Alicia del Carmen Campero Villanueva
Expediente 542/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 542/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/11/2020
Partes del expediente
- Alicia del Carmen Campero Villanueva
- Secretario de Salud Federal
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, treinta de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos se advierte que por auto de veinticuatro de noviembre del año en curso se ordenó notificar a la quejosa el auto de veintiuno de octubre del mismo año, por medio de lista; sin embargo, no se advierte que se haya realizado dicha notificación. En consecuencia, se comisiona al actuario de la adscripción para que la realice de inmediato. Téngase por recibido el escrito de la parte quejosa **, en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de **, a través del cual manifiesta que ya transcurrió el plazo otorgado al tercero interesado ** para que se manifestara sobre el cumplimiento que dio la responsable al fallo protector, por lo que solicita se realice el pronunciamiento para calificar dicho cumplimiento. No ha lugar a proveer de conformidad toda vez que si bien a través del escrito presentado el veintiocho de octubre del año en curso, la parte quejosa realizó manifestaciones en relación al cumplimiento del fallo protector, lo cierto es que no obra en autos la constancia de notificación relativa al auto de veinte del citado mes y año, a través del cual se ordenó dar vista a las partes con las constancias que allegó la autoridad responsable relativas al acatamiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, una vez que se cuente con dicha constancia, se estará en aptitud de verificar si ya transcurrió el plazo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con que cuenta para realizar manifestaciones al respecto. Lo anterior, a efecto de no coartar el derecho de la propia parte quejosa para realizar manifestaciones relativas al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 542/2020, promovido por Alicia del Carmen Campero Villanueva, por propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de Jalisco y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de mayo de dos mil veinte al secretario de este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Alicia del Carmen Campero Villanueva, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en el artículo 1, 5, 14, 16 y 29 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de siete de mayo de dos mil veinte se admitió la demanda; se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinacio´n del nu´mero y li´mites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la Repu´blica Mexicana; y al nu´mero, a la jurisdiccio´n territorial y especializacio´n por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; asi´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominacio´n y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos de autoridades residentes en la jurisdiccio´n de este o´rgano jurisdiccional. Finalmente, cabe precisar que la suscrita se encuentra facultada para el dictado de este fallo con fundamento en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, de la Novena E´poca, de epi´grafe: "SECRETARIOS AUTORIZADOS COMO JUEZ PARA RESOLVER EN JUICIOS DE AMPARO. PUEDE VALIDAMENTE PRONUNCIAR SENTENCIAS SI PRESIDIO´ CON ESE CARA´CTER LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y AU´N NO CONCLUYE SU PERIODO DE LA AUTORIZACIO´N" Lo anterior en razo´n de que mediante oficio CCJ/ST/601/2020, de once de febrero de dos mil veinte, signado por el Secretario Te´cnico de la Comisio´n de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; se me autorizo´ para desempen~ar las funciones de Juez de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que lo es: La expedición, publicación y aplicación del acuerdo divulgado el veintiuno de abril de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación denominado "ACUERDO por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020"; La publicación y aplicación del acuerdo divulgado el treinta y uno de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación denominado "ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2"; La expedición, publicación y aplicación del acuerdo divulgado el cinco de mayo de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, denominado "ACUERDO DEL SECRETARIO DE SALUD MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES EXTRAORDINARIAS ESTABLECIDAS PARA PREVENIR Y CONTENER CONTAGIOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19)"; La aplicación del boletín de prensa del gobierno del estado de Jalisco emitido el dos de abril de dos mil veinte que contiene la información sobre que establecimientos y empresas son actividades esenciales con motivo del Plan Jalisco COVID-19; y, La prohibición de que continúe en funcionamiento el negocio ubicado en Avenida Pablo Neruda número 3087 de la Colonia Providencia con giro comercial de autolavado, detallado e instalación de alarmas, ya sea a través de la clausura, multa apercibimiento o sanción derivadas de los acuerdos federales previamente descritos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por lo que ve a los actos atribuidos al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y Secretario General de Gobierno del propio Estado, no obstante que aceptan la existencia del acto reclamado (folios 64 a 66), lo cierto es que lo hacen respecto de la emisión de diverso acuerdo al reclamado, esto es, en