Alicia Flores Fuentes
Expediente 1216/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1216/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 31/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alicia Flores Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la certificación que antecede y del estado de autos se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictada por este Juzgado de Distrito, en el cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Juicio de amparo: ******************** y su acumulado ******************** Parte quejosa: ********************. Jueza: Nadyelly López Guevara Secretario: Mac Quetzin Murillón Duarte S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto ******************** y su acumulado 1217/2022; y R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escritos depositados el cuatro de agosto de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitidos el cinco de agosto siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, ********************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las siguientes autoridades: [1] Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, [2] Director General de Proximidad Social de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos -en su denominación correcta-; [3] Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos -en su denominación correcta-; [4] Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Ayala, Morelos -en su denominación correcta-; [5] Policía Primero encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Yecapixtla, Morelos -en su denominación correcta- y [6] Secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Yautepec, Morelos, -en su denominación correcta-, por los siguientes actos reclamados: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- El ilegal ARRESTO ADMINISTRATIVO dictado en mi contra, probablemente dentro del expediente administrativo ********************, dictada por la autoridad responsable Ordenadora y tratada de cumplirse por la autoridad Ejecutora tendiente a procurar mi arresto y la consiguiente privación ilegal de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas, así como contra sus efectos y consecuencias. B).- Los apercibimientos y multas probables dentro del expediente Administrativo número ********************, sin tener la certeza jurídica en virtud que, no me ha sido notificado de manera personal y directa auto que ordene lo referido. B).- (sic) La DEMORA (sic) en exceso en pronunciarse respecto a dos recursos de reconsideración promovidos en los autos del expediente administrativo número ********************, del índice de la PRIMERA SALA (sic) del Tribunal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad Capital de Cuernavaca, Morelos; Bajo (sic) Protesta (sic) de decir Verdad (sic) manifiesto que con fecha 08 ocho de marzo y 16 dieciséis de mayo de la presente anualidad (2022) se interpusieron recursos de reconsideración contra el auto de fecha 18 dieciocho de febrero del año 2022 dos mil veintidós, y en contra del AUTO de fecha 29 veintinueve de abril del año 2022 dos mil veintidós, respectivamente, este último recurso se promovió precisamente por el ARRESTO ADMINISTRATIVO POR 03 TRES HORAS, sin que a la presente fecha dicten resolución correspondiente, este último requerimiento sin haber sido notificado de manera PERSONAL Y DIRECTA (sic). 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Admisión de la demanda, acumulación y trámite del juicio. Por auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, este juzgado admitió a trámite las demandas de amparo, ordenó acumular la demanda de amparo ********************a este juicio ********************, en términos del numeral 66 de la Ley de Amparo, en estricto acatamiento al principio de economía procesal y con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, además, precisó que aunque las quejosas presentaron su demanda por propio derecho y en su carácter de Titular de Asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Cuautla, Morelos y como Secretaria municipal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, respectivamente, no obstante, sólo tuvo incoado el presente juicio por propio derecho y no con el carácter de autoridades que representan, al advertir que el acto reclamado consistía en la afectación personal y directa que les causaban la orden de arresto y las posibles multas que se les impusieron. En el mismo acuerdo precisado en el párrafo que antecede, este Juzgado de Distrito pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, requirió a la autoridad responsable para que proporcionara el nombre y domicilio de la parte tercera interesada, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 5° fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tuvo con el carácter de tercero interesado a ********************y se ordenó su emplazamiento por conducto del actuario adscrito. Asimismo, el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, una vez seguidas las reglas de las notificaciones personales, se emplazó por medio de lista al referido tercero interesado, quien no compareció a juicio ni formuló alegatos. Finalmente, el seis de diciembre de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional de conformidad con lo asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, ya que se trata de un juicio constitucional en el que se reclaman actos de autoridad ejecutados dentro del ámbito territorial en la que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción en amparo en todas las materias. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos. a) Los acuerdos de cuatro y veintinueve de abril, ambos de dos mil veintidós, que contienen la imposición de multas consistentes en ochenta y cien veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en contra de ********************y ********************-aquí quejosas- y otros, derivado del expediente administrativo ********************. b) El acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintidós que contiene la imposición de arresto administrativo por tres horas en contra de las hoy quejosas y otros, dentro del expediente administrativo ********************. c) La omisión de pronunciarse respecto a los recursos de reconsideración presentados por las quejosas el nueve de marzo y dieciséis de mayo, ambos de dos mil veintidós, en contra de los acuerdos de dieciocho de febrero y veintinueve de abril de dos mil veintidós, respectivamente. [2] Director General de Proximidad Social de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos; [3] Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos; [4] Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Ayala, Morelos; [5] Policía Primero encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Yecapixtla, Morelos y [6] Secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Yautepec, Morelos d) La ejecución del acto marcado con el inciso b). Sin que pase desapercibido, que las quejosas señalan de manera genérica los apercibimientos y multas dentro del expediente administrativo ********************, sin embargo, los acuerdos antes precisados, en los que se hicieron efectivas las referidas multas a las hoy quejosas, son los únicos que se encontraban vigentes a la fecha de promoción del juicio de amparo, por tanto quedaron fijados como quedó precisado en el cuadro que precede. Y, no se inadvierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de la responsable en pronunciarse respecto de dos recursos de reconsideración que interpusieron el ocho de marzo y dieciséis de mayo, ambos de dos mil veintidós, sin embargo, la fecha correcta del primero, es la que se asentó en el cuadro que antecede -nueve de marzo del año citado-, por tanto, se analizará el acto que reclaman las quejosas conforme quedó fijado. III. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado de la autoridad [1] Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en c) la omisión de pronunciarse respecto a los recursos de reconsideración presentados por las quejosas el ocho de marzo y dieciséis de mayo, ambos de dos mil veintidós, en contra de los acuerdos de dieciocho de febrero y veintinueve de abril de dos mil veintidós, pues al rendir su informe justificado la autoridad responsable señalada, negó la existencia de tales actos, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas idóneas o aptas para desvirtuar la negativa expuesta por las responsables en sus respectivos informes. Así es, pues ante la negativa del acto por parte de la autoridad responsable, lo informado por ésta goza de presunción de veracidad; entonces, es a la quejosa a la que corresponde la carga de probar lo contrario, lo cual puede hacer durante el juicio mediante el ofrecimiento de las pruebas conducentes y hasta la audiencia constitucional; sin embargo, no ofreció medio de convicción alguno que tenga el alcance de desvirtuar la negativa manifestada por la autoridad responsable en su informe justificado. Además, respecto al acto señalado con el inciso c), se corrobora su inexistencia con las constancias remitidas por la autoridad responsable del expediente administrativo ********************de las cuales se advierte que las quejosas presentaron dos recursos de reconsideración ante la responsable el nueve de marzo y dieciséis de mayo, ambos de dos mil veintidós, mismos que fueron desechados por notoriamente improcedentes mediante acuerdos pronunciados el diez de marzo y dieciocho de mayo de dos mil veintidós, respectivamente, asimismo tales proveídos les fueron notificados por medio de lista que se fija en los estrados, el quince de marzo de dos mil veintidós y dieciséis de junio de dos mil veintidós, cada uno respectivamente. Luego, si la demanda de amparo fue presentada por las quejosas el cuatro de agosto de dos mil veintidós, resulta ineludible que a la fecha de la presentación de su demanda, eran inexistentes las omisivas reclamadas, pues como ya se hizo notar, sus recursos de reconsideración fueron atendidos y notificados previo a la interposición de la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: XIII.1o.P.T.4 K (10a.), emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, en materia común, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, con número de registro digital: 2020347, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Además, sirve de sustento la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro digital 210769, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, ante la negativa del acto reclamado por parte de la autoridad responsable y toda vez que tal circunstancia no fue desvirtuada por la parte quejosa, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto del acto reclamado consistente en c) la omisión de pronunciarse respecto a los recursos de reconsideración presentados por las quejosas el ocho de marzo y dieciséis de mayo, ambos de dos mil veintidós, interpuestos en contra de los acuerdos de dieciocho de febrero y veintinueve de abril de dos mil veintidós a la autoridad responsable [1] Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. IV.- Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de la autoridad ordenadora [1] Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistentes en a) los acuerdos de cuatro y veintinueve de abril, ambos de dos mil veintidós, que contienen la imposición de multas consistentes en ochenta y cien veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en contra de ********************y ********************-aquí quejosas- y otros, derivado del expediente administrativo ******************** y b) el acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintidós que contiene la imposición de arresto administrativo por tres horas en contra de las hoy quejosas y otros, dentro del expediente administrativo ********************, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. De igual forma se tiene la certeza de los actos reclamados a las autoridades [2] Director General de Proximidad Social de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, [3] Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y [4] Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Ayala, Morelos, [5] Policía Primero encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Yecapixtla, Morelos y [6] Secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Yautepec, Morelos pues las señaladas con los números [2], [3] y [4], así lo manifestaron al rendir su informe justificado, y, respecto de las autoridades marcadas con los números [4] y [5], con independencia de que hayan negado el acto reclamado, lo cierto es que del acuerdo reclamado se advierte que sí fue impuesto el arresto que impugnan las quejosas, por lo que es susceptible de ejecutarse dicha sanción por la autoridad responsable señalada como ejecutora. Lo anterior se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable [1] Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del expediente administrativo ********************, de las cuales se advierten los acuerdos reclamados en los que se impusieron las multas citadas, así como el diverso de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, que contiene la imposición del arresto administrativo en contra de las hoy quejosas y otros. Asimismo, se corrobora la existencia de los actos reclamados, con las constancias remitidas por [2] Director General de Proximidad Social de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, [3] Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y [4] Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Ayala, Morelos, en las que obra el oficio número ******************** de cinco de julio de dos mil veintidós, dirigido a la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Morelos, en el que la Sala responsable requirió a dicha autoridad para que hiciera efectivo el arresto por tres horas en contra de las autoridades condenadas y vinculadas en el juicio de origen. Al respecto, a las anteriores constancias se les confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en razón de que dichas documentales fueron expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones y de las cuales se desprende la existencia de los acuerdos reclamados, así como de la orden de ejecución de los mismos. V. Improcedencia del juicio de amparo. El análisis de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público y estudio oficioso en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso se advierte de oficio que, respecto del acto reclamado consistente en a) los acuerdos de cuatro y veintinueve de abril, ambos de dos mil veintidós, que contienen la imposición de multas consistentes en ochenta y cien veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en contra de ********************y ********************-aquí quejosas- y otros, derivado del expediente administrativo ********************, ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber consentido los actos reclamados, toda vez que no promovió el juicio de amparo en los plazos previstos para tal efecto. Precisamente, el artículo 17 de la Ley de Amparo, dispone que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; mientras que el artículo 18 de la misma ley, señala que los plazos para presentar la demanda de amparo se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución. Sobre esa base, dentro las constancias relativas al expediente administrativo ********************, del índice de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, respecto del acuerdo reclamado de cuatro de abril de dos mil veintidós, obra la cédula de notificación personal de veintiuno de abril de dos mil veintidós, correspondiente a ********************, así como a la aquí quejosa ********************y, en cuanto al diverso proveído que reclaman de veintinueve de abril de dos mil veintidós, obra la cédula de notificación personal de once de mayo de dos mil veintidós, correspondiente a las referidas quejosas, de allí que tales actuaciones constituyen la fecha de notificación de los actos reclamados que deben ser consideradas para el cómputo de la promoción del juicio de amparo, al gozar de presunción de validez, como ilustra por analogía la jurisprudencia 2a./J. 125/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2013077, de rubro "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. La notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Así, la parte que no esté conforme con la notificación efectuada por el órgano jurisdiccional respecto del laudo que pretende combatir, tiene la carga procesal de impugnar dicho acto a través del incidente de nulidad de notificaciones (regulado por la legislación laboral), pues de lo contrario, esa actuación debe entenderse consentida, además de subsistente y con plenos efectos legales. Luego, el juicio de amparo directo no es el medio pertinente para determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por el órgano jurisdiccional emisor del laudo reclamado, ni siquiera al realizar el estudio de la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que cuando exista constancia de que se efectuó la notificación respectiva a determinada parte en el juicio laboral, los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a ella y a la fecha de su diligenciación para analizar la procedencia del juicio de amparo directo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que puedan hacer un análisis de las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis del laudo dictado en el juicio laboral y, en su caso, de las violaciones en el procedimiento que le dieron origen." De lo anterior, se tiene que las quejosas fueron notificadas del acuerdo de cuatro de abril de dos mil veintidós el veintiuno del mismo mes y año y, del acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós, el once de mayo del mismo año, por lo que el plazo general de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, fue excedido; esto es así, porque dichas notificaciones surtieron efectos al día siguiente y empezaron a contar al día hábil siguiente, conforme al último párrafo del artículo 27 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Por tanto, el término para presentar la demanda de amparo en contra del acuerdo reclamado de cuatro de abril de dos mil veintidós, transcurrió del veinticinco de abril al diecisiete de mayo, ambos de dos mil veintidós, debiendo descontarse el veintidós, veintitrés, veinticuatro y treinta de abril, uno, cinco, seis, siete, ocho, catorce y quince de mayo, todos del mismo año, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Ahora, en lo que respecta al acuerdo reclamado de veintinueve de abril de dos mil veintidós, transcurrió del trece de mayo al dos de junio, de la misma anualidad, debiendo descontarse el catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve, todos del mismo año, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Bajo tales consideraciones, si la demanda de amparo fue recibida el cuatro de agosto de dos mil veintidós, es inconcuso, que su presentación es extemporánea, respecto de los dos acuerdos que reclama, consistente en los autos de cuatro y veintinueve de abril, ambos de dos mil veintidós, dictados por la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el expediente administrativo ********************, en los que se les hizo efectiva a la parte quejosa una medida de apremio consistente en multas de ochenta y cien unidades de medida y actualización, respectivamente. Ello además, porque no se está en los supuestos de excepción establecidos en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, el presente juicio de amparo tuvo que haber sido promovido dentro de los quince días establecidos por la ley de la materia, y al no hacerlo así la parte quejosa, es que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, por lo que acorde al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto al acto consistente en: a) los acuerdos de cuatro y veintinueve de abril, ambos de dos mil veintidós, que contienen la imposición de multas consistentes en ochenta y cien veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en contra de ********************y ********************-aquí quejosas- y otros, derivado del expediente