Alma Atenea Pérez Vaca

Expediente 216/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
216/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/03/2022

Partes del expediente

  • Alma Atenea Pérez Vaca

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez que transcurran tres años- al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente a la quejosa en el lugar de su reclusión.

  2. Principal

    FEMENIL Visto el escrito de demanda de amparo de cuenta, presentado por.., por propio derecho, contra actos de la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y de otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno con el número 216/2022. DESECHAMIENTO Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se aprecia que en realidad la promovente reclama la reubicación de su estancia a una diversa, ello dentro del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, lo que se dice tiene como consecuencia las amenazas, discriminación y segregación, que atribuye a las autoridades responsables. Este órgano de control constitucional estima que en el este asunto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, la cual de acuerdo al diverso 62 del mismo cuerpo de leyes debe estudiarse de manera oficiosa. En efecto, se tiene que el acto reclamado ocasiona una afectación a las condiciones de internamiento de la accionista de amparo, entendido como, cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación, conclusión a la que se conduce después de realizar una interpretación sistemática en la parte conducente de los artículos 3°, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V, y 30 todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin embargo, es preciso destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un medio de impugnación, al cual se debió acudir, previo a combatir el acto aquí reclamado mediante la promoción de un juicio de amparo, en atención al principio de definitividad. En efecto, dicha ley en sus artículos 30 y 31, establece diversos regímenes relacionados con el tema que regula el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en lo que interesa, los siguientes: Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Para salvaguardar lo anterior, la legislación en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellos, el reclamado, en términos de los artículos 107, 108, 109 y 110, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En régimen disciplinario, es donde se ubica el acto reclamado consistente en la medida disciplinaria relativa al cambio de estancia del que se duele la impetrante, ello dentro del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, lo que se dice tiene como consecuencia las amenazas, discriminación y segregación que indica, pues forma parte de la reglas de disciplina, a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario de mérito. Para mayor comprensión, resulta necesario transcribir el siguiente artículo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece lo siguiente: "Artículo 39. Determinación de Faltas Disciplinarias. La determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico. Para la determinación de las faltas, las normas disciplinarias deberán apegarse estrictamente a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, así como a la culpabilidad y respeto a los derechos humanos, por lo que sólo podrán establecerse sanciones para las conductas que afecten bienes jurídicamente tutelados o que no impliquen el ejercicio de un derecho, y cuya autoría sea plenamente identificada, evitando así la imposición de medidas disciplinarias de carácter general." (.)" Para salvaguardar lo anterior, la legislación en cita en el capítulo de imposición de medidas disciplinarias prevé que los procedimientos disciplinarios garantizan el derecho a la defensa y es el Comité Técnico quien deberá notificar por escrito a la persona privada de la libertad sobre la sanción impuesta, el tiempo de duración, las condiciones de ésta, así como su derecho a impugnarla, lo que podrá hacerse dentro de los tres días siguiente a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución, dejándose en suspenso la aplicación de las sanciones hasta que éste resuelva en definitiva, sin perjuicio de que se implementen las medidas administrativas necesarias para salvaguardar la seguridad y orden de centro penitenciario, en términos de lo que establecen los artículos 46, 47 y 48 de la Ley de Ejecución Penal. Sin que obste a lo anterior, que si bien la ley en mención hace a alusión a la ejecución de las sentencias, cabe precisar que el artículo 1° de la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone: "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; (.)" Es decir, tratándose a los actos inherentes a la vida en internamiento, ya sea por prisión preventiva o ejecución de una pena será aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, como parte de la implementación del nuevo sistema de reinserción social, y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas, y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; y establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de esa ejecución penal; cuyas disposiciones, son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, de ahí que esta Ley resulte operable para las autoridades penitenciarias y jurisdiccionales de la Ciudad de México, en cualquier etapa del procedimiento penal. De lo anterior se advierte que, la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución, en virtud de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible de impugnarse a través del medio de defensa previsto en la ley en comento, sin que se trate de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Por lo que, el acto del que se duele la accionista de amparo; no puede ser sujeto al análisis inmediato en esta vía bi-instancial, toda vez que de lo antes expuesto, pone de manifiesto la existencia de un procedimiento disciplinario que garantiza el derecho a la defensa de audiencia y oportunidad de allegarse de medios de prueba en favor de la persona privada de la libertad, como lo es, el acudir al Juez de Ejecución para la revisión de las revisiones administrativas por faltas administrativas. En tales condiciones previo acudir al juicio de amparo debe la disconforme agotar el recurso que prevé la ley especial, en virtud de que el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, conforme dicha ley especial, ya que ésta prevé la suspensión de los efectos de los actos que en esta vía constitucional se reclaman teniendo los mismos efectos que regula la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que considera para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, por lo cual no se trata de un caso de excepción para acudir directamente al Juicio de Amparo. En razón de todo lo expuesto, la causa de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XX, y 113, ambos de la Ley de Amparo, DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, por resultar en este momento notoriamente improcedente la acción por la cual se pretende ejercer. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro es: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Así como, la jurisprudencia numero VI.1o. J/85 del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 51, tomo 67, julio de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO". Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho que la quejosa haya señalado únicamente como actos reclamados las amenazas, discriminación y segregación, puesto que dichos actos no se han materializado, máxime que los hace depender del cambio de estancia que indica, el cual, aún no sufre, por lo que en el caso, dichos actos no pueden ser analizados, además de que se tratan de cuestiones de internamiento, las cuales serán analizadas una vez que se realice el cambio de estancia referido. DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la quejosa el interior del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, por lo que se llevarán a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos; para ello bastará: (i) que las soliciten al secretario del juzgado responsable de su expediente; y, (ii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Notifíquese personalmente a la quejosa en el lugar en el que se encuentra privada de su libertad.

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