Alicia Valerio Morales

Expediente 880/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
880/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
08/04/2021

Partes del expediente

  • Alicia Valerio Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, ocho de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de tres días concedido a la quejosa, . , en auto de diecinueve de marzo del año en curso, para que exhibiera dos copias más de su escrito de expresión de agravios; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de mérito, por lo que se tiene por no interpuesto el recurso de revisión intentado. De igual forma, de la certificación que antecede se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia autorizada de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, mediante la cual SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del??????? Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente un documento original exhibido por la parte quejosa, así como un tomo de pruebas formado con diversas constancias que exhibió, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlos dentro del término de NOVENTA DÍAS legalmente computado; apercibida que de no hacerlo, serán destruidos. Finalmente, devuélvase al Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, las constancias relativas a los expedientes 1279/16-V y 1936/1997, con los que se ordenó formas dos tomos de pruebas, al resultar innecesaria su conservación.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos copia del escrito firmado por la quejosa ************* al que acompaña un escrito de expresión de agravios y cinco copias simples de éste, mediante el cual pretende interponer recurso de revisión en contra de la sentencia autorizada de veintidós de febrero de dos mil veintiuno. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 88 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el término de tres días, legalmente computado, exhiba dos copias más de su escrito de agravios, toda vez que solamente presentó cinco y resultan necesarias siete copias del mismo, esto es, una para el expediente en el que se actúa, cuatro para las autoridades responsables, una para el Agente el Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y una copia más para el tercero interesado; con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no interpuesto el recurso de revisión intentado.

  3. Principal

    NO ATENDIÓ CITATORIO LA PARTE QUEJOSA. Córdoba, Veracruz, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos copia del escrito firmado por la quejosa ..., al que acompaña un escrito de expresión de agravios y cinco copias simples de éste, mediante el cual pretende interponer recurso de revisión en contra de la sentencia autorizada de veintidós de febrero de dos mil veintiuno. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 88 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el término de tres días, legalmente computado, exhiba dos copias más de su escrito de agravios, toda vez que solamente presentó cinco y resultan necesarias siete copias del mismo, esto es, una para el expediente en el que se actúa, cuatro para las autoridades responsables, una para el Agente el Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y una copia más para el tercero interesado; con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no interpuesto el recurso de revisión intentado

