Alma Delia Rosas Vazquez
Expediente 424/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 424/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alma Delia Rosas Vazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Córdoba, Veracruz, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que de conformidad con la circular CAP/3/2020, se suspendieron plazos y términos procesales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al esquema trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid- 19; por lo que se suspendieron plazos y términos procesales en el presente asunto, dado que el acto reclamado no se ubica dentro de los calificados como urgentes. Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informó que el ordenamiento aplicable a partir del doce de enero del año en curso, para la operación de los órganos jurisdiccionales, con excepción de la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; por lo que a partir de esa fecha se ordenó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales; en el entendido de que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por tanto, vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de once de diciembre del año pasado, en la que se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 2o de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, 1. Fiscal Tercero de la Unidad integral de Procuración de Justicia, con sede en Córdoba, Veracruz y 2. Fiscal Primero Orientador de la Unidad de Atención Temprana del XIV Distrito Judicial, con sede en Córdoba, Veracruz, al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto que se les reclama. La quejosa aportó como pruebas copia simple de las siguientes constancias: 1. Escrito de catorce de septiembre de dos mil veinte. 2. Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de la quejosa, *********** y, 3. Acta de defunción número 01948. Empero, tales probanzas son insuficientes para desvirtuar la negativa de las responsables, ya que se trata de copias simples que, por sí mismas, no tienen el alcance de crear convicción alguna, al no contener la certificación correspondiente y no existir en autos otro elemento que, relacionada con ellas, pudiera acreditar la existencia del acto reclamado. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 32/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintisiete, tomo XI, abril de dos mil, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 192109, de rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles". En ese entendido, si la peticionaria de amparo no aportó medio de convicción que desvirtuara la negativa pronunciada por las autoridades responsables en torno a los actos reclamados; en consecuencia, con apoyo en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. Se aplica a lo anterior, la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No pasan inadvertidos para la suscrita el escrito de alegatos presentado por la quejosa durante la tramitación de este juicio de amparo; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio obligatorio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 80, Agosto de 1994, Octava Época, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de veintiuno de septiembre del año en curso, se hizo del conocimiento de las partes que se requería de su consentimiento para permitir el acceso a la información confidencial, esto es, la publicación de sus datos personales, con la prevención de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73 a 79 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados de las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos que se exponen en el mismo
- Principal
Córdoba, Veracruz, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos el informe justificado rendido por el 2. Fiscal Primero Orientador de la Unidad de Atención Temprana del XIV Distrito Judicial, con sede en Córdoba, Veracruz y dese vista a las partes por el término de ocho días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo.
- Principal
Córdoba, Veracruz, quince de octubre de dos mil veinte. Agréguese el escrito signado por la quejosa ********** atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas sus manifestaciones a título de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional.
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