Alicia Hernández Martínez
Expediente 740/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 740/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alicia Hernández Martínez
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que Alicia Hernández Martínez, dentro del plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó de plano la demanda; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso D, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso D, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veintidós Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Familiar, residente en Salina Cruz, Oaxaca y actuario adscrito a dicho juzgado, que hace consistir literalmente en A). DEL JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR CON RESIDENCIA EN ESTE MUNICIPIO, SE RECLAMA: 1. La ilegal CÉDULA DE NOTIFICACIÓN dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario radicado en el Juicio Natural 296/2022 del Juzgado Primero de lo Familiar. 2. El ilegal contenido del auto/acuerdo de fecha Quince de Agosto de Dos Mil Veintidós. -1- La CÉDULA DE NOTIFICACIÓN de fecha ilegible, dicho a quo debe estudiar de forma oficiosa y si no reúne los requisitos señalados en el Compendio Procesal Civil, debe de considerar dejar sin efecto y que se vuelvo a practicar con las formalidades de Ley, sin dejar en estado de indefensión a la parte demandada o notificada, se duele la quejosa del Juez Primero de lo Familiar en esta ciudad, ya que consiente el actuar del responsable de la mesa de actuaria adscrita, es decir, al ser un hecho notorio, no entra al estudio de la Diligencia practicada por el servidor a su cargo, alterando las normas del procedimiento y dejando en estado de indefensión a la parte demandada o notificada, ya que ese contenido no reúne los 2 requisitos establecidos en el artículo 12 del Compendio Procesal Civil, donde el legislador logró plasmar que requisitos debe contener la primera notificación personal así como la cedula de notificación, circunstancia que no se dio. -2-El auto/acuerdo de fecha Quince de Agosto del año en curso, genera vulnerabilidad en mi persona, asi como una alteración al Debido Proceso y las normas, es decir, DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ACTO QUE SE RECLAMA, VIOLA DE FORMA FLAGRANTE Y DIRECTA UN DERECHO HUMANO QUE ES EL DE ACCESO A LA JUSTICIA, DENFENSA DIGNA ASÍ COMO LA ANTERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, esto ha generado un Estado de Indefensión a la quejosa, al haberse privado de los Derechos Constitucionales, Procesales y Humanos, es decir, dichas disposiciones de la autoridad responsable, generó un estado de indefensión, al haberse privado de los Derechos Constitucionales (14 y 16) y Procesales (112 CPC), poniendo en riesgo la alteración de las normas del procedimiento, no contemplando en todo momento un equilibrio procesal, mismas que pudieran en su momento aludir una Defensa Digna y Legitima o simplemente estar en las mismas condiciones jurídicas como de procedibilidad para la defensa legal y transparente que debe contener el Proceso Legal, es decir, el contenido del auto que se reclama, carece del TERMINO O PLAZO por el cual ordena al actuario le haga del conocimiento de la tramitación del presente juicio, sin fundar y motivar su acción, (los tribunales están obligados a fundar y motivar toda acción realizada de forma objetiva) NO ESTABLECE UN TERMINO O PLAZO donde la quejosa forma parte de la Litis del Juicio Sucesorio Intestamentario accionado por el C. ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, circunstancia que pone en RIESGO el DEBIDO PROCESO y genera una ALTERACIÓN AL DEBIDO PROCESO ASÍ COMO COACCIONAR A LA QUEJOSA EL ACCESO A LA JUSTICIA DIGNA Y UNA DEFENSA ADECUADA, PONIENDO EN VENTAJA PROCESAL AL AHORA TERCER INTERESADO, en su momento se emita resolución donde este Tribunal me conceda la protección de las justicia federal, dejando sin efecto el auto de fecha quince de agosto de esta anualidad así como la diligencia de notificación y como consecuencia la cedula de notificación en el expediente 0296/2022 del Juzgado Primero Familiar, se restablezca y así se genere las disposiciones expresas contempladas en el Código de Procedimientos Civiles, Código Familiar para nuestro estado o supletorios, por lo que dicha petición del amparo y protección de este Tribunal Federal, se debe a que no se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento que contemplan dichos ordenamientos violando el Debido Proceso, los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad CONSTITUCIONALES DE SUPREMACÍA, así como mis Derechos Humanos tutelados en nuestra Constitución Federal como Tratados Internacionales, ponderando en todo momento la protección más amplia para la quejosa en base al Paquete de Convencionalidad, este alto Tribunal Federal, está obligado a establecer criterios Internacionales para salvaguardar los Derechos Humanos, estableciendo en todo momento el principio general del Derecho "Nadie debe ser Condenado sin