Alicia Álvarez Flores

Expediente 793/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
793/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
11/09/2019

Partes del expediente

  • Alicia Álvarez Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DECIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo General de mérito, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del citado Acuerdo General, proceda su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 793/2019, promovido por Alicia Álvarez Flores contra actos del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de junio de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, Alicia Álvarez Flores y otros solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: ".La negativa y omisión de la responsable en cuanto a dar cumplimiento a los decretos que fueron publicados en el periódico oficial "Tierra y Libertad" órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. .ALICIA ALVAREZ FLORES decreto 1634 de fecha 13 de agosto del 2014 periódico oficial número 5211." SEGUNDO. El once de junio de dos mil diecinueve, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, decreta de manera oficiosa la separación de autos, ordenando returnar de manera aleatoria los diversos asuntos. TERCERO. El catorce de junio de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito, recibió el oficio OCC/C18/JDM/907/2019, signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual con motivo de la separación de juicios remitió la demanda de amparo promovida por Alicia Álvarez Flores. CUARTO. El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 793/2019, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable la omisión de aplicar y pagar el incremento correspondiente al año dos mil diecinueve, respecto de la pensión decretada a favor de la quejosa, mediante decreto número mil seiscientos treinta y cuatro, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" de fecha trece de agosto de dos mil catorce; ello, conforme al aumento porcentual efectuado al salario mínimo general vigente. Lo que argumenta, se traduce en el incumplimiento al decreto mencionado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, pues al momento de rendir su informe justificado así lo manifestó por conducto de su Director General. CUARTO. Procedencia del Juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: --- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De acuerdo con dichos preceptos, el juicio de amparo no es procedente cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observará, tienen el carácter de autoridades aquellas que -con independencia de su naturaleza formal- dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual éstos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte; y, por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. A fin de sustentar la improcedencia del presente juicio, se estima necesario en primer término, puntualizar que la quejosa reclama el incumplimiento del decreto, mediante el cual se le concedió pensión por jubilación, específicamente por cuanto a la omisión de aplicar y pagar el incremento correspondiente al año dos mil diecinueve, conforme al aumento porcentual efectuado al salario mínimo general vigente. Establecido lo anterior, se estima necesario determinar la naturaleza del acto reclamado. Así las cosas, al traducirse lo reclamado en la negativa de un derecho de seguridad social en perjuicio de la quejosa, como lo es la falta de incremento de la cuota pensionaria; se accede a la convicción de que dicho acto, no constituye un acto de autoridad. En efecto, desde esa perspectiva, el acto que se reclama no corresponde al que surge de la relación de una autoridad y un gobernado, sino que surge de una relación de coordinación entre patrón y trabajador, dada la existencia de derechos y obligaciones que comparten entre sí. De ahí que, si derivado de tal relación existe un desacuerdo entre dichas las partes, entonces será en alguna otra instancia en donde se ventile tal problemática y no mediante esta vía constitucional; ello con base a que se encuentran prestaciones derivadas de una relación laboral. En efecto, se reitera, el acto que se reclama, atendiendo a las razones por las que está inconforme la quejosa, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en razón de que derivan del vínculo entre patrón y trabajador; caso en el que se insiste, actúan en un plano de igualdad, y, por tanto, no se está en el supuesto señalado por el artículo 5°, fracción ll, de la Ley de Amparo vigente, que al respecto señala que un particular tendrá el carácter de autoridad responsable cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En esa tesitura, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, tiene una naturaleza eminentemente laboral, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; por tanto, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, congruentemente con la doble personalidad del Estado. Por ende, el acto de que se duele la quejosa no puede ser considerado como de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Aserto que se vierte en atención a que debe decirse que en materia de seguridad social, el Estado de Morelos legalmente se encuentra obligado con sus trabajadores a otorgarles ciertas prestaciones -entre ellas las descritas en el artículo 54 de la Ley del Servicio Civil-, en el caso de la quejosa, una pensión por jubilación; con la particularidad de que el Congreso del Estado de Morelos, es el órgano del propio Estado que conoce de las solicitudes de jubilaciones o pensiones, quien debe emitir, por conducto de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, el decreto respectivo en el que determine lo conducente, pues dicha encomienda se encuentra expresamente prevista en el diverso 56 de la ley en mención esto es, la pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez, viudez, orfandad o por ascendencia, se otorgan mediante decreto. Aunado a lo anterior, cabe destacar que el ordenamiento en cita, Ley del Servicio Civil, en su artículo 55, establece que las prestaciones a que tienen derecho los empleados públicos, en materia de seguridad social, estarán a cargo de los Poderes del Estado y de los Municipios, a través de las instituciones