CAP/3/2020 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial; reanudación que se llevará a cabo con base en lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y diversos Acuerdos Generales 25/2020, y 37/2020 del citado órgano colegiado. Por tanto, visto el estado de autos del expediente en que se actúa, PROCEDE REANUDAR EL PROCEDIMIENTO EN EL PRESENTE SUMARIO en el punto en que quedaron pausados. De autos se advierte que se encuentra pendiente de declarar firme el auto por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa Nora Imelda Hernández Martínez, por conducto de quien se ostenta como su apoderada legal licenciada Alma Elida Dávila Juárez, haya interpuesto recurso alguno en contra del auto de dos de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a latransferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito; entonces, una vez que transcurran cinco años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Por último, como lo establece el punto décimo primero del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, privilegiándose los medios electrónicos en términos del Acuerdo General 21 del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Vista la cuenta que antecede, téngase a Nora Imelda Hernández Martínez, por conducto de quien se ostenta como su apoderada legal licenciada Alma Elida Dávila Juárez, solicitando el amparo y la protección de la justicia federal contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Fórmese el expediente correspondiente, y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1601/2020. Es menester destacar que del análisis integral del escrito inicial de demanda, en esencia, el acto reclamado se hace consistir en la omisión de ejecutar del laudo de fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, dentro de los autos del expediente laboral 174/E/2017. Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, resulta necesario verificar que no exista algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En el presente asunto, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos 5, fracción I, 6 y 15, de la Ley de Amparo. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. [.]" De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5 de la Ley de Amparo, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona, pero sólo en los casos en que la ley lo permita. Asimismo, es importante destacar que el artículo 15 del aludido cuerpo legal indica que cualquier persona podrá promover amparo en nombre del quejoso pero sólo si en el caso en concreto se trata de diversos actos específicos, entre ellos, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, entre otros de acuerdo a lo estipulado en dicho artículo. Por su parte, el precepto 6 de la ley de la materia establece que la demanda de amparo sólo puede ser promovida por la persona a quien agravie o perjudique el acto reclamado, por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona. Pero sólo en los casos en que la ley lo permita, plasmando su voluntad con la firma autógrafa que obre en ella. Pues la presentación de cualquier promoción dentro de una controversia jurisdiccional requiere como presupuesto esencial la manifestación de la voluntad por la parte que acude ante la instancia correspondiente, la cual debe expresarse mediante la firma autógrafa, la que una vez estampada en toda promoción que se presente ante el órgano jurisdiccional, constituye un requisito esencial para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para efectuar el acto procesal correspondiente, como lo autenticidad del documento, y consecuentemente, lograr la eficacia prevista en ley. Por tanto, un escrito, de cualquier naturaleza, que carezca de firma autógrafa, en modo alguno obliga a alguien, dado que para que tenga validez debe estar precisamente suscrito por el que aparezca como responsable de su contenido y cuya voluntad pretende hacer valer. Sin embargo, la evolución del derecho de acceso a la justicia, la simplificación de la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y la modernización del sistema de impartición de justicia, ha exigido el uso de tecnologías de la información y de la comunicación, concretamente, la presentación electrónica de demandas, recursos y promociones en los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, que permite identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico, producirá los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y recibirá el mismo tratamiento que el presentado en formato impreso, siempre que se cumpla con las disposiciones previstas en esa normatividad. Pues bien, en el caso concreto, el escrito de demanda de cuenta, supuestamente fue suscrito por Alma Elida Dávila Juárez (ya que obra en la copia una firma facsímil); sin embargo, si dicho ocurso inicial fue allegado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el módulo SISE, de acuerdo a la normatividad en cita, DEBE CONTENER LA FIRMA ELECTRÓNICA, que como se dijo, es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico; por lo que, al NO OBRAR EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA que así lo justifique, es que debe desecharse la demanda de amparo, dado que no cumple con el requisito consistente en la manifestación de la voluntad del supuesto accionante para que sea procedente. Sin que tal ausencia de firma criptográfica, pueda considerarse una deficiencia que pueda ser corregida a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo. Pues constituye la carencia total de la expresión de la voluntad del ocursante de intentar esta vía. Lo cual constituye el incumplimiento de uno de los principios rectores en el juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento, en la jurisprudencia por contradicción P./J. 8/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 65, abril de 2019, tomo I, décima época, con registro 2019715, cuyo rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". De igual forma, por identidad jurídica, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 2018943, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano". Sin que en el caso se esté en la hipótesis de excepción prevista por el artículo 15, de la Ley de Amparo, toda vez que, el acto reclamado en el presente juicio no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, se hace patente, de manera notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa; por lo que, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, 6 y 15 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Por otro lado, en atención a los artículos 22 y 28 del citado Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se les invita, a que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, e independientemente de lo anterior, propongan un correo electrónico a través del cual, en los casos que se estime necesario se pueda entablar la comunicación correspondiente. ''Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes. Desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no atiendan la sugerencia, se les invitará a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.'' ''Artículo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea''. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. De igual manera, se tienen como su autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la personas que señala en su demanda, sin necesidad de acreditar que estén autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, por ser laboral el juicio de donde deviene el acto reclamado y ser la parte trabajadora quien acude al amparo. Notifíquese; personalmente a la quejosa, debiéndose privilegiar el uso de los medios electrónicos en términos del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL CUAL Vista la cuenta que antecede, téngase a Nora Imelda Hernández Martínez, por conducto de quien se ostenta como su apoderada legal licenciada Alma Elida Dávila Juárez, solicitando el amparo y la protección de la justicia federal contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Fórmese el expediente correspondiente, y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1601/2020. Es menester destacar que del análisis integral del escrito inicial de demanda, en esencia, el acto reclamado se hace consistir en la omisión de ejecutar del laudo de fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, dentro de los autos del expediente laboral 174/E/2017. Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, resulta necesario verificar que no exista algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En el presente asunto, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos 5, fracción I, 6 y 15, de la Ley de Amparo. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. [.]" De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5 de la Ley de Amparo, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona, pero sólo en los casos en que la ley lo permita. Asimismo, es importante destacar que el artículo 15 del aludido cuerpo legal indica que cualquier persona podrá promover amparo en nombre del quejoso pero sólo si en el caso en concreto se trata de diversos actos específicos, entre ellos, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, entre otros de acuerdo a lo estipulado en dicho artículo. Por su parte, el precepto 6 de la ley de la materia establece que la demanda de amparo sólo puede ser promovida por la persona a quien agravie o perjudique el acto reclamado, por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona. Pero sólo en los casos en que la ley lo permita, plasmando su voluntad con la firma autógrafa que obre en ella. Pues la presentación de cualquier promoción dentro de una controversia jurisdiccional requiere como presupuesto esencial la manifestación de la voluntad por la parte que acude ante la instancia correspondiente, la cual debe expresarse mediante la firma autógrafa, la que una vez estampada en toda promoción que se presente ante el órgano jurisdiccional, constituye un requisito esencial para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para efectuar el acto procesal correspondiente, como lo autenticidad del documento, y consecuentemente, lograr la eficacia prevista en ley. Por tanto, un escrito, de cualquier naturaleza, que carezca de firma autógrafa, en modo alguno obliga a alguien, dado que para que tenga validez debe estar precisamente suscrito por el que aparezca como responsable de su contenido y cuya voluntad pretende hacer valer. Sin embargo, la evolución del derecho de acceso a la justicia, la simplificación de la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y la modernización del sistema de impartición de justicia, ha exigido el uso de tecnologías de la información y de la comunicación, concretamente, la presentación electrónica de demandas, recursos y promociones en los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, que permite identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico, producirá los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y recibirá el mismo tratamiento que el presentado en formato impreso, siempre que se cumpla con las disposiciones previstas en esa normatividad. Pues bien, en el caso concreto, el escrito de demanda de cuenta, supuestamente fue suscrito por Alma Elida Dávila Juárez (ya que obra en la copia una firma facsímil); sin embargo, si dicho ocurso inicial fue allegado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el módulo SISE, de acuerdo a la normatividad en cita, DEBE CONTENER LA FIRMA ELECTRÓNICA, que como se dijo, es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico; por lo que, al NO OBRAR EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA que así lo justifique, es que debe desecharse la demanda de amparo, dado que no cumple con el requisito consistente en la manifestación de la voluntad del supuesto accionante para que sea procedente. Sin que tal ausencia de firma criptográfica, pueda considerarse una deficiencia que pueda ser corregida a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo. Pues constituye la carencia total de la expresión de la voluntad del ocursante de intentar esta vía. Lo cual constituye el incumplimiento de uno de los principios rectores en el juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento, en la jurisprudencia por contradicción P./J. 8/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 65, abril de 2019, tomo I, décima época, con registro 2019715, cuyo rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". De igual forma, por identidad jurídica, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 2018943, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano". Sin que en el caso se esté en la hipótesis de excepción prevista por el artículo 15, de la Ley de Amparo, toda vez que, el acto reclamado en el presente juicio no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, se hace patente, de manera notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa; por lo que, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, 6 y 15 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Por otro lado, en atención a los artículos 22 y 28 del citado Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se les invita, a que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, e independientemente de lo anterior, propongan un correo electrónico a través del cual, en los casos que se estime necesario se pueda entablar la comunicación correspondiente. ''Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes. Desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no atiendan la sugerencia, se les invitará a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.'' ''Artículo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea''. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. De igual manera, se tienen como su autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la personas que señala en su demanda, sin necesidad de acreditar que estén autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, por ser laboral el juicio de donde deviene el acto reclamado y ser la parte trabajadora quien acude al amparo. Notifíquese; personalmente a la quejosa, debiéndose privilegiar el uso de los medios electrónicos en términos del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal.
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