Alicia Mijangos Cárdenas
Expediente 270/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 270/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alicia Mijangos Cárdenas
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 13755/2021, remitido vía interconexión con firma electrónica y evidencia criptográfica del Juez y la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, al que se adjunta el acuerdo dictado el doce de mayo del año en curso, en el juicio de amparo 535/2021, de su índice, del que se advierte que se aceptó la competencia planteada avocándose al conocimiento de la demanda promovida por Alicia Mijangos Cárdenas. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General antes descrito. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita se comunica a las partes este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, se transferirá la Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de la Nación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta de abril de dos mil veintiuno. DATOS DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo, promovida por ***contra actos del Juez Mixto de Primera del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca y otras autoridades, que hace consistir literalmente en: IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD RECLAMO: De la autoridad denominada "ordenadora" reclamo el acuerdo de fecha cuatro de junio del dos mil veinte y diez de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente de divorcio incausado número 110/2020. De la autoridad denominada ejecutora (Juez Familiar de Primera Instancia de Matías Romero Avendaño, Oaxaca) reclamo la radicación del exhorto 18/2021 derivado del expediente número 110/2020 acordado en el auto de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, por el cual ordena darle cumplimiento ordenando la notificación del mismo. De la autoridad denominada ejecutora (Ciudadano Actuario o ejecutor de expedientes pares) reclamo la diligencia de notificación, traslado y emplazamiento realizada a las doce horas del nueve de abril del dos mil veintiuno. REGISTRO DE LA DEMANDA Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 270/2021-IV-A. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que, en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Es aplicable en lo conducente, en la jurisprudencia I.2o.P. J/40, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56 (Agosto de 1992), Octava Época, del rubro y textos siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Luego, de acuerdo a la doctrina, la ley y la jurisprudencia, la competencia, al igual que la legitimación, la temporalidad y las causas de improcedencia, son temas de estudio previo y oficioso, pues en el momento en que el órgano jurisdiccional antes de analizar el tópico de la competencia, decide que el acto reclamado es procedente, tal decisión lo obliga a estudiar el fondo del asunto, lo que sólo es lógicamente posible, partiendo en forma expresa o de modo implícito, de la base de que el propio tribunal tiene competencia para el examen del asunto. La competencia constituye un supuesto cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto emita, puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función de que define, aparte de que juez es el competente, la naturaleza del asunto y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, confirme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin de que el resolutor haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. En ese sentido, la ley de la materia prevé diversos tipos de competencia: a) competencia por territorio; b) competencia por materia; c) competencia por grado; d) competencia auxiliar; y e) competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón de territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionado con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. En ese contexto, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Así, del precepto legal transcrito, se deduce, que por regla general será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito del lugar de residencia de la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, siempre que éste no requiera de ejecución material (párrafo tercero). c) El Juez de Distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en su jurisdicción (párrafo segundo). De lo anterior, se advierte que la competencia para conocer de actos que requieren ejecución material, se surte en favor de determinado Juez de Distrito, según el momento correspondiente al período de ejecución, pues cuando no existen aún actos tendientes a lograr ésta, cobra aplicación la primera hipótesis, cuando apenas existe la prevención de llevar a cabo la ejecución del acto, opera la segunda, y así, las subsecuentes, en un orden sucesivo que el legislador establece. Cabe señalar que de esas hipótesis, solamente la primera atiende en forma estricta al lugar en que "debe" ser ejecutado el acto reclamado, pues las restantes admiten salvedades, al dar competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción sobre el lugar donde se pretenda ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, a pesar de que debiera ser ejecutado en otro sitio y no en esa jurisdicción. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa señala como actos reclamados el acuerdo de cuatro de junio del dos mil veinte y de diez de marzo de dos mil veintiuno, dictados en el expediente de divorcio 110/2020, por el Juez Mixto de Primera del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca, lugar en que este Juzgado no ejerce jurisdicción territorial, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Juzgados de Distrito, publicado el quince de febrero de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación. Ahora bien, de dichos autos reclamados y de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que lo que la quejosa reclama es que sólo le hayan otorgado cinco días para contestar la demanda instada en su contra sin considerar que por la distancia entre aquella entidad y en la que se encuentra su domicilio, donde se ordenó el emplazamiento, debió sumarle cuatro días más para su desahogo. Entonces, el efecto de la vista dada, se surte en el juicio de origen pues es en donde tendrá que desahogar en su caso, el cumplimiento a lo que le ordenó el Juez Mixto de Primera del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca, sin que obste que tal determinación se haya ordenado notificar por exhorto, pues sólo fue el conducto para hacerle saber que debe apersonarse ante el juez que lleva a su cargo el juicio de divorcio, a fin de deducir sus derechos, aunado a que no controvierte la actuación del Juez Familiar de Primera Instancia de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, por lo que en realidad reclama que el juez de origen debió otorgarle cuatro días más de los cinco que fijó para poder comparecer al juicio de origen. De ahí, que se colija que este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer este asunto y se determina que corresponde al Juez de Distrito, en turno, en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dado que es en esa jurisdicción donde se va a ejecutar el acto reclamado. En razón de lo anterior y conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, de conformidad con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta incompetente para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa. Apoya lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, con registro 189167, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página mil doscientos noventa y nueve, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Administrativa-Común, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Además, la diversa Tesis I.15o.A.41 K, consultable en la página 2288 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Novena Época, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Asimismo, la tesis I.1o.A.44.A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1299, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En las relatadas condiciones, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, declara carecer de competencia legal para conocer este juicio de amparo y declina la competencia a favor del Juez de Distrito, en turno, en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec; previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia certificada de la demanda de amparo. Se solicita al Juzgado que por razón de turno corresponda el conocimiento del asunto, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada; peticionando remita a la brevedad el acuse el recibo de estilo correspondiente. Déjese copia certificada de la demanda de amparo en sustitución de la original. AUTORIZADO y DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso de cuenta, y para oír y recibir notificaciones a Héctor Gómez Rodríguez. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese.
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