Alicia Santos López
Expediente 696/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 696/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Alicia Santos López
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra del auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Alicia Santos López, sin que lo hiciera. En tal virtud, con fundamento en los artículos 2º, 97, fracción I, inciso a), 98, párrafo primero, y 99 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívense las actuaciones como asunto concluido, lo que tiene apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Por último, se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por Alicia Santos López, en el que se concreta a manifestar que solicitó copia de la sentencia en el expediente de origen el diez de diciembre de dos mil veinte, sin dar cumplimiento total a la prevención de uno de junio de dos mil veintiuno, ya que no acredita su personalidad correspondiente en este juicio de amparo. Ahora bien, analizada que es en su integridad la demanda de amparo, así como el escrito a través del cual la quejosa dio cumplimiento al requerimiento efectuado por proveído de uno del presente mes y año, se advierte una causa notoria y manifiesta de improcedencia, que conlleva a que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, a desecharla de plano. En efecto, se advierte una causa notoria y manifiesta de improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIII, en relación con el artículo 17, y quinto transitorio, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: ." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; ." "QUINTO. Los actos a los que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de la misma podrán impugnarse mediante el juicio de amparo dentro de los siete años siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. Los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la presente Ley y que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley que se abroga en virtud del presente decreto, les serán aplicables los plazos de la presente Ley contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución." De lo que se infiere que cuando se reclamen actos emitidos dentro de un procedimiento, el término para interponer la demanda de amparo es de quince días, siguientes, al de su notificación o al que tuvo conocimiento del acto reclamado. Bajo esa tesitura, de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la sentencia de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 1238/2018 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con asiento en esta ciudad. Acto que se tiene por cierto atento a la confesión que del mismo hace la quejosa en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, de lo anterior se desprende, que desde el diez de diciembre de dos mil veinte, la agraviada tuvo conocimiento de la existencia de la resolución reclamada en este juicio de amparo, por lo que el término de quince días para ejercer la presente acción de amparo feneció el dieciocho de diciembre de dos mil catorce. De manera que si la demanda de amparo se presentó hasta el seis de enero de dos mil quince, es indudable su extemporaneidad, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero de la Ley de Amparo, por lo que se impone el DESECHAMIENTO de la demanda de amparo que nos ocupa, ya que, como se apuntó, el término de quince días para presentar la demanda feneció el once de abril de dos mil catorce. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia IV.2o.C. J/7 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la página 1035, tomo XXII, Julio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 177995, cuy rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia." De igual manera, por similitud, la jurisprudencia P./J. 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 163172, que marca: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En ese orden de ideas, cabe precisar que el ordinal 113 de la Ley de la Materia establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De tal transcripción, se colige que si el Juez Federal al analizar el ocurso de demanda, advirtiera la existencia de una causa manifiesta e indubitable de improcedencia, la desechará de plano. En ese contexto, se insiste que en el caso, el agraviado tuvo conocimiento de la existencia de los actos que reclama, desde el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, consintió tácitamente el acto reclamado al haber dejado transcurrir el término de quince días para combatirlo por medio de la acción constitucional, por lo que procede el desechamiento de la demanda en los términos apuntados en este auto. Cobra aplicación al caso, por analogía, la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730, tomo X, Septiembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 193379, que marca: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En consecuencia, al actualizarse la hipótesis en estudio prevista por el artículo 61, fracción XIII, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Alicia Santos López, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número 696/2021-3, por ser el ordinal progresivo que le corresponde, y fórmese expediente. Ahora bien, analizando en su integridad el escrito de demanda resulta necesario ordenar su aclaración a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la misma; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV, 110, y 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se previene Alicia Santos López, para que dentro del término de cinco días, siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído; bajo la más estricta protesta de decir verdad, aclare su demanda, en los siguientes términos: Precise si la demanda la promueve únicamente por su propio derecho, o en representación de su mejor hija Yanci Naara Reyes Santos, toda vez que en el capítulo del incidente de suspensión solicita se le conceda a la mejor hija. Apoya lo expuesto, la tesis I.7o.A.100 K emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, (registro 175345), cuyo tenor es el siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Sin omitir hacer del conocimiento del promovente el contenido de la fracción I, del artículo 261 de la Ley de Amparo que prevé las sanciones para la parte quejosa que al formular su demanda afirme hechos falsos y omita los que le constan en relación con el amparo y que literalmente dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la inteligencia que al cumplir con la prevención de referencia, deberá la parte quejosa exhibir el original y las copias necesarias del escrito aclaratorio, esto es, dos para las autoridades responsables, y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una para la tercero interesas, y dos para los cuadernos incidentales, que dan un total de seis, de conformidad con el primer párrafo del artículo 110 de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento de que en caso de no cumplir con lo anterior, se procederá en términos del artículo 114, párrafos penúltimo y último, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no interpuesta la demanda de que se trata. Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, los señalados en su escrito; además, los medios electrónicos que indica en su demanda. Ahora bien, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 37/2020, de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19, para mejor comunicación, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden entablar comunicación no procesal. En otro aspecto, para evitar dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Al caso concreto, es aplicable la tesis I.6o.C.365 C emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 887, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL AMPARO. SI EL ACTUARIO JUDICIAL, NO OBSTANTE HABERSE PRESENTADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN DISTINTOS HORARIOS Y DÍAS HÁBILES, NO LOGRA LOCALIZAR AL INTERESADO PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO EL AUTO DE REQUERIMIENTO, PREVENCIÓN O ACTUACIONES QUE EL TRIBUNAL ESTIME CONVENIENTE, DEBEN HABILITARSE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR AQUELLA DILIGENCIA COMO LO PREVÉ EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SUPLETORIO DE LA LEY DE LA MATERIA.". Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este Juzgado de Distrito. En la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, éste puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese personalmente al promovente.
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