Alicia Ordaz Sánchez
Expediente 311/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 311/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 15/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alicia Ordaz Sánchez
- Alicia Ordaz Sánchez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
MESA I B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de abril de dos mil veintiuno. Como está ordenado en proveído de diecinueve de marzo del actual, incorpórese a los autos del expediente electrónico de este juicio, el archivo digital relativo a la copia certificada del mismo, a fin de que se conserve en caso de ser requerido con posterioridad. Notifíquese.
- Principal
MESA I B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, por el que informa que la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitó información a esa Dirección en relación con la petición P-1584-15 "·.......... , Miembros de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón, en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advirtió la existencia, entre otros, de este juicio de amparo, relacionado con los actos de la petición, por lo que con fundamento en el artículo 164, fracción VIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, solicita lo siguiente: Antecedentes, desarrollo procesal y estado actual de este expediente, así como los datos relativos en su caso, de los recursos. Síntesis de los razonamientos jurídicos relevantes y el sentido de las sentencias emitidas, así como la fecha en que éstas fueron notificadas. Informe si en los expedientes en mención los peticionarios manifestaron violaciones a su derecho a la libertad personal y/o al principio de legalidad derivado de posibles detenciones arbitrarias y/o prolongadas en su contra. En su caso, la fecha y las medidas que se hayan tomado al respecto. Si refirieron ser víctimas de actos de tortura y de tratos inhumanos y degradantes, derivado de un posible uso arbitrario o desmedido de la fuerza. En su caso, la fecha y las medidas que se hayan tomado al respecto. En ese mismo sentido, indicar si hubo alegaciones sobre transgresiones al derecho al acceso a la justicia, derivado de la falta de investigaciones respecto de los referidos actos. Adicionalmente señalar si los peticionarios hubieran efectuado alegaciones en cuanto a un posible influyentísimo, corrupción y favoritismos políticos. Si se alegaron violaciones a su derecho al debido proceso derivado de una indebida valoración de las pruebas, falta de independencia e imparcialidad en el ejercicio de las labores de algún órgano jurisdiccional y/o vulneraciones al principio de presunción de inocencia derivado de la exposición a medios respecto de alguno de los peticionarios; así como en cuanto a que no se les asignó intérprete. Informar si los peticionarios señalaron transgresión a sus derechos políticos -en cuanto a la falta de respeto a sus formas de representatividad comunitaria; a la libertad de expresión, circulación y residencia por el desplazamiento alegado-; vida, propiedad privada, honra y dignidad; o en general vulneraciones en su contra por ser personas pertenecientes a una comunidad indígena. En su caso, la fecha y las medidas que se hayan tomado al respecto. Indique si las personas peticionarias denunciaron actos constitutivos de abuso de autoridad, criminalización a personas defensoras de los derechos indígenas y comunitarios y daños en sus propiedades y, si manifestaron transgresión a su derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas. Si tiene conocimiento de diversos juicios de amparo y recursos en los que los peticionarios hayan sido parte, y que tenga relación con los hechos que refieren en su petición. De ser el caso, remitir los datos relevantes de los expedientes correspondientes. Cualquier información u observación que estime pertinente para integrar la postura del Estado Mexicano en el presente asunto. Asimismo, pide le sea remitida copia certificada, completa y legible de las siguientes constancias: Escrito de demanda, auto de admisión y/o radicación, prevención y ampliaciones de ser el supuesto. Acuerdo en el que se haya proveído sobre la suspensión de los actos reclamados. Sentencia. Acuerdos mediante el cual se haya declarado cumplida la sentencia y por el que se ordenó el archivo. Auto en los que se hubiere hecho pronunciamiento en relación con las transgresiones alegadas. Al efecto, realícese una revisión al expediente en que se actúa y mediante oficio remítase la información y copia certificada de las constancias respectivas, las cuales certifíquense de manera electrónica y envíense al correo electrónico dgdhigai@correo.cjf.gob.mx o informes_dgdhigai@correo.cjf.gob.mx, lo cual deberá realizarse antes del ocho de abril próximo. Ahora, en caso de que la documentación que se remita exceda del peso permitido para su envío como archivo adjunto en el correo electrónico que se proporciona, como se sugiere, se deberá crear un enlace para transferir archivos, lo cual indíquese en el cuerpo del correo correspondiente. Por otra parte, toda vez que comunica que con posterioridad este expediente podría ser requerido, según las etapas que se desahoguen en el ámbito internacional, sugiriendo resguardar la información del expediente de manera digital; por consiguiente, realícese la digitalización de todas las constancias que integran este expediente e incorpórese al expediente electrónico.
