Alma Belén Romero Estrada
Expediente 982/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 982/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alma Belén Romero Estrada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 720, suscrito por el secretario de acuerdos del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que remite el juicio de amparo 982/2021, un tomo de pruebas, un disco compacto, así como testimonio de la resolución emitida en el toca R.P. 96/2022, la cual mediante sesión ordinaria virtual de treinta de septiembre de dos mil veintidós, resolvió confirmar la sentencia recurrida, en la cual se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la aquí quejosa; en consecuencia, acúsese recibo de estilo; realícense las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; agréguese el cuaderno de antecedentes; y, hágase del conocimiento de las partes. Por otra parte, se hace constar que este juicio no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN -al haberse negado la protección constitucional y carecer de relevancia documental. Ahora, al resultar innecesaria la conservación del tomo de pruebas remitido por la autoridad responsable Juez Segundo Mixto de la Ciudad de México, en Materia Penal del Sistema Tradicional y de Tutela de Derechos Humanos, devuélvasele sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la nueva ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese, y personalmente a la quejosa en el lugar donde guarda reclusión.
- Principal
Agréguese el oficio 1689/2022, suscrito por el secretario de acuerdos del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que acusa recibo de los autos del expediente del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; original y copia del escrito mediante el cual interpuso recurso de revisión y formuló agravios la parte quejosa; un tomo de pruebas; y, un disco compacto, informando que el citado medio de impugnación se admitió a trámite y quedó registrado con el número R.P. 96/2022, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de la autorizada de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión y expresa agravios contra la sentencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, emitida en este juicio de derechos fundamentales; en esta tesitura, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, con copia del citado ocurso córrase traslado a las partes y fórmese cuaderno de antecedentes. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de este proveído, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, los autos de este juicio, un tomo de pruebas, original del escrito de cuenta y copia para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la superioridad, así como disco compacto que contenga la resolución aludida, para la substanciación del citado recurso. Notifíquese; y, vía portal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 982/2021; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. En auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió demanda de amparo promovida oportunamente por . tramitado el juicio, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio, conforme lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. El acto reclamado constituye, la determinación de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación que reencauso el juez, en contra de la diversa de veinticinco de ese mes, que negó la solicitud de la quejosa de llevar a cabo el Protocolo de Estambul, emitido en la causa penal 50/2021, antes 170/2014 y acumuladas 188/2014, 189/2014 y 191/2014, por el Juez Sexagésimo Séptimo Penal, hoy Juez Segundo Mixto de la Ciudad de México, en Materia Penal del Sistema Tradicional y de Tutela de Derechos Humanos. La autoridad judicial, al rendir su informe lo aceptó y, para justificar su existencia y constitucionalidad, acompañó copia certificada de diversas constancias relativas a la aludida causa penal, que por tratarse de documentos públicos, tienen eficacia en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, motivo por el cual se tiene plenamente probado. TERCERO. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni este juzgador advierte la existencia de alguna. CUARTO. Los antecedentes del acto reclamado, son los siguientes: 1. El dieciocho de mayo de dos mil quince,1 se dictó sentencia condenatoria contra .. por la comisión del delito de secuestro agravado.2 Sentencia que fue modificada en apelación, imponiéndole una pena de cien años de prisión. 2. En su contra, la quejosa promovió juicios de amparo, radicados en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo los números 82/2016 y 214/2017, en el primero, se destaca que se analizó la detención de la que fue objeto y, al respecto el Tribunal de Alzada expreso: "si de manera previa a la detención de la indiciada, existió la orden del ministerio público para que fuera localizada y presentada, aunado a que en el caso concurrieron los requisitos para la detención por caso urgente, como quedó evidenciado en párrafos precedentes, es legal que se haya decretado y ratificado la detención de .., bajo la figura jurídica de caso urgente respecto de los hechos denunciados por ... Asimismo, se le concedió la protección constitucional, al advertir que: "si en el caso la autoridad responsable incurrió en indebida valoración de pruebas, por lo que hace a diligencias de reconocimiento de la ahora quejosa, además no apreció conforme a las disposiciones relativas a la eficacia demostrativa de los informes de los agentes de la policía judicial a los que otorgó valor de indicios y además omitió realizar la evaluación de otros medios de convicción, precisados en líneas que anteceden, procede conceder la protección