  4. Principal

    NO ATENDIO CITATORIO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA LA SENTENCIA DE 22/02/2021 QUE EN SINTESIS DICE:... IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LA QUEJOSA ALICIA VALERIO MORALES, POR PROPIO DERECHO. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte -de oficio- que en relación con la quejosa Alicia Valerio Morales, por propio derecho, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al no acreditar la quejosa, contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional. Los artículos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos que indica la primera disposición normativa transcrita; asimismo, del párrafo cuarto de la fracción I, del artículo 5, de la ley de la materia, se advierte que tratándose de actos que provengan de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el peticionario deberá acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En otras palabras, para acudir a la vía constitucional en reclamo de este tipo de actos, el quejoso debe acreditar contar con interés jurídico para tal efecto, siendo insuficiente que la justicia constitucional sea instada con base en un interés legítimo. En el caso, el acto que se combate tiene su origen en un juicio ejecutivo mercantil, esto es, emana de un tribunal judicial. Luego, de no acreditar la quejosa tener el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional (dado que no puede aducirse interés legítimo), este juicio de amparo resultaría improcedente. El interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo intentado contra actos de tribunales judiciales, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existirá legitimación para entablar el juicio constitucional. A ese respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, requiere de la actualización de dos presupuestos: a) La titularidad del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y b) Que tal derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. La anterior distinción fue establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019, publicada el ocho de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En ese contexto, el interés jurídico surge cuando una norma jurídica específica confiere un derecho determinado a una persona sea física o moral, quien, además, por virtud de esa misma norma tiene la protección del derecho conferido frente a la actual afectación de cualquier autoridad. Ahora, basta imponerse de la relación de antecedentes del acto reclamado expuesta en el considerando inmediato anterior, para concluir que la quejosa, Alicia Valerio Morales, es persona extraña típica al procedimiento del que aquél emana, dado que no es parte material en el mismo, es decir, no figura como actora ni como demandada, ni en su contra se dictó la sentencia que en definitiva resolvió el contencioso natural; y de la lectura integral de la demanda de amparo es posible advertir que acude a esta vía constitucional al impugnar transgresión "derecho de tanto" que manifiesta ejerce como copropietaria del bien inmueble ubicado en la Calle Siete (7), entre Avenidas Cinco y Siete, número quinientos catorce (514), de Córdoba, Veracruz. Luego, para acreditar su interés jurídico debía demostrar que efectivamente, con anterioridad a la fecha de emisión del acto reclamado, poseía el citado inmueble con motivo del derecho de copropiedad que manifiesta ejerce sobre él, lo que constituiría la causa generadora de su posesión. Esta última afirmación tiene sustento en lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien definió que la posesión que es objeto de protección en el juicio de amparo es la que se funda en la existencia de un título que se sustenta en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 1/2002, visible en la página 5, de tomo XV, correspondiente al mes de febrero de dos mil doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Ahora, en relación con los documentos que contienen actos de traslación de dominio de un bien raíz, la realidad demuestra que es frecuente que algunas personas los emitan con una fecha diversa a la que corresponde al momento en el que realmente se celebraron, que suele ser anterior al acto de autoridad, con el objeto de acreditar un interés jurídico que en realidad no se tiene. En ese entendido, a fin de evitar esos actos fraudulentos, la jurisprudencia ha determinado que los documentos privados aun cuando no sean objetados son insuficientes, por sí mismos, para acreditar que el derecho de que se trata existió con anterioridad al acto reclamado en el juicio de amparo, a menos de que sean de "fecha cierta", esto es, que exista fecha de su emisión y, por ende, de la celebración del acto jurídico que contienen, de lo contrario, no son suficientes para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo. En efecto, el Máximo Tribunal del País estableció que un documento adquiere certeza respecto de su fecha: a) Cuando se celebre ante fedatario público o funcionario autorizado; b) Cuando sea inscrito en el Registro Público de la Propiedad, o bien c) A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Lo expuesto se advierte de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 78, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, Diciembre de 1999, Novena Época, rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales". En el caso, la quejosa, Alicia Valerio Morales, para demostrar su interés jurídico para acudir a esta vía constitucional, debió justificar los extremos siguientes: a) Que por virtud de un título que se sustenta en una figura jurídica o precepto legal, es poseedora del inmueble que refiere en su demanda; b) Que la causa generadora de su posesión es de fecha anterior al acto reclamado; y, c) Que el inmueble del que dice es poseedora guarda identidad con el que es objeto de afectación por virtud del acto reclamado Sin embargo, para acreditar su interés jurídico ofreció como prueba:  Copia certificada del instrumento público número dos mil setecientos ochenta y seis (2786), de veintitrés de mayo de dos mil siete, pasado ante la fe del Notario Público Número Dieciocho del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, en el que, entre