Alma Aurelia Betancourt Guzmán

Expediente 704/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
704/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
11/02/2019

Partes del expediente

  • Alma Aurelia Betancourt Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda, el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo 704/2018-II de la estadística de este juzgado y de dos copias del escrito inicial de demanda, asimismo, comunica que el órgano de su adscripción aceptó la competencia declinada por este juzgado. Constancia que adquiere plena validez al haberse realizado la certificación correspondiente. Apoya lo anterior, la tesis I.3o.P. J/3 (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, publicada el viernes 11 de mayo de 2018, materia común, Registro 2016852, del siguiente tenor: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. En tal sentido, al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, se cataloga la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no contiene información clasificada como reservada según los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; ni las partes entregaron información con carácter de confidencial, en términos del numeral 97 de la legislación en comento. El cuaderno de antecedentes es un expediente auxiliar, que constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Según lo dispuesto por la fracción I del numeral vigésimo del Acuerdo General Conjunto en cita el cuaderno de antecedentes en que se actúa al ser un cuaderno auxiliar es susceptible de destrucción, luego de seis meses. Doy fe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *******, contra actos de la Sala Regional del Norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otra autoridad, de quienes reclama las sentencias emitidas por la Sala responsable el diecisiete de septiembre del año en curso, dentro de los autos del expediente ******* en las que se resolvió respecto de los recursos de reclamación interpuestos contra: a) el acuerdo en el que se tuvo por contestada la demanda, b) el auto en el que se desecharon diversas probanzas y c) el proveído mediante el cual se tuvo por contestada la ampliación de demanda. Se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anotar en el Libro de Gobierno correspondiente de este juzgado como juicio de amparo 704/2018-II. Declaración de legal incompetencia Sentado lo anterior y a efecto de resolver lo conducente, se procede a estudiar la demanda de amparo a fin de determinar la competencia de este juzgado para conocer de la misma. Para tal efecto, es preciso recordar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, con relación a la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, este juzgado federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. Conviene señalar, que las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A guisa de ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material; y, que la citada regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viole algún derecho, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Para corroborar la certeza del anterior aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas, contra leyes o contra acto de autoridades administrativas, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. Ley de Amparo. 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. (.) La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Así, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, será competente el Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades. En el caso, el promovente de la demanda señaló como actos reclamados, esencialmente, las sentencias emitidas el diecisiete de septiembre del año en curso, dentro de los autos del expediente *******, de la estadística de la Sala Regional del Norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de Chihuahua capital, en las que se resolvieron tres diversos recursos de reclamación. Por otra parte, de la demanda promovida a favor de los quejosos, se indican como actos reclamados, los siguientes: [.] IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De la Sala Regional del Norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; con residencia en Chihuahua, Chihuahua reclamo: a1.- La Sentencia de fecha 17 de septiembre de 2018, dictada en relación al recurso de reclamación interpuesto por la suscrita el 22 de marzo de 2018 en contra del acuerdo dictado el 21 de febrero de 2018 en el expediente número ******* de dicha Sala Regional. a2.- La Sentencia de fecha 17 de septiembre de 2018, dictada en relación al recurso de reclamación interpuesto por la suscrita el 23 de mayo de 2018 en contra del acuerdo dictado el 2 de mayo de 2018 en el expediente número ******* de dicha Sala Regional. a3.- La Sentencia de fecha 17 de septiembre de 2018, dictada en relación al recurso de reclamación interpuesto por la suscrita el 19 de junio de 2018 en contra del acuerdo dictado el 4 de junio de 2018 en el expediente número ******* de dicha Sala Regional. [.] Esta transcripción revela que la persona que los actos reclamados fueron ejecutados por la Sala Regional del Norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se localiza dentro del territorio en donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Corolario de lo anterior, la competencia para conocer de este asunto recae en el Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, que ejerce jurisdicción en la ciudad de Chihuahua, pues es en esa demarcación territorial donde se ejecutaron los actos reclamados y eventualmente se continuarían ejecutando, en la medida que el juicio administrativo en el que se emitieron continua en trámite ante aquella autoridad; por lo cual, debe atenderse en principio al lugar en donde tuvieron ejecución los actos reclamados y que coincide con aquel en que, materialmente, pueden llegar a continuar siendo realizados, para determinar a favor de qué Juez de Distrito se surte la competencia legal para conocer de la demanda de amparo de cuenta. En esta tesitura, la competencia para conocer de la presente demanda de amparo no corresponde a este juzgado, puesto que de acuerdo a lo antes transcrito, el lugar en el que el acto reclamado se ejecutó es en el Municipio de Chihuahua, Chihuahua, el cual está sujeto a la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado y localidad del mismo nombre, y, en su caso, podrían continuar ejecutándose en el mismo lugar; por ende, de conformidad con el artículo 37, de la Ley de Amparo, se declara carecer de competencia, por razón de territorio, para conocer del presente asunto. Es aplicable al caso, por el contenido que informa la tesis visible en la página 90, tomo 205-216, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: COMPETENCIA. ARTÍCULO 36, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Con la reforma al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo por decreto de 30 de diciembre de 1983, vigente a partir del 16 de marzo de 1984, se establece que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; que si éste ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente, y que, cuando la resolución reclamada no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que la hubiera emitido. El texto vigente del mencionado precepto legal no concibe ya la hipótesis de la resolución que con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse, por lo que aun en ese caso resulta aplicable el párrafo primero del numeral en comento. Conclusión que resulta acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atiende a la facilidad con que cuenta el solicitante del amparo, para ocurrir al Juzgado del lugar en el que se haya ejecutado el acto reclamado, situando a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis sustentada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tampoco se opone a la Ley de Amparo en vigor, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217-228, Séptima Parte, página ochenta y ocho, con el rubro y texto siguientes: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Por los motivos señalados, con apoyo en los artículos antes citados de la Ley de Amparo y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana, en sus numerales Primero, fracción II; Segundo, fracción II, numeral 3; y Cuarto, fracción II, segundo párrafo; este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordena remitir el presente expediente y sus anexos, al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad homónima, en turno, a quien se considera competente para conocer del asunto. Se solicita al Juez de Distrito al que se declina competencia, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. Con fundamento en el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y autorizando en amplios términos de artículo 12 de la legislación en cita, a los profesionistas que refiere, toda vez que se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, para constancia legal, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo con copia certificada de las constancias que integran el presente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante el secretario que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DEL ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:SE TIENE POR RECIBIDA LA DEMANDA DE AMPARO, SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENMTE POR RAZON DE TERRITORIO, PARA CONCOCER DEL PRESENTE ASUNTO, Y SE ORDENA REMITIR EL PRESENTE EXPEDIENTE Y SUS ANEXOS, AL JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON RESIDENCIA E LA CIUDAD HOMONIMA.

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