Alicia Belem Bejarano Poucell

Expediente 330/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
330/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
31/03/2017

Partes del expediente

  • Gabriel Villanueva Ramírez
  • Alicia Belem Bejarano Poucell

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE ESCRITO Y ESTADO DE AUTOS. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio, que suscribe *** a través del cual comparecen en atención a la prevención formulada por este Juzgado mediante proveído de diez de marzo de la anualidad que transcurre; en consecuencia, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, al tenor del ocurso de cuenta, téngase a la parte promovente dando cumplimiento al requerimiento contenido en autos. ACTOS RECLAMADOS. Del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como actos reclamados las actuaciones dadas en el juicio 35/2016, del índice del Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, los consistentes en: autos de cinco, diecisiete y veintitrés de enero, la resolución interlocutoria de treinta y uno de enero y los autos de dieciséis y veintisiete de febrero, todos de dos mil diecisiete. DESECHAMIENTO POR ACTOS CONSENTIDOS. La demanda de amparo que presentó el justiciable, contra los autos dictados en cinco, diecisiete y veintitrés de enero, todos de dos mil diecisiete, es improcedente. Del texto de los dispositivos en consulta, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva fuera de los términos establecidos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, que en este caso es de quince días. En ese orden de ideas, se precisa que la Ley de Amparo prevé tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo, las cuales tienen lugar a partir del día siguiente al en que: a) Conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamados haya surtido efectos; b) La parte promovente haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o, c) Se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que el término para la promoción del juicio de amparo debe computarse, a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos referidos. Es importante destacar, que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, para iniciar el cómputo de los quince días para promover el juicio de amparo, debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos en la ley y no inferirse con base en indicios. Ahora, la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad en su escrito aclaratorio que el tuvieron conocimiento de tales determinación en veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, afirmación que hace prueba plena en su contra en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se considera que la promovente del amparo se ostenta sabedora del acto reclamado al menos desde esa fecha. En ese orden de ideas, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia antes invocada, toda vez que los actos reclamados no fueron combatidos dentro del término de quince días que establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo resultando extemporánea, ya que si los promoventes del amparo se hicieron sabedores de los actos que reclaman el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, el plazo para presentar la demanda corrió del veinticinco de enero al quince de febrero de dos mil diecisiete, sin contar el veintiocho y veintinueve, cuatro, cinco y seis de febrero, así como once y doce, todos de esta anualidad, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Lo anterior, incluso otorgando un día más como surtimiento de efectos, al día en que tuvo conocimiento. Luego, si la demanda la presentó el uno de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales, indudablemente se hizo de forma extemporánea, por lo que se determina que el acto que aquí se reclama se considera como consentido para efectos del amparo, lo cual de manera manifiesta e indudable torna improcedente el presente juicio de derechos fundamentales. Por lo tanto, al surtirse en relación al acto en estudio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por los actos precisados, la demanda promovida por Gabriel Villanueva Ramírez y Alicia Belem Bejarano Poucell, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO POR NO SER ULTIMO ACTO EN EJECUCION DE SENTENCIA. Por otra parte, por cuanto ve al diverso acto reclamado que se hace consistir en el auto de veintisiete de febrero de esta anualidad, por el cual el juez responsable en el que ordenó la ejecución de sentencia instancial, dicho acto reclamado, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el último de ellos interpretado en sentido contrario a su redacción, del tenor siguiente: Conforme al primero de los preceptos reproducidos en lo conducente, el juicio de amparo es improcedente cuando así derive de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo; en tanto que de acuerdo a lo dispuesto en el segundo de tales preceptos, el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, y cuando se reclaman actos en ejecución de sentencia, dicho juicio sólo es procedente contra la última resolución pronunciada en esa fase ejecutiva. Consecuentemente, admitir la demanda de amparo contra actos previos a la resolución que tenga por cumplida la condena o convenio, o establezca la imposibilidad para cumplirla, implica obstaculizar el cumplimiento de una determinación firme que es cosa juzgada, constituye la verdad legal y, por ello, su ejecución es de orden público, en acatamiento al párrafo tercero del artículo 17 constitucional. Cabe precisar también, que el propio Pleno del Alto Tribunal determinó que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo anterior (fracción V del artículo 107 de la ley vigente) para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, como puede verse, al haberse emitido el acto combatido después de concluido el juicio y en el periodo de ejecución de sentencia, en donde la ahora quejosa es parte formal y material, al tener la calidad de demandada y haber comparecido al juicio a defender sus derechos; por ello, es evidente que dicho acto no constituye la última resolución en tal procedimiento, dado que ésta será aquella en la que el juez de origen apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, o declare la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento. Además, la emisión del acto reclamado no afecta de manera directa derechos sustantivos de la quejosa, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, sino que se trata de una determinación intermedia vinculada con el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, que constituye cosa juzgada y es la verdad legal, sin que esta tenga el carácter de acto autónomo. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia examinada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda por cuanto ve al acto antes precisado, al actualizarse la causal de estudio. DESECHAMIENTO POR NO AGOTAR PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Ahora bien, en atención al escrito inicial de demanda, así como al segundo de los escritos aclaratorios se advierte que Gabriel Villanueva Ramírez y Alicia Belem Bejarano Poucell, solicitan también el amparo contra los actos del Juez Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, que hacen consistir en la planilla de liquidación dictada en treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, así como el auto de dieciséis de febrero de la anualidad citada, dentro de los autos del juicio 35/2016, del índice de la citada autoridad, así como el auto que declaró firme dicha resolución. Ahora bien, este Juzgado de Distrito advierte que contra dicho acuerdo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Del último de los preceptos transcritos se advierte que procede el recurso de apelación contra autos o sentencias interlocutorias emitidos dentro de un procedimiento civil siempre que la sentencia definitiva del juicio en lo principal sea también apelable; además, establece como condición para la procedencia del recurso de apelación contra autos, que éstos tengan el carácter o fuerza definitiva, que cause un gravamen, esto es, que implica la existencia de un contenido que genere efecto jurídico y material que no pueda repararse. Así también, de lo trascrito se deduce que el recurso de apelación procederá cuando se trate de negocios cuyo valor exceda trescientos días de salario mínimo general, y en aquellos cuyos intereses no sea susceptibles de valuarse en dinero, y que los autos y sentencias interlocutorias, sólo serán apelables cuando así lo sean las sentencias definitivas. Ahora bien, de la narrativa efectuada por la parte quejosa se evidencia que el asunto génesis del juicio es una juicio sumario civil sobre pago de rentas, cuyo inicio se dio en ocho de enero de dos mil dieciséis. En esa medida, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 736, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, al no haberse interpuesto la apelación contra el acto reclamado ya indicado; lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por Gabriel Villanueva Ramírez y Alicia Belem Bejarano Poucell. En razón de los estudios que se han efectuado es que se desecha la demanda de amparo promovida. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    PREVENCIÓN. En tal virtud, previo a proveer lo que en derecho proceda, en función al principio de concentración procesal, con fundamento en los artículos 108, fracción V y 114, fracción I de la Ley de Amparo, prevéngase de nueva cuenta a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con ocho copias simples de su escrito aclaratorio, para correr traslado a las cuatro autoridades que señala como responsables, una más para el tercero interesado, una más para el agente del Ministerio Público adscrito y dos más para en su caso la apertura del incidente de suspensión; como lo prevé el artículo 110 de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad, realice la aclaración en los siguientes términos: PRIMERO. Precise el contenido de la resolución interlocutoria de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, que cita en el apartado de actos reclamados; y SEGUNDO. En caso de no ser esa resolución la que resuelva la planilla de liquidación, indique si también reclama tal determinación, en el entendido de que deberá precisar la fecha de la emisión de tal determinación así como aquella en la que tuvo conocimiento de ello. Lo anterior resulta necesario a efecto de dar claridad a este Juzgador Federal con relación a la naturaleza misma del acto reclamado, a fin de discernir en el caso concreto respecto a su procedencia. Haciéndole notar a los promovente que deberán acatar en todo momento la protesta de decir verdad, pues de lo contrario la ley de amparo prevé consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla el propio quejoso y no los autorizados ni siquiera en términos amplios de ésta, debido a que aquélla hace las veces de ampliación de demanda, la cual únicamente puede solicitarla el promovente del amparo. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se apercibe al agraviado, que en el caso de no dar cumplimiento a la presente prevención, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Expídase testimonio autorizado del presente proveído a fin de ser entregado a la parte promovente con motivo de su notificación. Notifíquese; personalmente a la parte.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio de la Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada por dicho tribunal; con motivo del recurso de revisión interpuesto contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Consecuentemente, acúsese recibo; glósese el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado al presente expediente; hágase las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y estese a lo resuelto por el Superior que mediante la ejecutoria de cuenta determinó lo siguiente: "Primero. Queda firme el sobreseimiento decretado en el considerando tercero de fallo revisado, atento a lo determinado en el considerando sexto de esta ejecutoria. Segundo. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. Tercero. La Justicia la Unión no ampara ni protege a *********, por conducto de su representante ************, contra el artículo 28, fracción XXX, de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del uno de enero de dos mil catorce." Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere ejecución material alguna, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción IV, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Por otro lado, se hace la aclaración que ninguna de las partes allegó al juicio principal algún documento que por sus características amerite ser devuelto, de conformidad con lo previsto por la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se dejan a disposición de la parte quejosa, en la secretaría del juzgado, las constancias que remitió como prueba, en el entendido de que una vez devueltas las constancias de referencia deberá glosarse al expediente la carátula del cuaderno que se formó, en la inteligencia que de no acudir a recogerlas seguirán la suerte del expediente. Notifíquese.

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