Alicia Elortegui Castell
Expediente 2219/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2219/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/10/2019
Partes del expediente
- Alicia Elortegui Castell
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio 8170/2019-B suscrito por la Secretaria del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en los autos de la queja 244/2019, formada con motivo del recurso de queja interpuesto por el tercero interesado ****, en contra del proveído de doce de julio de dos mil diecinueve; testimonio en el que la superioridad resolvió: ÚNICO. Es improcedente el presente recurso de queja.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que dentro del incidente de suspensión del cual deriva el presente juicio, el diez de octubre pasado, el apoderado de la Institución crediticia "Grupo Financiero Banorte", informó que la cuenta 0355474266 a nombre de FIGUERET DE JALISCO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, no cuenta con bloqueo. Circunstancia la anterior que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la Ley de Amparo, se invoca como hecho notorio las actuaciones en alusión, al ser del índice de éste juzgado, de la cual se agrega copia certificada a los autos del presente para que obren como constancia. II. Requerimiento. En razón a lo anterior, requiérase a Juan José Soltero Meza, en su carácter de apoderado de Grupo Financiero Banorte, para que dentro del plazo de TRES DÍAS informe si la cuenta 0355474266 a nombre de Figueret de Jalisco, sociedad anónima de capital variable. Se encuentra desbloqueada y de ser así, remita las constancias que lo acrediten. III. Apercibimiento Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a mil Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, apercíbasele que si se niega a recibir los oficios librados en el presente juicio, se les impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en el artículo 245 de la norma de referencia. IV. Dese vista Con lo anterior dese vista a la quejosa para los efectos legales conducentes.
- Principal
avisco por este medio de lista se notifica al quejoso del proveido de diez de octubre del año en curso, mediante el cual Vista la certificación de cuenta y toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, se pronuncia en los siguientes términos: II. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el catorce de agosto de dos mil diecinueve (folios 185 a 192), se concedió el amparo a los aquí quejosos. Al no haberse inconformado las partes con dicha sentencia, esta causó ejecutoria el doce de septiembre de la anualidad que transcurre (fojas 204 y 205), resultando que la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión otorgada por este órgano jurisdiccional fue para los siguientes efectos: "(.)SEXTO. Efectos del amparo. En ese sentido, a fin de restituir a los accionantes en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, se determina que los efectos de la concesión de amparo son para que la sala responsable, cumpla con lo siguiente: I. Deje insubsistente la resolución de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, en el toca de apelación 219/2019. II. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, funde y motive su resolución, sobre la procedencia o no del cese decretado por el juez de origen en términos del numeral 3087 del Código Civil del Estado de Jalisco (.)" III. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por el Presidente de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, mediante oficio 333/2019-S, informó que en los autos del toca 219/2019, se dejó insubsistente la sentencia interlocutoria de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve (folio 208). Asimismo, mediante diverso oficio 085/2019-A, el órgano colegiado responsable, remitió copia certificada de la resolución dictada el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, en los autos del toca 219/2019 (folios 211 a 223). IV. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable, cumplió con los efectos de la ejecutoria dictada por este juzgado de Distrito, al haber dejado insubsistente la resolución declarada inconstitucional y, en libertad de jurisdicción emitió una nueva. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. No escapa a la atención de este juzgador la circunstancia que el Juez Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, no haya informado respecto al cumplimiento del fallo protector constitucional; sin embargo, dicha omisión no se considera trascendente, en razón que fue señalada como ejecutora, por lo que su actuación depende lo que al respecto determine la ordenadora, máxime que al conocer la sala del recurso de apelación, reasumió jurisdicción en el conocimiento del asunto. V. Anotaciones y orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. VI. Anotaciones y orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. VII. Valoración del expediente. Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. VIII. Oorden de depuración y/o destrucción. Por último, toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, este expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva, así como el original del incidente de suspensión, en razón de que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, por actualizarse el supuesto previsto en el segundo párrafo de la fracción III del punto que se menciona, toda vez que se concedió. En el entendido que el mismo no se glosa a los autos, en razón de lo establecido en la página veinticinco del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En atención al punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, en virtud que resulta ociosa su glosa a los autos del juicio en que se actúa, entretanto transcurre el plazo para su destrucción, remítase al legajo correspondiente. IX. Orden de depuración y/o destrucción. Por último, toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, este expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. X. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. XI. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. XII. Manifestaciones de la parte quejosa. No se opone a la anterior determinación las manifestaciones que realiza el autorizado de la parte quejosa en su ocurso de uno de octubre del año en curso (folios 226 a 229), en el sentido de que la autoridad responsable, no ha cumplido con el fallo protector, en razón que si bien dejó insubsistente la resolución declarada inconstitucional, no analizó el tema del cese de albacea, esto es, no fundó ni motivó si el cese era o no procedente. Sin embargo, a juicio de este resolutor el cumplimiento que dio la responsable respecto del fallo protector constitucional se ajustó a los lineamientos trazados, en razón que los efectos de la sentencia fueron para que dejara insubsistente la sentencia de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dictada en los autos del toca 219/2019 y, en libertad de jurisdicción, fundara y motivara su resolución, sobre la procedencia o no del cese de albacea decretado por el juez de origen. En efecto, si con motivo de la sentencia concesoria, la responsable dejó insubsistente la resolución declarada inconstitucional y, emitió una nueva, en la que modificó la resolución sujeta a apelación por considerar que la de primer grado no guardó congruencia con lo pedidos; es indudable, que se ajustó a los lineamientos del fallo protector, pues precisamente, la libertad de jurisdicción otorgada, lo facultaba para actuar como lo hizo, pues con base en sus atribuciones, estimó que el juez de origen, no analizó en forma integra lo pedido y, como consecuencia, declaró nula la junta de herederos celebrada el veinte de noviembre de os mil dieciocho. En ese sentido, la liberta de jurisdicción otorgada en el fallo protector constitucional, no lo vinculaba para resolver conforme a lo pretendido por los quejosos; de ahí que el Tribunal responsable cumplió con cabalidad. Notifíquese; y, personalmente a las partes.
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