Alma Cristina Pacheco Valdez y Otros.

Expediente 100/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
100/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • Alma Cristina Pacheco Valdez y Otros.
  • Alma Cristina Pacheco Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que tal determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, expediente es susceptible de destrucción, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte¸ al haberse sobreseído este juicio de amparo. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Asimismo, el original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción dentro del plazo de seis meses, conforme lo establecen los numerales 21, incisos c) y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente expediente y su incidencia, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Finalmente, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de marzo de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 100/2020-II, promovido por *******, por sí y en representación de la menor de edad cuyo nombre tiene las iniciales *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el catorce de febrero de dos mil veinte, turnado a este juzgado el día hábil posterior, *******, por sí y en representación de la menor de edad cuyo nombre tiene las iniciales *******, promovió demanda de amparo en contra de la Jueza Cuarto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, la Coordinadora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Distrito Judicial Bravos y el Encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, todos en sus denominaciones correctas, con sede en esta ciudad, de quienes se reclamó lo siguiente: IV ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad señalada con carácter de Ordenadora, C. JUEZ CUARTO FAMILIAR POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, reclamo: El acuerdo de fecha 21 (veintiuno) de Enero de 2020, dictado dentro del Juicio ******* Publicado en la lista del día 22 de enero del 2020 y que surtió efectos el día 23 de enero del 2020. Del TITULAR DE LA OFICINA DE OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES ADSCRITOS A LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, reclamo el cumplimiento al acuerdo de fecha 21 (veintiuno) de Enero de 2020, dictado dentro del Juicio ******* Publicado en la lista del día 22 de enero del 2020 y que surtió efectos el día 23 de enero del 2020, dictado por la autoridad señalada con el carácter de Ordenadora y la omisión de llevar a cabo la notificación personal ordenada por la responsable dentro del juicio ******* (.) COORDINADORA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO (.) reclamo el cumplimiento al acuerdo de fecha 21 (veintiuno) de Enero de 2020, dictado dentro del Juicio ******* Publicado en la lista del día 22 de enero del 2020 y que surtió efectos el día 23 de enero del 2020, dictado por la autoridad señalada con el carácter de Ordenadora (sic). Segundo. Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 4, 5, 11, 14, 16, 17, 18, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Aclaración de la demanda y posterior admisión a trámite. Primero, en proveído de dieciocho de febrero de dos mil veinte (foja 7), se mandó aclarar la demanda de amparo, en los siguientes términos: Acredite debidamente la personalidad con la que ostenta ante esta instancia. Manifieste si la demanda de amparo que presenta la promueve únicamente en representación de la menor de iniciales *******, o si también la promueve por propio derecho. Especifique cuáles son los actos que realmente reclama de cada una de las autoridades responsables. Precise la fecha en que tuvo conocimiento de los actos que reclame. Luego de que se cumpliera con la prevención formulada, en auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte (foja 22) se admitió a trámite la demanda y se precisó lo siguiente: Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, signado por *******, por propio derecho y en representación de su meno hija de iniciales *******, a través del cual desahoga la prevención realizada mediante auto de dieciocho del mes y año en curso; de lo que se tiene que reclama el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veinte y su ejecución. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo se admite a trámite la demanda. No obstante lo anterior, debe precisarse que este órgano jurisdiccional no tomará en cuenta para la solución del presente juicio los nuevos hechos y conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa en el escrito que se atiende, en virtud de que los mismos no fueron materia de la prevención efectuada en auto de dieciocho del mes y año en curso; así como el señalamiento de los actos de ejecución que atribuyo al Titular de la Oficina de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial Bravos, consistentes en los acuerdos de veinte de septiembre y trece de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que tampoco se deben tomar en consideración como una ampliación de demanda pues ellos fueron