Alicia Bobadilla Hernandez

Expediente 795/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
795/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Alicia Bobadilla Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Juicio de amparo: 795/2023 Quejosa:******************** Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Erika de la Cruz Uribe S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 795/2023. R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintitrés, a través del portal de servicios en línea de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, Luis Bolívar Realpe Aviña, defensor público federal de********************, solicitó a favor de ésta, el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", por los actos reclamados siguientes: "IV. OMISIONES RECLAMADAS: De la autoridad señalada como ordenadora reclamo: La omisión de brindar seguridad a la interna y la falta de ejecutar las medidas necesarias en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos" para el resguardo de la integridad física y personal de la quejosa********************. La omisión de brindar servicio médico especializado en neurología a la quejosa********************, con lo que se pone en peligro la salud de mi representada." 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 22 y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Prevención y admisión de la demanda, trámite del juicio. Por acuerdo de ocho de junio de dos mil veintitrés, este juzgado requirió a la directa quejosa en el centro de su reclusión para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes, manifestara si ratificaba o no la demanda promovida a su favor, en el entendido de que si la ratificaba se tramitaría el juicio, de lo contrario se tendría por no presentada la demanda y quedarían sin efectos las providencias dictadas; asimismo, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados. El mismo día ocho de junio de dos mil veintitrés, la quejosa manifestó en la diligencia de notificación que sí ratificaba la demanda de amparo y firmó dicha diligencia; por lo que en proveído de nueve de junio siguiente, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a la autoridad responsable su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a la que ordenó dar vista con la razón levantada por la actuaria adscrita en la diligencia de ratificación de la demanda, conforme al artículo 33 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, para que iniciara la investigación correspondiente; y, no ordenó emplazar tercero interesado, al no advertir que le surgiera dicho carácter a persona alguna. Asimismo, en dicho auto le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que alguna haya realizado manifestación al respecto; y, fijó día y hora para la audiencia constitucional. Mediante auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, este juzgado ordenó girar oficio a la Delegada de la Defensoría Pública Federal, para que designara defensor federal de oficio que garantizara una efectiva defensa a la impetrante de amparo, el cual aceptó y protestó el cargo a través del escrito presentado el veintiuno de julio siguiente, reconociéndole tal carácter en proveído de veinticinco de julio de dos mil veintitrés. El veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en los términos asentados en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo en el que se reclaman actos relativos a las condiciones de internamiento de una persona privada de la libertad, atribuidos a una autoridad administrativa, con ejecución dentro del ámbito territorial en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción en amparo en todas las materias. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en: Autoridad responsable Actos reclamados Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos". La omisión de ejecutar las medidas necesarias dentro de las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", para brindar la seguridad requerida por la interna******************** -aquí quejosa-, para el resguardo de su integridad física. La omisión de proporcionar a la quejosa atención médica en el servicio de neurología. III. Existencia de los actos reclamados. Se tienen por ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", pues si bien negó su existencia, dicha negativa derivó de que manifestó que contrario a lo afirmado por la quejosa, sí le ha proporcionado la atención médica y medidas de seguridad requeridas para salvaguardar su integridad física. Además, con el fin de acreditar dicha circunstancia, remitió copia certificada de diversas constancias relativas a la quejosa******************** y que obran en los archivos de ese centro penitenciario federal, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Entonces, el estudio en el presente juicio consiste en determinar si la atención médica y seguridad a que está obligada la autoridad responsable ante la cual se encuentra interna la quejosa, se le han brindado de manera necesaria, adecuada y suficiente para salvaguardar su integridad física, lo que en su caso, constituye una cuestión de estudio del fondo del asunto. IV. Improcedencia del juicio de amparo. La actualización de causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, por cuanto a los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque no se acató el principio de definitividad que rige este medio de control constitucional, ya que la quejosa previo a presentar su demanda de