Alicia Cerón Tovar
Expediente 853/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 853/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/08/2016
Partes del expediente
- Alicia Cerón Tovar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio del Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, con el que acusa recibo de las copias certificadas del expediente laboral D-35/2006, que le fueron remitidas en cumplimiento a lo ordenado en auto de dieciocho de julio de dos mil dieciséis, de lo que toma conocimiento el suscrito para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de julio de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de diecisiete de junio de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia, en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Finalmente, y tomando en consideración que mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil dieciséis se formó el ANEXO I con las copias certificadas del expediente laboral D-35/2006 remitidas por el Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, devuélvase a la precitada autoridad, solicitándose el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Alicia Cerón Tovar y atento a su contenido, dígasele que no ha lugar a acordar favorablemente a su petición en el sentido de requerir al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla para que realice las diligencias de requerimiento de pago y reinstalación dentro del juicio laboral de origen; lo anterior, ya que en acuerdo de diecisiete de junio de dos mil dieciséis se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, con el que da cumplimiento al proveído de nueve de junio de dos mil dieciséis y al efecto remite copia certificada del expediente D-35/2006; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, tomando en cuenta que las constancias remitidas por la autoridad responsable son voluminosas, para un mejor manejo del juicio de amparo en que se actúa, con esta fecha se procede a integrar el ANEXO I, que corresponden a las copias certificadas del expediente D-35/2006, el cual conservará su folio original; del mismo modo, se hace constar que en términos del artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, dichas constancias se encuentran a su disposición en el expediente impreso los cuales no se agregan en su versión electrónica dada su voluminosidad. Lo anterior con sustento en la tesis I.3o.C.104 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2342 del Tomo XXXIII, febrero de dos mil once, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUICIO DE AMPARO. LAS DOCUMENTALES EXHIBIDAS POR LAS AUTORIDADES SE DEBEN CONSIDERAR FORMALMENTE AGREGADAS AL EXPEDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE INTEGRE UN LEGAJO POR SEPARADO. En el juicio de garantías se reputan actuaciones judiciales todas las promociones y documentos con que el secretario dé cuenta al juzgador y éste ordene agregar al sumario, según se colige de los artículos 57, 61, 62, 63 y 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por consiguiente, cuando alguna autoridad exhibe determinadas documentales y, para facilitar su manejo, el Juez ordene integrar un legajo por separado, se debe considerar que las mismas obran formalmente agregadas al expediente. Estimar lo contrario significaría que las constancias no forman parte del sumario y ello impediría realizar cualquier trámite relacionado con las mismas." Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que en su escrito de demanda Alicia Cerón Tovar reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y Actuario Adscrito al anterior los siguientes actos reclamados: La omisión de señalar día y hora para las diligencias de reinstalación y de requerimiento de pago a la demandada en el juicio laboral D- 35/2006, y hacerlo del conocimiento de la quejosa. Ahora bien, del comunicado y de las constancias de cuenta se advierte que la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Magistrado Presidente por acuerdo de siete de junio de dos mil dieciséis señaló las once horas del doce de agosto de dos mil dieciséis para que el Actuario Adscrito a dicho Tribunal realice la reinstalación de Alicia Cerón Tovar (aquí quejosa); de igual manera ordenó la diligencia de requerimiento de pago a la demandada en el juicio de origen Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla señalando las doce horas del doce de agosto del año en curso para realizar dicha diligencia, determinación que se hizo del conocimiento de la parte impetrante el ocho de junio siguiente. Lo anterior se encuentra acreditada con la copia certificada del expediente laboral D-35/2006 remitidas en esta fecha por el Tribunal responsable, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto al acto reclamado se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de esos actos. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, con valor probatorio pleno en los términos expuestos, y de la narrativa que antecede se colige que mediante acuerdo de siete de junio de dos mil dieciséis, el Tribunal responsable señaló las once horas del doce de agosto de dos mil dieciséis para que el Actuario Adscrito a dicho Tribunal realice la reinstalación de Alicia Cerón Tovar (aquí quejosa); de igual manera ordenó la diligencia de requerimiento de pago a la demandada en el juicio de origen Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla señalando las doce horas del doce de agosto del año en curso para realizar dicha diligencia, determinación que se hizo del conocimiento de la parte impetrante el ocho de junio siguiente. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber dictado el proveído de siete de junio de dos mil dieciséis en el que señaló las once horas del doce de agosto de dos mil dieciséis para que el Actuario Adscrito a dicho Tribunal realice la reinstalación de Alicia Cerón Tovar (aquí quejosa); de igual manera al haber ordenado la diligencia de requerimiento de pago a la demandada en el juicio de origen Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla señalando las doce horas del doce de agosto del año en curso para realizar dicha diligencia, determinación que se hizo del conocimiento de la parte impetrante el ocho de junio siguiente, cesaron los efectos del retardo del que se duele la peticionaria de amparo, pues los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable señalara día y hora para las diligencias de reinstalación y de requerimiento de pago a la demandada en el juicio de origen y le hiciera de su conocimiento esa determinación, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el siete de junio de dos mil dieciséis, el Tribunal responsable señaló las once horas del doce de agosto de dos mil dieciséis para que el Actuario Adscrito a dicho Tribunal realice la reinstalación de Alicia Cerón Tovar (aquí quejosa); de igual manera ordenó la diligencia de requerimiento de pago a la demandada en el juicio de origen Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla señalando las doce horas del doce de agosto del año en curso para realizar dicha diligencia, determinación que se hizo del conocimiento de la parte impetrante el ocho de junio siguiente. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión de señalar día y hora para las diligencias de reinstalación y de requerimiento de pago a la demandada en el juicio de origen y hacerlo del conocimiento de la quejosa esa determinación se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". No es contrario a la anterior determinación el hecho de que la peticionaria de amparo solicite se actúe con celeridad en todo el trámite de la ejecución del laudo, pues este órgano jurisdiccional estima que en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, los actos reclamados deben atenderse únicamente hasta la etapa procesal en la que fueron planteados, por lo que, la Litis constitucional únicamente puede constreñirse a los actos reclamados por el peticionario de amparo y hasta la etapa en la que se encontraba el juicio natural de origen. Se cita en apoyo a lo anterior, por las razones que informa la tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , visible en la página 732 Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por tanto, se dejan sin efecto las diez horas con seis minutos del cinco de julio de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
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