Alisson Mariatne De la Cruz Cervantes
Expediente 364/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 364/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 07/06/2016
Partes del expediente
- Alisson Mariatne De la Cruz Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto lo asentado en la cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera la sentencia de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, en la cual se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. En ese orden, glósese el original del incidente de suspensión y después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente cuaderno se advierte que no existe promoción o diligencia por practicar, por tanto, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Así, devuélvase al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México el anexo que exhibió en presente juicio, del cual deberá acusar el recibo correspondiente; apercibido que de ser omiso se le impondrá multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en esta ciudad, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 238 de la legislación de la materia. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseido. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó y se concedió la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, junto con el original del incidente de suspensión. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, resguárdese en el archivo de este Juzgado de Distrito, hasta en tanto se proceda a su destrucción material, de conformidad con lo establecido en el referido acuerdo. Las anotaciones pertinentes háganse en el Sistema de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Incidental
SE DECLARA SIN MATERIA EL PRESENTE INCIDENTE
- Principal
VISTOS, para resolver los autos, del juicio de amparo indirecto 364/2016, promovido por Marina Cervantes Telles, por propio derecho y en representación de su menor hija Alisson Mariatne De la Cruz Cervantes, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México; por lo que, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Marina Cervantes Telles, por propio derecho y en representación de su menor hija Alisson Mariatne De la Cruz Cervantes, solicitó el amparo y protección de la justicia de la unión, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: a) El C. Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México b) El C. Notificador del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Lerma de Villada, México". "IV. ACTOS RECLAMADOS: Del Ciudadano Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, primera autoridad señalada como responsable le reclamamos el ilegal auto emitido en el expediente civil número 500/2015, de fecha 22 (veintidós) de febrero de 2016 (Dos Mil Dieciséis), notificado a la hoy quejosa en 9 (nueve) de Marzo de 2016 (Dos Mil Dieciséis) mediante el cual se señala día y hora a las 10:00 (diez) horas del día 16 (dieciséis) de Marzo del año 2016 (Dos Mil Dieciséis) para que la suscrita haga entrega de mi menor hija ALISSON MARIATNE DE LA CRUZ CERVANTES, a su progenitor GUSTAVO DE LA CRUZA TEJADA dentro de las instalaciones del C. Juzgado Primero Civil de Lerma de Villada, México; autoridad señalada como responsable. A esta misma autoridad le reclamamos los diversos autos de fechas 20 (veinte) de enero de 2016 (Dos Mil dieciséis) y 2 (dos) de Febrero de 2016 (Dos Mil Dieciséis), en atención a que causa agravios al interés superior de mi menor hija ALISSON MARIATNE DE LA CRUZ CERVANTES, ya que la entrega de la menor a todas luces es ilegal e inconstitucional, como se verá en el transcurso de la presente demanda". [sic] SEGUNDO. La parte quejosa señaló que los actos reclamados son violatorios de los derechos humanos protegidos por los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9 párrafo primero, 12 y 14 de la Convención sobre Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y 4.228 del Código Civil del Estado de México; así como, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Previo desahogo de prevención, por auto de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no presentó pedimento ministerial alguno; ordenó se notificara al tercero interesado, lo que ocurrió el seis de abril del presente año (foja 61 de autos); y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia de este órgano jurisdiccional. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de garantías planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII de la Constitución General de la República; 1° fracción I, 37 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que la omisión que constituye el acto reclamado se le atribuye a un tribunal que reside dentro de la circunscripción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de dos mil, página treinta y dos, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral de la demanda de garantías, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que la quejosa reclama: El auto de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, así como los diversos de veinte de enero y dos de febrero, ambos de dos mil dieciséis, dictados dentro del expediente 500/2015, del índice de la autoridad señalada como responsable ordenadora. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Juez y Notificador, ambos adscritos al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, pues al rendir sus respectivos informes con justificación, los aceptaron; aunado a que de las constancias que la primera de las autoridades en mención adjuntó al mismo, se advierte su certeza [fojas 66, 67, 70 y 71]. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditado el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de procedencia del Juicio de Amparo. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, independientemente de que las autoridades responsables hayan aceptado los actos reclamados, toda vez que constituye una cuestión de estudio oficioso en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; máxime porque al actualizarse alguna causal de inejercitabilidad de la acción, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. En el caso se estima de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, dado que el acuerdo reclamado se trata de un acto derivado de otro consentido. En efecto, el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Sobre el particular, es necesario referir que de la fracción y numeral citados, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen tal consentimiento. Al respecto, es de tenerse en cuenta el criterio sustentado por la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen veintitrés, Séptima parte, página catorce, Séptima Época, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS, NATURALEZA DEL CONSENTIMIENTO EN LOS. No es cierto que el concepto de consentimiento definido por el artículo 1803 del Código Civil Federal, sea el que pueda servir para determinar cuándo un acto ha sido consentido expresa o tácitamente, para fines del sobreseimiento, así se esté ante un criterio comparativo por algún autor sobre la materia. Y no debe ni puede privar ese concepto civilista, porque además de que en él campea un sentido que rige para el derecho privado, tan ajeno a la teoría del amparo, hay en la especie norma expresa al respecto en la ley reglamentaria del juicio de garantías, que hace inaplicables criterios ajenos o diversos al contenido directamente en la ley que debe regular y determinar la noción del consentimiento en cuanto a la improcedencia de la acción constitucional de amparo (artículo 73, fracciones XI y XII). La improcedencia del amparo es una cuestión que no fue acogida, en sus albores, por las leyes reglamentarias del juicio constitucional. No la consagra, para nada, la ley del 30 de noviembre de 1861, primigenia, en un orden cronológico, como tampoco contiene causales de improcedencia la Ley Orgánica Constitucional del 20 de enero de 1869 que sí menciona el sobreseimiento del amparo, aunque como causa de responsabilidad. En cambio, la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de 1857, datada el 14 de diciembre de 1882, sí trata la materia del sobreseimiento en su artículo 35, al prescribir en la fracción VI del mismo artículo 35, que se sobreseerá el amparo, cualquiera sea el estado del juicio, cuando el acto hubiere sido consentido y no versare sobre materia criminal. No define, esa ley de 1882, en qué estriba ese consentimiento y otro tanto harán los artículos 702 y 779 del Código de Procedimientos Federales del 6 de octubre de 1897 y del Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 de diciembre de 1908 que se concretan, al través de su fracción V, a consignar que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos, siempre que éstos no importen una pena corporal o algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de aquella Constitución de 1857. La doctrina del acto consentido es elaborada por la ley del señor presidente Carranza, la del 18 de octubre de 1919, que sí contempla la improcedencia del amparo en ese aspecto, y, por ende, define que se entiende por consentido un acto contra el que no se haya interpuesto amparo dentro de los quince días siguientes al en que se haya hecho saber al interesado, a no ser que la ley conceda expresamente término mayor para hacerlo valer (artículo 43, fracción V). La ley del señor presidente Cárdenas, esto es, la promulgada el 30 de diciembre de 1935, complementa esta doctrina cuando en las fracciones XI y XII de su artículo 73 desenvuelve, cabalmente, la teoría de la improcedencia del juicio constitucional, en punto a actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (artículo 