presentados fuera de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso 111 de la propia ley; lo anterior es así, ya que en caso contrario, se le estaría dando una nueva oportunidad para presentar su demanda. Asimismo, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se reconoció la calidad de tercero interesado a ******* y se ordenó su emplazamiento; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que fue celebrada al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: De la Jueza Cuarto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos: El acuerdo que dictó el veintiuno de enero de dos mil veinte, dentro del juicio *******. Del Encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos: La ejecución del acto reclamado a la autoridad jurisdiccional de referencia. La omisión de llevar a cabo la notificación personal respectiva dentro del juicio en comento. De la Coordinadora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Distrito Judicial Bravos: La ejecución del acto reclamado a la autoridad jurisdiccional de referencia. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe con justificación, los negó categóricamente. Sin que la accionante del amparo haya aportado medio de convicción alguno a fin de desvirtuar la negativa vertida por dicha autoridad. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto a los actos reclamados a la responsable de referencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido al Juez Cuarto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado. Por su parte, la Coordinadora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, no aceptó ni negó el acto que le fue atribuido, al momento de rendir su informe con justificación. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que le fue combatido a tal autoridad. La certeza de los actos aquí referidos, se corrobora con la copia certificada que dichas autoridades remitieron, respectivamente, de los asuntos de origen, mismas que poseen valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por servidores públicos, dotados de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo son a) el Secretario adscrito al Juzgado Cuarto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad; y b) la Coordinadora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. Quinto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se procede a analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Antes de aludir a la hipótesis de improcedencia que se estima actualizada en el caso, se transcribe a continuación el contenido del acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veinte, dictado dentro del juicio *******, del que se duele la aquí accionante del amparo: CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTIUNO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE. Agréguese a los autos el escrito presentado a diecisiete de enero del dos mil veinte, segando por *******, en razón de su comparecencia se le tiene por notificada del estado que guardan los autos, asimismo, en atención al contenido de su ocurso de cuenta, se le tiene dando cumplimiento a lo ordenado por auto del nueve de enero del dos mil veinte publicado el al día hábil siguiente con el número 33 (treinta y tres) de lista, en los términos que indica en su ocurso de cuenta. En consecuencia se procede a proveer respecto a la solicitud que se presentó en este tribunal por ******* el siete de enero del dos mil veinte visible de la foja ochocientos tres a la ochocientos seis de autos. De conformidad con los artículos 29 y 30 de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado es derecho de las personas menores de edad crecer y convivir con ambos progenitores, siempre y cuando no exista riesgo alguno para la persona menor de edad; por lo anterior se dispone que el progenitor pueda participar en el proceso educativo, así como de las actividades extra escolares y al no existir oposición alguna en que la menor de iniciales ******* mantenga comunicación vía telefónica con su padre, se dispone que el progenitor pueda hablar con su hija todos los días en un horario de las diecinueve a las veinte horas debiéndose comunicar al celular ******* el cual corresponde al número de celular de ******* madre de la menor. En virtud de lo anterior se ordena turnar los autos al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor que corresponda a fin de notificar a las partes el presente auto y requerirlos de manera personal a ******* y ******* para que den cumplimiento exacto a lo anterior. Por lo que respecta a ******* para que se participe en el proceso educativo, así como de las actividades extra escolares y se comunique con su hija en los términos anteriormente señalados con el apercibimiento que de no hacerlo se limitara o suspenderá la comunicación vía telefónica. En cuanto a ******* deberá facilitar y propiciar que su menor hija mantenga buena comunicación con su padre, con el apercibimiento que de no hacerlo se aplicaran en su contra los medios de apremio que marca la ley, de conformidad con el artículo 96 del Código de Procedimientos Familiares. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior su conducta procesar será tomada en cuanta de manera preponderante al momento del dictado de una sentencia. Asimismo, se le tiene por notificada a ******* del diverso proveído de fecha trece de diciembre del dos mil diecinueve publicado en listas con el número 50 (cincuenta), para que dé cumplimiento exacto a las convivencias ordenadas en el entendido que de no hacerlo se hará efectiva la multa a que dicho proveído hace referencia. Notifíquese. (.) Pues bien, en el caso, se estima la actualización de la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en la que se establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) Dicho numeral consagra el principio de definitividad del juicio de amparo, conforme al cual este medio extraordinario de defensa sólo procederá, cuando -contra resoluciones de tribunales judiciales, como en el caso- se hayan agotado los recursos establecidos en las leyes que rigen los actos reclamados, en virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados. Además, en tal numeral se detallan hipótesis de excepción a ese principio -por lo que hace a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo-, en las que no encuadra el caso concreto, ya que a) no se trata de alguno de los actos prohibidos en el artículo 22 de la Carta Magna, b) no se trata de órdenes de aprehensión o detención, c) no es persona extraña al procedimiento, pues, como se colige de la simple lectura del acto reclamado, la quejosa es parte en el juicio natural y, d) no se trata de auto de vinculación a proceso. Pues bien, en contra del citado auto, procede recurso de apelación, contemplado en el Título Decimoprimero, Capítulo Tercero, del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua; los numerales relativos de la mencionada codificación, son del siguiente contenido: APELACIÓN ARTÍCULO 483. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia examine si en la resolución apelada se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la prueba, o si se alteraron los hechos; y en vista de ello, confirme, revoque o modifique la resolución apelada. ARTÍCULO 484. La apelación procede en contra de resoluciones: I. Que pongan fin a la controversia o asunto; II. Que resuelvan sobre la revisión de medidas provisionales; III. Las interlocutorias y definitivas; IV. En contra de las que resuelvan excepciones; y, V. Las demás previstas expresamente en este código. ARTÍCULO 485. La apelación debe interponerse dentro de los seis días siguientes a la notificación, si se trata de sentencia definitiva y dentro de tres para los demás casos. En el escrito en el que se interponga la apelación deberá señalarse por el recurrente las constancias para integrar el testimonio correspondiente. Así mismo, en el auto en el que se admita el recurso, se dará vista a la contraria por el término de tres días para que indique las constancias de su parte, si dejare de hacerlo, se tendrá por perdido el respectivo derecho. ARTÍCULO 486. La apelación solo procede en efecto devolutivo, con excepción de las salvedades previstas en este código. ARTÍCULO 487. La apelación admitida en efecto devolutivo posibilita la ejecución de la resolución apelada. ARTÍCULO 488. Si la sentencia es apelada se debe dejar en el juzgado copia certificada de ella y de las constancias necesarias para ejecutarla, y remitirse el expediente original al tribunal de alzada. ARTÍCULO 489. Si se trata de apelación de un auto, el que la admita debe ordenar remitir al tribunal de alzada copia de dicho proveído, de sus notificaciones y de las constancias señaladas al interponer el recurso, adicionadas con las que señalen las demás partes, dentro de dos días; en todo caso el juzgado debe decidir sobre las constancias necesarias que integren el testimonio. ARTÍCULO 490. Interpuesta oportunamente la apelación, el juzgado la debe admitir siempre que cumpla con los requisitos señalados en este capítulo. ARTÍCULO 491. Interpuesta la apelación en tiempo hábil, el juzgado la admitirá sin substanciación alguna si procede legalmente, expresando el efecto en que la admite y emplazando a las partes para que comparezcan ante el tribunal de apelación. ARTÍCULO 492. Recibidos en el tribunal de apelación los autos o las constancias, sin necesidad de vista o informes, decidirá dentro de los tres días siguientes sobre la admisión del recurso y la calificación del grado hecha por el juzgado de origen. Declarada inadmisible la apelación, se devolverán los autos a aquel, revocada la calificación, se procederá en consecuencia. Admitida la apelación, el tribunal mandará poner, en su caso, a disposición del apelante en la secretaría del propio tribunal por seis días, los autos para que por escrito exprese agravios. No podrán alegarse como agravios aquellos con los que la parte agraviada se hubiere conformado expresamente, ni los que cause alguna resolución contra la que no se hubiere intentado el recurso que la ley concede o que, si este no existiere, no se haya protestado