Allan Kurt John Davison Mendoza

Expediente 1075/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1075/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
15/11/2018

Partes del expediente

  • Allan Kurt John Davison Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de veinticinco de octubre del año actual, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el alegato ministerial número 689/2018, de la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, sin hacer mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que mediante acuerdo de veinticinco de octubre en curso, se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Tercero de Oralidad Familiar turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, toda vez que del informe justificado de cuenta, se advierte que, con relación al escrito cuya omisión de proveer aquí se reclama, presentado el trece de junio del presente año, por el aquí quejoso Allan Kurt John Davison Mendoza y María de los Ángeles Carmen Chávez Armengol, con el que promovieron diligencias de jurisdicción voluntaria a fin de que se aprobaran las bases de su divorcio voluntario judicial, con fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, se radicó con el número de expediente 351/2018, y se realizaron diversas prevenciones a los promoventes, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente con relación la admisión y procedencia de dichas diligencias, el cual les fue notificado el cinco de octubre siguiente. En consecuencia, con apoyo en el artículo 75 de la Ley de Amparo, solicítese a la Juez Tercero de Oralidad Familiar turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la notificación que se le haga de este proveído, informe a este juzgado si las partes dieron cumplimiento a dichas prevenciones y lo que hubiere proveído al respecto, debiendo remitir las constancias relativas. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo al caso por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 17/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la pagina 108, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199,454, del IUS Intranet, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra el acto que reclama del Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, que hace consistir esencialmente en: La omisión de pronunciarse respecto de la admisión y procedencia de las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas el trece de junio de dos mil dieciocho. Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1075/2018-IV-B, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de referencia como en derecho procede. No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado, amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con treinta minutos del siete de noviembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia de la demanda. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa, la documental pública que adjuntó a su demanda de amparo, así como la instrumental de actuaciones en todo cuanto favorezcan a sus intereses y la presuncional en su doble aspecto, las cuales se reservan para ser relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Como lo solicita el quejoso, téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su demanda de amparo, y como sus autorizados, a Adrián Aarón López Linares, Ana Beatriz Castillo Barroso, Jorge Luis Oramas Ortíz y Natalia Jimena Díaz León, con las limitantes que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese y regístrese.

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