Alicia Gómez Gutiérrez

Expediente 2136/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2136/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
24/03/2023

Partes del expediente

  • Alicia Gómez Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    EN TERMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de donde se desprende que ha transcurrido el término de tres días que se concedió a la parte quejosa, mediante proveído de tres de marzo del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable Comisionado Ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad e Tepic. Luego, tomando en consideración que en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ALICIA GOMÉZ GUTIÉRREZ, para el efecto de que el Titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, emitiera una respuesta a la solicitud que le presentó la parte quejosa, el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós; y, le fuera notificada de inmediato a la parte quejosa. En cumplimiento a ello el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad e Tepic, mediante oficio CEAIV/NAY/0092/203, recibido en este Juzgado el dos de marzo de del año en curso, acompañó en copia certificada del diverso oficio CEAIV/NAY/0509/2022, de treinta de noviembre de dos mi veintidós, mediante el cual da contestación a la solicitud presentada por la parte quejosa, el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós; restituyendo de esa manera a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos constitucionales violados. Sin que obste a lo anterior, que la autoridad responsable no hubiere acreditado que notificó a la quejosa del oficio por el cual dio contestación a su petición, toda vez que para efectos del cumplimiento al presente juicio de amparo, la quejosa tuvo conocimiento de su contenido al notificársele la vista que se le otorgó por auto de tres del mes y año en curso, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes. Resulta aplicable a lo anterior por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 36/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos sesenta y nueve, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señalan: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa por auto de tres de marzo de dos mil veintitrés y, el día de hoy, se tiene por cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso a) de la fracción I del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar tanto provisional como definitiva se negó; en tanto que, el duplicado respectivo, también es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de donde se desprende que ha transcurrido el término de tres días que se concedió a la parte quejosa, mediante proveído de tres de marzo del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable Comisionado Ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad e Tepic. Luego, tomando en consideración que en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ALICIA GOMÉZ GUTIÉRREZ, para el efecto de que el Titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, emitiera una respuesta a la solicitud que le presentó la parte quejosa, el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós; y, le fuera notificada de inmediato a la parte quejosa. En cumplimiento a ello el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad e Tepic, mediante oficio CEAIV/NAY/0092/203, recibido en este Juzgado el dos de marzo de del año en curso, acompañó en copia certificada del diverso oficio CEAIV/NAY/0509/2022, de treinta de noviembre de dos mi veintidós, mediante el cual da contestación a la solicitud presentada por la parte quejosa, el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós; restituyendo de esa manera a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos constitucionales violados. Sin que obste a lo anterior, que la autoridad responsable no hubiere acreditado que notificó a la quejosa del oficio por el cual dio contestación a su petición, toda vez que para efectos del cumplimiento al presente juicio de amparo, la quejosa tuvo conocimiento de su contenido al notificársele la vista que se le otorgó por auto de tres del mes y año en curso, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes. Resulta aplicable a lo anterior por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 36/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos sesenta y nueve, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señalan: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa por auto de tres de marzo de dos mil veintitrés y, el día de hoy, se tiene por cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso a) de la fracción I del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar tanto provisional como definitiva se negó; en tanto que, el duplicado respectivo, también es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, a través del cual hace manifestaciones e informa sobre el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al referido cumplimiento; apercibida que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito resolverá al respecto conforme a las constancias que obran en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que dentro del término legal concedido, las partes no se inconformaron con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que esa sentencia CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Luego, tomando en consideración que en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé el artículo 260 de la Ley de la Materia, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.

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