otras cosas, consta la adjudicación -por herencia- en favor de la aquí quejosa, Alicia Valerio Morales, de la copropiedad que tenía la difunta Estela Álvarez Luna y/o Estela Álvarez viuda de Morales, respecto del bien inmueble ubicado en Calle Siete (7), entre Avenidas Cinco y Siete, número quinientos catorce (514), de Córdoba, Veracruz, por los motivos ahí expuestos. De dicho medio de convicción, el cual es valorado en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte, en lo que aquí trasciende: Que la peticionaria, Alicia Valerio Morales, obtuvo el veintitrés de mayo de dos mil siete, la copropiedad del inmueble ubicado en Calle Siete (7), entre Avenidas Cinco y Siete, número quinientos catorce (514), de Córdoba, Veracruz; en virtud del "contrato de adjudicación por herencia" a bienes de la extinta Estela Álvarez Luna y/o Estela Álvarez viuda de Morales; y que dicho acto jurídico adquirió certeza respecto de su existencia en la propia fecha de su celebración, al haber sido celebrado ante un fedatario público. Empero, como se ve, si bien el instrumento -en el que consta el contrato de adjudicación por herencia- que exhibe la peticionaria y que constituye la causa que genera su posesión, es de fecha cierta (por haberse celebrado ante fedatario público), esa fecha, veintitrés de mayo de dos mil siete, es posterior a la audiencia de remate y adjudicación que reclama, pues ésta fue celebrada el veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, según se desprende de las constancias que integran el sumario natural. Esto es, el derecho que alega conculcado no existía con anterioridad al acto que se reclama en este juicio de amparo, sino que aquél surgió con posterioridad a la emisión de éste. Por tanto, no puede sostenerse que el acto reclamado, al emitirse, haya afectado un derecho subjetivo existente de la que fuera titular la quejosa, por lo que no acredita el interés jurídico necesario para acudir a este contencioso constitucional. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, en sentido contrario y por las razones que ahí se exponen, la jurisprudencia 1a./J. 62/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 329, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN. La posesión protegida por el artículo 14 constitucional no es otra que la definida por el derecho común, conforme al cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a la misma, esto debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. En el entendido de que las decisiones que el órgano de control de constitucionalidad tome en relación con la eficacia del título, tienen consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, pues no deciden sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, lo que deberá dilucidarse ante la potestad común." II. IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LA QUEJOSA ALICIA VALERIO MORALES, EN SU CARÁCTER DE HEREDERA Y/O COMO REPRESENTANTE DE LA SUCESIÓN DE LA FINADA ESTELA ÁLVAREZ LUNA Y/O ESTELA ÁLVAREZ VIUDA DE MORALES. Por otra parte, este Juzgado de Distrito advierte -de oficio- que en relación con la impetrante Alicia Valerio Morales, en su carácter de heredera y/o como representante de la sucesión de la finada Estela Álvarez Luna y/o Estela Álvarez viuda de Morales, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma ley, dado que la parte quejosa consintió tácitamente los actos reclamados, al no haber promovido el juicio de amparo oportunamente. A efecto de demostrar tal aserto, resulta pertinente trascribir el contenido de los aludidos numerales, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente si no es promovido dentro de los quince días contados a partir de los siguientes supuestos: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. En el caso, como se anticipó, la parte quejosa reclama lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 1936/1997, particularmente, la audiencia de remate celebrada el veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, en la que, en lo que trasciende, se adjudicó a favor de la parte actora en dicho litigio -aquí tercero interesado- el bien inmueble que tenía en copropiedad la demandada, Estela Morales Álvarez con la difunta Estela Álvarez viuda de Morales, ubicado en Calle Siete (7), entre Avenidas Cinco y Siete, número quinientos catorce (514), de Córdoba, Veracruz. Lo anterior, sobre la base de que "el Juez del conocimiento fue omiso en llamar a juicio a la sucesión de la referida ESTELA ÁLVAREZ VIUDA DE MORALES y/o ESTELA ÁLVAREZ LUNA, para hacer valer los derechos de copropiedad que le correspondía sobre el citado bien inmueble; siendo precisamente hasta este momento cuando, se pone del conocimiento de la suscrita como heredera que la citada ESTELA ÁLVAREZ VIUDA DE MORALES y/o ESTELA ÁLVAREZ LUNA, que la copropiedad que correspondía a la C. ESTELA MORALES ÁLVAREZ, fue sujeta a remate judicial, sin que se llamara a la propietaria en comento; ello no obstante que los codueños de una propiedad gozan del derecho de tanto para evitar la admisión de extraños a la comunidad." (foja 12 del juicio). Al respecto, la promovente, Alicia Valerio Morales, manifiesta que tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado, el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve (foja 7 del juicio). Sin embargo, contrario a lo que afirma, del análisis de las constancias que obran en el presente sumario se desprende que la parte quejosa tuvo conocimiento fehaciente del juicio ejecutivo mercantil 1936/1997, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, del que deriva el acto reclamado, en una fecha anterior a la que señala en su demanda de amparo. Se explica. De las constancias remitidas por el Juez responsable, relativas al juicio citado ejecutivo mercantil 1936/1997, se desprende, en lo que trasciende, que María de los Ángeles Morales Álvarez, como persona física, tuvo conocimiento del citado juicio natural el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, pues como se relató en el punto 11 del considerando relativo a los antecedentes del acto reclamado, en esa fecha entendió la diligencia de lanzamiento del bien inmueble de trato, tan es así, que exhibió instrumento público