Alicia Ambriz Medina
Expediente 60/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 60/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alicia Ambriz Medina
- Junta Especial Número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Pronunciamiento causa estado. De la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad en contra de la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado. Resulta pertinente resaltar esta determinación se emite hasta el día de hoy, ya que con motivo de la circular CAP/3/2020 emitida el veinte de diciembre de dos mil veinte, por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se aprobó la "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal" y se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III, y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid. Esto implicó dar trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. Medida que tuvo vigencia del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021; periodo durante el cual se suspendieron los plazos y términos, con las salvedades del punto anterior. Supuestos que en el presente asunto no acontecieron, pues no se trató de un asunto calificado como "urgente", pues no fue presentado de manera física ni electrónica, con esa calidad. Más aún, porque de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo General en cita, para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes o sus representantes debían haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. De ahí que el presente asunto quedó contemplado dentro de aquéllos en los que se suspendieron los plazos y términos; lo que llevó implícito que en aquel momento no se diera continuidad. ( Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. ( Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se concedió la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa, por auto de doce de noviembre de dos mil veinte, para que desahogara la vista que se ordenó con las manifestaciones realizadas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, respecto del cumplimiento de la ejecutoria; en consecuencia, de conformidad con los artículos 192 primer párrafo, y 196 de la Ley de Amparo en vigor, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en consideración sólo las constancias que obran en este expediente. Efectos del fallo protector. Mediante sentencia emitida el veintinueve de mayo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional, concedió a la quejosa Alicia Ambriz Medina la protección constitucional, para que la autoridad responsable: Deje insubsistente la resolución de diez de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de liquidación de laudo, dentro del juicio laboral 231/2012. Dicte una nueva en la que se abstenga de arrojar la carga probatoria a la parte quejosa con relación a los incrementos salariales que demanda en el incidente de liquidación. Con base en la información obtenida mediante los medios electrónicos que tenga a su alcance determine el quantum que corresponda a los incrementos salariales que demanda la parte quejosa en el incidente de liquidación de laudo que dio origen al acto reclamado. III. Actos realizados por la autoridad responsable tendente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. El Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con su oficio I30-1097/2020, recibido en este juzgado el once de noviembre del año en curso, remitió copia certificada de la resolución pronunciada el diez de este mes y año, dentro del incidente de liquidación del juicio laboral 231/2012; en la misma se pronunció en los términos siguientes: En el resultando tercero, dejó insubsistente la resolución pronunciada el diez de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del incidente de liquidación; refirió que en su lugar emitiría otra, en la que se abstendría de arrojar la carga probatoria a la parte quejosa, con relación a los incrementos salariales que demandó, y con base en la información obtenida de los medios electrónicos determinaría el quantum correspondiente. En el considerando cuarto precisó que atendiendo a la ejecutoria de amparo de manera oficiosa procedía a recabar los incrementos salariales de la tabla de los incrementos al salario mínimo; atento a ello, fijó los incrementos porcentuales sobre la base del salario real conforme a la tabla de incrementos porcentuales denominada "Porcentaje del salario mínimo nominal y real (1989-2019)" visible en la página oficial presidente.gob.mx, y para el año dos mil veinte, los tomó de la página oficial de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, publicada el veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Enseguida precisó los incrementos porcentuales obtenidos con relación al salario mínimo para los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; realizó las operaciones aritméticas para obtener el incremento porcentual al salario diario, los que multiplicó por los días transcurridos en el año correspondiente, para obtener el total de los incrementos, como se aprecia de la tabla que insertó. Luego, determinó el total del incremento porcentual al salario, por el monto de $193,009.80 (ciento noventa y tres mil nueve pesos con ochenta centavos). Finalmente concluyó que el total de la condena por concepto de liquidación del laudo, es por el monto de $798,959.72 (setecientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos con setenta y dos centavos). Análisis sobre el cumplimiento al fallo protector. Analizados los actos realizados por la autoridad responsable, para dar cumplimiento al fallo protector, se advierte que en la resolución del incidente de liquidación de laudo, dictada dentro del juicio laboral 231/2012, el diez de noviembre de dos mil veinte, dejó sin efectos la diversa resolución de diez de diciembre de dos mil diecinueve. Dijo que en la nueva resolución se abstendría de arrojar la carga probatoria a la parte quejosa, con relación a los incrementos salariales que demandó, y que para ello tomaría en consideración los datos que se advirtieran de los medios electrónicos. Fijó los incrementos porcentuales sobre la base del salario real conforme a la tabla de incrementos porcentuales denominada "Porcentaje del salario mínimo nominal y real (1989-2019)" visible en la página oficial presidente.gob.mx, y para el año dos mil veinte, tomó en consideración los datos de la página oficial de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, publicada el veinte de diciembre de dos mil diecinueve; con base en ello determinó el incremento porcentual al salario diario, y luego de realizar las operaciones aritméticas correspondientes obtuvo el total del incremento porcentual al salario, por un monto de $193,009.80 (ciento noventa y tres mil nueve pesos con ochenta centavos). Concluyendo que el total de la condena por concepto de liquidación del laudo, a cargo de la demandada Procuraduría Federal del Consumidor, es por el monto de $798,959.72 (setecientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos con setenta y dos centavos). Pronunciamiento. De la anterior relación, se aprecia que la autoridad responsable atendió a los efectos de la sentencia de amparo; de ahí que lo procedente es tener por cumplido en su totalidad el fallo protector, sin que exista exceso o defecto. Sin que pase inadvertido para este Juzgado que mediante escrito presentado ante este juzgado el veintitrés de noviembre del año en curso, los autorizados de la quejosa hicieron manifestaciones en relación con el cumplimiento de la sentencia dado por la autoridad responsable, en esencia refirieron que cuantificó mal los incrementos porcentuales al salario, pues no verificó la cuantificación que realizó sobre el salario base. No obstante, contrario a lo que aduce el autorizado del quejoso, la sentencia de amparo se encuentra cumplida ya que el juez responsable acató lo ordenado, con base en los lineamientos trazados en la ejecutoria en que se otorgó la protección constitucional; por lo que no es factible analizar en este momento la legalidad de la resolución emitida. Es aplicable al particular la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz y contenido siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas. Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo." Se ordena dar cuente en diverso expediente. Visto el estado de autos, se advierte que el pasado once de noviembre se recibió en este órgano jurisdiccional el oficio J30-1098/2020, suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; sin embargo, el mismo se dirige al juicio de amparo 225/2020 del índice de este órgano jurisdiccional. Por tanto, se ordena que el original de dicha promoción sea acordada en cuanto al fondo en el juicio al que se dirige; previa constancia que se deje en este expediente del referido oficio.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Manifestaciones en relación al cumplimiento. Agréguense a los autos el escrito signado por Leonel Bladimir Alipio Jiménez y María Marcela Salazar Flores, en cuanto autorizado de la quejosa Alicia Ambriz Medina, mediante los cuales, se le tienen por hechas las manifestaciones a que alude, en relación al cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, en atención a su contenido, dígasele este órgano jurisdiccional acordará lo conducente en relación a las manifestaciones que realizó en su escrito de cuenta; al momento de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.KOA/MFLV/vmv
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Autoridad informa gestiones. Agréguese a los autos los oficios de cuenta y sus anexos, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informa sobre el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento aludido. Con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los documentos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; y personalmente a la partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.KOA/CFCL/vmv
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