Alicia García Zurita y Otros.
Expediente 579/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 579/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alicia García Zurita y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra del proveído en que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, en el término legalmente establecido; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, y en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio STPSP/DGJyT/DA697/2015, la Presidenta de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del laudo dictado en el expediente laboral 523/V/2010-VI de su índice, el catorce de mayo de dos mil quince (fojas 42 a 50). PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, atendiendo a las constancias que integran este expediente y las que se proveen, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)". De acuerdo con los preceptos transcritos, se concluye que la causa de sobreseimiento del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional o convencional, como si se hubiese concedido el amparo, o bien, se dejó de afectar la esfera jurídica del gobernado. Así, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. HECHOS En el caso, el acto reclamado por el quejoso se hizo consistir en la omisión de emitir el laudo correspondiente en los autos del expediente laboral 523/V/2010 del índice de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. En congruencia con lo anterior, de las constancias remitidas por la autoridad responsable (fojas 32 a 55), se advierte que el catorce de mayo de dos mil quince (fojas 42 a 50), dictó el laudo correspondiente en los autos del mencionado expediente laboral. CONCLUSIÓN Por tanto, si el acto reclamado consistía en omisión de la autoridad responsable de dictar laudo en los autos del expediente laboral 523/V/2010 de su índice y, considerando que el catorce de mayo de dos mil quince, dictó el correspondiente laudo en dicho expediente, es de concluirse que la responsable ha dejado de afectar los derechos de la parte quejosa, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos reclamados, sino la desaparición total de sus efectos. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Registro No. 193758 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Segunda SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaIX, Junio de 1999Página: 38Tesis: 2a./J. 59/99JurisprudenciaMateria(s): Común "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional, dejándose sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Registro No. 173878 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXIV, Noviembre de 2006Página: 991Tesis: II.2o.P. J/23JurisprudenciaMateria(s): Común "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto." Con apoyo en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme con el artículo 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de este proveído a la parte que lo solicite.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada de las constancias requeridas en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a la parte quejosa por el término de TRES DÍAS para que manifieste lo que a su interés legal convenga, y tómense en cuenta al momento de resolver este asunto de conformidad con los artículos 75 y 124 de la Ley de Amparo.
- Principal
Del estado procesal que guarda este juicio, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, residente en esta ciudad, manifestó en su informe justificado (foja 24), que la emisión del laudo relativo, en los autos del expediente laboral 523/V/2010-VI de su índice, se encuentra en proceso de elaboración. Por tanto, debido a que a la fecha únicamente se cuenta con las actuaciones dictadas en el mencionado expediente laboral hasta el diez de diciembre de dos mil catorce, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días legalmente computado remita copia certificada de las constancias que obren en los autos del expediente laboral 523/V/2010-VI de su índice, posteriores a la de diez de diciembre de dos mil catorce; apercibida que de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa consistente en treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis siguiente: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Para dar margen a lo anterior, no ha lugar celebrar la audiencia constitucional fijada para hoy, y en su lugar se señalan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo; la cual se fija objetivamente, atendiendo la disponibilidad de fechas que presenta la agenda de audiencias.
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