amparo, omitió agotar el procedimiento de ejecución penal que contiene el mecanismo de control denominado peticiones administrativas. Del numeral citado se advierte que el juicio de amparo será improcedente contra actos de autoridad distinta de las judiciales, administrativas o del trabajo, respecto de los cuales proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual aquéllos puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal correspondiente, con los mismos o menores requisitos que los exigidos para ello por la Ley de Amparo. Ahora, en el caso, el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un procedimiento administrativo de peticiones a través del cual los sujetos a quienes pueda afectar en mayor o menor medida las condiciones de internamiento en un centro de reclusión, -cuestiones como las de infraestructura suficiente, suministros, ubicación, acceso a servicios básicos y alimentación, atención médica, educación, capacitación y opciones para el trabajo, recreación y actividades culturales, régimen de visitas, higiene en las instalaciones del centro y servicios sanitarios, etcétera-, puedan reclamar ante las autoridades penitenciarias hechos, actos u omisiones respecto de esas condiciones cuando se relacionen con la vida digna y segura dentro del centro, y a través de ella, una vez substanciado el procedimiento previsto en los artículos 110 a 113 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, tener la posibilidad de su modificación, anulación o cesación según se trate de un acto positivo, negativo u omisivo; resolución que incluso, puede ser impugnada en sede jurisdiccional por medio de la controversia prevista en el numeral 116 y a su vez ésta puede ser apelada en caso de considerar que la resolución es contraria a sus intereses. Además, tratándose de casos que el agraviado considere como urgentes, el artículo 115 de la multicitada norma indica que la petición podrá realizarse ante el Juez de Ejecución o Control, según sea el caso, quien de oficio suspenderá el acto o hecho que motivó la petición y sus efectos, y en caso de omisiones, determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Mecanismo de control que constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión. Asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Ahora bien, en el caso, del contenido del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, en esencia, la omisión de ejecutar las medidas necesarias dentro de las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", para brindar la seguridad que requiere, para el resguardo de su integridad física, así como la omisión de proporcionarle atención médica en el servicio de neurología. Sin embargo, tales cuestiones son inherentes a las condiciones de su internamiento en el centro de reclusión en el que se encuentra, por lo que es inconcuso que está en aptitud de acudir ante la autoridad correspondiente para hacer valer la petición administrativa que establece a su favor la Ley Nacional de Ejecución Penal, tal como se desarrolló en párrafos precedentes, previo a promover la demanda de amparo, y en caso de estar inconforme con la respuesta, formular controversia ante el Juez de Ejecución. Es así, pues como se puede observar de autos, la parte quejosa se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos"; por tanto, está en condiciones de realizar su solicitud ante la autoridad penitenciaria, de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Además, se considera lo anterior, pues no se inadvierte que la quejosa reclama la omisión de la Directora responsable de ejecutar las medidas necesarias dentro de las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", para brindar la seguridad que requiere, para el resguardo de su integridad física, derivado de que adujo que fue golpeada por otra interna en el propio centro, lo cual le causó hematomas en la cara, además de que fue amenazada por dicha interna que al parecer -a consideración de la quejosa-, estaba bajo los efectos de estupefacientes, lo cual nuevamente manifestó la impetrante de amparo ante la médico tratante que le brindó atención médica, como se desprende de la nota médica de treinta de junio de dos mil veintitrés que obra a fojas 80 y 81 del amparo indirecto, puesto que de dicha nota se desprende que refirió a la facultativa que hacía varios días tuvo un conflicto con una compañera. De ahí que, tales actos como se dijo, son relativos a las condiciones de internamiento, vida diga y segura dentro del centro federal de readaptación social, por virtud de conflictos suscitados en el interior de éste, respecto de los cuales la autoridad responsable señaló que le pueden ser planteados directamente, a efecto de tomar las medidas pertinentes, pues se clasifican dentro de tales condiciones de internamiento, previstas en los artículos 9, 11, 30, 32, 34 y 74 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello, porque dentro de los derechos de las personas privadas de su libertad que señalan el artículo 9 de la citada legislación, se encuentran, entre otros, el de recibir atención médica y que se garantice la integridad y seguridad de dichas personas, las que a su vez, de conformidad con lo previsto en el numeral 11 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se encuentran obligadas a acatar la disciplina y medidas de seguridad que imponga la autoridad penitenciaria, así como a respetar los derechos de los demás internos y personal que labora en dicho centro