ser Oído" así como "LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO". B) DEL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR CON RESIDENCIA EN ESTE MUNICIPIO, SE RECLAMA: LA ILEGAL DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN Y CEDULA DE NOTIFICACIÓN A LA C. ALICIA HERNANDEZ MARTINEZ dentro del expediente 296/2022 del Juzgado Primero de lo Familiar de este Municipio de Salina Cruz, Oaxaca, referente al Juicio Sucesorio Intestamentario promovido por el C. ARMANDO HERNANDEZ MARTINEZ. Del contenido establecido en la Cédula de Notificación realizada y dejada en manos de la C. ALICIA HERNANDEZ MARTINEZ por el Actuario Judicial Adscrito a la mesa par del Juzgado Primero de lo Familiar con residencia en este Municipio, carece de las FORMALIDADES Y REQUISITOS que debe contener como lo dispone el Artículo 112 del Compendio Procesal Civil en nuestro Estado, se transcribe extracto del artículo 112 ídem: La cedula de notificación a que se refiere este precepto deberá contener: a) Lugar, día y Hora en que practique la notificación; b) El Número de Expediente; c) El nombre de las partes: d) Fecha de la Resolución, y e) El Juzgado que la dictó. De los Cinco requisitos y formalidades que debe contener la CEDULA DE NOTIFICACIÓN, el documento que dicho actuario deja en poder de la quejosa y ahora se anexa a la demanda constitucional, carece por lo menos TRES de ellos, aunado que dentro del presente cedula, no la apercibe de CUAL ES EL PLAZO / TERMINO que la notificada ahora quejosa tiene para responder / contestar o lo que su derecho convenga en dichos días que la Ley le provee para no dejarla en estado de indefensión, SECRAMENTALMENTE no está ni de forma enunciativa, el número de expediente en dicha cédula no existe, máxime que en la primera foja establece un número de expediente con una anualidad inexistente, pero lo más grave, doloso, es que la fecha que estampa dicho actuario judicial es ILEGIBLE, si aún no contiene dicha CEDULA EL PLAZO DE LEY QUE DEBE DISPONER LA AHORA QUEJOSA, MENOS PODRÁ ADIVINAR CUAL ES LA FECHA CORRECTA PLASMADA POR DICHO FUNCIONARIO PÚBLICO, EL CARECE DE DOMICILIO DONDE SE ME FUE NOTIFICADA, circunstancia que pone en RIESGO el DEBIDO PROCESO y genera una ALTERACIÓN AL DEBIDO PROCESO ASI COMO COACCIONAR A LA QUEJOSA EL ACCESO A LA JUSTICIA DIGNA Y UNA DEFENSA ADECUADA, PONIENDO EN VENTAJA PROCESAL AL AHORA TERCER INTERESADO, en su momento se emita resolución donde este Tribunal me conceda la protección de las justicia federal, dejando sin efecto el auto de fecha quince de agosto de esta anualidad así como la diligencia de notificación y como consecuencia la cedula de notificación en el expediente 0296/2022 del Juzgado Primero Familiar, se restablezca y asi se genere las disposiciones expresas contempladas en el Código de Procedimientos Civiles, Código Familiar para nuestro estado o supletorios, por lo que dicha petición del amparo y protección de este Tribunal Federal, se debe a que no se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento que contemplan dichos ordenamientos violando el Debido Proceso, los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE SUPREMACÍA, así como mis Derechos Humanos tutelados en nuestra Constitución Federal como Tratados Internacionales, ponderando en todo momento la protección más amplia para la quejosa en base al Paquete de Convencionalidad, este alto Tribunal Federal, está obligado a establecer criterios Internacionales para salvaguardar los Derechos Humanos, estableciendo en todo momento el principio general del Derecho "Nadie debe ser Condenado sin ser Oido" así como "LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO". ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 740/2022-III-B. DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la admisión o no de la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el citado precepto, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Asimismo, para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éste y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.2o. J/290 de la Octava Época, registro: 210751, Materia Común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página sesenta y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (agosto de 1994), que establece: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia con registro 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VII, Mayo de 1998, visible en la página 890, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese orden de ideas, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite determinar que el acto reclamado por la quejoso se hace consistir en: La cédula de notificación realizada por el actuario judicial adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, derivada de lo ordenado en proveído de quince de agosto de dos mil veintidós, en el Juicio Sucesorio Intestamentario, 296/2022 del índice del Juzgado de su adscripción. El auto de quince de agosto de dos mil veintidós, emitido en el Juicio Sucesorio