contra dichos agravios al tener conocimiento legal de ellos. En caso de que la parte apelante omitiera, en el término fijado por este artículo, expresar en la forma indicada los agravios que le cause la resolución apelada, se declarará desierto el recurso. Del escrito de agravios, se dará vista a la parte contraria por tres días del escrito de expresión de agravios para que manifieste lo que a su interés corresponda. Contestado o no el traslado, se citará a las partes para escuchar sentencia, la cual se deberá emitir en un término de diez días. Tratándose de asuntos de especial complejidad, el plazo se ampliará hasta por quince días más. El tribunal de apelación dentro de los tres días siguientes al que debidamente quede notificada la sentencia, librará testimonio de ella y de sus notificaciones al juzgado de origen, anotándose en el toca la fecha en que se haga la remisión. En el mismo testimonio o ejecutoria se insertarán las constancias de autos que sean necesarias para proceder a la ejecución de la sentencia. No se podrá declarar desierto el recurso cuando se involucren cuestiones que puedan afectar los derechos de niñas, niños, adolescentes, integrantes de pueblos o comunidades indígenas, personas con discapacidad mental o intelectiva, personas en extrema pobreza, o cualquier integrante de la familia víctima de violencia familiar, en cuyo caso, ante la falta de expresión de agravios procederá a suplirlos en su totalidad. En segunda instancia no se admitirán más pruebas que se refieran a algún hecho que constituya excepción superveniente o sea propio, en su acaecer, de la segunda instancia. El tribunal de alzada, a instancia de la parte interesada y cuando la naturaleza de la prueba lo requiera, fijará prudentemente un término para practicarla, o la tendrá simplemente por presentada en su caso, para los efectos legales consiguientes. En los escritos de expresión de agravios y contestación las partes deberán ofrecer las pruebas a que se refiere este artículo. En el caso de que se hubiere rendido prueba, con posterioridad a los escritos de expresión y contestación de los agravios, se citará a las partes a una audiencia para que aleguen sobre ella. En este caso, la citación para la audiencia produce los efectos de la citación para sentencia. De tales artículos, esencialmente, se advierte lo que sigue: I. La finalidad del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine si en la determinación apelada se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la prueba, o si se alteraron los hechos; y en vista de ello, confirme, revoque o modifique la determinación. II. La apelación debe interponerse ante el juez que pronunció la determinación, dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación al recurrente, en caso de autos, como en el caso. En efecto, la parte quejosa reclamó en este asunto de la Jueza señalada como responsable, el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veinte, dictado dentro del juicio *******, por virtud del cual se autorizó la convivencia de la menor de edad cuyo nombre tiene las iniciales *******, con su padre, el aquí tercero interesado, *******, a efecto de adicionar su participación en el proceso educativo de ésta, como parte del régimen de convivencias -mediante llamada telefónica- en los días y horarios ahí determinados. Al respecto, del tomo de pruebas III, se desprende a foja 851, que la aquí quejosa, por conducto de la licenciada ******* -quien es su autorizada en amplios términos en el juicio de origen y también su autorizada en tales términos en este juicio de amparo- mediante escrito presentado en el buzón del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, el veintiuno de febrero de dos mil veinte, interpuso recurso de apelación en contra del acto que reclamó a través de este juicio de amparo. Recurso que la Jueza responsable tuvo por interpuesto mediante auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte (foja 852, tomo III de pruebas; mismo que, a la postre, informó que correspondió conocer del mismo a la Sala Familiar Regional, con sede en esta ciudad, quien lo registró bajo el toca ******* de su índice; y, en auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, según las constancias respectivas, tal Sala determinó revocar la admisión efectuada por la Jueza responsable y desecharlo, por estimarlo extemporáneo, de la siguiente manera: Se desecha apelación. En Ciudad Juárez, Chihuahua, a ocho de febrero de dos mil veintiuno. (.) Con fundamento en el artículo 492 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, se revoca la admisión hecha por la Jueza natural respecto del recurso de apelación interpuesto por la licenciada [*******], en su carácter de autorizada de [*******], en contra del auto de veintiuno de enero de dos mil veinte, cuenta habida que dicho recurso se interpuso de manera extemporánea (.) por lo que envíese testimonio de esta resolución al Juzgado de origen, así como el testimonio de apelación formado. Finalmente, en su oportunidad, archívese el Toca como asunto concluido. Lo