administrativo ********************, atribuido al [1] Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Por otro lado, en cuanto al diverso acto reclamado consistente en b) el acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintidós que contiene la imposición de arresto administrativo por tres horas en contra de las hoy quejosas y otros, dentro del expediente administrativo ********************, se advierte de oficio que ha sobrevenido la causal de improcedencia por cesación de efectos de dicho acto, contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que mediante acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se impuso un arresto administrativo por tres horas a las aquí quejosas y otros, sin embargo, tal medida de apremio ha quedado sin efectos, por lo siguiente: La autoridad responsable ordenadora emitió un acuerdo el cinco de agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente administrativo referido, en el cual dejó sin efectos la imposición del arresto por tres horas, en contra de las autoridades condenadas en el juicio de origen -entre las que se encuentran las aquí quejosas-, en virtud de que dichas autoridades exhibieron un título de crédito por la cantidad de ********************, en cumplimiento a la sentencia definitiva, por lo que ordenó girar oficio a la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, para que cancelara el arresto por tres horas ordenado en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Además, de autos se advierte que, el cinco de agosto de dos mil veintidós, las hoy quejosas presentaron un escrito ante la responsable, en el que solicitaron dejara sin efectos todas y cada una de las medidas de apremio establecidas en el artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en la orden de arresto administrativo y las multas que les fueron impuestas al haber exhibido un título de crédito en cumplimiento de la sentencia definitiva. A dicha petición recayó el acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintidós, en el que se indicó a las aquí quejosas que se estuvieran a lo ordenado en acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se dejó sin efectos la imposición del arresto administrativo por tres horas en contra de las autoridades condenadas y vinculadas, -entre las que se encuentran las aquí impetrantes-, acuerdo que les fue notificado el treinta de agosto de dos mil veintidós, por medio de lista que se fija en los estrados, por lo que han quedado debidamente enteradas de que la imposición del arresto ha quedado sin efectos. Aunado a lo anterior, en las constancias remitidas del expediente administrativo ********************, obra el oficio CES/DGJ/17074/2022-DD, signado por el Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en el que informa a la Sala responsable que procedió a dejar sin efecto la imposición de arresto por tres horas en contra de las autoridades condenadas -entre las que se encuentran las aquí quejosas- y anexó el diverso oficio ********************de cinco de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual gira las instrucciones correspondientes al Director General de Proximidad Social a fin de que se cancele la ejecución del citado arresto, por lo que no cabe duda de que cesaron los efectos del acto reclamado. Lo que guarda congruencia con las manifestaciones vertidas en el informe justificado rendido por el [2] Director General de Proximidad Social de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y [3] Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en los que precisaron que, con fecha cinco de agosto de dos mil veintidós, recibieron en dichas oficinas el oficio ********************, relacionado con el expediente administrativo de origen, en el que el Titular de la Sala responsable les solicitó que no se ejecutara el arresto por tres horas ordenado mediante diverso oficio ********************, de cinco de julio de dos mil veintidós. Manifestaciones que, como se indicó han quedado corroboradas con las propias constancias del expediente de origen, lo que da lugar a concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. En consecuencia, el estado de las cosas ha quedado como si el acto reclamado en cita nunca hubiera existido; de ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio. En apoyo a lo anterior, es ilustrativo el criterio contenido en la tesis VI.1o.T.6 K (10a.)2 , del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con registro 2012413, con rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente" Finalmente, dicho sobreseimiento se hace extensivo a las autoridades [2] Director General de Proximidad Social de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos; [3] Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos; [4] Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Ayala, Morelos; [5] Policía Primero encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Yecapixtla, Morelos y [6] Secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Yautepec, Morelos, respecto de los actos de ejecución del acto reclamado marcado con el inciso b), ello al no haberse reclamado por vicios propios. En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 a 76 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************y ********************contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas y por las razones precisadas en los considerandos III y V de este fallo. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que por acuerdo de once de noviembre del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado que rindió el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Yautepec, Morelos, por lo que entre la fecha de notificación de ese informe a la quejosa y el día de hoy -señalado para la audiencia constitucional-, no media un plazo de al menos ocho días. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, segundo y cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional para las once horas con treinta minutos del seis de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese el informe justificado que rinde el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Yautepec, Morelos, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; con su contenido vista a las partes. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados a las personas que designa, y por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, siempre y cuando corresponda al de su oficina principal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37, 38 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, siempre y cuando se realice con los usuarios que refiere y se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
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