Alfredo Zamora Rivera
Expediente 1073/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1073/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/12/2020
Partes del expediente
- Alfredo Zamora Rivera
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Agréguese; ya se acordó lo conducente. Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante el cual remite copia certificada del diverso comunicado 29265/2020 del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por el cual le informó que se avocó al conocimiento de las demandas promovidas por Alfredo Zamora Rivera y otros, del índice de este órgano jurisdiccional y de este juzgado federal, lo que hace del conocimiento a fin de estar en aptitud de acordar lo conducente. Al respecto, agréguese sin que haya lugar a realizar mayor proveído, toda vez que mediante auto del veintiséis de noviembre pasado, se acordó lo conducente. Se devuelve expediente al archivo. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte se ordenó el archivo del presente juicio como asunto concluido; en consecuencia, hágase su devolución. Cúmplase.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de noviembre de dos mil veinte. Valoración del cumplimiento a la sentencia. Vista la certificación de cuenta, el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante acuerdo del catorce de octubre de dos mil veinte, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Efectos del amparo. Mediante sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito al resolver el recurso de revisión 23/2020, el veintiséis de junio de dos mil veinte, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: ".En mérito de lo anterior, a fin de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental de acceso a la justicia, y con fundamento en el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, se concede el amparo solicitado para el efecto de que se le notifique personalmente en el plazo establecido en el artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, el laudo de tres de junio de dos mil diecinueve dictado en el juicio laboral D-337/2018." Requerimiento. Posteriormente, por acuerdo del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se tuvo por recibida la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado en mención y se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Cumplimiento. En acuerdo del catorce de octubre de dos mil veinte, se recibió copia certificada de la notificación del laudo del juicio laboral D-337/2018. En ese contexto, este órgano de control constitucional considera que el Tribunal responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, toda vez que notificó de forma personal a la parte quejosa el laudo dictado en el juicio laboral de origen. En este tenor, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Estudio de la demanda. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 1073/2020-II; asimismo, se advierten los siguientes datos: *** Incompetencia por razón de la materia. Presupuesto procesal de competencia. La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento. Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes, ya que no solamente es declarativa sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, ya que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación implicaría la reposición del procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia. Ahora bien, para que un juez tenga competencia respecto de un asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a. Competencia por territorio; b. Competencia por materia; c. Competencia por razón de la vía; y, d. Competencia auxiliar. En el caso concreto, este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, por razón de materia. Lo anterior, en virtud de que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama, en esencia, la omisión de dar respuesta a los escritos presentados el dieciocho y veinticuatro de septiembre de dos mil veinte a través de los cuales solicitó, en primer término, la devolución de $******************** por concepto de garantía otorgada para obtener su libertad bajo caución en la averiguación previa ******************** y, en segundo lugar, el archivo de la referida averiguación previa por haber transcurrido el plazo para el ejercicio de la acción penal. Ahora, para fijar la competencia de los jueces de distrito, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece diversas reglas. En relación al criterio de la materia se hace referencia a los asuntos según cada especialización, y así se indican los concernientes a los: Jueces federales penales (artículos 50 a 50 ter); Jueces de distrito especializados para adolescentes (artículo 50 quater); Jueces de distrito de amparo en materia penal (artículo 51); Jueces de distrito en materia administrativa (artículo 52); Jueces de distrito civiles federales (artículo 53); Jueces de distrito mercantiles federales (artículo 53 bis); Jueces de distrito de amparo en materia civil (artículo 54); y, Jueces de distrito en materia de trabajo (artículo 55). Asimismo, se establece que los jueces de distrito sin jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos de ese capítulo sobre las atribuciones de los jueces de distrito (artículo 48), supuesto en el cual quedan comprendidos los jueces de distrito de jurisdicción mixta; quienes, por tanto, tienen competencia para conocer de todos los asuntos, con independencia de la materia a la cual se refieran. Por tanto, si la parte quejosa reclama la omisión de dar respuesta a los escritos presentados el dieciocho y veinticuatro de septiembre de dos mil veinte a través de los cuales solicitó, en primer término, la devolución de $******************** por concepto de garantía otorgada para obtener su libertad bajo caución en la averiguación previa ******************** y, en segundo término, el archivo de la referida averiguación previa por haber transcurrido el plazo para el ejercicio de la acción penal, dichos actos son de naturaleza penal. En efecto, la Suprema de Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los actos y omisiones derivados de una averiguación previa son de naturaleza penal y, por ende, la competencia para conocer de los amparos en su contra se surte a favor de los Jueces de Distrito en Materia Penal. Así se explica en la siguiente tesis jurisprudencial: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA. Cuando se trate de juicios de amparo interpuestos en contra de actos realizados por el agente del Ministerio Público durante la integración de la averiguación previa, que no incidan en la libertad personal del quejoso ni se esté en presencia de un procedimiento de extradición, en atención a su naturaleza intrínsecamente penal, independientemente de la procedencia del juicio de garantías, es competente para conocer de ellos el Juez de Distrito en Materia Penal y, en consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito en la misma materia para resolver el recurso de revisión respectivo. Ello es así, en virtud de que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer de conflictos competenciales suscitados entre Tribunales Colegiados o Jueces de Distrito atiende a la naturaleza del acto reclamado para decidirlos, prescindiendo de la naturaleza formal de la autoridad de la que emana el acto; de ahí que aun cuando durante la integración de la averiguación previa el agente del Ministerio Público es una autoridad formalmente administrativa, los actos que realiza son de naturaleza penal, ya que practica toda clase de diligencias con fundamento en leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas, por lo que se actualiza la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal, prevista en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues de la interpretación sistemática de sus fracciones se advierte que su teleología no está informada por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino por la naturaleza penal de su actuación, aunado a que dicho análisis respeta el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho, y que por ello pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto." Por lo tanto, si el quejoso reclama la omisión de dar respuesta a los escritos presentados el dieciocho y veinticuatro de septiembre de dos mil veinte a través de los cuales solicitó, en primer término, la devolución de $******************** por concepto de garantía otorgada para obtener su libertad bajo caución en la averiguación previa ******************** y, en segundo término, el archivo de la referida averiguación previa por haber transcurrido el plazo para el ejercicio de la acción penal, es posible concluir que dichas peticiones inciden en cuestiones de naturaleza penal, pues se trata de un derecho de acción concerniente a esa materia, debido a que la intervención solicitada implica un examen que no podría realizarse bajo la óptica de un asunto de carácter meramente administrativo, ya que requiere verificar el cumplimiento de normas de índole penal. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el órgano competente para conocer del juicio de amparo es un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal. Sirve de fundamento a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece lo siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL, SI EN LA DEMANDA DE AMPARO SE SEÑALÓ COMO ACTO RECLAMADO DEL PROCURADOR DE JUSTICIA, LA OMISIÓN DE INTERVENIR EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA CORRESPONDIENTE, POR POSIBLES IRREGULARIDADES EN SU INTEGRACIÓN. Conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 24/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 412, con el rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.", la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, debe determinarse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En el caso, atendiendo al primer aspecto, consistente en la solicitud de la intervención del Procurador de Justicia, para que verifique la posible deficiencia en la integración de la averiguación previa correspondiente, se advierte que dicha petición incide en cuestiones de naturaleza penal, pues se trata de un derecho de acción concerniente a esa materia, debido a que la intervención solicitada implica un examen que no podría realizarse bajo la óptica de un asunto de carácter meramente administrativo, ya que requiere verificar el cumplimiento de normas de índole penal. Ahora, por lo que hace al segundo aspecto, tocante a la naturaleza de la autoridad responsable, es de señalarse que también incide en la esfera de un acto de naturaleza penal, ya que se relaciona con actividades de investigación y de persecución de presuntos responsables en la comisión de delitos, conforme al tipo penal previsto en la legislación penal aplicable al caso, por ende, se rige por las disposiciones aplicables a esa materia. Por tanto, si el acto reclamado tiene que ver con la debida prosecución de la averiguación previa y la actuación de la responsable concierne a la investigación de delitos, se concluye que el órgano que debe conocer del asunto es el especializado en materia penal." En tales condiciones, este juzgado estima carecer de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo promovido por ********************; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, se ordena remitir la demanda con sus copias al Juez de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla, en turno, a quien se estima competente para conocer de la misma, por los motivos apuntados; solicitándole el acuse de recibo y, en su caso, informe si acepta o no la competencia planteada. No procede suspender el acto reclamado. El artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, se declina la competencia sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión, porque no se reclama alguno de los actos de excepción, máxime que la parte quejosa no solicitó la suspensión de los actos reclamados. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizado(s). Se tiene como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Información reservada. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Documentación confidencial. Por otro lado, se informa a las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida(s) que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Exhorto para mejorar comunicación. Por otra parte, en atención lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con las partes en el presente juicio de amparo y aminorar cualquier riesgo sanitario para ellos y el personal judicial, se les solicita que a la brevedad proporcionen a este juzgado un correo electrónico y un número telefónico, a través de los cuales se pueda establecer un canal de comunicación directa. Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 22 y el diverso 28 del referido Acuerdo General, y tomando en cuenta que la propagación del virus SARS-CoV-2 ha hecho necesario que la mayor parte de personal de los órganos jurisdiccionales trabaje remotamente y, por ende, que el eje rector para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales se haga preferentemente a través de medios digitales, se exhorta a las partes para que, de ser posible, manifiesten si es su deseo continuar con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual deberán cumplir con lo siguiente: 1. Solicitar su continuación en su modalidad "en línea". 2. Proporcionar el usuario mediante el cual podrá acceder a la consulta del expediente electrónico. 3. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, es menester que observen lo siguiente: Para acceder al juicio en línea, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, es necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación o bien, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") y se registren en el sistema. La firma electrónica se puede obtener mediante la aplicación web (App) del Consejo de la Judicatura Federal denominada "FIREL", disponible para sistemas Android o IOS, y para mayor información sobre cómo obtenerla, puede consultar el video tutorial disponible en su canal de Youtube, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ac8PJvfpfGU Además, deberá indicar su NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, crear un nombre de usuario y una contraseña, así como vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del referido Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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