Alicia Hernández Ruiz y Otros.

Expediente 393/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
393/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
11/06/2018

Partes del expediente

  • Alicia Hernández Ruiz y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ... se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer... se declara que CAUSÓ ESTADO para los efectos legales procedentes... archívese este asunto como concluido....

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: Las quejosas *** cumplen con la prevención efectuada en autos; por tanto, se realiza el siguiente pronunciamiento: SEPARACIÓN DE JUICIOS De la lectura a la demanda de amparo y de los escritos aclaratorios de la misma, se observa que los actos reclamados consisten en: a) Del ***, las quejosas reclaman el auto de *** dictado en el expediente laboral *** de su índice. b) Del ***, las quejosas reclaman la omisión de dar contestación a la solicitud realizada por el ***, en la que dicho ayuntamiento solicitó al Congreso Legislativo del Estado de Veracruz la autorización para enajenar determinados bienes para cumplir con el laudo emitido en el expediente laboral *** del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Ahora bien, del análisis de la demanda se advierte que los actos reclamados se encuentran desvinculados entre si; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo procede la separación material de juicios. Por lo tanto, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo únicamente por el acto que las quejosas reclaman del Congreso Legislativo del Estado de Veracruz y de la Presidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, ambos con sede en esta ciudad, consistente en: La omisión de dar contestación a la solicitud realizada por el ***, en la que dicho ayuntamiento solicitó al Congreso Legislativo del Estado de Veracruz la autorización para enajenar determinados bienes para cumplir con el laudo emitido en el expediente laboral *** del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. En ese sentido, respecto del diverso acto reclamado por las quejosas consistente en el auto de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad en el expediente laboral *** de su índice, obténgase copia certificada de la demanda de amparo, para que se estudie por separado en diverso juicio de amparo; hecho lo anterior, gírese atento oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales conducentes en relación con la presente separación de juicios. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro: 917,944 Jurisprudencia Materia(s): Común Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Tesis: 410 Página: 353 SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De las constancias que obran en autos se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos artículos 5, fracción I, 6 y 15 de la Ley de Amparo y 8° Constitucional. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Asimismo, los artículos 1, 5, 6, fracción I y 15 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita... Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad... De los artículos 1 y 5 de la Ley de Amparo previamente transcritos se advierte que el juicio de amparo puede promoverse contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos y las garantías para hacerlos valer, siempre y cuando el acto de autoridad perjudique a la esfera del quejoso, lo cual refleja que por regla general la legitimación para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona física o moral directamente agraviada por la norma, acto u omisión que estime violatorio de derechos, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena de que el quejoso es titular del derecho que dice le es violado. Por otra parte, el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece excepcionalmente que la demanda de amparo podrá ser interpuesta por cualquier otra persona a nombre del quejoso, aunque dicha persona sea menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el directo quejoso se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Adicionalmente, debe destacarse que el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Asimismo, dicho precepto establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. HECHOS En el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: La omisión del Congreso Legislativo del Estado de Veracruz y de la Presidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, ambos con sede en esta ciudad, de dar contestación a la solicitud realizada por el ***, en la que dicho ayuntamiento solicitó al Congreso Legislativo del Estado de Veracruz la autorización para enajenar determinados bienes para cumplir con el laudo emitido en el expediente laboral *** del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. En otro aspecto, se advierte que las quejosas *** promueven este asunto por propio derecho; de igual forma, de la demanda y los escritos aclaratorios relativos se advierte que la omisión reclamada dada su naturaleza afecta directamente los derechos de quien realizó la petición, es decir, el ***. Asimismo, no se advierte representación alguna de las quejosas respecto del ***, ni la imposibilidad de dicho ayuntamiento para promover la demanda de amparo por propio derecho y/o por conducto de su representante o apoderado legal. CONCLUSIÓN En ese sentido, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia que prevé la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues las promoventes carecen de legitimación para impugnar la omisión referida en relación con el derecho de petición protegido por el artículo 8 Constitucional, porque el titular de los derechos afectados por la omisión de las autoridades de referencia es el ***, que es el quien podría controvertir esa