constitucional a la quejosa, para los efectos siguientes: La Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte una nueva, en la que, por una parte, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria en cuanto a las pruebas que debe estimar nulas y, por otra parte, con plenitud de jurisdicción, respecto a la valoración de las pruebas y fondo del asunto, deberá: - No tomar en cuenta las diligencias de reconocimiento de la acusada, por tratarse de pruebas ilícitas, de acuerdo con las precisiones de esta sentencia. - En relación con los informes de los agentes de la policía a los cuales concedió valor indiciario, deberá precisar qué informes le merecieron ese valor indiciario, así como los datos que de ellos se advierten, que a partir de los hechos narrados por los denunciantes, fueron la base para que efectuaran sus investigaciones, así como el resultado de éstas. - Se pronuncie en relación con el valor probatorio que le merezcan las declaraciones de la ahora quejosa, así como del material probatorio que se ha precisado en la presente ejecutoria. - Dicte la sentencia que corresponda, en el entendido de que de estimar responsable a la enjuiciada en la comisión de los delitos que se le imputan, no deberá imponer sanciones mayores a las decretadas inicialmente, en aras de respetar el principio non reformatio in peius." En el segundo de dichos sumarios, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de que: "1. La autoridad responsable deberá dejar insubsistente la sentencia reclamada. 2. Con plenitud de jurisdicción emitir otra, que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios de forma precisados con antelación; sin embargo, de ser la resolución que en ejecución a esta sentencia se emita en el sentido de la hoy reclamada, la responsable deberá plasmar para ello el análisis del delito y la responsabilidad penal de la ahora quejosa en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y lo relativo a la forma de comisión, participación, grado de ejecución, causas de exclusión del delito, individualización de la pena y en general todos aquellos aspectos sustantivos no previstos en la legislación especial, deberá aplicar el Código Penal Federal en estricto apego al principio de legalidad. 3. Lo anterior, en el entendido de que no podrá agravar la situación jurídica de la impetrante en atención al principio non reformatio in peius. 4. Analice los demás aspectos que no fueron materia del fallo protector con el único límite de no reformar en su perjuicio." En cumplimiento de esta última, la sala dictó la resolución de diecisiete de abril de dos mil dieciocho.3 3. El catorce de octubre de dos mil veintiuno, la aquí quejosa presentó un escrito ante la responsable, solicitando se le aplicara el Protocolo de Estambul, ya que adujo que en su proceso, fue golpeada y amenazada por los policías aprehensores y agente del ministerio Público "Antisecuestro", ya que el juez de la causa, fue omiso en su momento; asimismo, refirió que había denunciado a dichas autoridades ante el agente del ministerio público del fuero común y que dicho protocolo reforzaría dicha denuncia.4 4. El a quo en auto de veinticinco de octubre del año pasado, determinó no acordar de conformidad lo solicitado;5 en su contra, la quejosa interpuso recurso de apelación, sin embargo, el juez en auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, lo reencauso por revocación, el cual resolvió de plano y desechó -acto reclamado-6, conforme a los siguientes argumentos: ? No se puede aplicar el Protocolo de Estambul con base en violaciones ejercidas en su persona, en la detención que dio origen a su procedimiento, ya que su estatus es de cosa juzgada. ? No es válido aperturar de nueva cuenta el juicio cuando existen determinaciones por autoridades con mayor jerarquía que causaron ejecutoria y, constituyen precisamente cosa juzgada. QUINTO. La impetrante aduce en sus conceptos de violación que se vulnera en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 1 °, 8 °, 14, 16, 17 y 20 de la constitución, estableciendo en síntesis como conceptos de violación. a. Se resolvió de manera incongruente la petición, ya que no solicitó se reabriera su expediente sino únicamente se le aplique el Protocolo de Estambul. b. No existe disposición legal u ordenamiento que establezca que dicho protocolo deba practicarse únicamente durante el proceso, por lo que la respuesta no es la idónea y correcta. c. Se violenta su derecho humano de acceso a la justicia, ya que citó un criterio que es aplicable al caso en concreto, sin que fuera considerado por el juez responsable. Son infundados, sin que se advierta deficiencia que suplir, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: La resolución reclamada no contraviene lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Federal, en tanto que se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, pues la responsable se ciñó a lo establecido en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, aplicable al caso -conforme a lo dispuesto en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en donde se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, y entre otros ordenamientos, se reformó artículo Tercero transitorio, quedando su texto, en lo que interesa, de la siguiente manera: "ARTÍCULO TERCERO. Abrogación. El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogados para efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos. Por tanto, una vez que la quejosa interpuso ante el juez responsable el recurso de apelación contra la determinación de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, lo reencausó, al ser procedente el de revocación, y sin necesidad de oír a las partes lo desechó de plano.7 Aunado a lo anterior, la resolución reclamada, se emitió por un tribunal previamente establecido y competente, como es el juzgado señalado como responsable, en el que recae el ejercicio jurisdiccional en los asuntos de orden penal, y quien de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 62-48/20118, del 7 Cobra aplicación al caso, en lo conducente la jurisprudencia P./J.47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133 Tomo II, Diciembre de 1995, Materia Constitucional Común, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dispone: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." 