- Principal
MESA I B Vista la certificación de cuenta, como de la misma se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que las partes, hubieren hecho valer recurso alguno en contra del auto de veintisiete de noviembre de dos mil quince, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Notifíquese.
- Principal
MESA I B Vistos los autos y certificación de cuenta, se advierte que concluyó el término concedido en auto de dieciocho de noviembre del año en curso (foja 219), respecto de la vista relativa al cumplimiento que la autoridad responsable dio a la sentencia que concedió el amparo y protección a la quejosa ALICIA ORDAZ SÁNCHEZ, sin que ninguna de las partes hubiere hecho manifestación al respecto; en consecuencia, se procede a analizar la determinación adoptada por la responsable respecto de dicho cumplimiento. El dos de octubre de dos mil quince, se emitió sentencia en la que se concedió el amparo de la Justicia Federal a la quejosa ALICIA ORDAZ SÁNCHEZ, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, dejara insubsistente la resolución de nueve de enero de dos mil quince, dictada en la causa penal 02/2015 de su índice, y dictaran otra la cual podría ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, fundando y motivando la misma, siguiendo los lineamientos puntualizados en la sentencia de amparo, consistentes en: Precisado lo anterior, en la resolución aquí reclamada la autoridad responsable omitió explicar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO con VENTAJA, y el de TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA, lo cual resulta violatorio de garantías, ya que la autoridad responsable, conforme a dicho precepto constitucional, tiene la ineludible obligación de exponerlas y el suscrito, al haber advertido la falta de dicha formalidad, no puede sustituirse y determinar dichas circunstancias al resolver el presente juicio de garantías, ya que dicho proceder no está permitido por la ley de la materia, de ahí que, se considere que la orden de aprehensión aquí reclamada carece de la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe tener, lo cual deviene violatorio de garantías. Por tanto, se hace necesario que la responsable explique con precisión el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se le imputa al ahora quejoso, toda vez que, en caso contrario, éste carecería de elementos para desplegar una adecuada y eficaz defensa, ya que desconocerían la forma y condiciones en que se llevó a cabo la conducta que se le imputa, así, por circunstancia de lugar, debe entenderse como el sitio determinado o ubicación donde ocurrió el hecho atribuido; por la de tiempo, como el momento en que éste aconteció y, por la circunstancia de modo, como la expresión clara y detallada de la forma en que los hechos tuvieron verificativo, es decir, la manera en que se suscitó la perpetración de los hechos imputados. Ahora bien, por lo que respecta a los restantes requisitos señalados en los incisos d) y e) consistentes en que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y, que existan pruebas que hagan probable la responsabilidad de los quejosos, no se cumplen, atento a las siguientes consideraciones. [.] De lo anterior se deduce que, para el dictado de un una orden de aprehensión, como la aquí reclamada, se deberán acreditar, entre otros, los elementos del cuerpo del delito respectivo y la probable responsabilidad de indiciado, con base en los elementos de prueba que obren en la causa hasta ese momento, las cuales deberán ser valoradas por el juez según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico que derive de la verdad conocida y la que se pretenda conocer; auto de formal prisión que deberá fundarse en los preceptos legales correspondientes y en las consideraciones que sustenten la resolución emitida. [.] En principio debe decirse que, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad son apartados totalmente diferentes, que si bien es cierto que, se analizan en una misma resolución, también cierto es que, su estudio y acreditamiento se deberá de realizar por separado, EN INDIVIDUAL POR CADA UNO DE LOS DELITOS, fundando y motivando las razones en virtud de las cuales, el juzgador responsable estima se acredita la probable responsabilidad de los indiciados, debiendo exponer de una forma clara y precisa las pruebas por medio de las cuales se acredita su forma de participación, es decir, en la probable responsabilidad se examina la actividad delictiva desplegada por los inculpados, autoría (forma de intervención), el dolo o culpa y si no existe a su favor alguna excluyente de delito. Como se puede observar de la resolución reclamada, el juez responsable al delimitar el cuerpo de los delitos por los cuales se le sigue la causa penal a la aquí quejosa refirió que era por