anterior, de conformidad con los at1ículos 97, 485 Y492 del ordenamiento adjetivo familiar. Así, como ya se indicó, la parte quejosa debió agotar -oportunamente- el recurso contemplado en el cuerpo normativo que rige el acto, esto es, el recurso de apelación que prevé el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, pues el mismo es el ideal para combatir la determinación que reclama, en virtud de que, primero, es el medio ordinario de defensa que prevé el propio Código que rige el acto y además, posee la fuerza de revocar o modificar determinaciones como la combatida en la especie. Encuentra lo anterior sustento, por identidad jurídica, en la tesis XVII.1o.C.T.9 C (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2306, del contenido: CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR. CONTRA EL ACUERDO EN EL QUE SE SEÑALAN DE MANERA PROVISIONAL DÍAS, HORAS Y LUGAR EN QUE EL PROGENITOR QUE NO TIENE LA GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR, PUEDA CONVIVIR CON ÉSTE, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN EN EL EFECTO DEVOLUTIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a los artículos 903-4 y 903-6 del título décimo cuarto del capítulo único del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en relación con los diversos 824 y 826, inciso a), del mismo ordenamiento legal, contra los proveídos que de manera provisional señalan días, horas y lugar para que se lleve a cabo la convivencia del progenitor que no tiene la guarda y custodia de su menor hijo, procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, ya que el gravamen que pudiera ocasionarse con el citado régimen de convivencia, no se repararía en sentencia definitiva, porque en ésta se analizaría si se acreditaron las acciones y excepciones, pero no el horario provisional y el domicilio fijados para que se efectuara tal convivencia. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia aludida en este apartado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio. No representa obstáculo a la determinación adoptada, el que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con la presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las responsables y la parte quejosa, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, ya que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Encuentra apoyo el aserto anterior en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Página 544, Octava Época, Registro 211352, del tenor literal siguiente: DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANALISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías. Sobreseimiento que se hace extensivo al diverso acto de ejecución reclamado, toda vez que el mismo no fue reclamado por vicios propios, sino como consecuencia del acto referido en este considerando. Es aplicable en la especie, la jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 66, que a la letra dice: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman especialmente, vicios de ésta. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría, máxime cuando se estima que la estudiada es la que debe prevalecer, y lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, por sí y en representación de la menor de edad cuyo nombre tiene las iniciales *******, con relación a los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de marzo de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexos enviados por el Secretario de Acuerdos de la Sala Familiar Regional, con sede en esta ciudad; téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado el uno de los actuales, pues remite copia certificada de la totalidad de determinaciones emitidas en el toca *******, de su índice. Considérese ello en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de marzo de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexo enviados por el Secretario de Acuerdos de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, mediante los cuales en cumplimiento al requerimiento efectuado el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, informa: 1. Que en proveído de ocho del mes en comento, revocó la admisión que realizó sobre el recurso de apelación promovido por la quejosa *******, a través de su autorizada *******, al estimar que era extemporáneo. 2. Remite -únicamente- copia certificada del proveído que menciona. Pues bien, al estimarse necesaria -la totalidad- de determinaciones que haya emitido en el toca *******, para la resolución del presente asunto, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta localidad, a fin de que dentro del término de tres días, contado legalmente, remita copia certificada del auto de admisión que, aduce, revocó mediante diverso proveído de ocho de febrero de dos mil veintiuno. Lo previo, bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo que en este auto se ordena, de conformidad con la fracción I del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional ($8,962.00). Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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