73, fracción XI), habiendo consentimiento tácito, si el juicio de garantías no se promueve dentro de los términos señalados por los artículos 21 y 22 de la ley en cuestión (artículo 73, fracción XII). La integración de esta doctrina del consentimiento de los actos reclamados, en el juicio de garantías, conduce a formular estas nítidas proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto reclamado, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2) Hay consentimiento expreso, también, del acto reclamado, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 3) Hay consentimiento tácito del acto reclamado cuando el juicio de amparo deja de promoverse dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de su ley reglamentaria." Ahora bien, el análisis relativo al consentimiento del acto reclamado no se debe hacer en forma aislada, es decir, que se debe vincular con los actos emitidos por la autoridad señalada como responsable, anteriores al que se reclame y que tengan relación con el mismo, para así poder establecer si dicho acto reclamado deriva de otro que se haya consentido. En consecuencia, se debe establecer una relación de causalidad entre el acto que se estima consentido, y el acto derivado, para así poder determinar si el consentimiento expresado alcanza al nuevo acto combatido. En efecto, para considerar que un acto es derivado de otro consentido se deben actualizar dos supuestos: a) Ser una consecuencia natural y legal del acto antecedente. b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Apoya esta consideración, la tesis sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXI, página novecientos veintidós, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." En el particular, se considera que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, toda vez que de la copia certificada de las constancias que obran en el expediente del juicio natural 500/2015 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, destacan las siguientes actuaciones: 1. Gustavo de la Cruz Tejada, demandó de Marina Cervantes Telles, la guardia y custodia definitiva a su favor de su menor hija Alisson Mariatne De la Cruz Cervantes, así como el pago de pensión alimenticia. 2. Marina Cervantes Telles, al comparecer a juicio negó la procedencia de la acción y opuso excepciones y defensas; asimismo planteó demanda reconvencional en contra del actor. 3. El diecinueve de agosto de dos mil quince, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia inicial en la que en la fase de revisión de medidas provisionales, entre otras cuestiones, se decretó en favor de Gustavo De la Cruz Tejada, la guardia y custodia provisional de la menor Alisson Mariatne De la Cruz Cervantes. Se fijó en favor de la demandada Marina Cervantes Telles, el régimen de visitas y convivencias con la menor mencionada en el párrafo que antecede. 4. El nueve de septiembre de dos mil quince, se efectuó la Audiencia Conciliatoria, a la que asistieron las partes, en la que para efecto de dar cumplimiento al régimen de visitas, se acordó que la entrega de la menor Alisson Mariatne De la Cruz Cervantes, a su progenitora, estaría a cargo de Gloria De la Cruz Tejada, hermana del actor, a partir del viernes once de septiembre de dicha anualidad. 5. El once de septiembre de dos mil quince, se hizo constar la diligencia de comparecencia de entrega de menor, en los términos señalados en el párrafo anterior. 6. Mediante acuerdo de seis de octubre de dos mil quince, se previno a la demandada Marina Cervantes Telles, para que hiciera entrega de la menor Alisson Mariatne De la Cruz Cervantes, a su padre, en virtud de que desde el once de septiembre anterior, no la había devuelto a éste; asimismo, el veintiuno de octubre de dos mil quince, fue requerida en su domicilio para hacerle del conocimiento el anterior acuerdo. 7. En auto de veintiséis de octubre de dos mil quince, se señalaron las diez horas del veintinueve de octubre de dos mil quince, para que tuviera verificativo la entrega de la menor, Alisson Mariatne De la Cruz Cervantes, por parte de la demandada Marina Cervantes Telles, y así se diera cumplimiento a lo ordenado en la audiencia inicial de diecinueve de agosto de dos mil quince. 8. En acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil quince, se tuvo por presentado el escrito de Gustavo de la Cruz Tejada y Marina Cervantes Telles, mediante el cual exhibieron convenio en el que pactaron que la guardia y custodia de la menor, quedara en forma definitiva para Marina Cervantes Telles; se estableció un régimen de visitas para que conviviera con su progenitor y se fijó un monto por concepto de pensión alimenticia por parte de este último, en favor de dicha menor, atento a lo cual el Juez de conocimiento previno a los ocursantes para que comparecieran ante la presencia judicial a ratificarlo, para estar en posibilidad de acordar lo conducente, lo que no aconteció, sino que contrario a ello, el actor en el juicio de origen Gustavo de la Cruz Tejada, mediante diverso ocurso presentado el veinte de enero de dos mil quince, solicitó que se dejara sin efecto la propuesta de convenio y solicitó se reintegrara a su menor hija de conformidad con lo establecido en la audiencia inicial, es decir, en la que se determinó que la guardia y custodia provisional de la menor quedaba a su cargo. 