8 "PRIMERO. Atendiendo a que el próximo diecinueve de diciembre, se vence el plazo a que se refiere el punto PRIMERO del acuerdo general 59-28/2011 emitido en sesión de fecha catorce de junio del presente año, en el que se determinó que los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales en el Distrito Federal, solo conocerían provisionalmente de solicitudes de beneficios penitenciarios, a fin de continuar con el cumplimiento a lo Pleno del Consejo de la Judicatura de esta ciudad, adoptado en sesión de quince de noviembre de dos mil once, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el diez de febrero de dos mil doce, en el que se prorrogó de manera indefinida el plazo de operación de los Juzgados de Ejecución de Sentencias Penales, le corresponde en funciones de juez de ejecución, resolver sobre lo solicitado por la hoy quejosa. De igual manera, el acto reclamado no contraria garantía alguna al no conceder aplicarle el Protocolo de Estambul, pues como se aprecia, el juez responsable, sustenta su declaración de improcedencia del recurso intentado y, por ende, sostiene que reitera el contenido del auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en que la causa penal en la cual fue sentenciada, se encuentra actualmente bajo el estatus de cosa juzgada y no podría revivirse válidamente ese tópico, a fin de emitir un nuevo pronunciamiento. Veamos. La tortura constituye una violación grave de derechos humanos, por lo que su actualización no puede presumirse, sino que debe probarse por las vías legales idóneas, con lo cual se garantiza seguridad jurídica de los gobernados.9 dispuesto por el artículo Quinto Transitorio del decreto de reformas Constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en relación con el artículo 21 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este órgano colegiado determina, de conformidad con la facultad que le otorgan los artículos 100, en relación con el 122, párrafo sexto, inciso c), base cuarta, fracción III de nuestra carta Magna; 83 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1°, 201, fracción I, y XXII, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 3º y 10, fracción I, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, aprobar que los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales en el Distrito Federal, continúen funcionando indefinidamente en tales circunstancias a partir del día diecinueve de diciembre del presente año, hasta en tanto se cuente con los recursos presupuestales necesarios para ampliar el número de órganos jurisdiccionales especializados en ejecución de sanciones". Toda vez que el objetivo general de una investigación en caso de tortura es aclarar los hechos, para identificar a los responsables y facilitar su procesamiento u obtener reparación para las víctimas. El Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes,10 es un Manual de Investigación. Este Protocolo fue creado por organizaciones no gubernamentales y médicos expertos en la materia. En la creación de este documento no intervinieron comisiones nacionales de diversos Estados, razón por la cual cuenta con el estatus de "Documento Oficial de las Naciones Unidas". Es una guía para atender potenciales casos de tortura puesto que "no se presenta como un protocolo fijo", que recoge parámetros mínimos de examen que pueden ser modulados en cada país en atención a las particularidades de cada sistema legal, así como a los recursos técnicos y económicos disponibles. Hasta el momento no existen criterios unificados sobre cómo probar la tortura, ni una certificación para médicos y psicólogos sobre el tema. En este sentido, el Protocolo de Estambul es una de las vías mediante la cual se puede comprobar la existencia de tortura, puesto que es posible realizar otros exámenes o 9 TORTURA. LA ACTUALIZACIÓN DE ESE DELITO NO PUEDE PRESUMIRSE, SINO QUE DEBE PROBARSE Y SUJETARSE A TODAS LAS REGLAS DE UN DEBIDO PROCESO PENAL. Registro No. 165901, Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, Noviembre de 2009, Página: 416, Tesis: 1a. CXCI/2009, Tesis Aislada, Materia(s): Penal 10.Adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2000, cuyo propósito radica en servir como una guía internacional para la actuación en posibles actos de tortura. pruebas de forma previa o posterior, tales como mecánica de hechos y mecánica de lesiones. Por tanto, si bien el Protocolo de Estambul sirve como guía para determinar en cada caso en concreto, indicios de la existencia de tortura, el mismo no es propiamente un parámetro normativo a ser aplicado en todos los casos de tortura que se aleguen dentro de un proceso penal a efecto de comprobar lo mismo. La Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han señalado que las personas en contra de las que se siga un procedimiento penal, y que consideren haber sido víctimas de tortura, pueden alegarlo en cualquier momento mientras dure ese proceso y que cualquier autoridad que tenga conocimiento de algún acto de tortura tiene la obligación de actuar en consecuencia, incluso al promover amparo directo contra la sentencia definitiva, dicha