determinación; asimismo, las promoventes no acreditaron encontrarse en alguno de los supuestos de excepción mencionados en los párrafos que anteceden que le permita promover el juicio de amparo a favor del *** (directo quejoso). Lo anterior, sin perjuicio de que las quejosas, de considerarlo pertinente, ejerzan el derecho de acción correspondiente para que le sea cumplido el laudo emitido en el expediente laboral *** de su índice. Es aplicable al caso la tesis siguiente: No. Registro: 230,956 Tesis aislada Materia(s): Administrativa Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988 Tesis: Página: 95 AMPARO, LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO. (AGRAVIO INDIRECTO). No debe confundirse la falta de legitimación en causa, derivada de no tener el quejoso la titularidad de los derechos o posesiones que dice se afectan con motivo del acto que reclama, a que se refiere el artículo 4o. de la Ley de Amparo, con la cuestión relativa a si el propio acto es susceptible de originarle perjuicio, por infringir alguna garantía constitucional, toda vez que esto último atañe al fondo del asunto y sirve para conceder o negar el amparo. Por tanto, si se reclama la orden de clausura de un establecimiento comercial, la circunstancia de que el quejoso sea el titular del contrato colectivo de trabajo y el que los trabajadores puedan resentir una lesión patrimonial, como consecuencia o repercusión de la clausura, no da base para la interposición del amparo, que sólo puede ser promovido por el directamente afectado, en el caso el propietario del establecimiento. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: Las quejosas *** y *** pretenden dar cumplimiento a la prevención realizada el nueve de mayo de dos mil dieciocho (fojas 22 a 25) la cual consistió en que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD cumplieran con lo siguiente: Precisaran específicamente cuál es el acto que atribuían a las autoridades responsables denominadas Congreso Legislativo del Estado de Veracruz y Presidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, ambos con sede en esta ciudad. Del contenido del escrito de cuenta se advierte que las quejosas *** y *** bajo protesta de decir verdad manifestaron que reclaman del Congreso Legislativo del Estado de Veracruz y Presidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, ambos con sede en esta ciudad, el siguiente acto: La omisión de dar contestación a la solicitud realizada por el Ayuntamiento Constitucional de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz, en la que solicitó dicho ayuntamiento al Congreso Legislativo del Estado de Veracruz la autorización para enajenar determinados bienes para cumplir con el laudo emitido en el expediente laboral *** del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Asimismo, del contenido del escrito que se provee se advierte que las quejosas aducen reclamar la omisión referida en relación con el derecho de petición protegido por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, debe destacarse que el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Asimismo, dicho precepto establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. De lo anterior, se concluye que artículo precisado en el párrafo anterior garantiza que las autoridades deben responder cualquier solicitud en breve término y dar a conocer la respuesta a quien lo solicitó. En mérito de lo anterior, se advierte que si bien la parte quejosa manifiesta qué es lo que por esta vía reclama al Congreso Legislativo del Estado de Veracruz y a la Presidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, ambos con sede en esta ciudad, del contenido del escrito aclaratorio que en esta fecha se provee se advierten nuevas imprecisiones que son necesarias subsanar para fijar la litis en este asunto. Lo anterior se afirma debido a que las quejosas manifestaron bajo protesta de decir verdad que la omisión está relacionada con una solicitud que realizó el Ayuntamiento Constitucional de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz a las autoridades precisadas en líneas anteriores; sin embargo, debido a que el artículo 8 Constitucional protege el derecho de petición del solicitante no queda clara la participación de las quejosas en la solicitud que dio origen a la referida omisión, o bien, cuál es la petición que realizaron a título personal y de manera escrita a las autoridades responsables mencionadas en este párrafo; por tanto, a efecto de no producir estado de indefensión a las quejosas, se interrumpe el término concedido, el cual se reanudará hasta el día siguiente al en que surta efectos la legal notificación personal que se practique de este acuerdo, y se le hace del conocimiento que le restan CUATRO DÍAS HÁBILES para cumplir íntegramente con lo siguiente: Por escrito y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD precisen específicamente cuál es la solicitud por escrito que realizaron a título personal a las autoridades responsables denominadas Congreso Legislativo del Estado de Veracruz y Presidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, ambos con sede en esta ciudad, las cuales fueron omisas en darle contestación, o si en su caso de no existir dicha solicitud, indiquen si desean insistir en señalar a las citadas autoridades como responsables en este asunto. Se hace del conocimiento a las quejosas de referencia que queda subsistente el apercibimiento decretado en autos y, en caso de incumplimiento, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro No. 182896 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Noviembre de 2003 Página: 133 Tesis: 2a./J. 106/2003 Jurisprudencia Materia(s): Común AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.

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