la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO con VENTAJA, y el de TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA, mientras que al analizar la probable responsabilidad de los quejosos en la comisión del mismo refirió que lo era por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO CON LAS AGRAVANTES DE PREMEDITACIÓN Y VENTAJA y TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO CON LA AGRAVANTE DE VENTAJA inclusive en los resolutivos de la misma se aprecia lo siguiente: [.] De dicha transcripción, dicho resolutor en primer lugar señala que el delito por el que se le dicta orden de aprehensión fue el de HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA y el diverso de TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA, mientras que al analizar la probable responsabilidad de la quejosa y otros así como al establecer los resolutivos de la resolución reclamada, adujo que era por la comisión de los delitos HOMICIDIO CALIFICADO CON LAS AGRAVANTES DE PREMEDITACIÓN Y VENTAJA y TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO CON LA AGRAVANTE DE VENTAJA. Por las circunstancias apuntadas cabe decir, que la resolución combatida adolece de una congruencia interna, pues no existe coherencia entre las afirmaciones y determinaciones contenidas en la resolución del asunto. [.] En ese sentido, se dice que el acto reclamado en análisis, vulnera el principio de congruencia y exhaustividad, y con motivo de ello, se violenta la garantía de legalidad, consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Independientemente que se observa una diversa violación pues al analizar la probable responsabilidad además de la apuntada falta de congruencia en la sentencia se advierte que el juez de la causa soslayó expresar el razonamiento jurídico por medio del cual construyó inferencias, especificando, con base en las testimoniales respectivas, porqué consideró que de todas las declaraciones rendidas se acredita la probable responsabilidad de la parte quejosa. Se dice esto, debido a que de las diversas declaraciones se advierte que, algunos de los testigos estuvieron en el domicilio; otro, manifestó ver cuando los presuntos activos del delito llegaban al domicilio en donde se suscitaron los hechos; otro de los testigos dijo haber observado cuando se llevaban al ahora agraviado en momento posterior a la realización de los hechos perpetrados en su contra; otro más, observó solo la camioneta y el cuerpo ya sin vida. De lo que se colige, que el juez para tener por acreditados la totalidad de los hechos debió efectuar inferencias, basándose en la prueba circunstancial y, por tanto, es necesario que explique cómo es que arribó a la conclusión a la que llegó en el sentido que fueron los quejosos en las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ejecución del ilícito, quienes lo perpetraron. Se considera que el juez de origen omitió establecer los razonamientos lógicos respectivos por los cuales arribó a la conclusión que la calidad del quejoso era como coautor material y, señalar la conducta desplegada por cada uno de los quejosos como "coautores". Lo anterior, debido a que se observa que el juez responsable se limitó a señalar que la conducta desplegada por los quejosos había sido como coautores materiales en términos del artículo 11, fracción II, Código Penal del Estado de Oaxaca, para lo cual hizo referencia a las multicitadas testimoniales y citó una tesis jurisprudencial. Sin embargo, no se advierte que haya explicado por qué consideró que los quejosos habían sido coautores materiales y cuál fue el grado de participación de cada uno de ellos en los hechos que se les imputan. Máxime, que de las declaraciones se observa que participaron aproximadamente treinta personas en los supuestos hechos constitutivos de delito, treinta personas que presuntamente golpearon, patearon y "machetearon" al hoy ofendido, y otros más atentaron contra la vida de la pasivo, sin que se especifique quiénes participaron con golpes y quienes con machete, lo que resulta de trascendental importancia para determinar el grado de participación de los indiciados. De ahí, que se observe que el juez natural soslayó efectuar una legal valoración de la conducta desplegada por la aquí quejosa en los hechos que se les imputan. Ello es así, pues para estar en posibilidad de determinar si son probables coautor materiales, se debe acreditar el acuerdo previo de voluntades y la contribución que se tuvo en la comisión del ilícito que se les imputa, indicando los medios probatorios debidamente valorados con los que se demostró que los quejosos fueron unas de las personas que en el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, probablemente realizaron la conducta delictiva a ellos atribuidas. [.] En esa tesitura, la responsable al emitir la resolución contra el cual se pide amparo, no