Intestamentario 296/2022, del índice del Juez Primero de lo Familiar, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, mediante el cual admitió a trámite la demanda promovida por Armando Hernández Martínez a bienes del extinto Jorge Hernández Martínez y entre otras cosas ordenó notificar su admisión a diversas personas, entre ellos la quejosa Alicia Hernández Martínez. Ahora bien, respecto del acto reclamado consistente en la cédula de notificación realizada por el actuario judicial adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, derivada de lo ordenado en proveído de quince de agosto de dos mil veintidós, en el Juicio Sucesorio Intestamentario, 296/2022, el suscrito advierte se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, a la letra dice: " Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" De la intelección al numeral transcrito, se desprende que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De lo anterior se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativa o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Es aplicable a la anterior consideración, la jurisprudencia I. 4o. C. J/25, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, página 361, que dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Lo anterior es así, pues en contra la cédula de notificación realizada el nueve de septiembre de dos mil veintidós, del acuerdo de quince de agosto del año en curso, dictado dentro del juicio sucesorio intestamentario 296/2022, del índice del Juzgado Primero Familiar de Salina Cruz, Oaxaca, procede el incidente de nulidad de notificaciones, conforme a lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que establece: "Artículo 75.- La nulidad de actuaciones por falta o defecto del emplazamiento se tramitará por cuerda separada, conforme al artículo 404 de este Código, sin suspensión del principal, deberá resolverse tan luego se agote el procedimiento incidental, pero siempre antes de pronunciares sentencia definitiva. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones, se tramitarán en la misma forma y se fallarán en la sentencia definitiva." De la interpretación literal de tal precepto, se aprecia que las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, procede el incidente de nulidad. En tal virtud, el suscrito arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado fue emitido por el Juez Primero de lo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca; con lo cual se cumple con el primero de los requisitos relacionados. El segundo de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido del artículo 75 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, del cual se advierte la procedencia de un medio de impugnación que puede hacer valer en el procedimiento, como lo es el incidente de nulidad de notificaciones. En este orden de ideas, el código adjetivo invocado señala expresamente en una de sus disposiciones la procedencia del medio de defensa respecto de la notificación realizada a la quejosa Alicia Hernández Martínez, de acuerdo con el numeral 75 del código mencionado en el párrafo anterior; por tanto, resulta inconcuso la procedencia de un medio de defensa por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada la notificación practicada indebidamente; esto es, el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo en mención. La tercera hipótesis en estudio, también se actualiza en la especie, pues el incidente de nulidad de notificaciones, resulta procedente contra el acto reclamado que surge del procedimiento en que se emitió éste, puesto que debe presentarse ante el juez del conocimiento. La última de las hipótesis relacionadas, también se actualiza, en virtud de que la notificación reclamada puede ser modificada o nulificada, a través del incidente de nulidad de notificaciones, pues dada su naturaleza tiene como finalidad, en el caso que nos ocupa, que el juez nulifique la notificación mal practicada, si así fuera procedente. Por tanto, como el acto reclamado de que se trata en este apartado, se traduce en la notificación de nueve de septiembre del año en curso y ésta puede ser impugnada mediante el incidente referido, previsto en la ley mencionada, es obvio que hubo la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo; por lo cual, resulta inconcuso que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada. Aunado a lo anterior, debe mencionarse que el objetivo del incidente de nulidad, es que el órgano jurisdiccional de origen, confirme, revoque o modifique la actuación que por esta vía constitucional reclama; sin mencionar que en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Máxime, que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa tiene conocimiento de la fecha de la diligencia de emplazamiento, el número de expediente y el tipo de juicio instaurado, y que aquél se encuentra en trámite, pues conforme a sus manifestaciones, expresó que mediante escrito acudió ante el juzgado de origen; de ahí