torno del acuerdo DIELAG ACU 026/2020, de diecinueve de abril de dos mil veinte; debiéndose destacar, que del informe justificado rendido por el Secretario de Salud del Estado de Jalisco, se advierte que el acuerdo de cinco de mayo del presente año, no es atribuible a dichas autoridades estatales, ya que fue emitido por dicho secretario de salud del Estado, conforme a las atribuciones que le fueron conferidas a esa secretaría en el acuerdo que modifica el similar por el que se establecen acciones para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020; por tanto, al no advertirse, que el acto de aplicación contenido en el acuerdo de cinco de mayo de dos mil veinte, haya sido emitido, refrendado, ni ejecutado por dichas autoridades, ni que éstas hayan dictado alguna orden de clausura, multa, apercibimiento, sanción o prohibición para trabajar el giro de autolavado de que se quejas el quejoso, se tienen por inexistentes los actos reclamados a dichas autoridades. No son ciertos los actos reclamados de las responsables del Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco, Director de Padrón y Licencias de Guadalajara Jalisco y Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco (folios 79 a 86, 73 a 74 y 107) a pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados respectivamente, sin que la parte quejosa aportara medio de convicción que desvirtuara dicha negativa. Sin que las documentales que anexó la peticionaria de derechos fundamentales a su escrito inicial de demanda prueben los actos reclamados a dichas autoridades, dado que con la copia certificada de la licencia de funcionamiento y recibo de pago refrendo 210298 expedidos por la Dirección de Padrón y Licencias de Guadalajara, Jalisco, en la que se advierte que se autorizó a la quejosa el giro comercial de "AUTOBAÑO, DETALLADO E INSTALACIÓN DE ALARMAS", en el domicilio ubicado en: Avenida Pablo Neruda número 3087 de la Colonia Providencia de dicho municipio, únicamente acredita que está autorizada por la autoridad municipal competente para explotar la actividad comercial que realiza, en el domicilio antes citado. Sin embargo, no se prueba que las autoridades responsables hubieren emitido o ejecutado algún acuerdo en el que se establezcan medidas o acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por el virus SARS-COV-2, o emitido o ejecutado alguna orden de clausura, multa, apercibimiento, sanción o prohibición respecto del negocio identificado en el párrafo que antecede. En el anterior contexto, es de concluirse que por lo que ve a las autoridades mencionadas en párrafos que anteceden, ante su inexistencia, se actualiza la causal de sobreseimiento, prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Secretario de Salud del Estado de Jalisco, al rendir su informe justificado /folios 162 a 167) admitió la existencia del acto reclamado, consistente en el acuerdo en el que se emiten lineamientos para el cumplimiento de las acciones extraordinarias establecidas para prevenir y contener contagios por la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), de cinco de mayo de dos mil veinte. No obstante que el Director del Periódico Oficial del Estado de Jalisco (folio 125), no refiere si es cierto o no el acto que a esa autoridad se reclama, de la lectura integral de dicho informe, se advierte que participó en la publicación del acuerdo por el que se emiten lineamientos para el cumplimiento de las acciones extraordinarias establecidas para prevenir y contener contagios por la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2, emitido por el Secretario de Salud del Estado de Jalisco con fecha cinco de mayo de dos mil veinte, publicado en ese periódico oficial del Estado el mismo día; por ende, se tiene por cierto el acto a él atribuido. El secretario de Salud Federal, a contestar el oficio por el que se le requirió para que rindiera su informe con justificación (folio 145 a 146), fue omiso en manifestar si es cierto o no el acto reclamado, por lo cual ante esa omisión, se tiene por cierto el acto reclamado, en tanto que el Director del Diario Oficial de la Federación al rendir su informe justificado (folios 147 a 151), aceptó el acto a él atribuido consistente en la publicación del acuerdo por el que se modifica el similar en el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte y el diverso publicado el veintiuno de abril de dos mil veinte, por lo que se tienen por ciertos los actos a él atribuidos a dichas autoridades; máxime que constituyen un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por encontrarse publicadas en medios de difusión oficiales. QUINTO. SOBRESEIMIENTO POR ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Establecida la existencia de los actos reclamados, consistentes en la emisión de los acuerdos de treinta y uno de marzo de dos mil veinte y veintiuno de abril del propio año, por el que se modifica el similar en el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2, publicados en el Diario Oficial de la Federación en la fecha de su emisión; así como la emisión y publicación del diverso acuerdo de cinco de mayo de dos mil veinte, emitido por el Secretario de Salud del Estado de Jalisco y publicado en esa misma fecha, en el cual se emiten lineamientos para el cumplimiento de las acciones extraordinarias establecidas para prevenir y contener contagios por la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COIVID 19), se impone analizar la procedencia del juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o no, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso, toda vez que los actos reclamados la parte quejosa los hace depender de la prohibición para dejarla explotar la actividad del giro de autobaño, por ende, la clausura, multa o sanción, en caso de seguir realizando la actividad, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, toda vez que aun cuando subsiste materialmente el acto de autoridad impugnado, éste no se ha concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretará, porque su objeto o materia dejó de existir. El artículo en comento dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." De la interpretación gramatical del dispositivo legal transcrito, se hace referencia a la presencia de un hecho que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias legales o materiales ha desaparecido, sin que exista posibilidad de que sus efectos se realicen o se continúen realizando en la esfera de derechos de la quejosa al ya no existir su objeto, por lo que no es factible que dicho acto afecte a la peticionaria de amparo, lo cual puede deberse incluso a causas ajenas a la voluntad de la autoridad responsable, y en ese contexto, la protección constitucional que en su caso se concediera carecería de efectos al no poder cumplir con su finalidad. Apoya lo anterior, por analogía y el criterio que informa, la jurisprudencia que versa: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Conforme a la anterior jurisprudencia, conviene precisar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas; en caso de que se declarara la inconstitucionalidad de un acto cuyo objeto o materia ha desaparecido, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquélla, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo. También es aplicable a lo anterior, por analogía y por las razones que informa, la tesis de rubro y contenido siguientes: "SERVIDORES PÚBLICOS. SI SE PROMUEVE JUICIO DE GARANTÍAS CONTRA UNA ORDEN DE BAJA Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN EL QUEJOSO PRESENTA SU RENUNCIA, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. El juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad generó sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos fundamentales que le hayan sido violados, lo que de suyo implica que el fallo protector pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado, de lo que deriva que si durante la sustanciación del juicio de amparo, sea en primera instancia en revisión, el servidor público se presenta ante la autoridad responsable a exteriorizar su renuncia formal, y aquélla la acepta, cubriéndole además las prestaciones a que tiene derecho, resulta inconcuso que el objeto o materia en que se tradujo la orden de baja, desapareció del mundo jurídico, aun cuando de hecho subsista, pues los efectos del acto de autoridad ya no podrán concretarse en virtud de la modificación del entorno en el cual ésta se emitió, por lo que en caso de concluirse que aquél es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, luego, es evidente que sobreviene la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues aun cuando subsiste el acto reclamado, no podría surtir efecto material alguno, por haber dejado de existir su materia." (Lo destacado es del juzgado) Con la causa de improcedencia se destaca que la hipótesis hace referencia a la presencia de un hecho que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias legales o materiales ha desaparecido, sin que exista posibilidad de que sus efectos se realicen o se continúen realizando en la esfera de derechos de la quejosa al ya no existir su objeto, por lo que no es factible que dicho acto afecte a la parte peticionaria de amparo, lo cual puede deberse incluso a causas ajenas a la voluntad de la autoridad responsable, y en ese contexto, la protección constitucional que en su caso se concediera carecería de efectos al no poder cumplir con su finalidad. Para fijar el alcance de la causa de improcedencia que se analiza, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal. Expuesto lo anterior, se impone destacar que de los antecedentes más relevantes que obran en autos, se advierte lo siguiente: En el caso, el siete de mayo de dos mil veinte, se promovió el presente juicio de amparo, donde, en esencia, se reclamó lo siguiente: I. La emisión del acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, publicado el treinta y uno de marzo de dos mil veinte. II. El acuerdo de veintiuno de abril del propio año, por el que se modifica el similar en el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2, publicados en el Diario Oficial de la Federación en la fecha de su emisión; III. La emisión y publicación del diverso acuerdo de cinco de mayo de dos mil veinte, emitido por el Secretario de Salud del Estado de Jalisco y publicado en esa misma fecha, en el cual se emiten lineamientos para el cumplimiento de las acciones extraordinarias establecidas para prevenir y contener contagios por la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COIVID 19). La Ejecución de esos acuerdos, cuya inconstitucionalidad hizo depender como ya se dijo, de la prohibición para dejarla explotar o trabajar la actividad del giro de autobaño, por no haberse considerado en los mismos como actividad esencial y derivado de ello la inminente clausura, multa o sanción, para el caso de seguir operando el citado negocio. En ese contexto, si el quince de mayo de dos mil veinte, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, el cual establece en lo conducente lo siguiente: "ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como establecer acciones extraordinarias. ARTICULO SEGUNDO.