mediante el cual justificó que tenía la copropiedad indivisible del inmueble junto con otros familiares, entre ellas, la demandada y Estela Álvarez viuda de Morales (hoy difunta). Por otra parte, de las constancias exhibidas por la parte promovente, relativas al juicio sucesorio 139/2003, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Córdoba, Veracruz, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, se desprende, esencialmente, que mediante escrito presentado el tres de febrero de dos mil tres, María de los Ángeles Morales Álvarez denunció la sucesión intestamentaria de su progenitora, Estela Álvarez Luna y/o Estela Álvarez viuda de Morales; juicio sucesorio que se admitió a trámite en proveído de catorce de febrero de ese mismo año y, seguido por sus diversas etapas, el dieciséis de marzo de dos mil cinco, se designó como albacea a la propia promovente María de los Ángeles Morales Álvarez, quien aceptó el cargo (tomo II de pruebas). En ese entendido, a partir del día siguiente a esta última fecha, esto es, el diecisiete de marzo de dos mil cinco, María de los Ángeles Morales Álvarez, en su carácter de albacea de la sucesión de Estela Álvarez Luna y/o Estela Álvarez viuda de Morales, contaba con la legitimación necesaria para instar el juicio de amparo, en defensa y en representación del caudal hereditario de la sucesión aquí quejosa, pues lo que ya sabía con anterioridad como persona física no podía ignorarlo al momento en que le fue conferido dicho cargo. Es así, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 1639, fracción VIII, del Código Civil de la Entidad,1 una de las obligaciones que tiene el albacea es precisamente representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieron en contra de ella, dado que el albacea debe realizar actos tendentes a la protección del patrimonio al cual representa. 1 "Artículo 1639.Son obligaciones del albacea general: (.) VIII. La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieron contra de ella;" Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que María de los Ángeles Morales Álvarez, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria de la de cujus Estela Álvarez Luna y/o Estela Álvarez viuda de Morales, fuera la persona que tuvo conocimiento del acto reclamado; mientras que el presente juicio fue promovido por persona distinta, esto es, por Alicia Valerio Morales, en su carácter de heredera de la citada difunta, pues -como se indicó- la persona que acepta el cargo de albacea se constituye en la obligación de representar a la sucesión en los juicios que hubieren de promoverse en su nombre, con independencia de que posteriormente sea removido. Corolario de lo anterior, si la sucesión quejosa estuvo en posibilidad de instar el juicio de amparo, por conducto su albacea, al menos desde el diecisiete de marzo de dos mil cinco; entonces, al dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, fecha en que fue depositada la demanda de amparo en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, ya había transcurrido en exceso el término de quince días hábiles con que contaba la inconforme para acudir al juicio de amparo. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. En lo conducente, apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J.6/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, Tomo VII, correspondiente a enero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." También sirve de apoyo la tesis VII.2o.C.43 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, localizable en la página 1904, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA INTERPONERLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL ALBACEA ACEPTÓ EL CARGO, SI CON ANTERIORIDAD A ELLO SABÍA COMO PERSONA FÍSICA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De los artículos 1628, 1633 y 1639, fracción VIII, del Código Civil para el Estado, se concluye que si bien es cierto que el albaceazgo es un cargo voluntario, también lo es que, una vez aceptado, se constituye en deber legal su desempeño, por lo que se tiene la obligación genérica de defender y representar el caudal hereditario, quedando sujeto en este aspecto, de ser necesario, a la promoción de juicios para no disminuir la masa hereditaria, a la defensa en juicio de ésta, y a la comparecencia en aquellos procesos iniciados con anterioridad al fallecimiento del autor de la sucesión o la aceptación del cargo de albacea, sin que para esto último sea necesario iniciar un nuevo procedimiento pues, en virtud del albaceazgo, existe entre el autor de la sucesión y éste, una causahabiencia. Ahora bien, dada la obligación de desempeñar el cargo de albacea, desde que tiene conocimiento de la existencia de un procedimiento que involucre a la masa hereditaria, el albacea se encuentra constreñido a comparecer a aquél con dicha calidad motu proprio, so pena de preclusión de los derechos que le permitan una adecuada defensa. En esas condiciones, el cómputo del plazo para promover el juicio de amparo inicia a partir del día siguiente al en que el albacea aceptó el cargo, si con anterioridad a ello sabía como persona física de la existencia del acto reclamado, pues a partir de esa fecha, se cuenta con la legitimación necesaria para ocurrir al juicio constitucional." En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto de los actos reclamados, al actualizarse las causas de improcedencia en mención, lo que impide analizar el fondo del asunto. Al respecto, se invoca como apoyo la jurisprudencia V.2o. J/15, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se consulta en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:"SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Finalmente, es pertinente indicar que no pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por las partes, a título de alegatos; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 880/2019, promovido por *************, por propio derecho y en su carácter de heredera de la finada *************, contra los actos y las autoridades precisadas en el considerando segundo, por los fundamentos y motivos expuestos en los considerandos quinto de este fallo.

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