que, está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley que se estimen pertinentes. Sirve de forma ilustrativa el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CVIII, con número de registro 342863, cuyo rubro y texto son: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES, COMO DEFENSA ORDINARIA PREVIA AL JUICIO DE GARANTIAS. AMPARO IMPROCEDENTE (LEGISLACION DE YUCATAN). Si la quejosa en el amparo, reclama que el emplazamiento a juicio se le notificó en casa distinta de aquella en que se hallaba depositada por mandato judicial, pero de las constancias de autos se advierte que dicha quejosa se mostró sabedora de la providencia mal notificada, pues promovió contienda de competencia por inhibitoria, en el juicio, ello demuestra que estuvo en aptitud de hacer valer el incidente de declaración de nulidad, dentro de los tres días siguientes a aquel en que tuvo conocimiento de la notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 37 del Código de Procedimientos Civiles, de manera que si no agotó la mencionada defensa ordinaria dentro del procedimiento, como lo es el incidente de que se trata, el amparo resulta improcedente y debe sobreseerse en el mismo, de acuerdo con los artículos 73, Fracción XIII, y 74, Fracción III, de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 Constitucionales." Sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad previstos en el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, puesto que no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco el acto reclamado consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, tampoco es promovida por persona extraña al procedimiento. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 9/2012 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, Abril de 2012, con registro digital 2000619, cuyo rubro y texto se transcriben: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DELAMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso - demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Así como la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, registro 2005039, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". También resulta aplicable la jurisprudencia P./J.11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro 2017117, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". De igual manera, se hace valer por las razones que se contienen en la misma, la tesis I.3o.C.25 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 2055, registro 2003107, que se comparte, de contenido: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo". Aunado a que también este órgano jurisdiccional respecto al diverso acto reclamado consistente en el auto de quince de agosto de dos mil veintidós, emitido en el Juicio Sucesorio Intestamentario 296/2022, del índice del Juez Primero de lo Familiar, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, mediante el cual admitió a trámite la demanda promovida por Armando Hernández Martínez a bienes del extinto Jorge Hernández Martínez y entre otras cosas ordenó notificar su admisión a diversas personas, entre ellos la quejosa Alicia Hernández Martínez, estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del diverso 107, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la ley de la materia establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;...". Estas porciones normativas disponen que el juicio de amparo será improcedente contra actos que no sean de imposible reparación. En efecto, es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Resulta aplicable, la jurisprudencia de título: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.". En ese contexto, el juicio constitucional indirecto promovido por la quejosa, resulta improcedente respecto del acto reclamado en cuestión, toda vez que la naturaleza del acto que combaten es única y exclusivamente procesal, ya que no son actos cuya ejecución sea de imposible reparación que afecten materialmente derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que con ello únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales vinculados con el Juicio Sucesorio Intestamentario 296/2022, del índice del Juez Primero de lo Familiar, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, por lo que, al finalizar el juicio respectivo, la parte promovente del amparo puede obtener una sentencia favorable a sus intereses, sin que dicha violación haya trascendido al sentido del fallo o dejado huella en su esfera jurídica. De lo expuesto, se deriva un elemento toral para considerar que los actos impugnados no son susceptibles de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, porque, se reitera, no se trata de violaciones que causen al impetrante de amparo un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación en los términos requeridos por la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE." De igual forma, la jurisprudencia de epígrafe: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION." En la especie, se estima que el acto en