- La estrategia consiste en la reapertura de actividades de una manera gradual, ordenada y cauta, considerando las siguientes etapas: i) Etapa 1.- Inicia el 18 de mayo del 2020, con la reapertura de las actividades en los municipios en que no se hubieran presentado casos de COVID-19 y que, además, no tengan vecindad con municipios con casos de COVID-19; ii) Etapa 2.- Abarca del 18 al 31 de mayo del 2020, y consiste en llevar a cabo acciones de aplicación general tendientes a la preparación para la reapertura de las actividades en general, como son: la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral, readecuación de espacios y procesos productivos, así como la implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral, entre otras que determine la Secretaría de Salud; y, iii).- Etapa 3.- Inicia el 1 de junio del 2020, conforme al sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. ARTICULO TERCERO.- El semáforo a que se refieren los Artículos Primero y Segundo y que se incorpora como Anexo de este Acuerdo, establece mediante colores las medidas de seguridad sanitaria apropiadas para las actividades laborales, educativas y el uso del espacio público, entre otros. Así como el ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, publicado el veintinueve de mayo de dos mil veinte, que específicamente señala: ".Que a partir de la entrada en vigor de la Nueva Normalidad el 1 de junio de 2020 no es necesario la obtención de permiso previo alguno para reiniciar o continuar operaciones, por lo que el ejercicio de autoevaluación será una herramienta de apoyo para las empresas y centros de trabajo y en ningún caso equivaldrá a un permiso previo para su operación. La obligación de los centros de trabajo se circunscribe al cumplimiento de las medidas establecidas en los lineamientos, por lo que, en caso de ser inspeccionadas por la autoridad federal competente, deberán demostrar que cumplen con dichas medidas. Las medidas de seguridad sanitaria están elaboradas de manera sencilla para que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas puedan conocer cuáles les son aplicables y con ello facilitar su cumplimiento. Dichas medidas se agrupan en listas que constan de cuatro columnas: la primera es la medida necesaria para retornar a las actividades, y en las siguientes tres columnas el comité o la persona responsable podrá señalar si es una acción con la que ya se cumple, en caso contrario deberá implementarse, y finalmente, si la medida no aplica para el centro de trabajo". De la transcripción anterior, se advierte que a partir de la entrada en vigor de la Nueva Normalidad, sin la necesidad de previa obtención de permiso alguno, alguno las actividades económicas podrán iniciar labores el uno de junio de dos mil veinte; lo anterior, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que se encuentra publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", con el link https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593411&fecha=29/0 5/2020. De ahí que, si bien es cierto al presentarse la demanda siete de mayo de dos mil veinte, existían diversos lineamientos en cuanto a la paralización de actividades, entre ellas la de autolavado, derivado de la contingencia nacional ocasionada por el SARS Co-V2 (COVID-19), también lo es, que dicha clausura no se llevó a cabo, tampoco, se le aplicó alguna sanción o multa por mantener abierto dicho negocio; por lo que si a la fecha ese entorno social, industrial y económico ha cambiado y su situación jurídica se modificó con la publicación de los Acuerdos referidos en párrafos precedentes, jurídicamente no es factible restituirla en el goce de los derechos que estimó vulnerados, al existir la emisión de un diverso acto con el cual dejó de existir el objeto o materia del acto en cuestión y, en consecuencia, a ningún fin práctico conduciría otorgar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, lo que actualiza el motivo de improcedencia de la instancia constitucional previsto en el ya mencionado artículo 61, fracción XXII, de la Ley de la materia. En tales condiciones, se sobresee, en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en virtud de haber sobrevenido la causa de improcedencia precisada, por lo que ya no es dable realizar el estudio de las cuestiones fondo. Respalda esta determinación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 1, 61, 63, 73 a 75 y 77, todos de la Ley de Amparo, se resuelve: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, en términos de la parte considerativa de esta resolución. Notifi´quese personalmente. Así, lo resolvió´ y firma Lorena Guadalupe Fri´as Oviedo, secretaria en funciones de Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en te´rminos de los arti´culos 43, pa´rrafo segundo y 81, fraccio´n XXII, de la Ley Orga´nica del Poder Judicial de la Federacio´n, en relacio´n con el arti´culo 40, fraccio´n V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organizacio´n y funcionamiento del propio Consejo, autorizada en sesio´n de once de febrero de dos mil veinte, comunicada mediante oficio CCJ/ST/601/2020, ante Alicia Estrada Torres, secretaria que autoriza y da fe, hasta el siete de octubre de dos mil veinte en que se terminó de engrosar la presente resolución.
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