Alicia Flores Chávez

Expediente 773/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
773/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
02/09/2021

Partes del expediente

  • Alicia Flores Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se desprende que , no se inconformó en contra de la determinación mediante la cual se desechó de plano por notoriamente improcedente su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. En acatamiento al artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, éste órgano judicial determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por ende una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Director del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic (SIAPA), en cumplimiento al auto de dos de julio del año en curso, señala las constancias que estima pertinentes para la substanciación del recurso de queja interpuesto en autos. De lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el oficio de cuenta, por medio del cual la Jueza Mixto de Primera Instancia, con residencia en Las Varas, Nayarit, remite a este Juzgado la demanda de amparo promovida por ALICIA FLORES CHÁVEZ, por su propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Las Varas, Nayarit. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 773/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del análisis de esa demanda de amparo, este Juzgado de Distrito advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la Materia dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Ahora bien, la parte quejosa reclama específicamente el acuerdo de veintidós de enero de dos mil veintiuno, dictado en los autos del expediente familiar número 09/2021, promovido por Adrián Ortega Rosas, en su carácter de parte actora, mediante el cual se decretó como medida provisional la custodia de su menor hijo U.A.O.F a favor del actor. Ahora bien, el artículo 463 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, prevé: "Artículo 463. El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores y de alimentos, y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas que tiendan a preservarla y a proteger a sus miembros." Luego, si el acto que reclama la parte quejosa tiene el carácter de una "medida precautoria", la cual se homologa a una "medida cautelar o provisional", por lo que dichos términos pueden ser utilizados indistintamente, dado que tienen la misma naturaleza, esto es, son aquellas que se adoptan preventivamente por los tribunales y estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al rocedimiento en el que se hayan acordado, o hasta que éste finalice, aunque podrán ser modificadas o revocadas durante el curso del procedimiento si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se hayan adoptado; afirmación que se ve corroborada con la definición contenida en el "Diccionario Jurídico Mexicano", editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Décima Quinta Edición, Tomo I-O, página 2091, que al respecto literalmente señala: "MEDIDAS CAUTELARES. I. Calificadas también como providencias o medidas precautorias, son los instrumentos que puede decretar el juzgador, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso. II.- Este es uno de los aspectos esenciales del proceso, ya que el plazo inevitable (que en la práctica llega a convertirse frecuentemente en una dilación a veces considerable por el enorme rezago que padecen nuestros tribunales), por el cual se prolonga el procedimiento hasta la resolución definitiva de la controversia, hace indispensable la utilización de estas medidas precautorias para evitar que se haga inútil la sentencia de fondo, y, por el contrario, lograr que la misma tenga eficacia práctica..." En ese contexto, previamente a promover el presente juicio constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de impugnación previsto por el artículo 630, fracción II, en relación con el diverso numeral 113, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, en virtud del cual podrá obtener la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. En efecto, los artículos 113 y 630, fracción II, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, disponen: "Artículo 113. La persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, podrá reclamarla hasta antes de la sentencia ejecutoria, para cuyo efecto se le notificará dicha providencia, en caso de no haberse ejecutado con su persona o con su representante legítimo. Igualmente podrá reclamarla en cualquier tiempo un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto de secuestro. También podrá otorgar contragarantías que se fijarán a criterio del Tribunal para suspender los efectos de la providencia." "Artículo 630. Esta clase de incidentes tendrá lugar en cualquiera de los casos siguientes: (...) II. La reclamación contra una medida cautelar;" Entonces, la quejosa Alicia Flores Chávez, pudo combatir el acuerdo reclamado a través del referido incidente, que es el medio de impugnación procedente, de acuerdo con lo previsto en los citados numerales 113 y 630, fracción II, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit. Lo anterior, en virtud de que la única exigencia que prevé el primero de los dispositivos transcritos para que pueda reclamarse una medida cautelar, es que tal reclamación se realice antes de que se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio natural de donde provenga dicha medida provisional; luego, si se toma en cuenta que????????????????tratándose de asuntos en materia de familia, las resoluciones judiciales firmes dictadas en este tipo de juicios pueden alterarse o modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten al ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente, tal como lo establece el artículo 251 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado; es inconcuso que en el caso, la referida medida provisional es viable reclamarse en la vía incidental. Cobra aplicación al caso, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de este Vigésimo Cuarto Circuito, en la tesis XXIV. 1º.2 C, visible en la página 871, Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dos, Novena Época, que dice: "MEDIDAS CAUTELARES. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS DECRETE ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, SI PREVIAMENTE NO SE AGOTÓ LA VÍA INCIDENTAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT). De una interpretación sistemática y armónica de los artículos 104, fracción III, 109 y 113 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, se deduce que la resolución que decreta las medidas cautelares puede ser reclamada en la vía incidental; en una primera hipótesis, hasta antes de la sentencia ejecutoriada, siempre que el afectado figure como parte en el procedimiento y, en una segunda, puede reclamarse en cualquier tiempo, siempre que se trate de un tercero ajeno a juicio, tal y como lo refiere el artículo 113, párrafo segundo, del código citado, no obstante que en el primer supuesto el afectado no haya sido llamado a juicio, pues si haciéndose sabedor de su existencia promueve demanda de amparo indirecto sin que previamente hubiera agotado la vía incidental, es evidente que se actualiza, en el primer caso, la causal de improcedencia que establece el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo." También sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia III.5o.C. J/4, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1284, Tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil tres, Novena Época, que dice: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. EN SU CONTRA PROCEDE, PREVIAMENTE AL AMPARO, LA RECLAMACIÓN INCIDENTAL PREVISTA POR EL ARTÍCULO 253 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO. De los artículos 252 y 253 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco se advierte que entre sus disposiciones no existe ninguna contradicción ni antinomia, pues el primero establece que la resolución que conceda una medida precautoria 'no admite recurso alguno', prohibición general referida directamente a los recursos ordinarios que prevé el mismo código, es decir, apelación, revocación y queja, en tanto que el segundo de manera expresa establece no un recurso sino un medio de defensa disponible sólo para el ejecutado y el tercero, quienes pueden impugnar la providencia o su ejecución a través de la reclamación vía incidental. Por tanto, para que proceda el amparo indirecto contra el embargo precautorio es indispensable que el ejecutado o, en su caso, el tercero promovente del amparo, agoten previamente dicho medio de defensa." En ese contexto, previo a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa tuvo que haber agotado el medio ordinario de defensa previsto en los artículos 113 y 630, fracción II, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, pues por medio de esa vía el acto reclamado pudo haberse revocado, modificado o nulificado. En ese tenor, se llega a la convicción de que efectivamente, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, máxime cuando no se está en ninguno de los casos de excepción que prevé dicho precepto. Es aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 307, Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación, febrero de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo." Y la jurisprudencia I.6o.C. J/37, visible en la página 902, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de dos mil dos, Novena Época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Además, debe decirse que en el presente asunto, no se está en los casos de excepción a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de la Materia, dado que el acto reclamado no ésta en ninguna de las hipótesis ahí contenidas, ni se actualiza el tópico previsto en el inciso c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el quejoso es parte en el juicio de controversias del orden familiar 09/2021 del índice del juzgado responsable. En las relatadas condiciones, lo procedente es DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por Alicia Flores Chávez, en atención a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia.

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