estudio no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, habida cuenta que se traduce, en su caso, en una violación intraprocesal que puede resarcirse en la sentencia que se llegue a dictar en el procedimiento natural, o bien, de no ser así, ésta es susceptible de reclamarse mediante el juicio de amparo directo que, en su momento, se promueva contra la resolución que resuelva la segunda instancia, en términos de lo establecido en los artículos 170 fracción I, 171 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Esto se considera así, ya que del análisis integral de los dispositivos citados, se colige que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se formulen en la demanda de amparo directo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que genera la procedencia al juicio de amparo en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza, si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si las infracciones trascendieron o no, afectando las defensas de la parte quejosa, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si el laudo es favorable a aquél contra quien se cometieron aquéllas, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente violaciones procesales, como en la especie acontece, el juicio deviene improcedente. Es aplicable la jurisprudencia intitulada: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO." Igualmente cobra aplicación, la jurisprudencia de rubro: "VIOLACIONES PROCESALES. MATERIA DEL AMPARO DIRECTO." En ese orden de ideas, si el acto reclamado en una parte lo constituye el auto de quince de agosto de dos mil veintidós, emitido en el Juicio Sucesorio Intestamentario ***, del índice del Juez Primero de lo Familiar, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, mediante el cual admitió a trámite la demanda promovida por ***a bienes del extinto ***y entre otras cosas ordenó notificar su admisión a diversas personas, entre ellos la quejosa Alicia Hernández Martínez; es evidente, que no constituye de manera alguna, un acto que conculque derechos sustantivos de la peticionario de amparo; por tanto, como ya se dijo, la quejosa deberá reclamarla, en su caso, como conceptos de violación en la demanda de amparo directo que, de ser su intención, promueva contra de la sentencia que dirima el juicio de origen. Así, es evidente que el acto reclamado no constituye de manera alguna, un acto que conculque materialmente derechos sustantivos de la accionante del amparo, porque como ya se estableció, las violaciones que alega son susceptibles de ser resarcidas al dictarse la sentencia en el juicio natural y, en caso de ser desfavorable a sus intereses, puede ser reclamado mediante el juicio de amparo directo, que en su caso promueva contra dicha resolución, lo que hace improcedente la acción constitucional intentada. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia que prevén el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda promovida por Alicia Hernández Martínez, por propio derecho, atento a lo que establece el diverso numeral 113 del ordenamiento indicado. Lo anterior se sustenta en la tesis de rubro: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS." DOMICILIO Téngasele a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud del promovente para su práctica en la dirección electrónica que menciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, lo cierto es que en la especie de la consulta realizada al "Reporte de autorizados para consultar expediente electrónico" visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que dicho correo no está asignado a usuario alguno, siendo obligación de las partes gestionarlo de manera expresa y proporcionar el usuario que asignaron al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo previsto en los numerales 35 en relación con el 55 del Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. No obstante, respecto de la citada dirección electrónica que proporciona, en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tienen como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se le llegaran a formular. AUTORIZADOS Por otra parte, téngase únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere, por no tener demostrada su personalidad en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el precepto 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega de los oficios correspondientes a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente; sin ulterior acuerdo, previa razón de impedimento que levante para debida constancia los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, dado que el asunto fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 22 del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se les exhorta (invita) continúen dicha tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista, misma que hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza al secretario del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa
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