penitenciario. De ahí que como se señaló, lo reclamado guarda relación con las condiciones de internamiento de la aquí quejosa en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", por lo que previo a la presentación de la demanda de amparo, ésta debió agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora bien, no obstante que la quejosa desde la demanda de amparo afirmó que la agresión que sufrió y que le provocó hematomas en la cara le fueron provocadas por una compañera interna también en el centro de su reclusión, lo que reafirmó ante la médico tratante de sus padecimientos, como se desprende de la nota médica de treinta de junio de dos mil veintitrés, este juzgado a fin de cumplir con lo previsto en el artículo 33 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, mediante auto de nueve de junio de dos mil veintitrés, ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, para que iniciara la investigación correspondiente, con el fin de que su representación social, en el ejercicio de sus facultades, esté en posibilidad de determinar, si en su caso, existió algún acto de tortura en contra de la impetrante de amparo -no obstante que la quejosa no refirió tales actos en la demanda de amparo-, e identifique y procese a las personas responsables. Lo anterior, en salvaguarda de los derechos fundamentales de la aquí quejosa. Precisado lo anterior, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable señalada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. Se SOBRESEE en el presente juicio, promovido por********************, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable señalada, por las razones precisadas en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Erika de la Cruz Uribe, secretaria que autoriza y da fe, el veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  2. Principal

    Juicio de Amparo 795/2023-5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. En Cuernavaca Morelos, a las diez horas con veinticinco minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, día y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública, Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia sin asistencia de las partes, no obstante de encontrarse debidamente notificados de ello del juicio de amparo 795/2023, promovido por *******; sin asistencia de las partes. Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, la secretaria hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: La secretaria procede a dar cuenta con las pruebas que adjuntó la autoridad responsable a su informe. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza jurídica las pruebas documentales, exhibidas por la por la parte quejosa. Se cierra el presente periodo. Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: Y la secretaria da cuenta que ninguna de las partes los formuló; asimismo, se hace constar que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, quedan los autos en estado de resolución. Doy fe. (Firmado electrónicamente) Nadyelly López Guevara Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos (Firmado electrónicamente) Rosa María Luna Mercado Secretaria del Juzgado En veinticinco de febrero de dos mil veintidós Rosa María Luna Mercado, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, certifica: que la hora del cierre de la audiencia contenida en la evidencia criptográfica correspondiente a las firmas electrónicas, no coincide con la hora de la audiencia precedente, en razón de la carga de trabajo existente en este órgano jurisdiccional, tanto en audiencias como trámite y atención a las partes que asisten a consultar sus expedientes. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el informe justificado que rinde la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con su contenido dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Asimismo, con lo que dispone el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las documentales que adjunta la autoridad; lo anterior sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por conducto de su defensor Público. Así lo acordó y firma Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con registro digital 164525, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, comunicada mediante el oficio CCJ/ST/3095/2023, asistido de Rosa María Luna Mercado, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio enviado por la Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública, por medio del cual informa que ha sido designado el licenciado Miguel Ángel Hernández Rodríguez, defensor Público Federal Especializado en Ejecución Penal, para que proporcione el servicio de defensa a la aquí quejosa, toda vez en diverso auto de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, este Juzgado se pronunció al respecto. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el informe justificado que rinde la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con su contenido dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Con fundamento en lo que dispone el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las documentales que adjunta la autoridad; lo anterior sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con registro digital 164525, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, comunicada mediante el oficio CCJ/ST/3095/2023, asistido de Rosa María Luna Mercado, Secretaria que autoriza y da fe. ROSA MARIA LUNA MERCADO

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