expresó, en particular cuál fue su aporte conductual para la consecución de la conducta que les es reprochable, por ello, tal omisión se traduce en la imposibilidad de que se pueda fijar concretamente la probable responsabilidad de los que piden amparo en la actualización de los delito reprochados, dado que, la finalidad del artículo 16 Constitucional es precisamente determinar con toda precisión, el delito o delitos que se imputan a un reo, para que éste tenga una base fija para su adecuada defensa, toda vez que, de no hacerlo así, el acto reclamado no acreditaría los extremos requeridos por tal dispositivo. [.] De igual manera, el juez responsable, al valorar las declaraciones de los indiciados, omitió explicar por qué consideró que sus afirmaciones solo se concretaron a negar los hechos que se les imputaron y porqué sus declaraciones juntos con las pruebas de descargo aportadas eran insuficientes para desvirtuar los señalamientos efectuados en su contra. Esto es así, ya que de las declaraciones que obran en autos se observa que los aquí quejosos no solo se dedicaron a negar las imputaciones efectuadas en su contra, sino también aportaron circunstancias en las que presuntamente ellos se encontraban, es decir, alegaron que se encontraron en diverso lugar a la hora de la comisión de los presuntos hechos delictivos. Por lo que se considera, el juez de la causa debió ejecutar un razonamiento ponderativo en el que especificara si era suficiente o no las declaraciones efectuadas para desvirtuar lo a ellos imputado. Asimismo, por cuanto hace a las pruebas de descargo, se estima que el juez responsable de manera dogmática determinó que no tenían valor probatorio alguno, sin que en efecto hiciera un juicio valorativo de las mismas. Sino que de forma contundente señaló que las mismas únicamente habían sido introducidas al proceso para beneficiar a los inculpados; sin que en el caso, haya aportado elemento motivacional alguno que sustentara dicha premisa. Es decir, el juez del proceso no apoyó su determinación en elemento de prueba fehaciente, ni explicó por qué arribó a la conclusión de que los atestes solo intentaron justificar la presunta conducta de los aquí quejosos, por lo que carecían de valor probatorio alguno. Por lo anterior, es que se considera que el juzgador de origen no cumplió con el principio de legalidad de la valoración de la prueba, de ahí que se estime que no se ajustó a los principios que rigen el debido proceso legal y, por tanto, que la resolución impugnada carece de la debida motivación. Por otra parte, el juez del conocimiento también omitió analizar si la conducta que se le atribuye al peticionario de garantía fue realizada de forma dolosa o culposa y, para el caso de que determine que el actuar de los aquí quejosos fue de manera dolosa, deberá explicar cómo es que llegó a esa conclusión, además, deberá exponer si los quejosos conocían los alcances y repercusiones de su proceder. [.] En consecuencia, procede conceder el amparo para que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca: ? Deje insubsistente la resolución de nueve de enero de dos mil quince, dictada en contra de ALICIA ORDAZ SÁNCHEZ, dentro de la causa penal 02/2015, de su índice, ? Hecho lo anterior, dicte una nueva resolución, la cual, podrá ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, fundando y motivando legalmente su determinación, siguiendo los lineamientos puntualizados en este considerando. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable, por resolución de cinco de noviembre de dos mil quince, emitida en el proceso penal 2/2015, dejó sin efecto la orden de aprehensión dictada contra la quejosa Alicia Ordaz Sánchez el nueve de enero del año en curso, y con plenitud de jurisdicción emitió otra resolución en la que estableció que se encontraba acreditado el cuerpo del delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja, cometido en agravio de Manuel Zepeda Lagunas, así como el diverso ilícito de tentativa de homicidio calificado con premeditación y ventaja, cometido en contra de Elisa Zepeda Lagunas, y por otra parte, consideró que no estaba acreditada la probable responsabilidad de la citada quejosa Alicia Ordaz Sánchez, en la comisión de los citados delitos, por lo que negó librar orden de aprehensión en su contra (fojas 183 a 218). Ahora bien, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y la resolución con la que se da cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad judicial responsable cumplió con la misma, pues dejó sin efecto la orden de aprehensión emitida contra la aquí quejosa el nueve de enero de dos mil quince, en la causa penal 2/2015, y con plenitud de jurisdicción negó librar tal orden de captura; por consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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