Alfredo Vazquez Ramos

Expediente 119/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
119/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/05/2023

Partes del expediente

  • Alfredo Vazquez Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra del auto por el cual se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA QUEDADO FIRME. Del incidente de suspensión. Cabe destacar, que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido, toda vez que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; ahora, del informe rendido se advierte que con fecha veinte de enero de dos mil veintitrés, se dictó la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 01/163/19-I, asimismo, el quince de febrero de dos mil veintitrés, se notificó personalmente a la parte actora aquí quejosa dicha determinación, de las cuales la autoridad responsable remitió copia certificada; documentales que por ser de carácter público hacen prueba plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Por lo anterior, este juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal afirmación, ya que la parte actora aquí quejosa Alfredo Vázquez Ramos, en el presente juicio por conducto de su apoderado legal reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la denegación de justicia consistente en la omisión de dictar la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 01/163/19-I; sin embargo, como ya se estableció la autoridad responsable con fecha veinte de enero de dos mil veintitrés, dictó la resolución en forma de laudo dentro del referido expediente laboral, asimismo, el quince de febrero de dos mil veintitrés, notificó personalmente a la parte actora aquí quejosa dicha determinación, de las cuales la autoridad responsable remitió copia certificada. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues con las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, la omisión reclamada quedó superada, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que al momento de la presentación de la demanda de amparo, (veinte de enero de dos mil veintitrés), la autoridad responsable, si bien es cierto, ya había dictado la referida resolución, también lo es, que a la fecha de la presentación de la demanda no la había notificado. Por tanto, si de manera posterior se realizó dicha actuación, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y por tanto, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal; ello sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, pues ello traería un retardo en la impartición de justicia, lo cual es contrario a lo establecido en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con quince minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades responsables de mérito a las personas que citan y de conformidad con el artículo 26 de la Ley de la Materia, las notificaciones se les realizaran mediante oficio en su residencia oficial. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que remite, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Finalmente, de acuerdo con las manifestaciones que vierte y las copias certificadas que remite, de conformidad con el artículo 11, de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad a********************, como apoderado legal de la parte quejosa. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda los autos, de los cuales se advierte que la autoridad responsable no ha dado total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere de nueva cuenta a Eloysa Torices Blanco, Presidente de Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente en que quede legalmente notificado del presente proveído, realice lo siguiente: Informe y acredite las gestiones que se encuentra realizando para diligenciar el exhorto ********************, del índice de la Junta de esta entidad federativa, debiendo remitir las documentales que lo acrediten. Así también, comunique si ya se encuentra emplazada la demandada al juicio ********************, de su índice. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Eloy Alonso Valencia Baca, Delegado del Tesorero del Municipio de Chihuahua, Chihuahua, mediante el cual informa la respuesta dada por la Comisión Federal de Electricidad, así como las cantidad a pagar a la parte quejosa por concepto del cobro del derecho de alumbrado. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Tesorero del Municipio de Chihuahua, Chihuahua, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al que quede legalmente notificado del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite si ya devolvió la cantidad que refiere en su oficio de cuenta, en la cuenta bancaria proporcionada por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Así también, informe si la cantidad que devolverá se encuentra debidamente actualizada. Acredite que dejó de aplicar en lo presente y en lo futuro la obligación tributaria prevista en el artículo 53, fracción X, de la Ley de Ingresos del municipio de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2021, en relación con la tarifa X, de ese mismo ordenamiento; esto es, para que no se le aplique la norma declarada inconstitucional durante el lapso de su vigencia, exclusivamente en relación con el municipio de Chihuahua, Chihuahua, y el pago corresponda al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, en congruencia con el oficio que ordenó girar a la Comisión Federal de Electricidad. Lo que es así, porque los efectos restitutorios que de una sentencia de amparo contra una norma fiscal obliga a la autoridad hacendaria a devolver las cantidades enteradas en aplicación de la misma, debidamente actualizadas, devolución que no se condiciona al agotamiento por la parte quejosa de la solicitud relativa, pues el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y exige la restitución en el pleno goce del derecho violado, derecho que surge en favor de aquélla de manera inmediata con motivo de la concesión del amparo, cuya fuerza vinculatoria deriva de un mandato constitucional. Lo anterior encuentra vigencia en la jurisprudencia cuyos datos son los siguientes: "Registro digital: 170708 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 221/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 204 Tipo: Jurisprudencia LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDÓ EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS).La declaratoria de inconstitucionalidad de las normas que rigen un tributo, derivada del juicio de garantías, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la respectiva obligación tributaria, y devolverle el saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Ahora bien, aun cuando la actualización del monto respectivo para este supuesto no esté expresamente previsto en la norma, el derecho del contribuyente a recibirla deviene de la propia naturaleza del sistema que rige las relaciones entre el fisco y el contribuyente, del que deriva que el monto pagado debe efectuarse en valor presente, pues de otra manera no podría restituirse al gobernado en el pleno goce de la garantía violada en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo.". Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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