Alicia Báez García

Expediente 1923/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1923/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
12/01/2016

Partes del expediente

  • Alicia Báez García
  • Silvia Yolanda Campusano Patiño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de enero de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y la certificación de la secretaria, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de dieciséis de diciembre de dos mil quince (fojas 37 a 39). Con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el Acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil quince. Visto el estado que guarda el presente asunto y desprendiéndose de los mismos que se actualiza una causal de improcedencia dentro del presente juicio, pues de la demanda de garantías promovida por ALICIA BÁEZ GARCÍA, SILVIA YOLANDA CAMPUSANO PATIÑO, AMADO RAÚL RODRÍGUEZ FLORES, ENEDINA ATALA VALLE CARRERA, ANTEMIO PÉREZ BAUTISTA, TERESA ACOSTA HERNÁNDEZ y ELEAZAR FLORES GONZÁLEZ, se advierte que señalaron como acto reclamado el consistente en: "IV. ACTO RECLAMADO: Que la Autoridad Responsable PRESIDENTE EJECUTOR DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO, ha sido omisa al no dar respuesta a la petición que mediante escrito de fecha primero de octubre del año en curso y recepcionado con esa misma fecha como consta con el sello de recibido; toda vez que se le está solicitando la EJECUCIÓN DEL LAUDO en el presente juicio con número de expediente D-782/2009, el cual se dictó en fecha dos de junio del año dos mil catorce, en términos de los resolutivos de la resolución aludida, por ende se nos están afectando nuestros derechos laborales como trabajadores." Por otro lado, el Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado (fojas 25), negó la existencia del acto reclamado empero, dicha negativa se desvirtúa, dado que al momento de que presentara la demanda de garantías (veintitrés de octubre de dos mil quince), existía la omisión reclamada. Ahora, este juzgado federal, advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los razonamientos jurídicos que a continuación se exponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, se determina que han cesado los efectos del acto reclamado, dado que de las constancias que como justificante de su informe remitió la autoridad responsable se advierte que dentro del expediente laboral D-782/2009, el veintiocho de octubre de dos mil quince, se acordó el escrito presentado por los aquí quejosos el uno de octubre de este año, en donde se tuvo a los apoderados legales de la parte actora dentro de aquél expediente, actualizando la planilla de liquidación por sus representados por la cantidad de seis millones setecientos ochenta y un mil quinientos siete pesos 40/100 cuarenta centavos moneda nacional, ordenándose dar vista al demandado Ayuntamiento de Izucar de Matamoros, Puebla, para que dentro del término de cinco días manifestara lo que a su interés conviniera (foja 28). Asimismo, se desprende que tal acuerdo se notificó a la parte quejosa por instructivo el diecinueve de noviembre de dos mil quince (foja 30). Documentales a las que de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Nueva Ley de Amparo, se les concede pleno valor probatorio. Por tanto, es claro que acorde a lo antes narrado, ha cesado en sus efectos el acto reclamado, pues si la pretensión de la parte quejosa al promover el presente juicio de garantías era que dentro del expediente laboral D-782/2009, se acordara lo relativo a su escrito presentado el uno de octubre del año en curso, donde solicitó la ejecución del laudo dictado el dos de junio de dos mil catorce; aquella se vio satisfecha en la medida en que el mismo fue acordado el veintiocho de octubre del año en curso y que tal auto le fue notificado a la parte quejosa por instructivo el diecinueve de noviembre de la presente anualidad (foja 30); de ahí, que se considere que la omisión reclamada ya fue acordada e incluso notificada a los impetrantes de garantías. Por consiguiente, se ha restituido a los solicitantes del amparo en el pleno goce de las garantías individuales que le habían sido violadas, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos del acto reclamado han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio, respecto del acto que ALICIA BÁEZ GARCÍA, SILVIA YOLANDA CAMPUSANO PATIÑO, AMADO RAÚL RODRÍGUEZ FLORES, ENEDINA ATALA VALLE CARRERA, ANTEMIO PÉREZ BAUTISTA, TERESA ACOSTA HERNÁNDEZ y ELEAZAR FLORES GONZÁLEZ, reclamó del Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de acordar su escrito de uno de octubre del año en curso, donde solicitó la ejecución del laudo dictado el dos de junio de dos mil catorce, dentro del expediente laboral D-782/2009. En tales condiciones, se dejan sin efecto las once horas con diez minutos del veintiocho de diciembre del año en curso, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Sin que sea necesario tomar esta determinación de sobreseimiento hasta la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), es una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de amparo. Además, porque en este caso no se priva de defensa a la parte quejosa, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que ofrezca pruebas, pues como ya se dijo, nada puede desvirtuar la inexistencia del acto, por ende, el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la substanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de justicia pronta establecido en el artículo 17 Constitucional. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno correspondiente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil quince. Visto el estado que guarda el presente asunto y desprendiéndose de los mismos que se actualiza una causal de improcedencia dentro del presente juicio, pues de la demanda de garantías promovida por ALICIA BÁEZ GARCÍA, SILVIA YOLANDA CAMPUSANO PATIÑO, AMADO RAÚL RODRÍGUEZ FLORES, ENEDINA ATALA VALLE CARRERA, ANTEMIO PÉREZ BAUTISTA, TERESA ACOSTA HERNÁNDEZ y ELEAZAR FLORES GONZÁLEZ, se advierte que señalaron como acto reclamado el consistente en: "IV. ACTO RECLAMADO: Que la Autoridad Responsable PRESIDENTE EJECUTOR DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO, ha sido omisa al no dar respuesta a la petición que mediante escrito de fecha primero de octubre del año en curso y recepcionado con esa misma fecha como consta con el sello de recibido; toda vez que se le está solicitando la EJECUCIÓN DEL LAUDO en el presente juicio con número de expediente D-782/2009, el cual se dictó en fecha dos de junio del año dos mil catorce, en términos de los resolutivos de la resolución aludida, por ende se nos están afectando nuestros derechos laborales como trabajadores." Por otro lado, el Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado (fojas 25), negó la existencia del acto reclamado empero, dicha negativa se desvirtúa, dado que al momento de que presentara la demanda de garantías (veintitrés de octubre de dos mil quince), existía la omisión reclamada. Ahora, este juzgado federal, advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los razonamientos jurídicos que a continuación se exponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, se determina que han cesado los efectos del acto reclamado, dado que de las constancias que como justificante de su informe remitió la autoridad responsable se advierte que dentro del expediente laboral D-782/2009, el veintiocho de octubre de dos mil quince, se acordó el escrito presentado por los aquí quejosos el uno de octubre de este año, en donde se tuvo a los apoderados legales de la parte actora dentro de aquél expediente, actualizando la planilla de liquidación por sus representados por la cantidad de seis millones setecientos ochenta y un mil quinientos siete pesos 40/100 cuarenta centavos moneda nacional, ordenándose dar vista al demandado Ayuntamiento de Izucar de Matamoros, Puebla, para que dentro del término de cinco días manifestara lo que a su interés conviniera (foja 28). Asimismo, se desprende que tal acuerdo se notificó a la parte quejosa por instructivo el diecinueve de noviembre de dos mil quince (foja 30). Documentales a las que de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Nueva Ley de Amparo, se les concede pleno valor probatorio. Por tanto, es claro que acorde a lo antes narrado, ha cesado en sus efectos el acto reclamado, pues si la pretensión de la parte quejosa al promover el presente juicio de garantías era que dentro del expediente laboral D-782/2009, se acordara lo relativo a su escrito presentado el uno de octubre del año en curso, donde solicitó la ejecución del laudo dictado el dos de junio de dos mil catorce; aquella se vio satisfecha en la medida en que el mismo fue acordado el veintiocho de octubre del año en curso y que tal auto le fue notificado a la parte quejosa por instructivo el diecinueve de noviembre de la presente anualidad (foja 30); de ahí, que se considere que la omisión reclamada ya fue acordada e incluso notificada a los impetrantes de garantías. Por consiguiente, se ha restituido a los solicitantes del amparo en el pleno goce de las garantías individuales que le habían sido violadas, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos del acto reclamado han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio, respecto del acto que ALICIA BÁEZ GARCÍA, SILVIA YOLANDA CAMPUSANO PATIÑO, AMADO RAÚL RODRÍGUEZ FLORES, ENEDINA ATALA VALLE CARRERA, ANTEMIO PÉREZ BAUTISTA, TERESA ACOSTA HERNÁNDEZ y ELEAZAR FLORES GONZÁLEZ, reclamó del Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de acordar su escrito de uno de octubre del año en curso, donde solicitó la ejecución del laudo dictado el dos de junio de dos mil catorce, dentro del expediente laboral D-782/2009. En tales condiciones, se dejan sin efecto las once horas con diez minutos del veintiocho de diciembre del año en curso, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Sin que sea necesario tomar esta determinación de sobreseimiento hasta la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), es una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de amparo. Además, porque en este caso no se priva de defensa a la parte quejosa, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que ofrezca pruebas, pues como ya se dijo, nada puede desvirtuar la inexistencia del acto, por ende, el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la substanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de justicia pronta establecido en el artículo 17 Constitucional. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno correspondiente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio del Presidente de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual expone que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora bien, el Presidente de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el oficio recibido el diecinueve de noviembre de dos mil quince, remitió copia certificada del acuerdo que emitió el seis de noviembre del presente año, en el que dejó insubsistente el embargo trabado en el juicio laboral D-3/885/2012, únicamente sobre la parte alícuota que le corresponde al aquí quejoso Juan de Dios Valladares Martínez respecto del inmueble identificado como segunda sección del Fraccionamiento denominado General Jesús González Ortega de la ciudad de Puebla, y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial de Puebla; así como todas y cada una de las consecuencias jurídicas derivadas de dicho embargo, por lo que, al no haberse iniciado el procedimiento de remate y adjudicación, dejó a salvo los derechos del quejoso para recurrirlo en tiempo y forma que lo crea conveniente. En el entendido de que dicho embargo y su inscripción, deben subsistir respecto de los copropietarios del referido inmueble que fueron condenados en el juicio laboral de origen, ordenando girar oficio al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio para que cancele la inscripción del citado embargo, remitiendo copia certificada de las constancias conducentes. Al respecto, la autoridad responsable de mérito aduce que con el documento antes indicado, acredita fehacientemente que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo primero de la nueva Ley de Amparo, con la citadas constancias, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no efectuar manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,571 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano