Alicia Lucia Cruz Reyes
Expediente 1063/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1063/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alicia Lucia Cruz Reyes
Actuaciones
- Principal
MESA II B Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintidós de julio del año en curso (fojas 10 a 15), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Gabriel Fuentes Cruz, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
POR LISTA: MESA II B Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintidós de julio del año en curso (fojas 10 a 15), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Gabriel Fuentes Cruz, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA II B NOTIFICACIÓN PERSONAL
- Principal
POR LISTA: Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por Gabriel Fuentes Cruz, quien se ostenta como apoderado legal de Alicia Lucía Cruz Reyes, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 1063/2015. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO. Como acto reclamado señalo el acuerdo de fecha ocho de junio del año dos mil quince, por medio del cual la responsable en forma ilegal y oficiosa declaró la PRESCRIPCIÓN DE LAUDO dictado con fecha veinticinco de mayo del año dos mil once y ordenó archivar el expediente laboral número D-297/2005 como asunto total y definitivamente concluido. Bajo esa premisa, resulta conveniente precisar que de los antecedentes del acto reclamado el quejoso precisó que: 1.- Por escrito de siete de junio de dos mil cinco, y presentado al día siguiente ante la oficialía de partes de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, Alicia Lucía Cruz Reyes, demandó en la vía ordinaria laboral al Instituto Mexicano del Seguro Social, a Daniel Ochoa Carrasco, Victoria Verónica Mendoza Osorio y Guillermina Carrasco Ruiz, así como a quien o quienes resulten ser propietarios o responsables de la negociación denominada "Productos Dori" o como en lo futuro se le denomine; asunto que fue radicado bajo el número de expediente D-297/2005. 2.- Seguida la secuela procesal el quince de julio de dos mil diez, la junta responsable emitió el laudo respectivo en el que condenó a la parte demandada; resolución que fue impugnada, y respecto del cual en acatamiento al mismo la junta responsable emitió un nuevo laudo. 3.- Después, por auto de diecinueve de agosto de dos mil once la Junta responsable despachó ejecución y comisionó al actuario llevador del expediente para que en compañía de la actora requiriera a los demandados, para que diera cumplimiento al laudo dictado en segunda resolución de veinticinco de mayo de dos mil once, y realizara el pago de las prestaciones reclamadas. 4.- Luego, por escrito de doce de febrero de dos mil quince, la quejosa solicitó la actualización de los salarios vencidos que se siguieron generando; a pesar de ello la quejosa precisa que el veintinueve de junio de dos mil quince le fue notificado el acuerdo de ocho de junio del año en curso por medio del cual la Junta declaró la prescripción del laudo [acto reclamado]. Precisado lo anterior, a juicio del que ahora resuelve la acción de amparo es improcedente, en virtud de que en el caso en concreto se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ese numeral establece, lo que la jurisprudencia ha denominado principio de definitividad, consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que previo a su presentación debe agotarse la jurisdicción ordinaria, de lo contrario, es improcedente. Así, el citado principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea para modificarlo o revocarlo, de tal suerte que cuando exista dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte impetrante, incontrovertiblemente el amparo es improcedente. En otras palabras, el principio de mérito se fundamenta en la naturaleza del amparo, es decir, es un medio extraordinario, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las jurisdicciones y competencias, como consecuencia del ejercicio de los recursos ordinarios, por ello el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensas tendentes a revocar o modificar los actos que se estiman lesivos. Sentado lo anterior, tenemos que la causa de improcedencia invocada, prevé la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación o medios de defensa que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. Los elementos con los que se integra esa causa de improcedencia, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé' dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, según la propia fracción XVIII, del numeral 61, en cita, los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. En el presente caso, con relación al acto reclamado la parte quejosa debió agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta de noviembre de dos mil doce. Tal dispositivo establece: Artículo 849.- Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Para sostener ello, en primer término, es necesario transcribir los artículos pertinentes de la citada Ley Federal del Trabajo que regulan quién debe llevar a cabo el procedimiento de ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje: "Artículo 939. Las disposiciones de este título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación Permanentes y por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas." "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." "Artículo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el presidente cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de la Junta, se girará exhorto al presidente de la Junta de Conciliación Permanente, al de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo a su domicilio, para que se cumplimente la ejecución