Allen Ricardo Chablé Estrella

Expediente 1140/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1140/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
13/10/2021

Partes del expediente

  • Allen Ricardo Chablé Estrella

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguense a los presentes autos los sobres devueltos que contienen los oficios 7224 y 7225, dirigidos, respectivamente, a las autoridades responsables Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Villahermosa, Tabasco, y actuario de su adscripción. Lo anterior, sin realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por acuerdo de siete de junio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio y se ordenó el archivo del presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el oficio remitido por el Secretario Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en la Ciudad de México, y anexo que acompaña, mediante el cual, refiere rendir su informe justificado respecto a la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que la ampliación de demanda de que se trata, únicamente fue respecto al nuevo acto reclamado a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; por lo que no se le solicitó informe justificado alguno a la autoridad oficiante por lo que a dicha ampliación se refiere. Aunado a que el diecinueve de mayo del año en curso, se dictó sentencia definitiva en el presente juicio constitucional. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1140/2020-VI-B, promovido por ALLEN RICARDO CHABLE ESTRELLA, por conducto de su apoderado ABELARDO JOSÉ AGUIAR ORDOÑEZ, en contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado vía electrónica el veinte de noviembre de dos mil veinte, compareció ABELARDO JOSÉ AGUIAR ORDOÑEZ, apoderado del directo quejoso ALLEN RICARDO CHABLE ESTRELLA, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y actuario de su adscripción, con residencia en Villahermosa, Tabasco; y, Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, previo cumplimiento de prevención, se admitió a trámite la demanda; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. 19. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid 19. En veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas sanitarias frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, emitió la Circular CAP/3/2020, en la que adoptó diversas medidas preventivas, entre ellas, la suspensión de la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, determinando el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; lo que también implicó que no corrieran plazos procesales; motivo por el cual no pudo verificarse la audiencia constitucional en la fecha que se estableció para ello. CUARTO. Reanudación del procedimiento. Por auto de doce de enero de dos mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en el punto 17 de la citada Circular, en relación con la diversa número SECNO/1/2021, de fecha ocho de enero del año en curso, dictada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, punto II, y los artículos 2°, fracción I, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada. QUINTO. Posteriormente, mediante auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se previno a la parte quejosa para que dentro del plazo ahí concedido, manifestara si era su deseo ampliar su demanda señalando como nuevo acto atribuido a la autoridad responsable Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, la omisión de emplazar a la persona moral denominada NAES MEXICANA DE ENERGÍA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, demandada en el juicio laboral de origen, apercibida que de no hacerlo en el plazo concedido para ello, se resolvería únicamente por los actos inicialmente señalados. En ese sentido, mediante escrito recibido el veintiséis de marzo del año en curso, la parte impetrante del amparo dio cumplimiento al requerimiento realizado; en consecuencia, por auto de veintinueve de marzo siguiente, se admitió a trámite la ampliación en cita; asimismo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Por tales motivos, la celebración de la audiencia constitucional, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa, fundamentalmente en: - De la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad: A) La fecha lejana (quince de junio de dos mil veintiuno), señalada para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, en el juicio laboral 553/2019 de su índice. - De la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y actuario de su adscripción, ambos con residencia en Villahermosa, Tabasco, reclama: B) La omisión de emplazar a JAVIER LÓPEZ MONTEJO, demandado en el juicio laboral de origen. - De la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México reclama: C) La omisión de emplazar a NAES MEXICANA DE ENERGÍA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, demandada en el juicio laboral de origen. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y actuario de su adscripción, con residencia en Villahermosa, Tabasco, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados; además de que la existencia de dicho acto se corrobora con las documentales que acompañaron a su informe de mérito. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Similar pronunciamiento se hace respecto al acto que se le atribuye a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, en virtud de que aun cuando lo negó al rendir su informe justificado, de las constancias que anexó la diversa responsable Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al informe justificado relativo a la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa, se advierte que mediante proveído de catorce de abril del año en curso, tuvo por recibida de la citada Secretaría, la razón actuarial de cinco de marzo del presente año, de la que se desprende que llevó a cabo la diligencia solicitada por la Junta responsable residente en esta ciudad. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el caso, este resolutor advierte que respecto de los actos reclamados señalados con los incisos B) y C) consistentes en la omisión de emplazar a JAVIER LÓPEZ MONTEJO y a la persona moral denominada NAES MEXICANA DE ENERGÍA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE demandados en el juicio laboral 553/2019 de origen, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto de autoridad, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, de las constancias remitidas por la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se advierte que mediante oficios de ocho de octubre de dos mil veinte, remitió sendos exhortos a las diversas responsables Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Villahermosa, Tabasco; y, Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, a fin de que en auxilio de sus labores, emplazaran a los demandados JAVIER LÓPEZ MONTEJO y NAES MEXICANA DE ENERGÍA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, respectivamente. Asimismo, que por auto de catorce de abril del año en curso, tuvo por recibidas las referidas comunicaciones oficiales, a las que las respectivas responsables, respectivamente, anexaron las razones actuariales de quince de febrero y cinco de marzo del presente año, en las que hicieron constar que, por los motivos ahí expuestos, no les fue posible realizar el emplazamiento encomendado; por lo que se dio vista a la parte actora, aquí quejosa, a fin de que proporcionara los domicilios correctos de los citados accionados. Lo anterior evidencia indudablemente que cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Sin que obste a lo anterior, que las diligencias de mérito hubieren resultado infructuosas, pues tal circunstancia no puede ser atribuible a las citadas autoridades responsables, pues éstas se constituyeron en el domicilio que la propia parte actora, aquí quejosa, proporcionó en autos del juicio de origen para tal efecto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, al haberse concretado la causal de improcedencia respecto a los actos reclamados señalados con los incisos B) y C), consistentes en la omisión de emplazar a los demandados JAVIER LÓPEZ MONTEJO, y NAES MEXICANA DE ENERGÍA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en autos del juicio laboral 553/2019 del índice de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, lo que procede es sobreseer en el presente juicio constitucional, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Por lo que toca al diverso acto reclamado señalado con el inciso A) consistente en el señalamiento de una fecha lejana para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, en el juicio laboral 553/2019 de su índice, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 77, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en mérito de las razones que se exponen a continuación: En efecto, en el presente asunto, el quejoso reclama que mediante acuerdo de uno de octubre de dos mil veinte, dictado en autos del juicio laboral 553/2019, se fijaron como fecha y hora para la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, las once horas del día quince de junio de dos mil veintiuno; situación que alega, viola sus derechos fundamentales toda vez que no se le está administrando justicia en los plazos y términos establecidos en la ley. Ahora bien, se afirma que en la especie se surte la causa de improcedencia en estudio, toda vez que, aun cuando se estimaran vulnerados los derechos fundamentales del quejoso con motivo del acuerdo reclamado, no se podría restituir al peticionario del amparo en el goce de los mismos. Ello, debido a que en la especie, el efecto de una posible concesión de amparo sería para que la autoridad responsable dejara sin efecto el acuerdo dictado el uno de octubre de dos mil veinte, en lo conducente a la fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y señalara una nueva data para su verificación, dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, lo que traería como consecuencia, que la hora y fecha ya establecida para el desahogo de la referida audiencia -quince de junio de dos mil veintiuno- quedara sin efecto, retrasando aún más la integración del expediente laboral de origen, es decir, el efecto sería contrario a lo que busca la parte quejosa. Se considera lo anterior de esa manera, tomando en consideración que el presente juicio de amparo se está resolviendo en fecha diecinueve de mayo del año que transcurre, por lo que de no ser recurrida por alguna de las partes, se determinaría ejecutoriada la sentencia el siete de junio del año en curso. Dicha determinación se notificaría a la Junta responsable al día siguiente hábil, esto es, el ocho de junio siguiente; la cual contaría con un término de tres días para remitir el auto con el que acredite el cumplimiento y proveyera en relación a la fecha en la que habría de celebrarse la audiencia de que se trata, la cual podrá señalar dentro de los quince días siguientes a dicho auto; es decir, su desahogo podría acontecer con posterioridad a la fecha actualmente programada. Por ello, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente asunto, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que respecta al acto reclamado en el inciso A) a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 77, interpretado en sentido contrario, de la propia Ley. Resulta aplicable al caso en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 7/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, febrero de 1997, página 281, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. SE PRESENTA EN EL AMPARO CUANDO ES IMPOSIBLE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU GARANTIA CONSTITUCIONAL VIOLADA. Cuando se reclame un acto de autoridad que se funde en dos ordenamientos distintos, cualquiera de los cuales puede sustentarlo por sí solo, y únicamente se impugne uno de ellos, el juicio de garantías es improcedente de conformidad con lo ordenado por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 80 del mismo ordenamiento, toda vez que aun en el caso de que se declarara la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado, no sería posible restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada porque el acto reclamado seguiría subsistiendo sustentado por el diverso ordenamiento que no se combatió". En las relatadas condiciones, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo con apoyo en el artículo 63, fracción V, al actualizarse las hipótesis de improcedencia previstas en las fracciones XIV y XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se cita como apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 187, Tomo VI, Apéndice 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 197245, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ABELARDO JOSÉ AGUIAR ORDOÑEZ, en su carácter de apoderado del quejoso ALLEN RICARDO CHABLE ESTRELLA, en contra de los actos reclamados a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y actuario de su adscripción, con residencia en Villahermosa, Tabasco; y, Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, por los motivos expuestos en la cuarta de las consideraciones de la misma. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ABELARDO JOSÉ AGUIAR ORDOÑEZ, en su carácter de apoderado del quejoso ALLEN RICARDO CHABLE ESTRELLA, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en la quinta de las consideraciones de la misma. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

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