alegación deberá ser valorada por la autoridad que tenga conocimiento. Existen dos consecuencias de los actos de tortura, dentro del proceso penal y como delito cometido por autoridad, en el primer caso, tendrán como efecto la exclusión de pruebas que hayan sido obtenidas de manera ilegal y, en el caso de la tortura como delito, la persecución de éste por las autoridades competentes. En el caso concreto, de acuerdo con los antecedentes reseñados, se advierte que se ha emitido sentencia en contra de la quejosa en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el segundo de los juicios de amparo directo que promovió, por lo que en este momento su situación jurídica se encuentra regida por la sentencia de segunda instancia de diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Visto entonces, la determinación aquí impugnada, como se dijo, no vulnera derecho humano alguno, en la medida que la quejosa solicitó se le aplicara dicho protocolo, al considerar que existió tortura dentro de su proceso por parte de los policías aprehensores y agente del ministerio público, quienes la amenazaron y golpearon; sin embargo, el estatus de su causa penal, hasta este momento es de concluida, ya que ha agotado los recursos respectivos a su alcance, incluso promovió amparo directo en dos ocasiones, en los que no fue alegada dicha violación, por lo que la autoridad responsable no podría pronunciarse al respecto, ya que se atentaría en contra de los principios de cosa juzgada y certeza jurídica, soslayando que este binomio fundamental es de orden público, de estudio oficioso y de aplicación general con efectos erga omnes - para los sentenciados, víctimas, ofendidos, terceros interesados o extraños al juicio, así como para todas las autoridades-, que no pueden ser superados o inobservados aún por el diverso axioma de interpretación más favorable a la persona. Cierto, la cosa juzgada surge, de un proceso judicial, en el cual se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, lo que dota a las partes de seguridad y certeza jurídica, puesto que con ello se garantiza la debida ejecución de las sanciones, ya que se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio que ha concluido en todas sus instancias, de modo que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, a fin de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia, que prevé el artículo 17 constitucional. No obstante, la parte quejosa de considerarlo conveniente, podría en su caso, promover un tercer juicio de amparo directo, ahora, contra la resolución de la sala de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, en el que sin prejuzgar sobre lo que el órgano colegiado determine, podrá hacer valer vía conceptos de violación, lo correspondiente a la tortura que afirma sufrió durante el proceso. Ahora, es verdad que el a quo no se pronunció en cuanto al criterio que citó de rubro "ACTOS DE TORTURA. SI AL REVISAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE OBRAN EN LA CAUSA PENAL, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE NO HAY INDICIOS SUFICIENTES PARA ACREDITAR LA VERSIÓN DEL QUEJOSO, RELATIVA A QUE ÉL Y LOS TESTIGOS QUE DECLARARON EN SU CONTRA, LOS SUFRIERON, EN VIRTUD DE QUE EL JUEZ DE LA CAUSA OMITIÓ ORDENAR QUE SE INVESTIGARAN CONFORME AL PROTOCOLO DE ESTAMBUL, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.";11 sin embargo, dicha omisión es insuficiente para conceder la protección constitucional, ya que a ningún fin práctico conduciría su otorgamiento, habida cuenta que dicho criterio tiene su génesis en el estudio que se realizó al resolver un juicio de amparo directo y, que tuvo como consecuencia la reposición del procedimiento para que el juez llevara a cabo una investigación y exhaustiva con base en dicho Protocolo, lo que en el caso, como ya quedó precisado, no puede llevarse a cabo, ya que es un órgano colegiado a quien le corresponde la aplicación de dicho criterio y no al juez de la causa, ya que como quedó visto, hasta el momento su proceso se encuentra concluido. En la inteligencia que lo anterior tiene cabida, como consecuencia de los actos de tortura, dentro del proceso penal, ya que como delito cometido por autoridad, no pasa inadvertido que la propia quejosa dentro del escrito que dio origen al acto reclamado, expresó que denunció los hechos ante la autoridad competente. En ese contexto, se estima que la determinación del juez responsable, no viola derechos fundamentales de la quejosa, al no acordar de conformidad su solicitud, pues no obstante su escueta motivación, se aprecian los motivos torales para declarar la improcedencia del recurso y confirmar el contenido del auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, por lo que se considera que se encuentra apegada a la legalidad y no contraría garantía alguna en su perjuicio. Finalmente, resulta inoperante lo esgrimido por la quejosa en el sentido de que el acto reclamado viola lo dispuesto por el artículo 20 constitucional, ya que en el caso particular, no resulta aplicable. En esas condiciones, se niega el amparo y protección de la justicia solicitada. SEXTO. La solicitante de amparo no se opuso ni hizo manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; no obstante, a fin de protegerlos, se suprimirán éstos, así como los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa .., respecto del acto precisado en el considerando segundo, por los argumentos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Se suprimen los nombres y datos sensibles de la parte quejosa en la consulta o en caso de hacerse pública esta sentencia, como se determinó en el considerando sexto. Notifíquese personalmente.
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