del laudo." "Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." De los preceptos reproducidos se colige que la ejecución de los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje corresponde llevarla a cabo a los presidentes de las mismas. Asimismo, los artículos relativos a la procedencia del recurso de revisión previstos por la legislación laboral federal, son del tenor literal siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerá: "I. La Junta de Conciliación o la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, cuando se trate de actos de los presidentes de las mismas; "II. El presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o funcionarios legalmente habilitados; y "III. El Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria." "Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne." "Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: "I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; "II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y "III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. "Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta ley." El análisis sistemático de los anteriores dispositivos legales revela que el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes, actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. También estableció que del citado medio de impugnación conocerá, en el primer supuesto, la Junta de Conciliación o la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, cuando se trate de actos de los presidentes de esas Juntas. En la segunda hipótesis, conocerá el presidente de la Junta o el de la Junta Especial que corresponda cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados para llevar a cabo el acto de ejecución. Finalmente, en el tercer supuesto, conocerá el Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del presidente de ésta, o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria. Ahora bien, para estar en aptitud de determinar sobre la necesidad de agotar el recurso de revisión para la procedencia del juicio de amparo, es necesario establecer con claridad si los presidentes de las Juntas tienen o no facultades para ejecutar los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Los artículos 617 y 618 prevén sus facultades en los siguientes términos: "Artículo 617. El presidente de la Junta tiene las facultades y obligaciones siguientes: "I. Cuidar del orden y de la disciplina del personal de la Junta; "II. Presidir el Pleno; "III. Presidir las Juntas Especiales en los casos de los artículos 608 y 609, fracción I; "IV. Ejecutar los laudos dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales en los casos señalados en la fracción anterior; "V. Revisar los actos de los actuarios en la ejecución de los laudos que le corresponda ejecutar, a solicitud de cualquiera de las partes; "VI. Cumplimentar los exhortos o turnarlos a los presidentes de las Juntas Especiales; "VII. Rendir los informes en los amparos que se interpongan en contra de los laudos y resoluciones dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales que presida; y "VIII. Las demás que le confieran las leyes." "Artículo 618. Los presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y facultades siguientes: "I. Cuidar del orden y de la disciplina del personal de la Junta Especial; "II. Ejecutar los laudos dictados por la Junta Especial; "III. Conocer y resolver las providencias cautelares; "IV. Revisar los actos de los actuarios en la ejecución de los laudos y de las providencias cautelares, a solicitud de cualquiera de las partes; "V. Cumplimentar los exhortos que le sean turnados por el presidente de la Junta; "VI. Rendir los informes en los amparos que se interpongan en contra de los laudos y resoluciones dictados por la Junta Especial; "VII. Informar al presidente de la Junta de las deficiencias que observen en su funcionamiento y sugerir las medidas que convenga dictar para corregirlas; y "VIII. Las demás que les confieran las leyes." Como puede advertirse de los preceptos reproducidos, los presidentes de las Juntas tienen, entre otras facultades y obligaciones, la de ejecutar los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y estas últimas, a su vez, tienen las siguientes: "Artículo 614. El Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene las facultades y obligaciones siguientes: "I. Expedir el reglamento interior de la Junta y el de las Juntas de Conciliación; "II. Conocer y resolver los conflictos de trabajo cuando afecten a la totalidad de las ramas de la industria y de las actividades representadas en la Junta; "III. Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones dictadas por el presidente de la Junta en la ejecución de los laudos del Pleno; "IV. Uniformar los criterios de resolución de la Junta, cuando las Juntas Especiales sustenten tesis contradictorias; "V. Cuidar que se integren y funcionen debidamente las Juntas de Conciliación y girar las instrucciones que juzgue conveniente para su mejor funcionamiento; "VI. Informar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de las deficiencias que observe en el funcionamiento de la Junta y sugerir las medidas que convenga dictar para corregirlas; y "VII. Las demás que le confieran las leyes." "Artículo 616. Las Juntas Especiales tienen las facultades y obligaciones siguientes: "I. Conocer y resolver los conflictos de trabajo que se susciten en las ramas de la industria o de las actividades representadas en ellas; "II. Conocer y resolver los conflictos a que se refiere el artículo 600, fracción IV, que se susciten en el lugar en que se encuentren instaladas; "III. Practicar la investigación y dictar las resoluciones a que se refiere el artículo 503; "IV. Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones del presidente en ejecución de los laudos; "V. Recibir en depósito los contratos colectivos y los reglamentos interiores de trabajo. "Decretado el depósito se remitirá el expediente al archivo de la Junta; y "VI. Las demás que le confieran las leyes." De todo lo expuesto se llega al convencimiento de que los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son los que cuentan con facultades para tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos y si, como en el caso, la Junta integrada por el Presidente declaró prescrita la acción para ejecutarlo, es claro que en contra de tal determinación procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, ya que este dispositivo categóricamente establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos de los presidentes o funcionarios legalmente habilitados en ejecución de los laudos, convenios, de las tercerías o de los dictados en las providencias cautelares. Esto es así, ya que una vez que fue dictado el laudo correspondiente cesa la función de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues a partir de ese momento se entra a la etapa de ejecución del mismo, la cual, por disposición expresa de la Ley Federal del Trabajo, artículos 617 y 618, corresponde llevar a cabo a los presidentes de las Juntas, debiendo entenderse que como la solicitud de que se decrete la prescripción de la ejecución en comento se hace precisamente en esta etapa, es claro que a quien corresponde resolver al respecto es al propio presidente y no a la Junta como órgano colegiado, pues esta última no tiene facultades para ello, toda vez que la ley da esa atribución exclusivamente a los presidentes. En consecuencia, es dable concluir que el recurso de revisión procede en contra de la resolución que el presidente dicte en la etapa de ejecución del laudo, ya sea declarando o no la prescripción de la acción para ejecutarlo, por disposición expresa del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que debe ser resuelto por la Junta respectiva, como lo señalan los diversos preceptos 614 y 616. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.95/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 374, tomo XVI, agosto de dos mil dos, materia laboral Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: Época: Novena Época, de rubro y texto: REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, de un análisis realizado del legal transcrito se conoce que contra el acuerdo que ahora se señala como reclamado, la parte quejosa estuvo en aptitud de interponer el correspondiente recurso de revisión, circunstancia que se adminicula con lo contenido en las tesis en cita, que obliga a las partes en una contienda laboral a agotar los medios de defensa que las disposiciones establecen antes de acudir al amparo; ante tales circunstancias, resulta evidente que contra el acto reclamado a la autoridad ordenadora el ahora quejoso estaba en aptitud de interponer en forma oportuna el recurso de revocación al cual hacen referencia el numeral 849 de la aludida ley laboral, porque es parte en el procedimiento natural, además, no se está en ningún caso de excepción a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, aunado a que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, lo que implica la ineludible obligación de la afectada de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado. Sin que para ello obste el hecho de que la parte quejosa hubiese señalado como autoridad responsable a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, no así de manera destacada al Presidente de dicha dependencia, pues no es factible limitar la procedencia del recurso de revisión de mérito al hecho de que la determinación reclamada hubiese sido combatida de manera unitaria o colegiada, puesto también fue emitido por el Presidente de la Junta. Apoya lo anterior, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 1a./J.76/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 918, Libro XXIV, septiembre de dos mil trece, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: REPOSICIÓN. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DE TRÁMITE DICTADAS EN SEGUNDA INSTANCIA EN JUICIOS CIVILES Y MERCANTILES, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA RESOLUCIÓN COMBATIDA EN ESA VÍA HAYA SIDO EMITIDA DE MANERA UNITARIA O COLEGIADA (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO DE COMERCIO). De la interpretación gramatical de los artículos 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 1,334 del Código de Comercio, se desprende que el recurso de reposición procede contra todos los autos y contra todos los decretos que se dictan por los tribunales en el trámite de la segunda instancia, sin importar si son dictados de forma unitaria o colegiada, pues limitar la procedencia del recurso de reposición sólo a las resoluciones que emita uno de los magistrados integrantes de la Sala, resulta contrario a la obligación derivada de los artículos 14 y 17 constitucionales pues, en ese supuesto, el juzgador estaría restringiendo, sin sustento legal alguno, una procedencia genérica establecida por el legislador. Sin que el numeral 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tenga el alcance de cambiar la naturaleza jurídica del citado recurso horizontal. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en la demanda de amparo y por autorizado para tal efecto a la persona que indica, por así haberlo manifestado expresamente la parte quejosa. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la nueva Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
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