que para el caso determinen, siendo que en la especie, lo es el Organismo Público Descentralizado, aquí responsable, denominado Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, que fue el señalado como obligado al pago de la pensión decretada. Sin que pueda, estimarse de modo alguno, que esta particularidad que legalmente se ha impuesto al Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, constituye un ejercicio de poder público basado en una relación de supra a subordinación que afecte de manera unilateral la esfera jurídica de la inconforme, sino de una decisión adoptada por el poder público derivada precisamente de la relación que subsistió entre la trabajadora y el Gobierno del Estado de Morelos, con motivo del desempeño de las labores que aquélla prestó durante cierto tiempo para éste. Aunando a lo anterior no debe pasar desapercibido, que la propia quejosa adjuntó a su escrito de demanda de amparo, el decreto pensionatario que se estima incumplido, mismo que en su artículo tercero, remite a lo dispuesto en el artículo 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para fundamentar la obligación de incrementar las pensiones, como la concedida a la aquí quejosa por jubilación. Disposición legal, la invocada, que a la letra dice: "Artículo 66.- Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere este Capítulo, se calcularán tomando como base el último salario percibido por el trabajador; para el caso de las pensiones por jubilación y cesantía en edad avanzada, cuando el último salario mensual sea superior al equivalente de 600 salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán acreditar, haber desempeñado cuando menos cinco años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no cumpiirse (sic) este plazo, el monto de la pensión se calculará tomando como tope los referidos 600 salarios mínimos vigentes en la entidad, y de acuerdo a los porcentajes que establece la Ley. La cuantía de las pensiones se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos. Las pensiones se integrarán por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. El trabajador no podrá gozar al mismo tiempo de dos pensiones a cargo del Gobierno o Municipio, en tal evento, el Congreso del Estado lo deberá requerir para que dentro de un plazo de treinta días naturales opte por una de ellas, en caso de que el trabajador no determine la pensión que debe continuar vigente, el Congreso concederá la que signifique mayores beneficios para el trabajador." Conforme lo expuesto, y al estar en inconformidad con la omisión de cumplimiento de lo determinado por el Congreso, el justiciable se encuentra en posibilidad de hacer valer sus derechos, en relación con aquella determinación, ante la autoridad laboral competente; sin que lo aquí plasmado pueda tomarse en cuenta para establecer la competencia de determinado órgano jurisdiccional, pues esto será establecido en su momento procesal oportuno; ya que en el caso, lo único que se establece en la presente determinación, es que los actos reclamados, no pueden considerarse que fueron emitidos por una autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo que se corrobora con lo resuelto por el Pleno en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, en la jurisprudencia PC.XVIII.L. J/3 L (10a.), determinó que acorde con los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción VII, 57 a 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil, y 38, fracciones VII, LXIV, LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, los trabajadores al servicio del Estado de Morelos y de sus Municipios, así como sus beneficiarios, tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social. En torno a dicha prerrogativa, la citada legislación establece requisitos y formalidades que se deben cumplir. En esas circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, por lo tanto, los conflictos que se susciten al respecto, deben conocerlos y resolverlos el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En consecuencia, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, estos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo y; por tanto, se sobresee en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 de la invocada ley. Se estima oportuno señalar que si bien el acto reclamado que nos ocupa, no es susceptible de analizarse a través del juicio de amparo, ello no significa que se deje a la promovente en estado de indefensión, ya que tiene expedito el derecho de acudir ante la autoridad correspondiente para deducir lo que a través de esta vía pretende. Lo anterior, impide analizar las cuestiones que atañen al fondo del asunto, en razón de la improcedencia que se actualiza. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por otra parte, no es necesario estudiar la diversa causa de improcedencia que invoca la autoridad responsable, ya que el examen de ésta resultaría ocioso y a nada práctico conduciría, pues no cambiaría el sentido de esta resolución respecto de dicho acto reclamado. Por su aplicación, es de citarse la tesis de jurisprudencia número 54/98, visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que reza bajo la voz: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución.". Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, en el acuerdo de once de julio de año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable Director General y representante legal del Colegio de Bachilleres; luego entonces, se desprende que no han transcurrido los ocho días previos a la celebración de la audiencia constitucional, tal y como lo refiere el artículo 117, de la ley de la materia, para que las partes estén en posibilidad de imponerse de dicho informe; motivo por el cual, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las diez horas con ocho minutos del veintinueve de julio de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. Jorge.P.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Director General y representante legal del Colegio de Bachilleres; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone y con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas que se ofrecen, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. Jorge.P.

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