Alma Delia Uresti Córdova

Expediente 1680/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1680/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
11/05/2022

Partes del expediente

  • Alma Delia Uresti Córdova

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa Alma Delia Uresti Córdova, haya interpuesto recurso alguno en contra del auto de once de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Daniel Tadeo Altamirano Martínez, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTA la demanda de amparo promovida por ALMA DELIA URESTI CORDOVA, solicitando el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8,14 y 17 de la Constitución Federal. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1680/2020. Ahora, la quejosa manifiesta que el reclamado consiste en la omisión de acordar el escrito de fecha tres de diciembre del año en curso, en el cual se solicita se mande oficio al Banco para trabar embargo a las cuentas que señaló en el juicio laboral de origen, del índice de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. Al respecto, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano.". Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace la promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aún en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 217, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. [.]". De conformidad con los preceptos antes transcritos, se puede advertir del primero, que el juicio de amparo resultaría improcedente al contravenir disposiciones contenidas en la Norma Superior de la Nación o en la propia Ley de Amparo. Por su parte, el último de los preceptos transcritos establece que los Jueces de Amparo, se encuentran obligados a acatar la Jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuando en Pleno, así como aquellos criterios que emitan sus Salas. En esa virtud, como ya se mencionó la parte impetrante reclama de la autoridad responsable la omisión de acordar el escrito de fecha tres de diciembre del año en curso, en el cual se solicita se mande oficio al Banco para trabar embargo a las cuentas que señaló en el juicio laboral de origen, del índice de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, pues considera que dicha negativa transgrede en su perjuicio los artículos 8º y 17 Constitucional; sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -nueve de diciembre de dos mil veinte-, tal dilación no se ha producido por los motivos que enseguida se expresan. En efecto, en la contradicción de Tesis 294/2018, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscitada entre el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primero Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, se determinó como un lapso genérico para establecer una demora en los juicios laborales tramitados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje es de 45 días naturales, una vez que concluyere el plazo que prevé la ley para realizar el acto procesal respectivo. Dicho criterio se encuentra contenido en la Jurisprudencia 33/2019, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada el uno de marzo del año en curso, bajo el número de registro 2019400, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En el particular, se advierte que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo que motivó el presente asunto, no habían transcurrido los cuarenta y cinco días naturales posteriores al término legal para acordar una promoción; luego, no existe la dilación que refiere la impetrante de amparo. Es así, en atención a que en los antecedentes que bajo protesta de decir verdad relata la parte quejosa en el escrito de cuenta, manifiesta que la autoridad responsable no ha dictado acuerdo en el que se ordene girar oficio al Banco para trabar embargo en las cuentas que señaló, solicitado en fecha tres de diciembre del año en curso. En esas condiciones, del tres de diciembre de la presente anualidad, fecha en que dice la parte impetrante de amparo solicitó se girara el citado oficio en juicio laboral del índice de la Junta que señala como responsable, no ha transcurrido el plazo en mención, escrito del cual, si bien la parte quejosa no exhibió y por ende, tampoco el acuse de recibido por la Junta; al respecto debe decirse que, de dicha petición, en términos del artículo 838, de la Ley Federal del Trabajo, la Junta responsable tiene cuarenta y ocho horas para emitir el acuerdo correspondiente una vez recibida la promoción; resulta evidente que el plazo de cuarenta y cinco días naturales, establecido en la jurisprudencia citada, a la fecha de presentación de la demanda de amparo - nueve de diciembre de dos mil veinte - se encuentra transcurriendo el plazo indicado, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, por resultar notoriamente improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo. Consecuentemente, SE DESECHA DE PLANO la demanda que se trata, en términos del artículo 113, ibídem. Por último, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. De igual manera, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona en su escrito de demanda, sin necesidad de acreditar que esté autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, por ser laboral el juicio de donde deviene el acto reclamado y ser la parte trabajadora quien acude al amparo. Por otro lado, téngase a la quejosa proporcionando el correo electrónico kylieestefanyadelangelruiz@gmail.com., en tal virtud, se le tiene dicho correo para recibir notificaciones. Notifíquese por correo electrónico a la parte quejosa.

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