Alicia Barajas Chávez

Expediente 548/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
548/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
10/07/2019

Partes del expediente

  • Alicia Barajas Chávez
  • Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de julio de dos mil diecinueve. Visto, el estado de cuenta, se provee: Tribunal Colegiado remite testimonio. Agréguese el oficio y anexo signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, relativa a la queja administrativa 123/2019, la que concluyó con el siguiente punto: "UNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja, por las razones contenidas en el considerando quinto de esta ejecutoria." Acúsese recibo. Archivo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, previas anotaciones de estilo en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede se provee: Colegiado admite queja. Recíbase el oficio de cuenta, que remite el Tribunal de Alzada, a través del cual hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto; dando origen al expediente 548/2019; lo que se asienta para constancia y demás efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Se tramita queja por desechada. Agréguese a los autos el ocurso signado por la quejosa Alicia Barajas Chávez, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve (fojas 12 a 18), en el que este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, y para los efectos de la tramitación del medio de impugnación hecho valer por la parte quejosa, remítase de inmediato copia debidamente certificada de las constancias que integran el presente cuaderno, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, así como el escrito original de expresión de agravios emitido por el recurrente y una copia de este para el Agente del Ministerio Público adscrito a ese Tribunal de Alzada, para el ulterior trámite del medio de impugnación de que se trata. Finalmente, ríndase el informe justificado adjuntando las constancias que se estimaron necesarias para la tramitación del recurso de queja en mención. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE DICE. Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 548/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado consiste en: La aplicación de la Unidad y Medida de Actualización (UMA), en su pensión número 905381, otorgada por la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y como consecuencia la devolución del numerario que se ha dejado de percibir por dicha aplicación en la aludida pensión. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el particular asunto, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que previamente a la promoción de esta vía constitucional, la parte solicitante del amparo debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo, es decir, debió impugnar dicho acto ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los términos y formas señalados por la Ley Orgánica del citado Tribunal, ya que a través de esa vía se puede revocar, nulificar o dejar sin efectos los actos reclamados. Del mencionado artículo 61 se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se actualiza la causa de improcedencia de mérito. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Bajo esa premisa, resulta pertinente precisar del artículo 2° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y el 3°, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se advierte que el Tribunal Federal, conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones administrativas definitivas en materia de pensiones civiles, sea a cargo del erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores. En ese sentido, si el acto que por esta vía se impugna, se hace consistir en la aplicación de la Unidad y Medida de Actualización (UMA), en su pensión número 905381, otorgada por la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dado que manifiesta que cuando se le otorgó la pensión respectiva, su valor se calculaba en salarios mínimos, que es un poco más elevado que la Unidad y Medida de Actualización (UMA), que se le está aplicando actualmente; previo a acudir al juicio de amparo, la peticionaria, debió gestionar ante la autoridad administrativa que su pensión le fuera otorgada con el valor que se estipuló, esto es, con base en el salario mínimo como se venía realizando, desde el momento en el que se otorgó la misma y no en la Unidad y Medida de Actualización (UMA), la cual resulta inferior, esto, a fin de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada y contra dicha determinación, impugnarlo a través del juicio de nulidad para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo, pues la esencia del acto reclamado descansa en un tema relacionado con los cálculos de montos de la pensión que recibe. Sirve de apoyo la jurisprudencia 111/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva." Así como la jurisprudencia 2a. /J. 84/2018 (10a.) , de contenido siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO. De los artículos 14, fracción VI, de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, 2o., 3o., 14, fracción II, y 15, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) conocerá del juicio contencioso administrativo promovido contra las resoluciones definitivas dictadas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De dichas normas se deduce que tratándose de la impugnación de la actualización y cálculo de incrementos a una pensión se requiere de una resolución dictada por el Instituto referido, lo que presupone que el actor, antes de acudir al juicio contencioso administrativo federal, debió gestionar ante la autoridad administrativa que se le otorgaran dichos incrementos, a fin de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada, máxime que en las tesis aislada 2a. X/2003 y de jurisprudencia 2a./J. 80/2017 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para la procedencia del juicio contencioso administrativo se requiere que se haya emitido un acto administrativo de autoridad, una resolución definitiva o la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, para que sea susceptible de impugnarse ante el Tribunal mencionado". Habida cuenta que el numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que rige a los referidos juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Sobre este tema, cobra aplicación la jurisprudencia 130/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Consecuentemente, resulta evidente que el acto reclamado que se pretende impugnar en esta vía, previo las gestiones que debe realizar la quejosa ante la autoridad administrativa, es competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que debe acudir a dicha instancia para controvertirlo. En el entendido, que en el caso, tampoco se surten las excepciones previstas en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia que se analiza, consistente en que no existe obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, o cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal. Es así, pues aun cuando la quejosa expresa en sus motivos de disenso que existe una violación directa al artículo 14, del contenido integral de la demanda, se evidencia que en el particular asunto, no se está en presencia de una violación directa a dicho numeral, virtud a que el reclamo de la quejosa es que la autoridad responsable le proporciona su pensión aplicando el valor de la Unidad y Medida de Actualización (UMA), que resulta inferior al valor del salario mínimo, con el cual le fue otorgada la misma, por lo que su análisis debe realizarse a través de los medios legales establecidos en la ley secundaria; considerar lo contrario, imperaría el arbitrio de la quejosa, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Constitución Federal, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley secundaria. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". (Lo resaltado es por este juzgado) Además, el procedimiento contencioso administrativo no se encuentra previsto en un reglamento, sino precisamente en la ley que rige al acto reclamado, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. De ahí que este Juzgado determina que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, puesto que en contra de los actos que por esta vía reclaman la parte accionante de amparo, procede el juicio contencioso mismo que previamente a la promoción del presente juicio de amparo se encontraba obligada a agotar para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo, pues no operan las excepciones planteadas. En esas condiciones, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, y por consecuencia, SE DESECHA la demanda de amparo, promovida por Alicia Barajas Chávez. Finalmente, respecto a la manifestación realizada por la quejosa, en el sentido de que hace valer como hecho notorio, la sentencia dictada por el Juzgado Segundo en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León, dentro del juicio de amparo 123/2019, promovido por Alma Isidra Martínez Sánchez, dígasele que este juzgador no se encuentra obligado a resolver en el mismo sentido, toda vez que dicho criterio no resulta vinculatorio para decidir sobre el presente juicio de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Alfredo Estrada González, ya que acredita tener la facultad para ejercer la profesión de abogado al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que la diversa persona que señala, únicamente para imponerse de los autos, en virtud de que así fue solicitado por la parte quejosa. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

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