9. Por auto de veinte de enero de la anualidad, se ordenó dar vista a la contraria con el contenido del acuerdo citado en el párrafo anterior, para que a más tardar en del plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento que de no hacerlo, se continuaría con la tramitación del juicio y se tendría por no presentado el convenio de trece de noviembre de dos mil quince. 10. En acuerdo de dos de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo por precluido el derecho de la demandada para desahogar la vista ordenada en el acuerdo de veinte de enero de dos mil quince; asimismo, se tuvo por no presentado el convenio de trece de enero de dos mil quince, y se señalaron las diez horas del diecisiete de febrero de dos mil dieciséis para la entrega de la menor Alisson Mariatne De la Cruz Cervantes, por parte de la demandada Marina Cervantes Telles, y así se diera cumplimiento a lo ordenado en la audiencia inicial de diecinueve de agosto de dos mil quince. 11. En virtud de que la demandada Marina Cervantes Telles, no acudió al desahogo de la diligencia descrita, por auto de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se señaló nueva fecha y hora para que tuviera verificativo la entrega de la menor. Ahora bien, de lo expuesto, se advierte que desde el diecinueve de agosto de dos mil quince, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia inicial en la que en la fase de revisión de medidas provisionales, se decretó en favor de Gustavo De la Cruz Tejada, la guardia y custodia provisional de la menor Alisson Mariatne De la Cruz Cervantes. Es el caso, que la peticionaria de amparo, plantea como controversia en el presente sumario constitucional, que los autos dictados el veinte de enero, dos y veintidós de febrero, todos de dos mil dieciséis, no fueron conforme a derecho, toda vez que: a) En atención al principio del interés superior del menor, así como a lo dispuesto en el artículo 4.228 del Código Civil del Estado de México, previo a emitir el auto de requerimiento de entrega de la menor Alisson Mariatne De la Cruz Cervantes, se debió escuchar la opinión de la misma. b) La menor actualmente se encuentra viviendo con la quejosa y cursa el tercer grado de kínder en la escuela denominada Federico García Lorca, en el Poblado de Santa María Tlamimilolpan, Lerma, Estado de México. c) En consideración a la edad con la que cuenta la menor (cinco años), es factible que la quejosa sea quien ejerza la guarda y custodia de la misma, ya que lo anterior no resulta perjudicial, además que su padre manifestó que trabajaba. d) El Juez debió ordenar pruebas en materia de psicología y trabajo social de manera oficiosa, para determinar a quién le asiste la guarda y custodia de la menor y con ello cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. e) En consecuencia, no existe causa justificada para que la autoridad responsable pretenda privarla de la guardia y custodia que actualmente ejerce. Lo anterior revela, que si bien la titular de la acción constitucional considera que no es apegado a derecho que se le requiera la entrega de la menor Alisson Mariatne De la Cruz Cervantes, a su progenitor Gustavo De la Cruz Tejada, lo cierto es que dicha actuación por parte de la autoridad responsable es consecuencia de lo ya resuelto provisionalmente desde la audiencia inicial, y corolario a ello, la ahora quejosa se apegó al régimen de visitas que le había sido fijado en su favor, respecto de su menor hija, lo que entraña el consentimiento hacia la determinación del Juzgador, lo que tiene como consecuencia que se tenga por consentido el acto de la autoridad, con todas sus consecuencias jurídicas. Es por la razón anterior, que el acto ahora reclamado solo reitera lo establecido desde la audiencia inicial de diecinueve de agosto de dos mil quince, actuación, que no es controvertida por vicios propios. Más aun, se estima que tales actuaciones también actualizan la causal de improcedencia contenida en la fracción XIV, del citado numeral 61 de la Ley de Amparo, la cual aduce que el juicio de amparo, es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Esto es, si la parte quejosa no combatió de manera oportuna la audiencia de diecinueve de agosto de dos mil quince, por medio de la cual, el Juez decretó las medidas provisionales en el juicio de origen, es inconcuso que el acto debatido en el presente sumario constitucional, no genera una nueva oportunidad, porque es consecuencia directa del primer auto y no es controvertido por vicios propios, porque lo que cuestiona la quejosa es que no existe cusa justificada para que la autoridad responsable pretenda privarla de la guarda y custodia que ejerce sobre su menor hija, lo cual aconteció desde el diecinueve de agosto de dos mil quince. Esto es, no es procedente analizar de manera aislada los actos reclamados respecto de la audiencia inicial de diecinueve de agosto de dos mil quince, en la que se decretaron las medidas provisionales, pues en ésta se decretó a quién le correspondía la guarda y custodia provisional de la menor, en el caso a su progenitor Gustavo de la Cruz Tejada, acto, que es el que precisamente genera molestia a la quejosa. En tales condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIII y XIV, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis de jurisprudencia 70 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, página 116, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Y la tesis sin número, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Tercera Parte, LXXXVII, pagina 9, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Por acto derivado de otro consentido ha de entenderse, para los efectos del amparo, aquel que es consecuencia legal y necesaria del primero y lleva implícito o comprendido a este último. De aquí que, cuando el acto haya sido dictado por aplicación de una ley o, de un reglamento administrativo, no se está en presencia de un acto propiamente derivado de la norma general, sino de un acto que por sí mismo es autónomo, ya que aquella sólo es la razón jurídica que la justicia legalmente, pero no la causa inmediata de su existencia real, que puede o no estar fundada en derecho. Es, pues, cuestión de fondo la de decidir si tal acto es o no legal, constitucional, para los efectos del amparo. En mérito de lo expuesto, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por Marina Cervantes Telles, por propio derecho y en representación de su menor hija Alisson Mariatne De la Cruz, con base en lo dispuesto en los artículos 61, fracciones XIII y XIV, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Además, dicho sobreseimiento debe hacerse extensivo también a la autoridad responsable ejecutora Notificador adscrito al Juzgado Primero Civil de Primer Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, cuya certeza quedó acreditada, pues al ser improcedente por la ordenadora misma suerte deriva a la que ejecuta el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos treinta y nueve, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Séptima Época, que a la letra reza: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable, Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, al rendir su informe justificado manifiesto que respecto de los actos reclamados, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no afecta el interés jurídico de la quejosa, se acota lo siguiente: Cabe precisar, que en virtud de que ya ha quedado demostrado que el presente juicio es improcedente, toda vez que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIII y XIV, de la ley de la materia, por tanto no es necesario analizar la diversa causal que invoca la autoridad responsable (artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo). De ahí que resulta innecesario emprender su análisis, pues aun en el supuesto de que se actualice la misma, traería como consecuencia el sobreseimiento del presente juicio, mismo que ya ha sido decretado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 54/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 414, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, 63, 73, 74, 75, 76, 79, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 364/2016, promovido por Marina Cervantes Telles, por propio derecho y en representación de su menor hija Alisson Mariatne De la Cruz, por los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero de este fallo, por las razones y consideraciones expuestas en el considerando último de esta sentencia.
- Incidental
De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese a los autos el escrito de cuenta, que signa la Asesora Jurídica ********************, adscrita al Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Estado de México, en su carácter de representante especial de la menor quejosa ********************a través del cual realiza manifestaciones en las que manifiesta su conformidad con la resolución emitida el veintidós de abril del año en curso. Información de la cual toma conocimiento este órgano de control, constitucional, para los efectos legales a que haya lugar.
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