Alicia Belem Bejarano Poucell

Expediente 170/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
170/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
28/03/2017

Partes del expediente

  • Alicia Belem Bejarano Poucell
  • Gabriel Villanueva Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    LLEGADA DE QUEJA. Agréguese a sus autos el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida en los autos de la queja administrativa 43/2017. Acúsese recibo. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y estese a lo resuelto por el Superior al tenor del punto resolutivo siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por ************en contra del auto de nueve de febrero de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con sede en esta ciudad, dentro del juicio de amparo indirecto 170/2017, de su índice". En vista de que dicha resolución no requiere de ejecución material alguna, archívese el expediente como asunto concluido, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de destrucción, en términos del punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Se hace la aclaración que ninguna de las partes allegó al juicio principal algún documento que por sus características amerite ser devuelto, de conformidad con lo previsto por la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del diverso por el que se le remitieron copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa, e informa que se admitió el recurso de queja interpuesto, mismo que quedó registrado bajo el consecutivo que refiere. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por los promoventes ******; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 y relativos de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hacen valer en contra del proveído que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja en el sentido de que este juzgado efectivamente emitió la resolución impugnada, en los términos que en el propio auto se precisan, y con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase copia certificada de lo actuado en el presente expediente para apoyar el contenido de dicho informe, sin que se estime necesario otorgar la vista para integrar el testimonio correspondiente, ya que los promoventes las señalan en el propio ocurso, asimismo, el numeral 101 faculta a este órgano jurisdiccional para integrarlo con las actuaciones que se estimen oportunas. Dentro del término legal remítase testimonio certificado al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Vigésimo Segundo Circuito con residencia en Querétaro, Querétaro, en turno, para la substanciación del mencionado recurso, en la inteligencia de que la entrega recepción de los autos al Tribunal de Alzada, podrá realizarse incluso en horas inhábiles, dado de que sólo se trata de una cuestión administrativa con el objeto de observar la oportunidad en la remisión del recurso que nos ocupa. Ahora bien, como de la certificación de cuenta se advierte, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que en el ocurso de agravios las firmas plasmadas difieran a las del escrito de demanda; sin embargo, no existe disposición alguna en la Ley en consulta que faculte al juzgador de amparo para solicitar la ratificación del escrito respectivo, en los casos donde se infiere alguna discrepancia en la firma que lo calza y menos para apercibirlo de tenerlo por no interpuesto, si no cumple con ello, pues tal calificación corresponde al Tribunal de Alzada que conocerá del medio impugnativo, y en su caso si éste debe ser o no desechado, conforme a lo establecido en el artículo 91 de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete dictado en el cuaderno de varios administrativo, relativo al oficio SEADS/059/2017 signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, del que se advierte que en sesión ordinaria del Pleno de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, se adscribió a este órgano jurisdiccional de manera interina, al Juez Javier Loyola Zosa, con efecto a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Por consiguiente, se ordena hacer del conocimiento de las partes dicha circunstancia para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por ****, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil de este Distrito Judicial. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 170/2017; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. DESECHA DEMANDA DE AMPARO Ahora, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae que la parte quejosa reclama al Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil de este Distrito Judicial, el acuerdo de uno de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 35/2016, que desechó los incidentes de nulidad de notificaciones, nulidad de actuaciones y reposición del procedimiento, promovido por los aquí quejosos, contra el auto que otorgó la vista con la planilla de liquidación propuesta por la parte actora en el juicio natural, por lo que se pone de manifiesto que el juicio se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia... En ese sentido este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se materializa de forma manifiesta e indudable una hipótesis de improcedencia de la demanda, que le impide admitirla y que está prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo... La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción IV del citado precepto establece la procedencia del amparo indirecto contra tres tipos de actos a saber: a) Actos ejecutados fuera de juicio -medios preparatorios a juicio, interdictos, providencias precautorias o diligencias de jurisdicción voluntaria; b) Ejecutados después de concluido el juicio -aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a preparar su ejecución-; y, c) De ejecución de sentencia propiamente dichos -que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo-, así como los procedimientos de remate. Así, de lo dispuesto en el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquéllos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo bi-instancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso... En conclusión, aun tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, que se llevan a cabo a través de un procedimiento instrumental el juicio de amparo, únicamente procede en contra de la última resolución con que se resuelva ese procedimiento (definitividad horizontal), pudiendo reclamarse en dicho juicio las violaciones procesales que la parte quejosa estime acontecieron durante la cadena procedimental y que trascendieron al resultado de la resolución. En efecto, atendiendo al sistema del juicio de amparo, tratándose de procedimientos judiciales tramitados después de concluido el juicio, el amparo sólo será procedente en contra de la determinación que resuelva en definitiva la cuestión debatida, excepto en aquellos casos en que el acto reclamado afecte materialmente derechos sustantivos distintos de la cosa juzgada. Lo anterior, encuentra justificación en el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, con arreglo al cual, para evitar la promoción de juicios de amparo en contra de todos y cada uno de los actos dictados o ejecutados dentro de un procedimiento judicial, debe reservarse la procedencia del juicio para combatir aquellos actos que, por ser finales, resuelven la situación jurídica del gobernado. Por tanto, el auto reclamado no es impugnable de manera inmediata, pues se trata de una cuestión intermedia que podrá hacer valer hasta el amparo que se intente contra la resolución interlocutoria, habiendo agotado previamente los recursos ordinarios; por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos interpretados en sentido contrario, respecto del acto reclamado anteriormente precisado, procede desechar de plano la demanda promovida; pues dicha determinación se dictó con motivo del procedimiento de ejecución de sentencia, el cual no se trata de un acto autónomo de éste. Máxime que la parte quejosa no es tercero extraño al juicio civil 35/2016, ya que de la narrativa bajo protesta de decir verdad que realiza se advierte que el juicio siguió sus etapas procesales, tanto así, que se dictó sentencia e hizo valer diversos medios de defensa ante la autoridad que señala como responsable. En tal virtud, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el juicio de amparo resulta improcedente contra la resolución reclamada; por tanto, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológico del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Imanol Palacios Rodríguez, en atención a que cuenta con cédula profesional registrada que lo acredite para ejercer la profesión de licenciado en derecho ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a las diversas personas que señala, por así haberlo solicitado expresamente. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas que no lo son, a efecto de que el fedatario realice las notificaciones personales, que en su caso deriven del presente expediente. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; y personalmente.

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