Alicia López Domínguez

Expediente 44/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
44/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
10/02/2021

Partes del expediente

  • Alicia López Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, diez de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta, con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio 2384/2021 enviado por la Secretaria del Juzgado Decimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en el cual hace del conocimiento de este Juzgado que por auto de veintinueve de enero del año en curso, aceptó la competencia planteada para seguir conociendo de este juicio. En consecuencia, archívese el presente asunto al encontrarse concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero, fracción V, en relación con el ordinal cuarto del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, en su caso, así que una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo signada por Alicia López Domínguez, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 44/2021-3, que por razón de turno le corresponde; y fórmese expediente. Previo hacer pronunciamiento sobre la admisión del juicio de amparo en comento y dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el juicio de amparo indirecto por el numeral 37 de la Ley de Amparo, lo correcto es, en primer lugar, establecer si este órgano de control constitucional tiene competencia para conocer de este asunto. Sentado lo anterior, es conveniente precisar que los preceptos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." De los preceptos transcritos, se advierte la existencia de tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente; y 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Es pertinente señalar que el concepto de competencia en sentido jurídico general se alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de nuestra Carta Magna, que dispone que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Tomando en cuenta lo expuesto y la doctrina, podemos distinguir los siguientes criterios de competencia: 1. Por materia. 2. Por territorio. 3. Por cuantía. 4. Por grado. 5. Inicial. 6. Derivada. Así las cosas, en el presente asunto es de atenderse a la competencia por territorio. Dicho presupuesto procesal se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. Así, se estima que de conformidad con el artículo 37, párrafo primero, de Ley de Amparo, para conocer de un juicio de derechos fundamentales, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido que dicha ejecución a que se refiere este precepto, es aquélla que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 13/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 107, Tomo I, Junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 200781), cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." En el caso a estudio, la parte quejosa reclama ". nombramiento que se me envió al domicilio de mis padres, a lo que el nombramiento está establecido con el nombramiento que supuestamente es la suscrita, con nombre de ALICIA MARTÍNEZ DOMINGUEZ, a lo que me están amenazando que tome cargo y manifestando la suscrita que la que mencionan el dicho nombramiento no soy y refiriendo que mis padres tendrían que asistir a realizar las funciones que supuestamente me designaron y la suscrita lleva viviendo en este municipio más de 10 años, porque no pude estar en la comunidad de Santo Domingo Tepustepec Mixe, Oaxaca, para que me conocieran y estar como segunda secretaria del consejo y vigilancia, así mismo amedrentando a mis padres de nombres Esteban López Martínez y Matilde Domínguez María, que mis padres cuenta el primero con la edad de 66 años y la segunda 76 años, amenazando con quitarles las tierras en las que ellos habitan para que la suscrita tenga que cubrir ese cargo a lo que no estoy de acuerdo, como se mencionó en líneas anteriores la suscrita no he estado en la ciudad de Oaxaca, como para ser elegida dentro del municipio con el cargo que quieren desempeñe, de forma amenazante y dicho nombramiento está con otro nombre que no es la suscrita, toda vez que en ningún momento se reunieron los requisitos de procedibilidad.", además dicho acto reclamado, tendrá ejecución material en la referida localidad. Lo anterior, con base en hechos señalados por la promovente bajo protesta de decir verdad, por lo que de acuerdo al numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el Juez competente para conocer del juicio de amparo, es aquél en cuya jurisdicción se ha ejecutado o tratado de ejecutar el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011; Tomo 3; Página 2183, (registro 160608)que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO." En esas condiciones, con apoyo en lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado declara que carece de competencia legal para conocer de la demanda de cuenta, por ende, se ordena remitirla con sus copias al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por considerar que es quien debe conocer del asunto. Lo anterior, para que conforme a sus atribuciones y dentro del término señalado en el citado artículo 48 del referido ordenamiento legal, determine si acepta o no la competencia que se plantea. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda que se ordena remitir; hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa los estrados de este órgano jurisdiccional y como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo los mencionados en la demanda de cuenta. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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